La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación «muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)», indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
La hibernación de la instalación «implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores el pasado mes de junio, explicó.
Escal, sociedad participada además por la firma CLP en un 33,33%, renunció a la concesión de explotación del proyecto, que permanecía paralizado desde el 26 de septiembre de 2013 por orden ministerial después de que se detectara un incremento de los movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta.
La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una «solución» a la «compleja solución técnica» del almacén, situado en el Mediterráneo frente a las costas de Castellón, que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno «intentó una declaración de lesividad» ante los tribunales.
«Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras», señaló antes de afirmar que «la seguridad y protección de las personas, los bienes y el medio ambiente son elementos clave».
Un ahorro de 110 millones anuales
«La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto», añadió Sáenz de Santamaría.
El ahorro a partir de 2017 se estima en más de 110 millones de euros al año, pasando de costar más de 210 millones de euros anuales a unos 100 millones de euros cada año, según informó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La solución tendrá un «carácter neutro» financiero para Enagás
El gestor técnico del sistema gasista español, Enagás, aseguró que la solución diseñada por el Gobierno tendrá un «carácter neutro» para la compañía desde el punto de vista financiero, «al no tener un efecto negativo en sus cuentas, no afectar a sus ratios de endeudamiento y no alterar los objetivos de inversión», según informó en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía indicó que «ya ha convenido con varias entidades financieras la cesión a dichas entidades de sus derechos de cobro por la indemnización con cargo al sistema gasista», tal y como prevé el real decreto-ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.
Dicha cesión de derechos de cobro, con cuyo precio se satisfará el pago al que hace referencia el real decreto ley, se formalizará de manera «inmediata» coincidiendo con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, la administración se otorga a Enagás porque es «la compañía de España con mayor experiencia en la gestión y en la operación de almacenamientos subterráneos y es titular de los tres principales que actualmente están en funcionamiento en el sistema gasista», que son las de Serrablo, Gaviota y Yela.
Por este motivo, la empresa aclaró que «no realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en el almacenamiento y será responsable del mantenimiento de la instalación en condiciones seguras hasta que se decida el futuro de la misma».
Al mismo tiempo, el real decreto ley le reconoce «una retribución del sistema gasista por el desarrollo de estos trabajos de mantenimiento del almacenamiento hibernado y paralizado».
Finalmente, Enagás aseguró haber informado de los términos de la operación a las agendas de rating y consideró que «anunciará en los próximos días que esta operación es neutral para el rating de la compañía».
S&P mantiene la calificación crediticia de Enagás
Por su parte, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) mantuvo la calificación crediticia del gestor técnico del sistema gasista, Enagás, tras el anuncio por parte del Gobierno de las líneas maestras del real decreto ley que resuelve la situación del almacenamiento subterráneo de Castor.
La agencia consideró que la asunción por parte de Enagás de los 1.350 millones de euros de la compensación a los promotores de Castor para su posterior resarcimiento a través del sistema gasista en cuotas anuales «apenas tendrá implicaciones marginales» para los riesgos operativos de la empresa.
Junto a esto, S&P mantuvo su percepción acerca de la capacidad de Enagás para responder a un perfil de negocio caracterizado por unos ingresos regulados y predecibles, y por su condición de monopolio en el transporte de gas.
«Esperamos un crecimiento positivo en la generación de caja cimentado en sus inversiones estructurales», lo que «apoya nuestras previsiones de que se mantengan los parámetros credicitios», indicó.
Asimismo, fuentes del sector indicaron que la reciente reforma del sistema gasista se diseñó a partir de unas estimaciones para Castor en un escenario de entrada en operación, de modo que la hibernación reducirá esta presión de costes.
Las fuentes indicaron además que, una vez recibidos los 1.350 millones de euros de compensación que pagará Enagás a Escal USG, y tras el acuerdo del gestor técnico del sistema gasista para ceder los derechos de recuperación de este importe a un «pool» de bancos, Castor pasará a tener consideración de «dominio público».
Castor es fruto de la «ineptitud o el desprecio al ciudadano»
Finalmente, Facua-Consumidores en Acción se preguntó si la actuación del Gobierno anterior en el almacenamiento subterráneo de Castor «fue mala por ineptitud o por desprecio a los ciudadanos» a la hora de impulsar un proyecto con altos «factores de riesgo», aseguró en declaraciones el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
«Partimos de que se produjo una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior», ya que el contrato de Castor «acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos», que asumen «una deuda ilegítima», afirmó.
«A partir de esa irresponsabilidad del Gobierno socialista en el modelo de contrato, con elevados riesgos para el ciudadano, la empresa estaba muy tranquila ante un negocio garantizado», aseguró Sánchez.
A su juicio, «los 1.350 millones de euros» de la compensación a los promotores del proyecto «ponen de manifiesto una forma irresponsable de gobernar que sólo trae prejuicios especialmente graves al conjunto de los ciudadanos en la coyuntura actual de crisis económica».
Facua también reclamó que se investiguen las «condiciones y los factores» en el momento de la firma del contrato, así como «a las personas que tomaron las decisiones, a los responsables o irresponsables políticos del Gobierno anterior que estuvieron implicados en la firma de un contrato de tanto riesgo para los ciudadanos».
