PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

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Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

La Unión Europea pide a España apostar por una fiscalidad verde y recortar las subvenciones que perjudican el medio ambiente

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Europa Press.- El portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, ha planteado la necesidad de abordar urgentemente una reforma fiscal ecológica que mantenga el mismo nivel de presión, pero que esté mejor orientada después de que la Comisión Europea ha pedido a España que aumente los impuestos verdes y que reduzca las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente como parte de los principales «retos» del país en la implementación de las normas europeas de medio ambiente.

Bruselas ha publicado un informe sobre la implementación en cada Estado miembro de las políticas medioambientales europeas en el que apunta los «puntos fuertes y débiles» de cada país. Sobre España, el Ejecutivo comunitario destaca que los «principales retos» son aumentar la fiscalidad medioambiental y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Con respecto a la fiscalidad, Bruselas cree que existe un «margen claro» para revisar los impuestos verdes, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. A modo de ejemplo, el informe señala que los impuestos municipales de circulación «no siempre reflejan el rendimiento medioambiental de los vehículos».

Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario asegura que los impuestos sobre los vertidos puede ser una herramienta de apoyo al tratamiento de residuos municipales y propone revisar la política sobre tarificación del agua y su planteamiento. En este sentido, el informe subraya que los ingresos de la fiscalidad medioambiental en España están «entre los más bajos de la Unión Europea» y afirma que una reforma de la misma «puede desempeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico» al aportar ingresos adicionales» que sustituyan a los recortes en el gasto. En concreto, en el ejercicio 2014 los impuestos medioambientales supusieron el 1,85% del PIB de España, frente al 2,46% de media en la Unión Europea.

Con respecto a las subvenciones a actividades perjudiciales para el medio ambiente, la Comisión Europea apunta que es otro reto «fundamental», puesto que España «todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina». «España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria», subraya el estudio. Así, defiende que desarrollar una estrategia nacional para la eliminación gradual de estas subvenciones y ayudas «sería un criterio positivo para España».

También destaca Bruselas las oportunidades de España para mejorar sus políticas medioambientales. En particular, propone utilizar el potencial de su «capital natural de gran valor», reforzar la «ecoinnovación» y la eficiencia en el uso de recursos. Por último, con respecto a la calidad del aire, Bruselas anima a mantener la tendencia a la baja de los contaminantes atmosféricos y reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de dióxido de nitrógeno (NO2), así como recortar la emisión de PM10.

PSOE exige reforma fiscal ecológica

En este sentido, García Mira insiste en gravar lo que se quiere desincentivar y primar aquello que «beneficia a la sociedad». A su juicio, «la actual fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden» y «España tiene ahora un margen para revisar su política fiscal». Según el informe europeo, Bruselas suspende la política fiscal española y critica que España sea el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad verde, solo detrás de Lituania y Eslovaquia.

Para el PSOE, «el informe de la Comisión Europea supone una enmienda a la totalidad de la política fiscal de España». Además, indica que el Gobierno no puede sorprenderse ante este suspenso, ya que son muchos los organismos internacionales que «llevan años pidiendo a España que reforme su sistema impositivo para gravar las actividades más contaminantes y desincentivarlas». «Los socialistas apostamos por una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos y, paralelamente, por el impulso real y efectivo de una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo», afirmó.

García Mira destaca que hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. «Hoy por hoy, las tecnologías y las energías primarias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia o equidad, sino que han sido resultado de decisiones arbitrarias para repartir, de acuerdo con las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir el déficit de tarifa«, ha asegurado el diputado socialista.

Sin embargo, denuncia que los consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos para el transporte, «han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en el sector energético«. Además, resalta que los sectores difusos no están sometidos al sistema europeo de derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo puede pagarse el precio del carbono a través de la fiscalidad.

Para el PSOE la nueva fiscalidad ha de contemplar como nuevos tributos un impuesto sobre las emisiones de CO2 aplicable sobre las toneladas que se emiten; un impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor, basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos y un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. También ve preciso reformar tributos ya existentes para hacer de ellos «verdaderos impuestos medioambientales» como es el caso del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Canon de vertidos.

En paralelo, los socialistas apuestan «por la creación de un fondo verde para la transición energética» que sea alimentado con parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas: una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables; una destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial; y una tercera línea que ofrezca préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte.

Nadal rechaza «por demagogia” la propuesta de Ciudadanos para eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad porque habría que subir otro

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado la eliminación del Impuesto Especial sobre Electricidad, petición realizada por Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados con lo que calcula que se conseguiría un ahorro del 6% para las familias, porque «existe en todos los países» y habría que subir otro impuesto ante el elevado déficit de España.

Nadal afeó a Rodríguez que Ciudadanos «presume de no hacer demagogia» y sin embargo propone eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad cuando «no se puede decir que se baje un impuesto y no subir otros». En este sentido, recordó que este impuesto existe «en todos los países de Europa» y aclaró a Rodríguez que, en el caso de España, este gravamen recogido en la factura de la luz no procede de la época del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sino «de mucho más atrás». Asimismo, ante la petición de Ciudadanos de eliminar el impuesto al sol para potenciar el autoconsumo, Nadal subrayó que «mi obligación es beneficiar a todos y no a unos cuantos».

Asimismo, Nadal señaló que la parte regulada del recibo de la luz, competencia del Gobierno, supone entre un 60% y un 65% de la factura y se ha mantenido «constante» en los últimos años, además de haberse congelado de nuevo este año y haber bajado un 2,8% en 2016 porque había «superávit». Esto ha permitido una bajada del precio de la factura de electricidad desde el año 2013, presumió Nadal, quien, frente a un 2016 en el que la parte del mercado del recibo fue «excepcional mente bueno» por las favorables condiciones meteorológicas y los bajos precios del petróleo, el ejercicio actual es «totalmente diferente».

«España ha marcado precios que no son buenos pero algo mejores que Suiza, Bélgica o Italia», apuntó el ministro, que ha añadido que Francia marca a España «mínimos y máximos prácticamente todos los días», porque aunque todavía no hay un nivel suficiente de interconexiones, cada vez está más interconectado. En todo caso, Nadal afirmó que el Gobierno quiere que la parte de mercado de la factura sea «más eficiente», para lo que se han implementado medidas en el ámbito del gas, lo que está permitiendo que haya un «mejor funcionamiento de un mercado que compartimos con el resto de países».

Asimismo, a otra pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre el precio de la luz, Nadal ha respondido que «no se sostiene que el precio sigue subiendo», ya que en la última semana ha disminuido de los 91 euros por megavatio hora (MWh) a unos 69 euros. El titular de Energía espetó a Heredia que desde el PSOE no pueden dar «lecciones» de precios de electricidad porque durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la factura se encareció un 70% y dejaron un «pufo descomunal» de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa del sistema.

Si no se hubiese acometido la reforma energética, Nadal calcula que el recibo se habría encarecido un 42%, si bien ha reconocido que este año el precio «va a subir» por las condiciones meteorológicas, frente al descenso que se venía registrando desde 2013. En cualquier caso, ha defendido que «se están mejorando muchas cosas», y se está evitando que suba la electricidad «como antes». A este respecto, ha recordado que se convalidó el decreto sobre el bono social, aprobado en 2009, y que con la nueva norma habrá un desarrollo reglamentario con las comunidades autónomas y se atenderá de forma integral a las familias vulnerables.

Por otra parte, Nadal aseguró que la política social de una comunidad autónoma no puede generar costes y gastos al conjunto de consumidores eléctricos de España. «No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional», señaló Nadalen respuesta a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a recurrir la Ley de Vivienda de Murcia, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro. Según explicó, la comisión bilateral Gobierno-Región de Murcia está negociando para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Nadal, que subrayó que esa norma no estaba recurrida por el Gobierno, afirmó que en el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por el Congreso, «por primera vez» se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía. Así, Nadal acusó a Unidos Podemos de «no querer aportar» en la redacción del decreto, como si hicieron otros partidos políticos como PSOE y Ciudadanos. «Lo que mandaron fue un papel de hayques. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Para protestar, los primeros, pero para trabajar, no tienen ninguna capacidad», apostilló Nadal.

Por ello, en referencia a la protección de los hogares vulnerables, destacó que este decreto permitirá «atender de manera integral los problemas de corte de energía a las familias en situación de mayor vulnerabilidad». Mientras, la diputada de Unidos Podemos pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir leyes «que garantizan derechos», se pongan a hacer una ley adecuada que permita que «no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla». «En definitiva, que se pongan al servicio de la gente y no de los especuladores», añadió Irene Montero, que considera que se está vulnerando «sistemáticamente» un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Heredia denunció que hay cinco millones de españoles que «no pueden encender la calefacción», a lo que se suma que más de un millón destina hasta el 20% de sus ingresos para poder pagar la energía. «¿Cómo puede mirar a los ojos de los jubilados cuando ha anunciado que la luz va a subir este año más de 100 euros?», le preguntó a Nadal. Por ello, el diputado socialista pidió al Gobierno que realice una auditoría de costes, una reforma «en profundidad» del sector para no «condenar» al «frío y la oscuridad» a los que no pueden hacer frente al recibo. «Apriete el cinturón a las eléctricas, haga algo y hágalo ya», enfatizó.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha anunciado que la formación naranja va a presentar una iniciativa para suprimir el Impuesto Especial sobre Electricidad para conseguir un ahorro directo del 6% a las familias, y ha defendido que si se aplicasen medidas de mejora a la competencia se podrían ahorrar unos 400 euros por familia al año. En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado por la Energía y que los ciudadanos no paguen «errores políticos», y ha apostillado que sí «hay dinero» para poder bajar el recibo, aludiendo a los 2.800 millones de la amnistía fiscal, los 5.000 millones del rescate de las radiales y los 41.000 millones de las cajas de ahorro.

Susana Díaz tilda de “cruel” al Gobierno por «permitir que se especule con un suministro vital» como la electricidad

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EFE.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó de «cruel» al Gobierno central del PP por «permitir que se especule con un suministro vital», como es el de la electricidad, además, en plena ola de frío. Díaz criticó que «en estos días, se está jugando con algo básico como es la luz, uno de los elementos que provocan desigualdad».

Se ha preguntado cómo es posible que «cuando el barril de petróleo estaba a la mitad de precio de lo que está ahora la factura de la luz era más barata»; pues considera que es así porque «el lobby de las eléctricas está haciendo negocio». Por ello, ha pedido al Gobierno central y a su presidente, Mariano Rajoy, «que no mienta más», que reconozca que «está dejando hacer negocio con un suministro vital» y que «está abriendo más las brechas de la desigualdad». «Qué le va a decir a los ciudadanos, si ha permitido la crueldad de que en plena ola de frío suba la factura de la luz; está permitiendo que algunos especulen con un suministro vital», ha incidido.

Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

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EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

El PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno un informe que avala que el carbón autóctono bajaría la tarifa eléctrica

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una solicitud del informe que posee el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón autóctono como elemento que asegure el suministro energético en España, lo que abarataría la factura. Asimismo, el PSOE exigirá al Gobierno explicaciones oficiales al más alto nivel sobre el supuesto informe elaborado Ministerio de Industria en el que se aseguraría que el consumo de carbón nacional permitiría una reducción de la tarifa eléctrica de al menos un 3,52%.

Así lo anunció el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, que ya se ha coordinado con la diputada socialista leonesa María Aurora Flórez para que de manera inmediata registre en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Energía, que actualmente posee la competencia en la materia. Un informe «confidencial», difundido por lainformacion.com y atribuido al anterior Ministerio de Industria, en el que se asegura que «si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que se dispone, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,52%, con un ahorro de al menos 350 millones de euros anuales».

En contra de los españoles

El líder de los socialistas leoneses señaló que, de confirmarse esta información, «sería un escándalo que igualaría al exministro José Manuel Soria, de ingrato recuerdo, con el actual responsable de la cartera, Álvaro Nadal, ya que ambos habrían hecho todo lo contrario de lo que debían para beneficiar a los españoles, que ahora se enfrentan a una subida enloquecida del precio de la luz». Rodríguez pregunta «para quién están trabajando los ministros del PP y por qué ocultan este informe», y anunció que será una de las interpelaciones que el PSOE dirigirá al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas también requerirán al Ejecutivo popular que dé cuenta detallada de los términos de ese estudio, en qué momento se elaboró y si asegura que debe establecerse un incentivo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible. Rodríguez recordó que, además, Nadal aseguró el pasado diciembre en su primera comparecencia ante el Parlamento que no se quema más carbón autóctono en las centrales térmicas para «no encarecer el precio de la energía a todos los españoles». «Habría mentido porque ya tenía un informe que supuestamente dice lo contrario y que, probablemente, le pasó su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, que era secretario de Estado de Energía con Soria», finaliza.

Unidos Podemos pide el informe

Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, junto con otros compañeros del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso la demanda del informe que posee «hace meses» el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón. También han respaldado la petición de información al Gobierno otros diputados podemitas, como Sofía Fernández, Segundo González y Rafael Mayoral, además de la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Desde Podemos Castilla y León han abogado por el consumo de carbón autóctono durante las décadas en las que se desarrolle la «necesaria» transición energética, por lo que ve «imprescindible poder estudiar dicho informe hasta ahora oculto a la ciudadanía».

El PSOE pide en el Congreso una auditoría de los costes de la tarifa y una reforma del mercado eléctrico

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Europa Press.- El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado de la Energía, a llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética y a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico.

La iniciativa pide impulsar un pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad «mayor» que la de los últimos años, y facilitar la transición energética hacia un modelo «seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables». Asimismo, pide llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición «indispensable» para conocer cuánto cuesta producir la energía eléctrica, qué es lo que se paga en el recibo y lo que reciben los usuarios a cambio.

Asimismo, insta al Gobierno a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al «mínimo coste», que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética. Esto pasaría por reducir la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva una gestión «más eficiente» del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el grupo socialista, insta al Ejecutivo a aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. En el texto, el PSOE denuncia que los precios de la electricidad al por mayor se incrementaron más de un 30% el pasado mes de diciembre, desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. En enero, el precio siguió aumentando y está llegando a superar actualmente los 90 euros por MWh.

Asimismo, respecto a las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que informó de que la factura de la luz se encarecerá de media 100 euros más este año, lo que según el PSOE «intensificará la reducción de la renta disponible de los hogares, y en especial de los más vulnerables», al tiempo que conllevará una pérdida de competitividad de las empresas. Además, los socialistas señalan que el ministro anunció que había encargado un informe a la CNMC para ver qué elementos del sistema podían mejorarse. Sin embargo la CNMC ya indicó que no había abierto una investigación en profundidad ni había incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.

La Junta de Castilla-La Mancha desatiende su responsabilidad criticando la «mala gestión» del Gobierno ante la refacturación de la luz

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, criticó la «mala gestión» del Gobierno central que ha provocado que los castellanomanchegos tengan que pagar 5,86 euros en 2017 o 0,489 euros mensuales en su factura de luz para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

Franco se ha pronunciado así sobre la orden que prepara el Ministerio de Energía para que las comercializadoras refacturen la energía eléctrica consumida en 2013 por los clientes de Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña a fin de incluir los gravámenes impuestos por estas comunidades. Con esta orden ministerial, actualmente en tramitación, el departamento que encabeza Álvaro Nadal cumple los requerimientos del Tribunal Supremo, que ha determinado que los consumidores de cada comunidad autónoma deben costear los tributos que graven la tarifa eléctrica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha actuado en este tema por parte del Gobierno de la nación», ha afirmado la consejera, quien ha reconocido que «a la sociedad le enfada ser paganini de esta historia por la mala gestión por parte del Gobierno central». Ha argumentado que «fue un decreto que puso en marcha Rajoy en 2012 por el que había que equiparar de alguna forma en la facturación eléctrica las medidas tributarias en diferentes comunidades autónomas». Franco explicó que lo que se produjo en 2013 fue «un arrastre del reparto de 2012 sin equipararlo a la situación de 2013» y las eléctricas recurrieron ante el Tribunal Supremo «porque no estaban de acuerdo».

«Hay que preguntar a Rajoy, al Ministerio, quizá no lo hicieran en su día porque eso gravaba y repercutía en las personas que son los paganinis de una mala gestión del Ministerio en aquel momento», ha aseverado Franco. Con ello, ha recalcado que no son la administración competente en esta materia y «lo que sí hacen las administraciones autonómicas, Castilla-La Mancha entre otras, es gravar con tributos a las empresas energéticas para que el impacto medioambiental de las actividades que desarrollan sea el menor posible».

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que no tiene sentido volver a plantear el ATC nuclear en Villar de Cañas

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EFE.– El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que «no tiene ningún sentido» volver a plantear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) cuando las centrales nucleares están volviendo a construir almacenes temporales de residuos en sus instalaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, volvió a ratificar la posición contraria de la comunidad autónoma a la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos de alta intensidad en Villar de Cañas.

Hernando apuntó que las centrales están volviendo a construir almacenes ATI localizados en las propias plantas nucleares, por tanto, ha asegurado que «si se está realizando esa inversión, no tiene ningún sentido que volvamos a replantear un proyecto que desde su inicio los técnicos han valorado como inadecuado». «Y además ha habido una lamentable campaña de cacería de brujas dentro del Consejo de Seguridad Nuclear hacia esos técnicos», ha lamentado Hernando, quien ha insistido repetidamente en que si se están construyendo en las centrales instalaciones para sus propios residuos nucleares, no tiene sentido volverse a plantear el cementerio nuclear centralizado.