Putin y Poroshenko se vieron aprovechando la presencia de ambos en la cumbre de líderes europeos y asiáticos que tuvo lugar en Milán. Al término de su encuentro, el mandatario de Ucrania anunció un acuerdo sobre los «principales parámetros del contrato».

Posteriormente, Putin también confirmó este acercamiento, que permitiría aparcar la disputa «al menos durante el periodo de invierno».

No obstante, el presidente ruso llamó a la Unión Europea a ayudar a Ucrania a pagar su deuda de gas con Rusia, que estimó en 4.500 millones de dólares.

«Esperamos que nuestros socios europeos, la Comisión Europea, echen un hombro a Ucrania y ayuden a solucionar este problema del déficit de caja», dijo Putin, que aseguró que Rusia no puede «correr más riesgos» en materia de gas y mencionó como posibles instrumentos de ayuda financiera a Ucrania la concesión de créditos por parte de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo.

«Comprendemos el estado financiero de nuestros socios ucranianos, que tienen auténticos problemas, que sufren déficit de caja. En cierto medida, ya hemos hecho concesiones en las condiciones y el pago del gas ya suministrado, es decir sobre las deudas», dijo.

Y recordó que Moscú está dispuesto a rebajar hasta los 385 dólares por cada mil metros cúbicos el gas suministrado a Ucrania en el segundo trimestre, con lo que la deuda de Kiev se reduciría de 5.300 millones a 4.500 millones de dólares, algo que el Gobierno de Ucrania no acepta.

No obstante, aseguró que Rusia y el consorcio Gazprom «no pueden correr más riesgos», y recordó la concesión de un crédito de 3.000 millones de dólares a finales de 2013, cuando el presidente era Víktor Yanukóvich, derrocado en febrero de este año.

«Según nuestros cálculos, 3.500 millones de dólares es lo adeudado por el gas ya suministrado y no pagado. Gazprom ha pasado al prepago y en el correspondiente contrato no puede modificar las condiciones del suministro», destacó.

Y advirtió que «Rusia no va a suministrar nada por adelantado» sin que antes Ucrania salde sus deudas

«Nuestros socios nos deben 1.400 millones de dólares de los dos últimos meses del pasado año. Esa es una cifra irrebatible. En relación con los suministros del pasado año nadie discute, pero pagar nadie quiere», insistió.

Al mismo tiempo, aseguró que sí «hay progresos» en algunos aspectos, como «en las condiciones de reanudación de los suministros de gas, aunque sea en invierno», pero que el problema radica en el «déficit de caja» que experimenta Kiev.

Por su parte, Poroshenko admitió que Ucrania y Rusia no habían logrado un acuerdo para el arreglo del contencioso sobre las importaciones y el tránsito del gas ruso, pero sí sobre los parámetros básicos del nuevo contrato y expresó su confianza en alcanzarlo durante la reunión que tendrá lugar el próximo 21 de octubre con mediación de la Unión Europea.

Para esta cita, se reunirán en Bruselas los ministros de Energía de Rusia, Alexander Novak, y Ucrania, Yuri Prodan, con la mediación del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.

No obstante, Putin amenazó con reducir el suministro de gas natural a Europa en caso de que Ucrania desvíe el flujo para su consumo interno de los gasoductos de tránsito por su territorio.

Merkel se muestra optimista

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, mostró su optimismo sobre un acuerdo definitivo entre Ucrania y Rusia en su disputa sobre el pago de facturas de gas, y abogó por apoyar a Kiev a sufragar esa deuda con algún tipo de crédito.

«Es de nuestro interés encontrar una solución a este conflicto del gas y debemos encontrar un tipo de crédito contingente», señaló la política democristiana.

«Tenemos mucho interés en que las negociaciones entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia se cierren de tal manera que tengamos suministros seguros de gas», subrayó la jefa del Ejecutivo alemán.

Merkel mostró optimismo al constatar que, «ya hemos recorrido buena parte del camino, pero no hemos llegado al final. Debe hablar el comisario (de energía Günther Oettinger), la parte ucraniana y la parte rusa, y si es posible, la Unión Europea puede cerrar una acuerdo, pero hay que seguir negociando».

Por eso, la mandataria alemana avanzó que será un punto caliente de la agenda durante la reunión del Consejo Europeo en Bruselas el próximo jueves y viernes.

A finales de septiembre, Kiev y Moscú negociaron un posible pacto para evitar una nueva «guerra del gas». Contemplaba el pago a Rusia por parte de Ucrania, avalada por la Unión Europea de 2.000 millones de dólares antes de finales de octubre y otros 1.100 millones de dólares antes de final de año por las facturas de gas atrasadas.

Por su parte, una vez que Kiev hubiera formalizado el primer pago, el gigante energético ruso Gazprom se comprometía a suministrar a Ucrania durante el invierno un mínimo de 5.000 millones de metros cúbicos de gas, una cantidad que podría ampliarse si fuera necesario. Sin embargo todavía no se ha logrado plasmar en un protocolo jurídicamente vinculante para las partes

Mientras tanto, los Estados miembros realizaron en las últimas semanas una serie de test de estrés energéticos para verificar su grado de resistencia a una nueva crisis del gas como las que ya ocurrieron en 2006 y 2009. Sus resultados mostraron que, si Rusia corta el suministro este invierno, Bulgaria, Rumanía, Lituania, Estonia y Finlandia perderán al menos el 40% del gas que necesitan. Hungría y Polonia también se verán sustancialmente afectados, aunque en menor grado, con déficits del 30% y del 20%, respectivamente.

Los problemas no afectarían a España, ya que es uno de los cuatro países de la Unión Europea, junto con Portugal, Reino Unido e Irlanda, que no importa nada de gas de Rusia.

El mandatario indicó que existen medidas de ajuste basadas en la reducción de inversiones que podrían adoptarse si las circunstancias lo exigen ante una eventual continuidad del descenso del precio del crudo ecuatoriano que, según los últimos datos, se sitúa entre 77 y 80 dólares por barril. El presupuesto nacional de Ecuador, que se financia en un 10% con ingresos procedentes del petróleo, contempla un precio de 86,4 dólares por barril, importe superior al actual, si bien entre los meses de enero y agosto alcanzó los 94 dólares, precisó el ministro de Finanzas, Fausto Herrera.

El descenso del precio «es temporal» y «se va a recuperar», aunque tampoco es previsible que llegue a los niveles más elevados registrados en los últimos años, dijo el presidente. Rafael Correa rechazó que el éxito de la economía ecuatoriana se base en el petróleo y mencionó otros mecanismos que han permitido sanear los ingresos públicos, como la renegociación de una parte de la deuda exterior y una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.

El gobernante dijo también que las críticas por una supuesta falta de liquidez del Estado carecen de fundamento, ya que disponer de recursos líquidos no siempre es adecuado y consideró más apropiado movilizar el ahorro hacia la inversión. Ello permite utilizar la inversión como «variable de ajuste» en caso de dificultades, dijo al subrayar que en una economía los gastos permanentes han de equilibrarse con ingresos permanentes, ya que esto es clave para «la buena salud» de las cuentas públicas.

En el caso de Ecuador, como el ingreso por petróleo se utiliza para financiar inversiones, lo que cabría hacer, si las dificultades persisten, es reducirlas y eso significaría la construcción de «100 escuelas menos», apuntó el gobernante ecuatoriano. Correa señaló, no obstante, que a través de la Corporación Andina de Fomento, Ecuador dispondría de 400 millones de dólares para hacer frente a eventuales necesidades de liquidez. «El entorno no es tan positivo como hace un par de años pero tampoco es crítico, ni mucho menos y estamos preparados para enfrentarlo y con mucho optimismo», apostilló.

Japón aplica actualmente un sistema de ayudas que eleva artificialmente los precios de la energía de origen renovable, sobre todo la solar, un método que ha dado resultados desiguales debido a la capacidad de producción limitada de las eléctricas que apuestan por estas fuentes alternativas.

El ministerio de Economía, Comercio e Industria celebró el pasado miércoles una reunión en la que se señalaron los «defectos» del sistema actual y se propusieron reformas para el plan estatal sobre energías renovables, según dijo un alto cargo ministerial al citado diario económico.

En particular, el Ejecutivo contempla un nuevo marco legal que permitirá a las mayores eléctricas comprar los excedentes de producción de compañías con menor capacidad.

Además, en 2015 se reducirán los precios fijados para la venta de energía solar con vistas a hacerlos más competitivos, ya que a juicio del Gobierno, los montos actuales han provocado una «burbuja» en este sector.

La electricidad producida en plantas fotovoltaicas se factura actualmente en Japón a 0,23 euros el kilovatio-hora, un precio diez veces superior al fijado para la energía eólica.

El nuevo plan también incluirá topes para las facturas eléctricas que abonan empresas y hogares, que sufrieron un incremento debido a las ayudas a las renovables y al encarecimiento de la energía en general después del apagón nuclear en todo el país a raíz del accidente de Fukushima en 2011.

Otra medida contemplada es limitar la construcción de grandes plantas solares, lo que junto a las reformas anteriores podría acarrear pérdidas para las empresas del sector como las niponas Orix o Sharp, así como para otras extranjeras que se introdujeron recientemente en Japón, entre ellas algunas españolas.

Algunas de estas empresas ya están diversificando sus inversiones hacia otras fuentes de energía renovables que aún cuentan con incentivos estatales, como la geotérmica o la biomasa.

La catástrofe nuclear de 2011 puso en jaque al modelo energético nipón dependiente hasta entonces en un 30% de las centrales atómicas, porcentaje que fue sustituido por la importación de combustibles fósiles, lo que disparó el déficit comercial de Japón y los precios de la electricidad.

La aportación de las renovables a la producción eléctrica antes del accidente atómico era inferior al 10%, aunque el porcentaje creció desde entonces gracias al cambio en la legislación para incentivar estas fuentes.

En su último plan básico de energía, aprobado en abril, el Gobierno decidió seguir adelante con la reactivación de las plantas nucleares y prometió elevar el uso de renovables aunque sin fijar ningún objetivo concreto.