El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

El PSOE pide al Gobierno prohibir las prospecciones en el Mediterráneo por la protección que se prepara para los cetáceos

Europa Press.- El PSOE pide al Gobierno que adopte «medidas cautelares» y prohíba nuevas tramitaciones de prospecciones de hidrocarburos, de investigación o de adquisiciones sísmicas, mientras se tramita la figura protectora del ZEPIM del Corredor de Migración de Cetáceos en el Mediterráneo. La petición la registró el senador socialista por las Islas Baleares, Francesc Antich, quien ha registrado una batería de preguntas en torno a este tema dada la «absoluta incompatibilidad» de la protección de la zona con las maniobras de prospección.

Antich también ha requerido al Ejecutivo que explique si Energía va a «advertir a las empresas solicitantes» de la «grave dificultad» de llevar a cabo sus trabajos debido al trámite de protección de la zona que cuenta, además, con el respaldo de la Unión Europea. El senador del PSOE también ha demandado saber si Energía, de acuerdo con «el informe negativo» del Ministerio de Medio Ambiente, tiene previsto proceder al «archivo definitivo» del permiso solicitado por la compañía Spectrum y, al mismo tiempo, realizar las gestiones pertinentes para que «se impidan nuevas solicitudes y archiven las que están en trámite«.

El PSOE pide que Nadal explique sus planes para intervenir el cierre de las centrales de generación de electricidad

EFE.- El grupo socialista ha pedido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso con el fin de que explique sus planes para regular el cierre de centrales eléctricas, según indicó esta formación. Nadal expresó su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales de generación eléctrica al no encontrar apoyos en el resto de las fuerzas políticas, en concreto en el PSOE, para hacerlo con rango de ley.

La portavoz de Energía del grupo socialista, Pilar Lucio, ha criticado que resulta «difícil» apoyar una iniciativa legislativa que no conocen. En su opinión, resulta «imprescindible» que Nadal dé explicaciones y aclare «qué es lo que propone y cómo pretende hacerlo». «Nadal está haciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, ya que el PSOE nunca ha conocido de manera formal cuáles son sus intenciones respecto a la intervención de estas centrales», ha indicado.

Nadal explicó que el objetivo de la normativa que pretende elaborar es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica. Según Nadal, el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético, una cuestión que, a su juicio, es competencia del Estado.

Nadal asegura que «el coste eléctrico sería hoy 10 veces más barato si se hubiera tenido paciencia» con las renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirma que la luz sería «hasta 10 veces más barata en España si se hubiese tenido un poco de paciencia» a la hora de llevar a cabo instalaciones de renovables.

En este sentido considera que España fue líder en energía solar a costa de instalar «todo y muy caro», lo que actualmente «se ha visto repercutido en el recibo». «Hemos invertido mucho dinero en una tecnología que hoy en día nos parece obsoleta«, ha apuntado. Así, lamenta que el coste del megavatio por hora era entonces de 490 euros, mientras que en la última subasta se situó por debajo de los 40 euros, ha apuntado.

Aunque ha destacado que el coste de la energía en España «está bajando», Nadal reconoce que es «de los más caros de Europa» debido al coste adicional en renovables que arrastra el sistema. En este sentido, ha explicado que España cuenta con 10.500 millones de euros de sobrecoste por decisiones políticas del pasado que se anteponían al precio y la competitividad. «Pagamos 7.000 millones en primas a las renovables, que son las más caras del mundo porque se instalaron en una etapa en la que costaban mucho esas instalaciones«, lamentó.

Según Nadal, en España se instaló una tecnología «muy madura y cara» y «ni siquiera se subían los precios al tiempo que los costes», lo que generó un déficit que ahora se está pagando. «Nuestro país tiene una de las energías más caras por decisiones que se tomaron en el pasado sin importar los costes ni lo que iban a durar en el tiempo», ha apostillado, un lastre que España aún pagará «durante muchos años«.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.

El Gobierno quiere obligar a subastar desde «un euro» las térmicas de carbón si se decide su cierre

Europa Press.- El Gobierno quiere obligar a subastar «desde un euro» las centrales térmicas de carbón si sus propietarios deciden su cierre, para lo que ha elaborado un decreto ley que llevará al Congreso, donde reclama el apoyo del PSOE que permita su aprobación. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, antes de reunirse con el Comité de Empresa de Endesa Generación UPT Compostilla, central cuyo cierre ha anunciado Enel, actual propietaria de Endesa.

A este respecto, la consejera ha recordado que la Junta ha hecho «todo lo posible» en defensa de la extracción y quema de carbón autóctono, con cuyo mantenimiento está de acuerdo el Ministerio de Energía, pero para ello incide en que la única manera es mantener la central abierta, dado que es «muy importante» en España (tiene una potencia de más de 1.000 megavatios) y habría razones de «seguridad en el suministro» para su mantenimiento.

Pilar del Olmo ha asegurado que el Ministerio ha elaborado el citado decreto ley con el que pretende que continúen todas las centrales por seguridad del suministro y competitividad y recogería que, una vez que se comunique la intención de cerrar la central, algo de lo que tienen obligación, se abriera un procedimiento de subasta «baratísimo», ya que se podría subastar hasta «por un euro«.

La consejera, quien asegura que sería «rentable», ha apelado a la «responsabilidad» del PSOE para que apoye este decreto ley en el Congreso y continúen las centrales más allá de 2020, aunque entiende que la formación se encuentra ahora en un debate interno. Además, ha aclarado que se lo pide a los socialistas porque no conoce la opinión al respecto de otras formaciones y, por ejemplo, Podemos no se manifiesta.

Asimismo, subrayó la importancia del carbón y de las centrales térmicas, que en el mix de generación supusieron en 2016 el 16%, pero los pasados diciembre y enero llegaron al 20% de aportación, con precios de 50 euros por megavatio hora frente a otras energías que alcanzaron los 90. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió el apoyo del PSOE en el último pleno del Senado para que el carbón esté en el mix energético nacional y espera su apoyo al decreto ley.

El objetivo de todo esto, insistió la consejera de Economía, es que Compostilla siga y se permita a Endesa o a otras empresas realizar las inversiones para que tengan continuidad. Pilar del Olmo señaló que el problema de Endesa es que depende de la italiana Enel, cuyo principal accionista es el Gobierno, por lo que atiende a los intereses italianos. En este sentido, recordó que todas las centrales tienen que hacer inversiones para adaptarse a la normativa medioambiental y ya en una primera fase hicieron procesos de desulfuración y en una segunda tienen que abordar la desnitrificación, para continuar su funcionamiento más allá de 2023.

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, ha detallado que los grupos III, IV y V de Compostilla y los grupos II de Robla y Guardo se han sometido a desulfuración y con una adaptación a la directiva de Emisiones Industriales sería suficiente potencia para quemar todo el carbón que se extrae en Castilla y León (dado que los grupos I de La Robla y Guardo y Anllares no han llevado a cabo adaptaciones). En cualquier caso, ha recordado que el plazo para adaptarse se extiende hasta el 2020 y hay tiempo, aunque hay que tomar decisiones.

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».