Europa Press. – Unidos Podemos ha presentado su proposición de ley de cambio climático en la que recoge, entre otras medidas, el cierre de las centrales nucleares y una reducción del 35% de las emisiones antes de 2030, con respecto a los niveles de 1990. Además, han registrado en el Congreso una ley para que los ayuntamientos puedan adquirir y gestionar su propia red de distribución eléctrica, declarando su explotación como un servicio público de titularidad municipal.

Así, la ley se mueve en cuatro ejes. Uno de ellos se centra en el cierre de las nucleares, una postura que los de Pablo Iglesias, siempre han defendido. En esta norma, se da un plazo de seis años, antes de que acabe 2024, para completar el cierre definitivo de estas plantas. Pero, además, reclaman el cierre de las centrales térmicas, en este caso para antes de 2025.

Además, la ley se estructura en un modelo sostenible basado en las reformas fiscales. Por ello, se propone un impuesto de matriculación, una reforma del impuesto de hidrocarburos y un rediseño del bono energético, así como la introducción de un bono gasista.

Estos dos bonos, según se desprende de la ley, están basados en la renta per capita por hogar, de manera que los hogares más vulnerables puedan acceder a un consumo mínimo de energía. Unidos Podemos también propone que el coste de estos servicios sean asumidos por las empresas que operan en cada sector.

De esta manera consta en la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética que quieren que se debata en la Cámara Baja y con la que la coalición de izquierdas busca alcanzar, entre otros objetivos, la reducción de emisiones de CO2 y regular la transición energética con un cambio en el ‘mix’, aumentando el peso de las renovables.

Para la coalición morada, estas se regularían a través de un nuevo sistema de subastas en el que el coste de generación de cada tecnología sería el criterio principal y un sistema de primas de retribución estable para las instalaciones ya existentes, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la producción.

 

Primas y participación pública

Unidos Podemos cree inaplazable realizar cambios en el sector eléctrico, y aboga por reformar su sistema de retribuciones, abonando en función del coste de generación y asumiendo la amortización instalaciones, así como por una auditoría de todos los costes del sector, a realizar en el primer año desde la entrada en vigor de la ley.

El grupo político llama a acabar así con los llamados ‘windfall profits’ -‘beneficios caídos del cielo’- que, denuncian, gozan determinadas instalaciones de generación, como las hidroeléctricas. En este sentido, establecen la explotación pública de cada instalación al caducar las concesiones de las mismas.

 

Medidas en el sistema eléctrico

Unidos Podemos pretenden aumentar la participación el Estado en Red Eléctrica de España hasta alcanzar el 100%. Además del fin del llamado ‘impuesto al sol’ y la simplificación de trámites para facilitar el autoconsumo -con redes compartidas y esquemas de retribución de energía vertida a la red-, obligan a que todo nuevo proyecto de renovables deje participar en la inversión a ayuntamientos, vecinos, cooperativas y pymes locales, y posibilitan que se otorguen ayudas directas a la inversión en instalaciones de pequeña potencia, promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas de consumo.

En otro sentido, proponen reestructurar la tarifa eléctrica y de gas, limitando hasta un 25% el término fijo, con el fin de gravar más un mayor consumo de electricidad y rediseñar el bono social eléctrico, con un único criterio: la renta per capital del hogar vulnerable. Bajo este mismo criterio se crea un bono social para el gas y una tarifa especial para el agua.

Así, los impulsores de este texto, los portavoces del grupo confederal de Medio Ambiente y Energía, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde y el de En Comú Josep Vendrell han expuesto los objetivos «ambiciosos» en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030 y 2050. Para la coalición de izquierdas, 2030 es la fechas donde se establece un objetivo en la reducción de emisiones de CO2 del 35% con respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de origen renovable; mientras que e 20 años después estos porcentajes deberán alcanzar el 95% y el 100%, respectivamente.

Además, proponen que se elabore, cada cinco años, unos «presupuestos de carbono» desglosados por sectores para los cinco siguientes y exigen al Gobierno la elaboración de un Plan Nacional de Eficiencia Energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando la actuación en los hogares y barrios más vulnerables.

Unidos Podemos ha resaltado un estudio elaborado por CC.OO. en el que se determina que esta medida de rehabilitación de viviendas podría suponer la creación de hasta 500.000 puestos de trabajo.

El texto prohíbe la ampliación de explotación de las centrales nucleares en funcionamiento y de otorgar nuevos permisos, de manera que antes de terminar el año 2024 no haya centrales operando en el país. También se plasma el cierre de las centrales térmicas de carbón con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

La ley también exige una Estrategia Nacional de Residuos; medidas para la mitigación en los sectores agrícola, ganadero y en el de la pesca; la creación de un Fondo de Financiación Verde, para financiar las medidas en materia de cambio climático, y medidas de adaptación a este fenómeno.

Por último, Vendrell ha querido destacar que se trata de una ley «transversal» que aborda muchos sectores y que consideran muy completa. Por ello, han enviado al Gobierno, el texto, con el objetivo de tenderles la mano y mostrarle su intención de dialogar en torno a una ley lo más completa posible en este aspecto. El Gobierno ya ha anunciado que presentará próximamente su proyecto de ley sobre esta materia.