Acusan al tesorero del partido de Rousseff por el «caso Petrobras»

Los fiscales dijeron tener «pruebas más que suficientes» de que Joao Vaccari, tesorero del PT, solicitó donaciones al exdirector de servicios de la petrolera estatal, Renato Duque, y a ejecutivos de empresas de ingeniería acusadas de canalizar dinero de la empresa, según explicó el fiscal Deltan Dallagnol.

Vaccari «estaba al tanto» de que las donaciones que pedía se generaban con dinero de los sobornos, detalló Dallagnol, quien agregó que buena parte de la evidencia se obtuvo de los acuerdos con ejecutivos acusados y encarcelados a finales del año pasado y que generaron que unos 154 millones de dólares vuelvan a las arcas públicas, subrayó.

El PT dijo que todas las donaciones que recibió eran legales y Rousseff negó tener conocimiento de los actos de corrupción que se produjeron cuando ella ocupaba la presidencia de la compañía entre 2003 y 2010.

Sin embargo, el escándalo generó una fuerte presión política contra la presidenta, pocos meses después de haber ganado la reelección, lo que se reflejó en multitudinarias manifestaciones el pasado domingo.

Entre tanto, la Policía brasileña arrestó a Renato Duque después de que los fiscales descubrieran grandes transferencias desde las cuentas en un banco suizo que él manejaba.

Duque fue arrestado por la policía federal brasileña en su casa en Río de Janeiro. El ex ejecutivo ya había estado detenido durante tres semanas a finales del año pasado como parte de la «Operación Lava Jato«.

«Las pesquisas mostraron transferencias por millones de dólares desde Suiza hacia otros países», declaró el Ministerio Público a través de Twitter, al anunciar el arresto de Duque.

La orden de arresto se emitió después de que los fiscales descubrieran transferencias de cerca de 20 millones de euros entre cuentas que Duque manejaba en Suiza y Mónaco, y depósitos a otras cuentas en bancos de Estados Unidos y Hong Kong. Los montos no serían «compatibles» con los ingresos del ex ejecutivo de Petrobras.

La detención de Duque fue uno de los seis arrestos que realizó la policía federal brasileña de un total de 18 órdenes de búsqueda y detención en Río de Janeiro y Sao Paulo.

El escándalo golpeó duro a las acciones de Petrobras, que en el último año perdieron alrededor de un 30%.

Los fiscales dijeron que varias firmas de ingeniería y construcción pagaron sobornos para ganar contratos de Petrobras, canalizando una parte de los proyectos sobrefacturados a ejecutivos, vendedores y partidos políticos, incluyendo al gobernante Partido de los Trabajadores.

FCC se adjudica la construcción de varias líneas eléctricas en Colombia por valor de 44 millones de euros

El contrato, licitado por la compañía Energía de Bogotá, abarca la construcción, montaje, pruebas y puesta en marcha de las líneas eléctricas de transmisión de Medellín-Virginia-Alférez-San Marcos (de 500 kilovoltios), así como de la línea de refuerzo de doble circuito hasta conectar con la línea Juanchito-Pance (230 kilovoltios).

El plazo previsto de ejecución de este contrato es de 30 meses, según la compañía.

Este nuevo proyecto se suma a los logrados recientemente por FCC, como el contrato para acondicionar el puesto de control central del Metro de Medellín, así como la instalación y puesta en servicio del sistema de señalización para la zona norte de la Línea A de ese suburbano.

Actualmente, la filial industrial del grupo FCC también realiza la obra civil y los montajes electromecánicos de línea de 500 kilovoltios en Nueva Esperanza, al norte de Colombia, y está ejecutando un contrato «llave en mano» de reposición de las subestaciones de la fase I del programa Remos.

El grupo FCC, presente en Colombia desde la década de 1980, se encargó entonces del proyecto de la construcción del metro de Medellín y actualmente trabaja en la adecuación hidráulica del río Bogotá y en la construcción de la torre del control del aeropuerto El Dorado.

Costa Rica es el primer país de Latinoamérica en energías limpias

El ICE señaló que está situación se debe «en reconocimiento a su esfuerzo por diversificar sus fuentes energéticas y apostar por las renovables más allá de las hidroeléctricas».

Según los datos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), durante enero, febrero y lo que va de marzo (75 días), fue innecesario el uso de hidrocarburos para alimentar la red del país.

Las condiciones lluviosas favorables durante los primeros meses del año permitieron que los embalses de Arenal, Cachí, La Angostura y Pirrís alcanzaran niveles por encima de las estimaciones del ICE.

Estas cuatro plantas, con sus embalses de regulación estacionales y de reserva de seguridad, más las otras plantas hidroeléctricas, conforman el brazo más fuerte de producción costarricense.

Luego, le siguen los desarrollos geotérmicos, los eólicos, la biomasa y la solar, que completan el 100% de la matriz renovable.

La cantidad de agua impulsa que el encendido de las plantas térmicas se mantenga como última medida de contingencia, con el consecuente beneficio ambiental y económico porque no hay necesidad de usar combustibles.

Bajo estas condiciones y con las reservas a la fecha, el ICE estimó que en el segundo trimestre del año seguirá la tendencia a la baja en las tarifas para todos sus consumidores.

Se da la circunstancia de que Costa Rica ocupa el segundo lugar de América Latina, tras Uruguay, en calidad de servicio de electricidad con una cobertura del 99,4% de todos los hogares, según el Índice de Competitividad Global.

Egipto firma acuerdos millonarios con BP y Eni en el sector petrolero y con Siemens en el eléctrico

Durante la conferencia económica internacional que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, se rubricó un memorando inicial que estipula nuevos proyectos e inversiones de BP en Egipto estimados en 12.000 millones de dólares, para producir 3.000 millones de barriles de petróleo.

Este pacto, firmado por el director ejecutivo de BP, Bob Dudley, y el ministro egipcio de Petróleo, Sherif Ismail, incluirá la ejecución del proyecto llamado West Nile Delta y actividades en el golfo de Suez.

Por su parte, el acuerdo preliminar alcanzado con Eni se eleva a 5.000 millones de dólares y busca el desarrollo de los recursos petroleros y gasísticos de Egipto.

El acuerdo contribuirá a garantizar el suministro de gas para satisfacer la creciente demanda interna, según explicó el titular de Petróleo egipcio.

Las inversiones en proyectos de los próximos cuatro años tendrán como resultado la producción de 200 millones de barriles de crudo y de 1,3 billones de pies cúbicos de gas.

Siemens instalará 6.600 MW de potencia eléctrica

Por su parte, la compañía global líder en tecnología Siemens firmó un acuerdo con el gobierno egipcio para construir una planta de ciclo combinado de 4.400 megavatios (MW) e instalar otros 2.200 MW de potencia de energía eólica.

Siemens construirá una fábrica en Egipto dedicada a los rotores para las turbinas eléctricas, con la que creará 1.000 puestos de trabajo en el país. La capacidad de generación de energía de Egipto se incrementará masivamente en más de un tercio de aquí a 2020.

Asimismo, la compañía propondrá construir centrales de ciclo combinado adicionales con una capacidad de hasta 6.600 MW y diez subestaciones para el suministro de energía fiable.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Electricidad egipcio, Shaker al Markabi, el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, y el presidente y consejero delegado de Siemens, Joe Kaeser.

Según el acuerdo, Siemens será el responsable de contratar la ingeniería y construcción de la central eléctrica de Beni Suef, situada en Alto Egipcio, y trabajará con dos socios locales. La planta de energía se construirá en cuatro módulos, cada uno de ellos compuesto por dos turbinas de clase H, dos calderas de recuperación, una turbina de vapor y tres generadores.

El ministro de Electricidad egipcio afirmó que Egipto necesitaba un sistema de energía potente y fiable para poder apoyar a largo plazo el desarrollo económico sostenible y así contar con socios que entiendan los desafíos concretos a los que se enfrenta el país.

Por su parte, el consejero delegado de la División Wind Power and Renewables de Siemens, Markus Tacke, señaló que la energía eólica es «limpia y renovable» y fortalecerá la seguridad energética de Egipto. «La suma de dos gigavatios será un paso significativo hacia la diversificación de la matriz energética en el país», añadió.

Las autoridades egipcias también firmaron cuatro acuerdos con el Banco Islámico de Desarrollo por valor de 800 millones de dólares para financiar cuatro proyectos de desarrollo en el país. Entre estos proyectos figura uno para aumentar la capacidad del aeropuerto de Sharm al Sheij y otro para construir una refinería en la provincia de Asiut.

Egipto rubricó asimismo un memorando de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos y Francia para estimular la inversión privada en sectores prioritarios para Egipto como la energía, las infraestructuras, el transporte, la información y la tecnología.

En la conferencia de Sharm el Sheij, Egipto busca captar inversiones millonarias para reflotar su maltrecha economía, después de cuatro años de inestabilidad políticas. Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait anunciaron que otorgarán a Egipto 12.000 millones de dólares, 4.000 cada uno, en concepto de ayudas y de inversiones.

El ministro griego de Energía afirma que evitará las subidas de los precios en la tarifa eléctrica

«El ministerio agotará todas las vías posibles para cancelar los aumentos en las tarifas eléctricas que dañan nuestro sufrido pueblo y están en marcado contraste con el programa y la política del Gobierno», aseguró Lafazanis.

El titular de Energía acusó a la Autoridad Reguladora de Energía (RAE) de pactar la subidas de los precios con el anterior Gobierno y de mantener «oculta» la decisión.

Según fuentes del ministerio, responsables de la RAE no informaron al ministro de la decisión de aumentar los precios en una reunión celebrada el pasado 4 de febrero.

El ministro instó a la autoridad reguladora a no emprender subidas que repercutan en la factura de la luz, pues tal decisión «es doblemente inaceptable durante un periodo de crisis, cuando las tarifas de electricidad sofocan la economía griega y a sus ciudadanos».

Las deudas hacia DEI, la compañía estatal eléctrica, se dispararon durante la crisis y, según señaló Lafazanis a principios de febrero, ya superaban los 1.700 millones de euros.

Fortum vende su red eléctrica en Suecia por 6.600 millones de euros

Este consorcio está formado por la compañía internacional de inversiones Borealis Infrastructure Management, dueña del 50% de las acciones, y los fondos de pensiones suecos Tredje AP-Fonden (20%), Folksam (17,5%) y Första (12,5%). Fortum, cuyo mayor accionista es el Estado finlandés, explicó que espera completar la operación en el segundo trimestre de 2015, una vez reciba la aprobación de las autoridades reguladoras locales. La desinversión permitirá al grupo eléctrico registrar una ganancia extraordinaria de unos 4.400 millones de euros, equivalentes a cerca de cinco euros por acción, según sus cálculos.

La red de distribución eléctrica de Fortum en Suecia tiene una extensión de unos 71.000 kilómetros, por los que en 2014 circularon 13,7 TWh de electricidad. Su cartera de clientes se compone de 906.000 abonados y su cuota de mercado en el negocio de distribución eléctrica en Suecia es aproximadamente del 17%. Su facturación en este país alcanzó los 634 millones de euros en 2014.

Con esta operación Fortum concluye la venta de todas sus redes eléctricas en los países nórdicos tras deshacerse de su negocio de distribución en Finlandia en 2013 y en Noruega en 2014. La suma de las tres operaciones aportó a Fortum unos ingresos de unos 9.300 millones de euros y unas plusvalías de casi 6.300 millones de euros. A partir de ahora la compañía finlandesa tiene previsto centrarse en la producción de energía libre de CO2 (dióxido de carbono), principalmente de origen hidráulico y nuclear, y de calor para calefacción.

Ecuador celebra un fallo de La Haya que le exime de responsabilidad en la contaminación ambiental de Texaco

El tribunal de arbitraje aceptó los argumentos presentados por Ecuador frente a la demanda de la compañía estadounidense por lo que el fallo exime de cualquier responsabilidad a Ecuador en relación al pago de la sanción impuesta a la petrolera. El tribunal internacional no aceptó el argumento de Chevron, que planteaba un supuesto impedimento a Texaco de ser demandada por terceros porque le protegía un «acuerdo de liberación» de responsabilidades suscrito en 1995 con el Gobierno de entonces, de forma que «no es un impedimento para la presentación de la demanda» por personas a título privado contra Chevron por el vertido en la región ecuatoriana.

Dicho tribunal aceptó la legalidad de un proceso seguido por cientos de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que demandaron a la petrolera Texaco por graves daños ambientales durante el tiempo en que operó en esa región, entre 1962 y 1990. La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, aunque la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia por considerar que ese fallo fue producto de un fraude apoyado por el Gobierno de Quito.

«La decisión de hoy significa un paso importante en la dirección correcta y reivindica adecuadamente la posición adoptada por la defensa del Estado en cuanto a que las cortes ecuatorianas constituyen el foro adecuado para conocer y resolver» las reclamaciones de los demandantes, señaló el procurador del Estado ecuatoriano, Diego García, que mostró su apoyo a la comunidad indígena respecto a la «responsabilidad de la petrolera Chevron por la contaminación generada como consecuencia de su operación en la región amazónica».

El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron Texaco presentó una demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparada en una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI). A través de esta demanda pretendía que el Estado ecuatoriano fuese declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado por comunidades indígenas en contra de la compañía estadounidense por su operación en la Amazonía ecuatoriana.

Por su parte, James Craig, portavoz de Chevron, recordó que un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que la sentencia contra la petrolera en Ecuador «fue producto de fraude, corrupción y cohecho». Por ello, Craig sostuvo que «la decisión provisional dictada por el tribunal en La Haya no cambia este hecho» y «simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, al dictar esa sentencia, violó sus compromisos contractuales» con la petrolera.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, replicó al portavoz de Chevron e indicó que el argumento de la compañía sobre un supuesto «fraude» carece de sustento. Recordó que el próximo 20 de abril se celebrará una audiencia sobre este caso en Nueva York y declaró que aspira a que en esa instancia termine por derrumbarse el argumento de fraude esgrimido por la petrolera. También señaló que la decisión del tribunal de La Haya se sujeta a la demanda de la petrolera contra el Estado ecuatoriano y, por lo tanto, no interfiere con el proceso que los demandantes siguen por el «juicio de Lago Agrio».

Pemex busca alianzas para evitar el «previsible» recorte a su meta para la producción de petróleo

La compañía aludió en un boletín a las declaraciones formuladas por el director de su división Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández, quien de acuerdo con medios locales reconoció que el recorte al gasto de Pemex obligó a la empresa a reducir su meta de producción en un 5% para este año.

«Aunque el ajuste presupuestal anunciado para mantener la meta anual de balance financiero podría tener impactos en la producción, Petróleos Mexicanos reitera que dicho programa de ajuste busca minimizar el efecto en la producción de petróleo crudo y gas, así como el impacto en la restitución de reservas«, anotó la empresa.

Señaló que con el fin de disminuir el efecto de las reducciones presupuestarias en los proyectos de inversión asociados a la producción de hidrocarburos, «se analizan diferentes iniciativas que permitirán una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex».

Entre estas iniciativas, añadió, se contempla la financiación de pozos, la realización de obras de infraestructura y el desarrollo de trabajos específicos que puedan llevarse a cabo mediante la participación de otras empresas, «aprovechando las herramientas y flexibilidad que le otorga la reforma energética».

Estados Unidos quiere doblar su generación eólica en cinco años

El gobierno estadounidense quiere pasar de obtener el actual 4,5% de su electricidad de fuentes eólicas, al 10% en los próximos cinco años, para pasar al 20% en 2030 y el 35% en 2050.

El informe «Wind Vision» pronostica que los objetivos se alcanzarán con «continuada inversión en tecnología, innovación, junto con sistemas de transmisión que provean acceso a zonas de alto potencial e integración con la red eléctrica».

La inversión media de Estados Unidos en parques eólicos entre 2008 y 2013 fue de 13.000 millones de dólares, una cantidad que podría aumentar a los 70.000 millones anuales en 2050.

El objetivo es añadir entre 8 y 11 gigavatios adicionales de generación energética eólica cada año hasta 2050, reduciendo al mismo tiempo el gasto unitario de esta fuente de electricidad limpia.

Las previsiones del Departamento de Energía son de un incremento desde los 61 gigavatios actuales a los 113 gigavatios en 2020, los 224 gigavatios en 2030 y los 404 gigavatios en 2050.

Según el informe, estos análisis «demuestran el valor económico de la energía eólica, valor que excede el coste del despliegue».

La Casa Blanca aseguró que los ambiciosos objetivos fijados por el Departamento de Energía estadounidense son «una posibilidad viable» que permitirá en 2050 proveer de energía a 100 millones de hogares en todo el país.

La Casa Blanca espera que esta apuesta por la energía eólica permita desarrollar la cadena de aprovisionamiento de esta industria dentro de Estados Unidos, potenciando el crecimiento de un sector que cuenta en la actualidad con unas 500 empresas.

El gobierno estadounidense espera que la energía eólica permita ahorrar en el largo plazo 280.000 millones de dólares a los consumidores y reducir emisiones de dióxido de carbono equivalentes a 20 millones de vehículos.

En la actualidad, Estados Unidos importa alrededor del 30% de los materiales necesarios para los parques eólicos.

Empresas españolas como Acciona, Iberdrola o Gamesa gestionan parques eólicos y centros de ensamblaje en Estados Unidos, mercado donde las empresas europeas del sector han intensificado su competencia.

John Kerry afirma que si Petrocaribe llega a caer, provocaría una «grave crisis humanitaria» en la región

«Si Petrocaribe llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela, podríamos acabar con una grave crisis humanitaria en nuestra región», dijo Kerry en una conferencia sobre energía y cambio climático en el centro de estudios Atlantic Council de Washington.

El titular de Exteriores estadounidense lanzó esa advertencia al hablar de los «daños estratégicos» que, a su juicio, pueden provocar «los retos energéticos que hay hoy en el mundo, desde Venezuela a Irak, pasando por Ucrania».

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustible a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés.

Según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque, lo que genera una factura de 4.000 millones de dólares, de la que una parte se paga en «efectivo» y el resto con bienes y servicios, por lo general alimentos.

Esa factura petrolera es criticada por la oposición del país suramericano en un momento en el que Venezuela está pasando por una complicada situación económica, a la que hay que sumar la fuerte caída de los precios del petróleo en los últimos meses.

Venezuela es el quinto exportador mundial de este recurso y en su territorio alberga la mayor reserva probada de ese hidrocarburo, cuya venta representa 9 de cada 10 dólares que ingresan en el país.

Petrocaribe está integrado por 18 países, incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe.

El pasado enero, el Gobierno estadounidense celebró una Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe, en la que instó a los países de la región a diversificar sus fuentes de energía, confiar más en las inversiones privadas y reducir así su dependencia de Petrocaribe.