Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

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EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

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Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.

El PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno un informe que avala que el carbón autóctono bajaría la tarifa eléctrica

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una solicitud del informe que posee el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón autóctono como elemento que asegure el suministro energético en España, lo que abarataría la factura. Asimismo, el PSOE exigirá al Gobierno explicaciones oficiales al más alto nivel sobre el supuesto informe elaborado Ministerio de Industria en el que se aseguraría que el consumo de carbón nacional permitiría una reducción de la tarifa eléctrica de al menos un 3,52%.

Así lo anunció el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, que ya se ha coordinado con la diputada socialista leonesa María Aurora Flórez para que de manera inmediata registre en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Energía, que actualmente posee la competencia en la materia. Un informe «confidencial», difundido por lainformacion.com y atribuido al anterior Ministerio de Industria, en el que se asegura que «si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que se dispone, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,52%, con un ahorro de al menos 350 millones de euros anuales».

En contra de los españoles

El líder de los socialistas leoneses señaló que, de confirmarse esta información, «sería un escándalo que igualaría al exministro José Manuel Soria, de ingrato recuerdo, con el actual responsable de la cartera, Álvaro Nadal, ya que ambos habrían hecho todo lo contrario de lo que debían para beneficiar a los españoles, que ahora se enfrentan a una subida enloquecida del precio de la luz». Rodríguez pregunta «para quién están trabajando los ministros del PP y por qué ocultan este informe», y anunció que será una de las interpelaciones que el PSOE dirigirá al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas también requerirán al Ejecutivo popular que dé cuenta detallada de los términos de ese estudio, en qué momento se elaboró y si asegura que debe establecerse un incentivo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible. Rodríguez recordó que, además, Nadal aseguró el pasado diciembre en su primera comparecencia ante el Parlamento que no se quema más carbón autóctono en las centrales térmicas para «no encarecer el precio de la energía a todos los españoles». «Habría mentido porque ya tenía un informe que supuestamente dice lo contrario y que, probablemente, le pasó su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, que era secretario de Estado de Energía con Soria», finaliza.

Unidos Podemos pide el informe

Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, junto con otros compañeros del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso la demanda del informe que posee «hace meses» el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón. También han respaldado la petición de información al Gobierno otros diputados podemitas, como Sofía Fernández, Segundo González y Rafael Mayoral, además de la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Desde Podemos Castilla y León han abogado por el consumo de carbón autóctono durante las décadas en las que se desarrolle la «necesaria» transición energética, por lo que ve «imprescindible poder estudiar dicho informe hasta ahora oculto a la ciudadanía».

Podemos y el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) rechazan la construcción del ATI sin el compromiso de cerrar Almaraz

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EFE.- Al mismo tiempo que el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) mostró su «absoluto rechazo» a la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de dar luz verde al proyecto de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (CNA), en la provincia de Cáceres, el grupo parlamentario Podemos Extremadura rechaza que esta instalación no venga acompañada del compromiso de cerrar la central.

Pide el cierre en 2020

Podemos asegura acoger con inquietud la aprobación de la construcción del ATI en Almaraz, ya que la nueva instalación podría traer aparejada la decisión de prolongar la vida de esta planta. En esa misma línea, insiste en considerar perjudicial que la decisión de comenzar las obras de este almacén en enero no llegue acompañada del compromiso de cierre de la central nuclear de Almaraz. Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura insiste en pedir el cierre de la planta cacereña cuando expire la actual licencia de explotación, en 2020. Además, solicita al presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, y al Ejecutivo central más información.

Seguridad de instalaciones, “en riesgo”

FEAN ha denunciado que el único objetivo de este proyecto es «alargar la vida» de las centrales más allá de los 40 años que garantizan «una cierta seguridad«. El colectivo ha explicado que el proyecto prevé que el ATI entre en funcionamiento en 2018, a dos años del cierre definitivo de la Unidad 1 de la central nuclear cacereña, previsto para 2020. «Es por ello que desde FEAN vemos una clara intención de mantener la central nuclear en funcionamiento», aseveraron.

El Foro Extremeño Antinuclear ha recordado que ha denunciado en reiteradas ocasiones que Almaraz sufre «graves problemas técnicos, que de forma reiterada se ocultan a la ciudadanía». FEAN también asegura que la construcción del ATI «es una maniobra económica, ya que estas plantas están amortizadas y a partir de aquí todo son beneficios para sus propietarios». El foro ha criticado también la «connivencia» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y ha asegurado que los cambios normativos introducidos «van a facilitar la flexibilización de los protocolos de seguridad». «Un accidente nuclear en Almaraz, pone en riesgo la vida en Extremadura y zonas limítrofes, también en Portugal, por lo que un gobierno responsable no puede olvidar el conflicto transfronterizo«, concluyó el FEAN.

El PSOE afea a Podemos sus críticas mientras los sindicatos exigen aplicar «inmediatamente» la prohibición de cortes de luz

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Redacción / Agencias.- CCOO y UGT pidieron un procedimiento urgente que permita la aplicación inmediata del acuerdo para evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas vulnerables. Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afeado a Podemos sus críticas sobre el «oscurantismo» del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los socialistas para prohibir los cortes de suministro de luz, y le reprochó en todo irónico que si lo hubiese suscrito la formación morada sería «extraordinario”.

«Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos», ha lamentado Saura. En cualquier caso, ha afirmado que para el PSOE no son «importantes» las críticas de Podemos por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para evitar los cortes de suministros de electricidad, sino ser la oposición «que resuelve problemas de la gente». «Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno», sentenció.

Vara apoya el pacto PP-PSOE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su apoyo al pacto entre el PP y el PSOE para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico. Vara ha explicado que esta medida se aplicará en función de un criterio de vulnerabilidad que decidirán las comunidades autónomas. El presidente ha declarado que este será uno de los temas que se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes, por lo que necesitará tiempo para su aplicación. A su juicio, se trata de una gran apuesta, y el asegurar que la gente que no pueda pagarse la calefacción no pase frío en invierno tiene que ser el objetivo de una sociedad justa.

Los sindicatos lo quieren ya

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que «el acuerdo para prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en España» por lo que piden que se extienda al gas. En cuanto a su puesta en marcha, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, «condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, con voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección«.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

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Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.