EFE.- La Compañía Nacional de Energía Nuclear de China (CNNC, en sus siglas internacionales en inglés) recibió el visto bueno, tras esperar tres años, de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CRMV) para salir en la Bolsa de Shanghái y llevar a cabo la que se espera que sea la mayor oferta pública de valores (OPV) en las bolsas chinas de los últimos años.

La CNNC espera emitir un máximo de 3.890 millones de acciones de tipo A (denominadas en yuanes, con las que cotizan las principales firmas del país en las bolsas nacionales de Shanghái y Shenzhen), con las que prevé que pueda obtener más de 16.250 millones de yuanes (2.303 millones de euros). La compañía prevé utilizar cerca de la mitad de esos fondos para aumentar su capital circulante compañía, y el resto para invertirlo en la construcción de distintos proyectos de generación de energía nuclear en las provincias de Zhejiang, Fujian y la isla de Hainan.

La empresa ya había presentado su primera solicitud de OPV en 2012, pero el regulador chino suspendió entonces su aprobación ante la preocupación que mantuvo Pekín durante varios años por los riesgos de las salidas al mercado de compañías de gran influencia en sus respectivos sectores económicos. De hecho, el regulador llegó a suspender la aprobación de nuevas OPV entre octubre de 2012 y enero de 2014 para fortalecer un mercado que, en aquel momento, llevaba años acumulando fuertes pérdidas y encadenando salidas a bolsa de grandes empresas que, tras una gran especulación inicial en la OPV, luego se desinflaban.

Aquellas pérdidas se debieron a que se toleró durante meses consecutivos un aluvión de OPV, que infló de manera irreal los precios de salida al mercado y drenó buena parte de las inversiones en otras firmas para especular en las recién llegadas. A los pocos días de cada salida, el mercado equilibraba a la baja los precios reales de las nuevas acciones, y millones de pequeños inversores eran las principales víctimas y sufrían una y otra vez fuertes pérdidas. La CRMV reaccionó congelando sus procesos de aprobación en 2012, y anunciando unas nuevas normas, más estrictas y que están aún en vigor, que exigen un proceso de verificación del estado financiero de las empresas que desean cotizar mucho más estricto.