La votación, de 270 votos a favor y 152 en contra, fue respaldada por la cómoda mayoría republicana en la Cámara baja del Congreso. La propuesta ya había sido aprobada previamente por el Senado. De este modo, los republicanos, que lograron el control en ambas cámaras del Congreso tras su contundente victoria en las legislativas de noviembre pasado, dan un paso adelante en su estrategia de oposición frontal al presidente Obama. Todos los legisladores republicanos votaron a favor excepto el congresista por Michigan, Justin Amash, mientras que 29 demócratas se sumaron al apoyo del oleoducto.

El presidente de la Cámara de Representante, el republicano John Boehner, insistió en el argumento de que la mayoría de los estadounidenses se muestran a favor del proyecto por los beneficios económicos que generará, especialmente en creación de empleo. «El presidente necesita escuchar al pueblo estadounidense y decir: Sí, construyamos el oleoducto. Pero el presidente se encuentra del lado de un grupo de extremistas de la izquierda y anarquistas», declaró Boehner. Como consecuencia de este choque frontal, sólo resta saber cuándo vetará Obama la propuesta ya que la ley le da un margen de diez días después de la aprobación.

Por su parte, los grupos y activistas ecologistas respaldan el veto al asegurar que su construcción tendrá un impacto en el medio ambiente y conlleva riesgos en caso de ruptura y vertido de crudo. «No lo queremos ver solo rechazado. Nuestro trabajo no acaba con el veto, necesitamos que haya votos para sostener ese veto», dijo Melinda Pierce, directora legislativa del grupo medioambiental Sierra Club. Durante el debate, Frank Pallone, el demócrata de mayor rango en el comité de Energía y Comercio de la Cámara, afirmó que Estados Unidos «no necesita este petróleo sucio» al defender su voto en contra.

El oleoducto Keystone XL transportaría unos 830.000 barriles diarios de petróleo crudo sintético y bituminoso diluido a través de 1.900 kilómetros desde la provincia canadiense de Alberta a diferentes lugares de Estados Unidos, incluidas las refinerías de Texas en el golfo de México y un centro de distribución en Oklahoma. TransCanada, la empresa constructora canadiense, ya solicitó el permiso para la construcción en 2008 pero aún no logró avances en el proyecto porque requiere la luz verde de la Casa Blanca al atravesar la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Obama está esperando a que sean emitidas todas las revisiones y evaluaciones de impacto medioambiental que lleva a cabo el Departamento de Estado, puesto que su apoyo dependerá fundamentalmente de los efectos climáticos y ambientales de la construcción del oleoducto. Todo se demoró hasta enero, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo de Nebraska, por donde pasa una de las secciones del oleoducto, y que otorgó la razón a los promotores del proyecto al rechazar las denuncias de propietarios de tierras afectadas por el oleoducto, lo que supuso levantar uno de los últimos obstáculos legales a su construcción.

La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) informó de que los reactores 3 y 4 de la planta de Takahama, situada en la costa del Mar de Japón en la prefectura de Fukui, cumple los requisitos de seguridad necesarios para su reactivación.

Los reactores de Takahamano empezarán a funcionar de nuevo por lo menos hasta el verano, ya que la operadora de la central necesita cumplimentar otros requisitos como la aprobación de las autoridades locales de la región, donde existe una gran oposición.

Esta central, operada por Kansai Electric Power (KEPCO), es la segunda que recibe el visto bueno de las autoridades niponas tras satisfacer la nueva normativa impuesta tras el accidente en la central de Fukushima en 2011.

El pasado mes de septiembre, la central de Sendai, en la isla de Kyushu (suroeste), fue la primera que recibió la autorización de la NRA y tras obtener más tarde el visto bueno de las autoridades locales se espera que dos de sus rectores comiencen a funcionar en los próximos meses.

Un nuevo marco de seguridad se introdujo en julio de 2013 por las autoridades para que los reactores operen con mayor seguridad a raíz de la catástrofe en Fukushima, provocada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.

El accidente dejó los 54 reactores comerciales, incluidos los seis de Fukushima, fuera de servicio por motivos de seguridad.

El Gobierno conservador del primer ministro, Shinzo Abe, defendió activamente la reactivación de las centrales atómicas en Japón ante el aumento de los costes para generar electricidad mediante plantas térmicas para compensar la ausencia de energía atómica.

En total, las compañías eléctricas niponas presentaron solicitudes a la NRA para reactivar unos 20 reactores nucleares en diez plantas de distintos puntos del país.

«Ella (la empresa) está pasando por un momento de dificultad en el que es la mayor perjudicada» y por eso, con su gestión, que comenzó el pasado viernes, buscará devolverle la confianza a los accionistas y al mercado en general, declaró Bendine en una entrevista al noticiero «Jornal Nacional«, de la red de televisión Globo.

El caso se refiere al pago de sobornos multimillonarios, durante la última década, a políticos y ejecutivos de Petrobras con fondos de la petrolera y de empresas que tenían contratos con ella.

En el curso de esta investigación fueron detenidos tres exdirectores de Petrobras, encabezados por Paulo Roberto Costa, que era titular de Abastecimiento y está en arresto domiciliario después de un acuerdo de «delación premiada» a cambio de reducción de pena.

También están entre los detenidos el empresario Alberto Youssef, quien presuntamente dirigía una mafia de lavado de dinero en sus casas de cambio, y directores de siete de las principales constructoras del país, acusadas de pagar sobornos a la petrolera estatal para beneficiarse de contratos.

El nombramiento de Bendine, en sustitución de María das Graças Foster, no fue aceptado totalmente por el mercado, que cuestiona su proximidad con la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

«El Consejo de Administración me dio total autonomía y libertad en la gestión de la compañía», incluso para los precios del combustible en el país, subrayó Bendini, quien comandaba desde 2009 el también estatal Banco do Brasil, la mayor institución financiera pública del país.

Aunque no incluyó el cálculo en su balance, Petrobras estimó que sus activos fueron sobrevalorados en unos 34.500 millones de dólares, debido al aumento del precio de 31 contratos con constructoras y proveedores entre 2004 y 2012, aunque esta cifra no incluye las pérdidas derivadas del pago de sobornos.

Petrobras, según lo informado el último 27 de enero y después de dos aplazamientos de la divulgación de resultados trimestrales, obtuvo un beneficio neto de unos 1.190 millones de dólares entre julio y septiembre de 2014, una cifra un 38% inferior a la del trimestre anterior.

Además del gigantesco escándalo de corrupción, Bendine señaló que el balance de 2014 está «influido» también en otros factores externos, como la caída del precio internacional de las materias primas, especialmente la del petróleo, y aseveró que «el endeudamiento no es tan elevado como parece».

«Petrobras no se va a parar ni a retroceder», apuntó el ejecutivo, quien expresó su confianza en las investigaciones adelantadas por la Justicia y en el «cuadro técnico» de la compañía, al que calificó como «uno de los mejores del mundo» en el tema petrolero.

La pérdida de credibilidad por la corrupción le causó a la empresa grandes problemas para captar fondos en los mercados internacionales, por lo que se vio obligada a reducir al mínimo sus inversiones para los próximos años, y la llevó a perder el 58% del valor de mercado en los últimos cuatro meses.

Obreros de Petrobras cortan un puente por atrasos salariales

Por otro lado, cerca de 200 obreros de una refinería de la petrolera estatal cortaron el tráfico del puente que une las ciudades de Río de Janeiro y Niteroi durante un par de horas para protestar por atrasos en el cobro de sus salarios.

Los obreros se bajaron de varios autobuses en mitad del puente, que mide 13 kilómetros y atraviesa la bahía de Guanabara, y continuaron su marcha a pie, causando un gran atasco tanto en Río como en Niteroi.

Después se dirigieron a la sede de Petrobras, en el centro de Río, y protestaron por los atrasos en el pago de los salarios de 2.300 obreros y de las indemnizaciones a otros 400 que fueron despedidos en los últimos meses.

Los manifestantes, empleados por Alumini, alegaron que la empresa de ingeniería, que se declaró en suspensión de pagos, no les abona sus salarios desde el pasado 20 diciembre.

Alumini se declaró en suspensión de pagos el pasado enero porque dice no haber recibido unos pagos de Petrobras, ante las investigaciones por corrupción de la Policía Federal en la compañía petrolera.

Un portavoz de los trabajadores, dijo que los obreros están «sin salario, sin comer, siendo desahuciados con sus familias, sin seguro médico y dependiendo de familiares».

«Sólo queremos que nos paguen el salario en día y el de los despedidos, que Petrobras tome una actitud y pague porque es la contratante», apuntó.

En un comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, REN, participada en un 5% por Red Eléctrica de España (REE), dijo que reclamará ante los tribunales esta medida debido a las «dudas fundadas sobre la licitud de esa contribución».

«REN cumple, integralmente, sus responsabilidades como contribuyente, con toda la transparencia, como siempre se ha guiado su actuación», explicó la empresa.

Otra de las grandes empresas llamadas a contribuir con este impuesto extraordinario, la petrolera Galp, adoptó una posición diferente a la de REN.

Galp, que calcula que el pago de este impuesto tendría un impacto en sus cuentas cercano a 35 millones de euros, aseguró que no pagaría esta tasa, cuya aplicación también llevará a los tribunales.

La contribución extraordinaria, fijada en el 0,85% del activo fijo (tangible e intangible) de las compañías del sector, fue aprobada por el Gobierno luso con el objetivo de recaudar cerca de 150 millones de euros.