El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Ciudadanos y PSOE reprochan al Gobierno que no actúe contra la contaminación del aire a pesar del ultimátum de Bruselas

Europa Press.- La portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que no actúe contra la contaminación a pesar del «ultimátum» de dos meses que Bruselas ha dado a España en materia de calidad del aire el pasado mes de febrero.

«Luego pedirán responsabilidad a la Cámara cuando lleguen a última hora para hacer algo, sin consenso, para que votemos porque si no es responsabilidad de todos que nos multen», criticó la diputada. Rodríguez se refirió así durante su intervención en la sesión de control del Congreso, a las advertencias realizadas por la Comisión Europea. En ellas apuntaba que si España no cumplía en dos meses con objetivos en esta materia acudiría al Tribunal de Justicia Europeo y se podría multar al país por esta situación.

«Madrid, por 7 años consecutivos, no cumple los límites legales y la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción», ha apuntado Rodríguez, para pedirle a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, «responsabilidad» y «trabajo» y elaborar «un Plan Nacional» que «evite que haya políticas de improvisación en ayuntamientos que, en lugar de trabajar por el clima, acaben en caos, como ocurrió en Madrid». Sin embargo, Tejerina ha recordado a Rodríguez que esta materia es competencia de las autonomías y ayuntamientos y que la labor desde el ministerio es dictar la normativa básica y apoyar a los ejecutivos regionales y locales. «Nos hemos dirigido a las administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos», ha asegurado.

En su intervención también ha defendido el trabajo del Ministerio y ha asegurado que la calidad del aire es una «prioridad» en las políticas de su departamento y ha recordado que se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión contaminantes, entre ellas el transporte. En este sentido, ha explicado que, actualmente, se «trabaja en la evaluación de los resultados» de esta iniciativa y en la preparación del segundo plan del aire.

Respecto a la misma cuestión, la diputada socialista Pilar Lucio, ha interpelado a la ministra sobre la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético y ha criticado los «escasos» avances de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otros países. Por ello, ha reclamado al Gobierno un «mayor esfuerzo» en esta materia, con medidas, por ejemplo para el fomento del vehículo eléctrico a través del impulso a la fiscalidad ambiental que graven a quien más contamine. «Hay que remangarse», apostilló.

En su respuesta, la ministra incidió en que el Gobierno está preparando un nuevo Plan nacional de Calidad del Aire para el periodo 2017-2019 y ha asegurado que es una de las «prioridades» del Ejecutivo. Así, citó medidas en el marco del plan actual como el etiquetado de vehículos según contaminen, los planes PIMA y el Plan Clima, entre otras actuaciones que suman un importe de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire.

También ha indicado se establecerán otros planes y programas que estarán listos en 2019. La ministra ha garantizado que «este es uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura» y ha puesto como muestra de ello la anunciada Ley de Cambio Climático y para la transición energética. Finalmente, ha relatado las medidas dirigidas a la revisión del modelo energético entre las que destaca la apuesta por la eficiencia energética, con 255 millones de euros desde 2012, y la interconexión eléctrica con el resto de Europa para promover la integración del mercado energético que permita ajustar y estabilizar los precios porque insiste en que para el Ejecutivo «proteger la salud y el medio ambiente es un objetivo irrenunciable».

Extremadura no quiere que su ecotasa, un impuesto autonómico sobre las compañías eléctricas, recaiga sobre los consumidores extremeños

EFE.- Los cuatro grupos parlamentarios extremeños se mostraron en contra de que el impuesto que grava las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, conocido por ecotasa, correspondiente al ejercicio de 2013, recaiga finalmente sobre los consumidores tras el auto dictado por el Tribunal Supremo. El Supremo ha dado un plazo de tres meses al Ministerio de Energía para que establezca cuánto de los 98 millones de euros que ingresó la Junta de Extremadura por la ecotasa de 2013 deben devolver los consumidores.

El portavoz socialista, Valentín García, ha explicado que el Gobierno de Rajoy, en su «afán» de proteger a las eléctricas y a los bancos, se apropió de los impuestos regionales que afectaban a estas empresas. «Nacionalizó» el que grababa los depósitos bancarios y los impuestos autonómicos que afectaban a las eléctricas hizo algo parecido con un real decreto para que no incidieran sobre la energía eléctrica, aunque García matiza que el impuesto extremeño no grava ni la generación ni el consumo, sino el impacto de las instalaciones de las compañías eléctricas. Por ello, ha precisado, «es un concepto diferente al que el Tribunal Supremo le reclama a otras comunidades autónomas».

El diputado socialista insiste en que la ley extremeña protege a los consumidores frente a la posibilidad de que las empresas pudieran repercutir el impuesto sobre los ciudadanos. García destacó que, a su juicio, tras esta cuestión hay dos modelos fiscales: el del PP que eleva el IVA y los impuestos indirectos, y el del PSOE, que impulsó impuestos directos sobre las grandes empresas, entre ellos la ecotasa o el que gravaba los depósitos bancarios.

El portavoz del PP, Luis Hernández-Carrón, ha destacado que el tiempo les ha dado la razón, ya que cuando el PSOE sacó el impuesto hace más de 20 años ya advirtieron de que iba a acabar incidiendo sobres los consumidores. Aún así en 2012, el Ejecutivo popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra «un gobierno del PP» por esa medida que afectaba a la ecotasa autonómica. Un recurso, según Hernández Carrón, para defender a los consumidores extremeños. Ahora, tras el auto del Tribunal Supremo, ha considerado que «no es justo» que se grave a los ciudadanos extremeños y no a las eléctricas, y ha concluido que entre todos habrá que pagar una «fallida» ley socialista.

El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha reclamado al Gobierno regional que haga «lo imposible» para que este asunto no repercuta sobre los consumidores, que ya sufren pobreza energética y cortes de suministro. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, expresó su rechazo total a que la ecotasa de 2013 repercuta sobre los ciudadanos y a que la Junta de Extremadura lo pudiera hacer de alguna forma «encubierta». A su juicio, el Ejecutivo extremeño se tiene que poner manos a la obra para resolver este problema, cuando es la región que más electricidad produce.

Podemos acusa al PP y al PSOE de «unirse» en Castilla y León en contra del sector del carbón

EFE.- El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, acusó al PP y al PSOE de «unirse» en contra del sector del carbón después de que ambas formaciones bloquearan una moción en la Cortes de la comunidad autónoma que exigía el compromiso de que las compañías eléctricas consuman mineral nacional. Fernández aseguró en Ponferrada (León) que ambas formaciones «se han puesto al lado de las eléctricas frente a su postura que era la de pedir ‘mano dura’ para ellas».

El líder regional de la formación morada pide que se legisle «a favor de las personas» y se cumpla la ley, algo que actualmente no pasa puesto que lo habitual es, a su juicio, que las compañías eléctricas incumplan «con las normativas de emisión de gases contaminantes» y también de compra de carbón nacional. Fernández extendió sus reproches al PSOE por no sumarse a la moción de Podemos, que incluso han criticado por considerar que va en contra del carbón, «Su defensa del carbón es la misma que la de Obélix con la dieta vegetariana», reprochó irónicamente a los socialistas.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

Todos los grupos del Parlamento de Baleares apoyarán este martes una iniciativa para proteger el mar Mediterráneo de prospecciones petrolíferas

Europa Press.- Todos los grupos del Parlamento de Baleares han avanzado que apoyarán la proposición de ley que se debatirá el próximo martes en sesión plenaria sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española «de los daños que puedan producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales». A este respecto, la portavoz adjunta del PSOE, Bel Oliver, ha destacado «la unanimidad conseguida».

Eso sí, la socialista solicitó al PP «que no vuelva a traicionar a las Islas”, tras «el veto del Gobierno Rajoy» en la tramitación en el Congreso de la iniciativa para implantar una tarifa plana para vuelos entre islas. De esta manera, y en un sentido similar al que se ha manifestado el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, Oliver censura que hace unas semanas, «el PP aquí decía una cosa y en Madrid votaba la contraria». Por esto, espera que la formación popular «se aclare después del congreso regional» y «lleve a cabo el trabajo que le toca para convencer a sus compañeros de Madrid de que no detengan esta proposición de ley».

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.