En declaraciones publicadas por el periódico ruso «Kommersant«, Mynbáev dijo que el consorcio gasístico ruso Gazprom podría emplear las tuberías kazajas conectadas al gasoducto Asia Central-China como una de las vías de suministro de gas al gigante asiático.

«Si existe el propósito, y éste ya se vislumbra, de transportar gas (de Rusia) a China, necesitamos construir unas pequeñas estaciones compresoras, algo que ya estamos haciendo«, dijo el máximo responsable de la petrolera kazaja.

Agregó que para poner en marcha el proyecto en Kazajistán no hay que tender nuevas tuberías, «ya que todo puede hacerse con los gasoductos existentes».

Expertos consultados por «Kommersant» indicaron que es poco probable que la oferta kazaja encuentre eco en Moscú, ya que ni Rusia ni China están interesadas en la aparición de un país de tránsito, «incluso de uno tan amigo como Kazajistán».

Moscú y Pekín comenzaron el año pasado la construcción del gasoducto Sila Sibiri (La fuerza de Siberia) que unirá los campos de gas siberianos de Kovytikin y Chayandin con la ciudad oriental portuaria rusa de Vladivostok, cubriendo una distancia de cerca de 4.000 kilómetros hasta llegar al noreste de China.

Además, Rusia estudia la posibilidad de suministrar gas por la llamada ruta occidental, por Altái, región rusa del sur de Siberia Occidental fronteriza con China.

Según el acuerdo ruso-chino, firmado en mayo de 2014 y valorado en 400.000 millones de dólares, Gazprom debe suministrar a la Corporación Nacional de Petróleo de China hasta 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural anualmente a partir de 2018 y en los siguientes 30 años.

Las centrales estarán situadas en los términos de El Aaiún y de Bujador, a unos 120 kilómetros al sur, y la primera licitación para el impacto socioambiental se cierra el próximo 6 de abril, según el sitio web de Masen, que no ofreció otros detalles.

El diario «Le Matin Éco» aseguró que el proyecto es que esas dos centrales tengan una potencia cercana a los 100 megawatios cada una, y que estarán situadas en las localidades de Dchira (15 kilómetros al sur de El Aaiún) y de Lamssid (a mitad de camino entre El Aaiún y Bujador).

Las empresas españolas, concretamente Acciona, Sener y TSK, ganaron en los últimos años, aliadas con la saudí Acwa, importantes contratos de ingeniería en Marruecos para la construcción de varias fases de la megaplanta solar de Uarzazate, que tendrá una potencia de 500 megawatios y cuya primera fase ya está construida en un 60 %.

Sin embargo, la entrada de empresas españolas en proyectos que se desarrollen en el territorio del Sáhara Occidental, considerado internacionalmente en litigio, es inusual por la alta sensibilidad política que ello supone, y de hecho son escasas las empresas españolas que invierten en ese territorio.

Dentro del litigio por la soberanía del Sáhara, los independentistas desarrollaron además en los últimos años una línea de «defensa de los recursos naturales» que les está llevando a contestar en foros internacionales la legitimidad del Acuerdo de Pesca euro-marroquí o de las prospecciones petroleras en aguas saharauis.

El desarrollo de las energías renovables, un sector en el que Marruecos tiene puestas grandes expectativas, ya que aspira a proveerse en un 42% de energías «limpias» en 2020, tiene además un gran potencial en el Sáhara dada la enorme cantidad de horas de sol y de viento en ese territorio.

«Estamos preparados, tenemos nuestros planes correspondientes para responder a cualquier acción que puedan tomar en materia petrolera», indicó el ministro venezolano. Chávez se refería al anuncio del Gobierno de Estados Unidos que decretó el pasado 9 de marzo una «emergencia nacional» por la «amenaza inusual y extraordinaria» por la situación que, a su juicio, Venezuela representa para Estados Unidos. Eso sí, tras la decisión, el Gobierno norteamericano descartó la posibilidad de que Estados Unidos, principal comprador del crudo venezolano, aplique sanciones a su sector petrolero.

Chávez afirmó que la industria venezolana, que genera la mayor parte de ingresos del país, está preparada para migrar a otros mercados en caso de que Estados Unidos decida aplicar sanciones en su contra. «Seguimos suministrando nuestros crudos y productos al mercado estadounidense como siempre lo hemos hecho, pero, tomando siempre en consideración que en cualquier momento ellos pueden tomar alguna medida y nosotros estaríamos preparados para responder a esa medida y colocar nuestros productos en otros mercados», dijo Chávez.

Chávez indicó que el decreto firmado por Obama «le da amplia potestad al Gobierno estadounidense para tomar cualquier medida» como «dejar de recibir crudo y producto de Venezuela como medida de presión». «Estamos preparados para afrontarlo», insistió. Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, vende alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo diarios, de los cuales aproximadamente 870.000 barriles diarios entre crudo y productos son destinados a Estados Unidos que es, junto a China, el principal consumidor de crudo venezolano.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía indicó que el proyecto fue adjudicado a la empresa, que ya tiene una orden para comenzar la consultoría para el diseño final de la central que se quiere construir en el río Grande, en la región de Santa Cruz, al este del país.

El ministro boliviano del sector, Luis Alberto Sánchez, se reunió con los ejecutivos de la empresa española y dijo que el proyecto Rositas es un «anhelo» de la población de Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia, porque tendrá una potencia mínima instalada de 400 megavatios (MW).

Bolivia tiene ahora una potencia instalada de 1400 MW, pero el Gobierno prevé un aumento a 2000 MW hasta el año 2020 y a 3000 MW hasta el 2025, para cuando también confía en alcanzar un excedente de producción que permita exportar electricidad a países vecinos.

Sánchez destacó que el presidente Evo Morales ha pedido avanzar con este proyecto, largamente esperado en la región de Santa Cruz.

La representación de Eptisa que visita Bolivia está encabezada por su director general, José Ignacio Soriano, quien destacó que la compañía tiene sesenta años de experiencia en diseño y supervisión de hidroeléctricas en 42 países.

La consultora tiene un plazo de 18 meses para realizar la primera etapa del estudio, que incluye un análisis de la factibilidad, un diseño a detalle y la elaboración de la licitación de la obra.

El Gobierno boliviano ha previsto una inversión de 1.200 millones de dólares para la construcción de Rositas, que incluirá un componente de riego para la región de Santa Cruz.

De los 3,2 millones de hectáreas de producción agrícola con los que cuenta Bolivia, 2,4 millones están en Santa Cruz.