Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

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Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

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Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.

Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

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Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque generan «un problema en la calidad del aire»

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entiende que están generando un «problema en la calidad del aire» de la capital, según avanzó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo.

Calvo ha admitido que el tema de las estufas de gas en las terrazas es algo que les «preocupa» y en la revisión que están haciendo en el Ayuntamiento de la ordenanza de terrazas «es una de las medidas que se contempla«. «Una de las medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gas es prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entendemos que se está dañando el medio ambiente y generando un problema de calidad del aire a toda la ciudad», ha explicado.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

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Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.

Unidos Podemos pide apoyar la propuesta del Parlamento Europeo para vigilar las emisiones de los vehículos y desincentivar el diesel

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Europa Press.- Unidos Podemos presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a defender y apoyar la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo para homologar y vigilar el mercado de los vehículos de motor de cara al cumplimiento de la normativa y límites de emisiones de CO2.

Así, la diputada de Equo, Rosa Martínez, ha explicado que la iniciativa registrada busca que la Comisión Europea pueda vigilar a los Estados miembro tras demostrarse en el pasado que los países han sido «muy laxos» en esta materia como demuestra el caso Dieselgate. Además, ha añadido que Podemos quiere que se imponga la «máxima transparencia» para poder publicar los resultados para que los consumidores y las instituciones sepan qué marcas cumplen los estándares de emisiones y cuáles no. «Creemos que el control de las emisiones de los vehículos es clave en la contaminación», ha manifestado la diputada por Vizcaya.

Asimismo, el grupo considera que es «clave» para la industria automovilística pasar a «una nueva movilidad», con nuevos vehículos eléctricos y que cada vez sean menos contaminantes y con los que se vayan abandonando progresivamente los combustibles fósiles. En este contexto, Martínez ha recordado que recientemente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó un informe en el que «prácticamente todos» los vehículos analizados superaban los límites de emisión. «Sólo 1 de cada 10 vehículos diesel en Europa cumple los límites de emisiones», asegura.

La iniciativa parlamentaria pide al Gobierno que apoye la propuesta del Parlamento Europeo, «muy especialmente”, en cuanto dice que se vigilarán un 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año y que se realizarán estos test en todas las categorías. Del mismo modo, la proposición pide aceptar las auditorías y revisiones a las autoridades nacionales con capacidad de realizar homologaciones y la creación de una base de datos digital pública con los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, insta al Gobierno a defender la realización de análisis de emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción para evitar «casos» como el Dieselgate.

Por su parte, Mónica Vidal, de Ecodes, presentó un informe de Transport & Environment, la ONG que descubrió el fraude de las emisiones de la industria del automóvil. El estudio Diesel: The true dirty story analiza la situación actual dos años después del descubrimiento del software instalado en algunos vehículos con motor diésel, que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio, y asegura que sobre las carreteras europeas circulan ahora 37 millones de vehículos contaminantes de diesel.

Entre sus conclusiones, el estudio afirma que el 70% de los vehículos diesel se venden en el mercado europeo, frente al 1% en Estados Unidos o el 2% en China. El informe plantea distintas soluciones para poner fin a esta situación de elevadas emisiones a consecuencia del transporte en Europa, introduciendo incentivos mayores a los vehículos sin emisiones y terminando con los bonus y beneficios fiscales a los vehículos diesel. También expone otras medidas como reducir el tráfico urbano con restricciones y zonas por las que únicamente puedan circular vehículos eléctricos o bajos en emisiones.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».

Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse «incompetente» ante la subida de la luz

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Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís han exigido en el Congreso que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca ante el pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que «no tenía capacidad para reducir» este precio.

«En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas», ha dicho Ignasi Candela, de Compromís. Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell criticó que no haya sido el propio ministro el que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea «la misma»: «El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural».

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, «consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP», pues cree que el Gobierno «no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática». Por ello reclaman “nuevas soluciones” como introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios caídos del cielo a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al pool, potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya «tardado» 10 meses en aprobar el reglamento para articular el bono social, que criticó como «no más que un parche», y que la situación se vaya a «recrudecer» durante el invierno. Belarra atribuye esta situación al «altísimo número de altos cargos del PP» que cuentan con «retiros dorados» en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. «Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética», concluyó.