El director general de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, anunció el inicio de las licitaciones de tres gasoductos, un proyecto de transporte de gas natural para Baja California Sur, una central de generación eléctrica en Sinaloa, cuatro proyectos de transmisión de electricidad y tres de distribución.

Destacó que con estos proyectos se añadirán 1.015 kilómetros al sistema nacional de gasoductos, 666 megavatios de capacidad instalada al sistema eléctrico nacional y cerca de 1.000 kilómetros circuito a la red nacional de transmisión y distribución.

Todos los procesos de licitación se apegarán a las prácticas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), finalizó Ochoa en el acto oficial en que se hizo el anuncio.

Por su parte, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la institución a su cargo y la CFE ofrecerán a los concursantes y al pueblo de México ajustarse «estrictamente a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas».

Entre los proyectos destaca el del Gasoducto Samalayuca-Sásabe, que transportará gas natural de la región de Waha, Texas (Estados Unidos), y se interconectará con el gasoducto San Isidro-Samalayuca (en licitación), y con el gasoducto Sásabe-Guaymas (en construcción).

Otro es el proyecto de suministro a Baja California Sur, que transportará desde 19 hasta 170 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, por vía marítima, a fin de abastecer a las centrales de generación eléctrica en la Península de Baja California.

Uno más es el de la Central de Ciclo Combinado Topolobampo III, que estará ubicada en Ahome, Sinaloa, y utilizará gas natural para generar energía eléctrica.

«Al embajador austríaco en Arabia Saudí le han presentado ya posibles consecuencias», se afirma en el informe elaborado por Kurz en alusión al posible cierre en Viena del KAICIID, el controvertido Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso Rey Abdalá bin Abdulaziz. «Tampoco se descartan consecuencias en otras organizaciones internacionales que tienen su sede en Austria. Una retirada de la OPEP, por ejemplo, o del Fondo de la OPEP para el desarrollo Internacional (OFID), dañaría a Austria como sede y tendría considerables consecuencias económicas», se añade.

Tanto en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como en el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), el reino wahabí, como mayor exportador mundial de crudo, es el miembro más influyente. Fundada en 1960 en Bagdad (Irak), la OPEP estableció su primera sede en Ginebra (Suiza), pero en 1965 la trasladó a Viena, por lo que lleva medio siglo celebrando en Austria sus reuniones para decidir el nivel de su oferta de crudo e influir así en su precio internacional.

Arabia Saudí es uno de sus cinco miembros fundadores de la OPEP, junto a Venezuela, Irán, Irak y Kuwait. Actualmente pertenecen también a este cartel Ecuador, Angola, Argelia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Nigeria. Todos ellos deberían dar su apoyo a Riad para el eventual traslado del secretariado a otro país, ya que los estatutos de la organización exigen el consenso para cualquier decisión.

Los países de la OPEP sufren ahora una fuerte disminución de sus ingresos debido al desplome del precio del crudo y, a pesar de que muchos de ellos quieren reducir la oferta conjunta para recuperarlos, hasta ahora falta el consenso requerido para tomar una decisión. En su última reunión a fines de noviembre pasado, se mantuvo sin cambios la cuota conjunta de producción en 30 millones de barriles de crudo al día. Fue precisamente Arabia Saudí el que se negó rotundamente a cerrar sus grifos de producción y abogó por defender la cuota de la OPEP en el mercado a costa de un crudo barato.

«Hay que castigar a las personas y no a las empresas, tenemos que castigar el delito. Tenemos que saber hacer eso sin perjudicar la economía», afirmó Rousseff en un discurso durante la primera reunión ministerial de su segundo mandato.

Rousseff abundó en que el combate a la corrupción «no puede suponer la destrucción de empresas privadas» y tener consecuencias en la creación de empleo y en el desarrollo del país.

«Tenemos que saber averiguar (las irregularidades) y castigar sin disminuir la importancia de Petrobras», manifestó Rousseff.

El escándalo de corrupción, que está siendo investigado por la Policía Federal, se refiere al desvío de sumas multimillonarias de la petrolera estatal para el pago de sobornos a políticos y a partidos oficialistas y de oposición.

Según cálculos de la fiscalía, en los últimos años fueron robados cerca de 3.880 millones de dólares de Petrobras, aunque las investigaciones siguen en curso.

En el marco de las investigaciones, fueron incriminados tres ejecutivos de Petrobras y 36 directivos de siete grandes constructoras que firmaron contratos con la petrolera para formar un cartel con el que repartirse los contratos con Petrobras los últimos años y elevar artificialmente los precios de los mismos

El dinero de estos contratos y otros fondos de la petrolera estatal sirvieron para el pago de sobornos a políticos y a partidos oficialistas y de la oposición.

Debido a los escándalos, Petrobras está sufriendo dificultades para captar créditos en los mercados internacionales y sus acciones se desplomaron en la bolsa.

La compañía tiene previsto revisar su plan de inversiones y también anunció un corte de sus gastos para minimizar el impacto de sus problemas de caja en sus proyectos de exploración y extracción de crudo.

En su discurso, Rousseff dijo que su Gobierno será «implacable» con la corrupción y no transigirá «un sólo momento» en la falta de honestidad en el uso del dinero público.

«Voy a llegar al final de este mandato como al primero, diciendo que nunca un gobierno combatió tanto la corrupción», afirmó la mandataria.

Rousseff pidió a sus ministros que enfrenten «con firmeza» cualquier irregularidad que detecten en sus gabinetes y recalcó que los brasileños «esperan un comportamiento íntegro» de los integrantes del Gobierno.

La Policía investigará a 10 constructoras más

Por su parte, la Policía Federal de Brasil anunció que investigará a diez constructoras más por su supuesta implicación en el gran caso de corrupción referido a Petrobras, seg´´un informaron fuentes oficiales.

Entre las nuevas empresas investigadas se encuentran Andrade Gutiérrez, la tercera mayor constructora del país, y la filial brasileña del conglomerado argentino Techint.

Además, la Policía investigará a Setal, MPE, Alusa, Promon, Skanska, GDK, Schahin y a Carioca Christiani Nielsen, según el texto de la denuncia, firmado por el comisario Eduardo Mauat da Silva.