Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

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Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.

Podemos y PDeCAT se unen a ERC contra el veto del Gobierno a la ley balear que prohíbe las prospecciones

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EFE.- El grupo de ERC en el Congreso, con el apoyo de Podemos y PDeCAT, entre otros, registró un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara para pedir la suspensión del veto a la tramitación de la ley del Parlamento balear sobre la prohibición de prospecciones petroleras en el Mediterráneo.

Según el grupo catalán, y tal y como se recoge en el texto registrado, ERC y los grupos firmantes (Compromís, Nueva Canarias y Bildu) solicitan a la Mesa que reconsidere su aval al veto del Gobierno. El Ejecutivo ejerció su derecho al veto a iniciativas parlamentarias por considerar que la ley balear afectaba a ingresos y gastos de los Presupuestos, lo que la Mesa del Congreso aprobó con los votos de PP y de Ciudadanos.

Como quiera que la «última palabra» en cuanto al respaldo o rechazo de los vetos del Gobierno la tiene la Mesa, tal y como establece un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, ERC y los firmantes apelan a ella ante lo que consideran una decisión «arbitraria» y «no justificada» del Ejecutivo. Tanto el grupo catalán como los que le han dado apoyo en el escrito quieren que se tramite en el Congreso la proposición de ley, que pretende la protección del Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a los «daños» que puedan ocasionar «la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

ERC cuestiona un informe del Ministerio de Energía, sin firma, en el que se señala que la Ley incidiría en los Presupuestos, ya que la norma hace referencia a la autorización de concesiones o prórrogas. De acuerdo con el citado informe, la prohibición por la que aboga la proposición de la cámara autonómica balear conllevaría un aumento de los créditos debido «a la potencial exigencia de responsabilidad patrimonial» por los titulares de las concesiones. Para ERC, dicha responsabilidad patrimonial no procede, pues la propuesta de Baleares «no está revocando ninguna concesión otorgada», sino que impide que se concedan otras nuevas.

Podemos pide que Montoro y el exministro Soria expliquen en el Congreso sus contactos con las eléctricas y con Abengoa

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Europa Press.- Podemos ha pedido las comparecencias del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y del exministro de Energía, José Manuel Soria, en el Congreso para que expliquen las noticias aparecidas en relación a posibles presiones recibidas por empresas eléctricas y para beneficiar a Abengoa.

Podemos ha solicitado que Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda y Soria en la Comisión de Energía, al tiempo que también ha pedido que acuda a esta última comisión el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen. En el mismo sentido, ERC también solicitó la comparecencia de Soria para que informe si recibió presiones de las compañías eléctricas así como del ministro Montoro para beneficiar a Abengoa. ERC, además, exige que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso a explicar la multa por la no construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si Hacienda le ha informado privadamente en alguna ocasión sobre la situación de algún contribuyente, como pudieran ser el caso de algunos familiares de Soria. Asimismo, sobre la autorización del Gobierno para que las compañías eléctricas refacturen de una sola vez las tarifas. Al respecto, Podemos pregunta si el Ejecutivo es consciente de que este sistema puede provocar aumentos de más del 50% en la factura de los consumidores más vulnerables.

El Senado rechaza con los votos del PP y Foro Asturias una comisión de investigación sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- El pleno del Senado rechazó, con los votos de PP y Foro Asturias, la abstención de PNV y UPN, y el apoyo de resto de grupos, una petición de Compromís para abrir una comisión de investigación sobre el proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado frente a Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió.

El senador Jordi Navarrete, que ha defendido la iniciativa, ha agradecido el apoyo de los grupos promotores de esta comisión de investigación (Compromís, PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos) y a Ciudadanos y PSOE por su «coherencia y responsabilidad» al sumarse y votar a favor. Por el contrario, ha criticado «el comportamiento totalitario y lobbista del PP y el entorno de los grupos de presión». Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», señaló.

Paralelamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre el proyecto y en su intervención ha insistido en que los estudios anteriores a la construcción del almacén eran correctos y «no se podían prever» los terremotos en la zona. El ministro no ha adelantado si el Gobierno tiene planes próximos de desmantelar la plataforma.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

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Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.

Podemos ve «falta de neutralidad» en el CSN, al que acusa de estar «capturado» por el Gobierno y las eléctricas

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Europa Press.- Mientras Cristina Narbona critica que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos denuncia la «pérdida de independencia y neutralidad» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, a su juicio, está siendo «capturado por la política energética del Gobierno y los intereses del oligopolio eléctrico».

El portavoz de Energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que esta falta de independencia se ha visto en los informes favorables a la reapertura de la central de Santa María de Garoña y a la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) y, más recientemente, en su aprobación a la orden ministerial del cambio de plazos del Gobierno para la autorización de renovación de los permisos de las plantas nucleares. «Es una subordinación y supeditación impresentable» ha insistido Vendrell, para quien el CSN necesita «un golpe de timón» y «un cambio radical» porque, a su juicio, no se puede permitir el lujo de que un regulador esté jugando con «la salud de la gente y del medio ambiente».

Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, que ha denunciado que el CSN modifica la legislación para reducir de 3 a 1 años el plazo en el que las eléctricas tienen que decidir sobre cuándo pedir la renovación de las plantas nucleares, es «uno de más de los muchos hechos que se vienen produciendo en los últimos meses» y que, en su opinión, demuestran que «el CSN está entregado a los intereses del oligopolio de la industria eléctrica«.

Vendrell también se refirió a las informaciones que señalan que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se plantea la intervención de las centrales nucleares y térmicas para garantizar el mix energético nacional. «Si el ministro hiciera los mismos esfuerzos en mantener el carbón y las nucleares como con las renovables, las políticas de transición energética del Gobierno serían otras», criticó.

Narbona, Garoña y el Ministerio

Por otro lado, la última labor como consejera del CSN de Cristina Narbona ha sido denunciar que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña, cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto. Para la exministra socialista de Medio Ambiente, esta situación «no deja de ser sorprendente» ya que fue el propio titular del ministerio, Álvaro Nadal, quien se comprometió a abrir este plazo para escuchar a Endesa e Iberdrola el pasado mes de marzo, cuando se entregó el informe del CSN sobre este tema.

«Con mi voto en contra, el CSN hizo un informe favorable para la renovación sine die de la planta de Garoña y, a partir de ahí, el Gobierno tiene la capacidad administrativa de conceder la autorización después de que estudie las alegaciones, que parece que van a llegar en verano», ha explicado Narbona a su entrada a la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN en el Congreso. Allí, la exministra rindió cuentas ante los diputados responsables de esta materia de las tareas que ha asumido dentro del CSN.

“Garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica es lo que explica una serie de votos discrepantes que desde 2013 he venido haciendo», reconoció Narbona, que ha señalado que todas sus discrepancias tienen base técnica y jurídica y está ligada a los cambios y prácticas reguladoras que se han ido dando en este periodo. «Mi tarea dentro del consejo pone como prioridad que mejoremos en cultura de seguridad interna del propio organismo, por ejemplo, mejorando la gestión de discrepancias, un tema que ha generado ruido hacia afuera del consejo», concluyó.

Izquierda Unida presenta una iniciativa en apoyo al carbón que no gusta a Podemos ni a Equo

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Europa Press.- Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para garantizar el futuro de las comarcas mineras dedicadas a la extracción del carbón en Asturias que no gusta a sus aliados parlamentarios de Podemos y Equo.

En concreto, la iniciativa reclama la integración de las empresas mineras asturianas en la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI); el impulso de una industria sostenible que cumpla con los acuerdos de disminución de emisiones; el rescate, reindustrialización y diversificación de la actividad en las cuencas mineras; y la auditoría de los fondos Miner. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha manifestado su «apoyo absoluto y rotundo» a esta PNL y a la clase trabajadora que, según él, «está sufriendo la incompetencia del PP y la maldad, porque son conscientes del beneficio que está produciendo a otras grandes empresas importadoras del carbón extranjero».

Respecto al desacuerdo con formaciones como Podemos y Equo al presentar una PNL que apoya al sector del carbón, Garzón ha reivindicado que Izquierda Unida es «una fuerza autónoma e independiente» que tiene «autoridad propia suficiente para presentar una PNL o cualquier otra proposición«. La iniciativa se ha registrado para su debate y votación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, donde no se verá reflejada esa disidencia interna porque sólo ocupan dos puestos. Garzón también se ha referido a su confluencia con Podemos como «una alianza electoral necesaria», pero que tiene «una heterogeneidad en su seno bastante importante».

Volviendo a la propuesta, Garzón señaló que su objetivo es tomar medidas para reducir el carbón de importación y poder usar el nacional, «que es el que genera puestos de trabajo». «Cuando denunciamos que el PP está atacando a las cuencas mineras, está atacando a familias enteras, a barrios enteros, lo que decimos es que hay una forma alternativa de tratar esta cuestión sin hipocresía y pensando en las comarcas y en sus gentes», concluyó. En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Ramón Argüelles, añadió que hay que «reindustrializar las comarcas mineras» para que los jóvenes vuelvan.

Por su parte, el alcalde de Mieres, Aníbal José Vázquez, ha opinado que España con el tema del carbón es «una auténtica verbena». «Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las energías renovables, pero mientras tanto en este país se están consumiendo 20 millones de toneladas de carbón extranjero», ha añadido. Vázquez ha concluido criticando el cierre de la minería pública española y ha argumentado en su defensa que «el carbón de fuera» contamina tanto en su extracción como en su transporte.

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

Unidos Podemos exige una Ley de Cambio Climático con objetivos concretos de reducción de emisiones por sector

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EFE.– El grupo parlamentario de Unidos Podemos reclama que la futura Ley de Cambio Climático cuente con objetivos concretos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores, entre ellos el sector energético, a corto, medio y largo plazo, utilizando como base el año 1990 y no 2005. En este sentido, este grupo parlamentario señala los mínimos que, para ellos, debe tener la nueva norma y pide que se creen indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos.

Unidos Podemos considera que la meta a la que debe ir orientada esta ley es la de un modelo 100% renovable, y para conseguirlo creen que debe ir acompañado de un plan de fiscalidad ambiental, de un programa de creación de empleo verde y de ambiciosas reducciones en los sectores más contaminantes, como el transporte, la agricultura y la ganadería, la edificación o los residuos.

Reclaman que la ley incluya la financiación adecuada para llevar adelante los objetivos, y que su proyecto de elaboración sea transparente y cuente con la participación de la sociedad civil. Piden también abordar el reparto competencial de las medidas con las Comunidades Autónomas, así como un organismo de coordinación autonómica. Además, reclaman la aplicación «real» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), con el fin de que los programas de trabajo que se establezcan permitan desarrollar la política de adaptación al cambio climático.