Industria suprime cinco de las siete condiciones que la Comisión Nacional de Energía impuso a Sonatrach

El Ministerio de Industria ha eliminado cinco de las siete condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a la compañía estatal argelina Sonatrach para elevar del 20 al 36 por ciento su participación en el consorcio Medgaz, que promueve un gasoducto submarino entre Argelia y España.

Industria, que ha estimado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por Sonatrach, mantiene dos de las condiciones, aunque introduce cambios en ellas. Las condiciones finales están en línea con las que se impusieron a Iberdrola para aumentar su participación en Medgaz del 12 al 20 por ciento.

El pasado 8 de mayo, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a Sonatrach a aumentar su participación en Medgaz, aunque impuso siete condiciones (la resolución consta de ocho puntos, pero el primero se limita a informar de que se ha concedido el permiso).

La resolución de Industria, fechada el 19 de julio, mantiene dos condiciones, la número dos y la número tres, aunque con modificaciones.

Por un lado, Sonatrach deberá informar a la CNE cuando se produzcan cambios en su participación accionarial o se suscriban acuerdos de control con otros accionistas de Medgaz. Por otro, el regulador energético revisará las condiciones impuestas si la compañía argelina alcanza un grupo de influencia mayor.

Industria elimina las cinco condiciones restantes, que en la resolución de la CNE aparecían con los números cuatro, cinco, seis, siete y ocho.

La número cuatro instaba a Sonatrach a realizar todas las actuaciones necesarias para concretar el proyecto Medgaz y a facilitar su eventual ampliación. Además, obligaba a la compañía argelina a respetar el régimen de derechos y obligaciones y la pluralidad de accionistas.

Industria suprime esta condición al entender que, pese al aumento de su participación accionarial, Sonatrach no tiene capacidad para oponerse por si sola a esos planteamientos.

La condición número cinco obligaba a la compañía argelina a informar a la CNE sobre el grado de utilización de la capacidad de transporte contratada en el futuro gasoducto. El Ministerio ha optado por suprimirla al considerarla superflua.

Las condiciones seis, siete y ocho imponían a Sonatrach la obligación de comunicar a la CNE cualquier acuerdo del Consejo o de la Junta de Medgaz. Además, el regulador energético se reservaba un control administrativo a posteriori para defender la seguridad pública, ya que establecía la posibilidad de revocar acuerdos que pudieran ponerla en peligro.

La resolución de Industria opta por revocar las condiciones siete y ocho al considerarlas improcedentes e inadecuadas, y la número seis por tratarse de una condición instrumental de las otras dos.

Sonatrach recurrió el pasado mes de junio las condiciones impuestas por la CNE y pidió la suspensión cautelar.

El 11 de julio Industria rechazó la suspensión cautelar y una semana después, el 19 de julio, se pronunció sobre el fondo del asunto.

El capital del consorcio Medgaz está repartido entre Sonatrach (36 por ciento), Cepsa e Iberdrola (cada una con un 20 por ciento), y Endesa y Gaz de France (ambas con un 12 por ciento).

Frente a los Pirineos, infraestructuras

Francia quiere aprovechar el fuerte crecimiento de la economía española y está dispuesta a trabajar seriamente en el tema de las interconexiones de infraestructuras, transporte y energía, para facilitar la relación entre ambos países, afirmó Bruno Delaye, embajador de Francia en Madrid.

El embajador declaró que las relaciones están en un nivel excelente, prácticamente en su techo más alto, y de forma concreta en lo económico, donde hay una excelente colaboración empresarial y planes para superar conjuntamente la barrera de comunicación de los Pirineos.

Respecto a la conexión del AVE por Perpiñán, dijo que hay voluntad política de acelerarla, especialmente con las obras de circunvalación de Nimes y Montpellier, a fin de poder tener lo más rápidamente posible trenes de alta velocidad entre Barcelona y Nimes y, en un futuro también cercano, de Barcelona a Lyon.

En relación con el paso de los Pirineos centrales, el embajador manifestó que el desarrollo de las conexiones ferroviarias de gran capacidad a través de estos montes en el marco de las Redes Transeuropeas de Transporte es un objetivo de los gobiernos de España y Francia y que ambos han decidido pedir a la Comisión Europea una ayuda financiera para llevar a cabo los estudios previos de una línea ferroviaria de gran capacidad. Recalcó que estos análisis previos son necesarios para realizar un debate público y constituyen «una etapa imprescindible para un proyecto de esta importancia».

«Hemos notado el gran interés político que tiene el gobierno español y la gente de Aragón, y vamos a ver si el proyecto tiene un sentido técnico y económico porque se trata de una inversión de por lo menos 5.000 millones de euros y hay que ver si tiene apoyo económico y la respuesta del mercado puede ser positiva» Una obra como ésta -dijo – no debe obedecer sólo a la decisión de los gobiernos, «también tiene que apoyarse en la sostenibilidad del mercado. Puede ser un proyecto bellísimo».

Otra demanda pendiente es el tema de la conexión energética, y en concreto la línea eléctrica por el este pirenaico. En opinión del embajador francés también se está avanzando.

«Tuvimos -dijo- muchas dificultades hasta la fecha para encontrar un trayecto adecuado tanto del lado francés como del español, en la interconexión eléctrica entre Perpiñán y Figueras. Para ponernos de acuerdo hemos pedido a la Comisión que nombre un mediador experto y ésta acaba de nombrar a Mario Monti para que nos ayude a encontrar el mejor trayecto para esta línea de alta tensión que, por supuesto, provoca interrogantes y a veces oposiciones de los ecologistas».

Clos y Jelil analizan el futuro del gasoducto submarino y las limitaciones a Sonatrach

El ministro de Industria, Joan Clos, y el titular argelino de Energía, Chakib Jelil, mantuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron los temas energéticos de interés común, entre ellos el desarrollo del futuro gasoducto entre los dos países y las limitaciones impuestas a la argelina Sonatrach.

Fuentes de Industria se limitaron a decir que el encuentro forma parte de las reuniones habituales con un país como Argelia, considerado socio estratégico, aunque admitieron que se han tratado todos los temas de interés común.

Sin embargo, según fuentes del sector energético argelino, entre los asuntos tratados figuran las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la compañía estatal argelina Sonatrach para elevar del 20 al 36 por ciento su participación en el consorcio Medgaz, que promueve un gasoducto submarino entre Argelia y España.

Tanto Sonatrach como Medgaz han recurrido las condiciones ante Industria, que tiene de plazo hasta septiembre (el 8 en el primer caso y el 25 en el segundo) para pronunciarse. De momento, el Ministerio ha rechazado la petición de la compañía estatal argelina de suspender de forma cautelar las condiciones.

Otro punto de discrepancia entre los dos países es la pretensión de Sonatrach de comercializar directamente en España 3 bcm (3.000 millones de metros cúbicos) anuales de gas natural.

El pasado mes de marzo, Industria concedió una licencia a la compañía argelina para comercializar gas natural en España hasta un máximo de 1 bcm (mil millones de metros cúbicos).

Sonatrach y el Gobierno argelino reclaman 3.000 millones de metros cúbicos porque ése es el volumen de gas que corresponde a la compañía por su participación en el consorcio Medgaz.

El capital de Medgaz está repartido entre Sonatrach (36 por ciento), Cepsa (20 por ciento), Iberdrola (20 por ciento), Endesa (12 por ciento) y Gaz de France (12 por ciento) en función del volumen de gas que puede transportar cada una de los socios.

De los 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos) de capacidad del futuro gasoducto, 2,9 bcm (2.900 millones de metros cúbicos) corresponden a la compañía argelina.

El Gobierno aprobará el viernes un paquete de medidas concretas y urgentes para el cumplimiento de Kioto

El Gobierno aprobará el próximo viernes, en un Consejo de Ministros monográfico sobre cambio climático, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contiene un paquete de 170 medidas concretas y urgentes, con un calendario claro y recursos, para cumplir el Protocolo de Kioto.

Así lo anunció el pasado mes de junio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien subrayó el compromiso del Ejecutivo para que España esté «en el liderazgo» de la lucha contra el cambio climático y a favor del uso de energías renovables.

Como parte «esencial» del paquete de medidas urgentes, Zapatero destacó un plan de ahorro y eficiencia energética para el periodo 2008-2012, que incluye un plan específico para los edificios públicos.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros avanzó ya una parte del mismo al adoptar un acuerdo por el que se limita a 24 grados centígrados la temperatura mínima durante todo el verano -desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre-, en todos los edificios de la Administración General del Estado, con el que el Gobierno pretende «dar ejemplo».

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló entonces que cuando el plan se ponga en marcha en su totalidad el ahorro de energía en los edificios públicos se situará en torno a un 30 por ciento.

La Estrategia de cambio climático, que fue presentada públicamente el pasado mes de febrero y sometida posteriormente a información pública, define once áreas de actuación, con «especial dedicación» a los denominados sectores difusos: transporte, residencial, comercial, institucional, agrícola y servicios, explicó el jefe del Ejecutivo.

Así, en el sector del transporte, se aprobará una norma básica sobre movilidad sostenible, se potenciará el transporte ferroviario de mercancías y se crearán «autopistas del mar».

Para el transporte privado, se incluyen medidas de carácter fiscal en relación con la contaminación de los vehículos, siguiendo el criterio de eximir a los coches «más limpios» de pagar el impuesto de circulación.

Las medidas incluyen el establecimiento de requisitos de eficiencia energética en el alumbrado público y en los edificios, para lo cual se sustituirán progresivamente las calderas domésticas de carbón hasta su completa desaparición en 2012, y se promocionarán las energías renovables.

En el sector agrario y ganadero, el Ejecutivo plantea la reducción de los abonos minerales y fitosanitarios y los fertilizantes nitrogenados y aumentar la superficie destinada a cultivos energéticos y favorecer la producción ecológica.

Se persigue también que los «biocarburantes» supongan el 10 por ciento del combustible que consume el transporte en 2020 y que las energías renovables se sitúen en una situación competitiva frente a los combustibles fósiles en 2010.

El Consejo de Ministros aprobará también el viernes un Real Decreto que modifica el que aprobó el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012, y que se justa a las exigencias de la Unión Europea.

El pasado 26 de febrero, la Comisión Europea aprobó el Plan español, con la condición de que se cumpliesen unos objetivos más ambiciosos para reducir las emanaciones de CO2 en 422.271 (0,28 por ciento del total propuesto).

Una vez aprobada esa norma, el lunes siguiente se hará público el Plan de asignación individualizado por instalación, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

España acogerá la reunión internacional sobre energía y pobreza

El Club de Madrid, que reúne a 66 ex mandatarios de países democráticos, organizará el próximo mes en España una reunión internacional sobre el desafío energético y la pobreza en el siglo XXI.

El encuentro «Energía y liderazgo democrático: promoviendo el acceso a la energía para la reducción de la pobreza«, se desarrollará el 20 y 21 de agosto en Santander (norte de España) en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

A la reunión está previsto que asistan, entre otros, los ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos, Bolivia, Jorge Quiroga, y de Estados Unidos, Jimmy Carter, además de expertos en energía de instituciones internacionales, del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

Según los organizadores de la conferencia, los participantes tratarán de identificar los procedimientos para que el liderazgo democrático afronte el desafío energético y la pobreza en el siglo XXI.

Objetivos principales de discusión serán los métodos para mejorar el acceso a la energía sin comprometer la seguridad y la estabilidad climática; individualizar el papel de los Gobiernos en su apoyo a soluciones sostenibles frente a la pobreza energética y fomentar la iniciativa empresarial en regiones en vía de desarrollo para que se puedan independizar de los sistemas energéticos centralizados.

El Club de Madrid, que colabora en este proyecto con la asociación Accountability, es una organización independiente que reúne a 66 ex jefes de Estado y de Gobierno. Sus esfuerzos se concentran en la promoción y el fortalecimiento del desarrollo democrático en el mundo.

El ministro de Industria dice que la nuclear de tercera generación «es más cara» y señala que el Gobierno prefiere un mercado competitivo a contar con campeones nacionales

El titular de la cartera de Industria, Joan Clos, que intervino el pasado martes en el Foro ABC, se dedicó a hablar de cuestiones que, en su opinión, «aparte de la opa de Endesa, también son noticia».

En este sentido, apuntó, en primer lugar, hacia las subastas de energía, la primera de las cuales se puso en marcha el pasado 13 de junio y que significó poner en manos de otros operadores eléctricos parte de la capacidad de generación de las dos grandes, Endesa e Iberdrola. En esta primera operación, ambas empresas subastaron 800 MW, cantidad que, si atendemos a las explicaciones del ministro Clos, se irá incrementando hasta alcanzar los 2.000 MW. Clos, que explicó que las subastas son un mecanismo que pretende servir para aumentar el grado de liberalización del mercado eléctrico, añadió que han sido un éxito y que los megavatios subastados se vendieron a un precio razonable.

También se refirió a las subastas de distribuidores, señalando que la primera se produjo el 19 de junio y que a partir de entonces se celebrarán sobre una base trimestral. Clos destacó que el precio final de la energía alcanzado mediante estas subastas se situó en los 4,6 céntimos por kilovatio, bastante similar a los precios centroeuropeos.

El ministro no dejó fuera la mención al mercado ‘spot’ ibérico de la electricidad, puesto en marcha el 1 de julio, y señaló que Lisboa lleva celebrando el mercado a plazo desde el 1 de enero de este año. Clos afirmó que el mercado diario (horario) está funcionando perfectamente, y de hecho se han conseguido precios similares a los de Portugal en determinados días, aunque las condiciones no son idénticas entre ambos mercados y esto explica que las diferencias de precios sean algo habitual.

Un Mercado Ibérico de la Electricidad ejemplar

Clos comparó el mercado ibérico de la electricidad (MIBEL) con el mercado escandinavo, por su eficiencia de funcionamiento. El titular de Industria señaló, de hecho, que el MIBEL «es una emulación de lo que se está haciendo en el mercado escandinavo»: la interconexión entre ambos, el portugués y el español, es actualmente del 15%, y se espera que se duplique en dos o tres años mediante las interconexiones que se están construyendo por Galicia y Extremadura. Clos añadió que también existe una buena interconexión con Marruecos. Respecto a la conexión con Francia, lamentó que el Parlamento Europeo suspendiera el nombramiento de Mario Monti como coordinador de la UE para esta conexión, pero se mostró esperanzado en que la Unión Europea apoye a españa con este enlace transalpino, que debería dejar el grado de interconexión próximo al 15%.

El ministro de Industria también se refirió a la situación del gas en España. Clos definió el sistema español como muy seguro y explicó que sólo queda un problema en este sector: el de la capacidad de almacenamiento, para poder hacer frente sin restricciones a las puntas de demanda. Según explicó el ministro, el consumo anual de gas en España ronda los 32bcm, y sería adecuado disponer de una capacidad de almacenamiento de aproximadamente un 20%, lo que significaría contar con 7bcm almacenados. «En estos momentos contamos con unas reservas de gas de 2bcm, y estamos tomando medidas para incrementar esas reservas hasta 4bcm en cuestión de semanas», señaló Clos, aunque no explicó cómo se hará.

Para ilustrar la importancia de disponer de gas almacenado, Clos se refirió al mercado alemán, y explicó que allí, quien marca el precio spot son los almacenistas. Una vez más resaltó que la regasificación es clave para contar con un sistema gasista competitivo. A este respecto, el ex alcalde de Barcelona quiso lanzar un «mensaje de tranquilidad y confianza, puesto que estamos sentando las bases de un mercado energético que funcione correctamente».

La tarifa eléctrica fue otro de los temas a los que hizo alusión el ministro, quien consideró que en este sentido «estamos avanzando bien». Clos explicó que disponemos de un período de tres años de transición para suprimir las tarifas, lo que es muy positivo porque hacerlo de una vez supondría un «shock para el consumidor». También destacó la positiva evolución de los precios del petróleo durante los últimos seis meses, lo que ha contribuido a que la necesidad de actualizar los precios energéticos sea menor.

Respecto a las tarifas industriales, Clos señaló que, salvo las empresas acogidas a la G4, el resto del consumo de alta tensión pertenece a la tarifa aditiva, lo que significa que si a día de hoy se suprimiese la tarifa, ello no supondría ngún coste adicional para ese grupo de empresas. Clos admitió que es existe el problema de los consumidores acogidos a la tarifa G4, pero «es un problema restringido a ese 13%» de clientes.

Energía nuclear no, gracias: muy cara

Después de su ponencia, el ministro de Industria respondió a las preguntas formuladas por el secretario general del Grupo Vocento, José Antonio Zarzalejos. En materia de energía nuclear y dependencia energética, Zarzalejos le expuso el posible problema de una política de cierre progresivo de centrales nucleares cuando se está buscando un mayor grado de independencia y al mismo tiempo se prevé que en 5 años vivamos serias escaseces de petróleo.

Pero Clos no se mostró preocupado por este asunto. Señaló que «la crisis del fin del mundo es algo que se ha reproducido mucho y siempre se encuentran soluciones». Joan Clos negó que el petróleo vaya a acabarse, por lo que no tenemos que dejar de hablar de petróleo, pero sí de petróleo barato. Respecto a su postura sobre las centrales nucleares, Clos explicó que los precios actuales de producción mediante esta tecnología se sitúan entre los 3 y los 4 céntimos, pero las nuevas centrales no podrían producir tan barato. Como ejemplo habló de la central nuclear que en Finlandia están construyendo los grandes consumidores de energía para asegurarse el autoabastecimiento, y explicó que el precio se ha disparado desde 600 millones de euros inicialmente hasta 1.200 millones a día de hoy (con un presupuesto que no está cerrado), lo que está obligando a las empresas apedirle ayuda al Gobierno. «Las centrales nucleares de tres céntimos ya no existen», señaló Clos, quien recordó que los argumentos en los que se basa el debate nuclear son la seguridad, la aceptabilidad política y el precio.

Por último, y a pesar del comentario del principio, Clos no tuvo más remedio que tocar la cuestion de la opa, ante la pregunta de Zarzalejos sobre la postura del Gobierno acerca de los campeones nacionales y la nueva Endesa, y si Clos vería una Iberdrola actual repartida, como ocurre con Endesa.

Endesa, de una pieza

Clos no aceptó que Endesa esté repartida. «Endesa aún está unida y la intención de los accionistas es mantenerla unida». Y se defendió tirando trastos contra la opa lanzada por E.On, señalando que «más contrasentido era diluir la empresa a lo largo de 5 años, diluyendo su nombre». Sobre la cuestión de los campeones nacionales, el ministro explicó que, teniendo que elegir, el Gobierno prefiere garantizar un mercado de electricidad transparene y eficiente a tener campeones nacionales. Pero conseguir un mercado eficiente no obsta, según Clos, para contar con empresas españolas fuertes que puedan competir en mercados europeos.

Industria rechaza la suspensión cautelar de las condiciones que la Comisión Nacional de Energía impuso a Sonatrach

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha desestimado la petición de Sonatrach de que se suspendan de forma cautelar las condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a la compañía estatal argelina para elevar del 20 al 36 por ciento su participación en el consorcio Medgaz. Una vez rechazada la suspensión cautelar, Industria dispone de dos meses más, hasta el 8 de septiembre, para resolver el recurso de Sonatrach.

Según explicaron fuentes de Industria, la compañía argelina no ha probado que las condiciones fijadas por el regulador energético supongan un perjuicio irreparable a corto plazo ni pongan en riesgo sus intereses. El departamento que encabeza Joan Clos entiende que las condiciones sólo podrán afectar a Sonatrach cuando funcione el gasoducto submarino entre Argelia y España que promueve el consorcio Medgaz.

Industria, que tenía de plazo hasta el viernes para pronunciarse sobre la suspensión cautelar, ha comunicado su decisión tanto a la compañía argelina como a la CNE.

El pasado 8 de mayo, el Consejo de Administración de la CNE autorizó con condiciones a Sonatrach a elevar del 20 al 36 por ciento su participación en Medgaz. Un mes después, Sonatrach recurrió las condiciones ante Industria y solicitó la suspensión cautelar de la resolución dictada por el regulador energético.

Industria disponía de treinta días hábiles (incluidos los sábados) para pronunciarse sobre la suspensión cautelar, plazo que concluye el próximo viernes. Sin embargo, el plazo para resolver el fondo del asunto es de tres meses y termina en septiembre.

En su recurso, Sonatrach pedía la supresión de las condiciones impuestas por el regulador por falta de proporcionalidad.

Entre otras obligaciones, la compañía argelina deberá informar trimestralmente a la CNE sobre la evolución de su participación y su presencia en los órganos de administración de Medgaz, y acerca de las entradas o salidas de otros miembros del consorcio. Las condiciones impuestas por el regulador energético fueron recurridas también por los socios de Medgaz el pasado 22 de junio, aunque en este caso no se pidió la suspensión cautelar.

El recurso de Medgaz ha sido admitido a trámite por Industria, que tiene de plazo hasta el 25 de septiembre para resolverlo.

El capital del consorcio está repartido entre Sonatrach, Cepsa, Iberdrola (cada una con un 20 por ciento), Endesa y Gaz de France (ambas con un 12 por ciento).

La máximas autoridades francesas mantienen todas las opciones abiertas

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, el primer ministro, François Fillon, y los ministros de Economía, Christine Lagarde, y de Ecología, Jean-Louis Borloo, se reunieron para hablar del proyecto de fusión GDF-Suez para el que, según hicieron saber, todas las opciones siguen abiertas.

«Se estudian las diferentes opciones», explicó el portavoz del Elíseo, que indicó a la prensa que durante la reunión se abordaron «varios temas de política industrial, no sólo Suez«.

Lagarde insistió al término de la reunión, en la que también estuvieron los presidentes de Suez, Gérard Mestrallet, y de Gaz de France (GDF), Jean-François Cirelli, en que «se estudian todas las opciones» y negó que el Gobierno hubiera abandonado la idea de la fusión.

El secretario general del Elíseo, Claude Guéant, había declarado a comienzos de semana que se tomaría una decisión sobre la posible unión de ambas empresas en un plazo de quince días.

Según la prensa económica, se barajan tres grandes opciones, dos de las cuales supondrían renunciar a la fusión entre esas dos compañías, una para apostar por un acercamiento entre GDF y Electricité de France (EDF) y otra para dejar al grupo gasístico estatal libertad para proponer otras ideas de fusión a más largo plazo. En este segundo caso podría encajarse la opción propuesta por Sarkozy hace unos meses de aliar GDF con la argelina Sonatrach.

Por último, se contempla seguir adelante con la unión de GDF con Suez, pero cambiando sustancialmente las condiciones inicialmente definidas, en particular con la idea de igualdad de las dos compañías.

El proyecto de fusión GDF-Suez fue lanzado a comienzos del pasado año por el Gobierno del anterior primer ministro, Dominique de Villepin, como medio para evitar las tentativas del italiano Enel, que preparaba una oferta sobre Suez.

Lula niega que los biocombustibles amenacen la producción de alimentos

El presidente brasileño, Luis Inazio Lula da Silva, se esforzó en desmentir que la expansión de los biocombustibles, liderada en gran parte por su país, suponga un riesgo contra la producción mundial de alimentos.

«En mi país está reduciéndose el hambre al tiempo que crecen los biocombustibles» subrayó Lula, ante la Conferencia Internacional sobre Biocarburantes que la Comisión Europea celebra en Bruselas.

El mandatario brasileño no citó a nadie, pero su intervención pareció responder a las dudas sobre la conveniencia de producir etanol a base de alimentos que recientemente han expresado expertos de la ONU y, sobre todo, el presidente cubano, Fidel Castro.

Lula sostuvo que la extensión en Brasil del cultivo de caña de azúcar -de la que se deriva el etanol- no deteriora la de otros productos agrícolas, pues sólo atañe al 10 por ciento del área cultivada y siempre «muy lejos de la Amazonía«.

«En el mundo no hay escasez de alimentos, hay escasez de rentas», añadió el brasileño, que comparó el coste multimillonario de realizar perforaciones o instalar plataformas petrolíferas, con la sencillez de la producción de etanol. «En el más humilde de los países, cualquiera tiene la tecnología y el conocimiento para cavar un hoyo de 30 centímetros y sembrar una planta oleaginosa», dijo Lula, que animó a los países en desarrollo, en particular de África, América Latina y Caribe, a seguir esta vía.

El desarrollo de los combustibles vegetales, argumentó, no sólo permite reducir las emisiones de dióxido de carbono y prevenir así el cambio climático, sino también «democratizar» los recursos energéticos, pues más de un centenar de países pueden producir biocombustible, frente a la veintena que exportan petróleo.

Puso a Brasil como ejemplo, al afirmar que el etanol le ha dado autosuficiencia energética, reduciendo en un 40 por ciento su consumo de gas y petróleo, recortando, en consecuencia, las emisiones contaminantes y ha creado seis millones de empleos. La amenaza para los agricultores de los países desfavorecidos, señaló Lula, no es el etanol, sino «las barreras comerciales» que los países ricos imponen a sus productos y los subsidios que éstos dedican a su propia producción agropecuaria.

Hizo un llamamiento a los gobiernos de la UE y del resto de países industrializados para establecer un mercado internacional de biocumbustibles y no dar «señales contradictorias al sector privado», como la de gravarlos con tasas que no se aplican al petróleo.

Anunció la convocatoria de una Conferencia Internacional sobre biocombustibles en julio de 2008 en Río de Janeiro, que presentó como continuación de la «Cumbre de la Tierra» que esta ciudad acogió en 1992.

Antes que Lula, intervinieron en el acto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro portugués y presidente de turno de la UE, José Socrates, que destacaron el potencial estratégico de los biocombustibles. «La UE está determinada a que se desarrolle este sector de manera que se proteja el planeta», aseguró Barroso.

«No queremos trasladar los problemas ambientales de un sector a otro, o de un continente a otro», precisó el portugués, que aseguró que la UE no discriminará negativamente a los biocombustibles foráneos frente a los producidos dentro de su territorio.

La Comisión Europea y el Gobierno brasileño suscribirán en Bruselas un convenio por el que establecerá un diálogo regular en materia energética.

Los países de la Unión Europea se ha comprometido a obtener de los biocarburantes un 10 por ciento del total de su consumo energético para el transporte en 2020.

El Congreso rechaza iniciar los trámites para trasladar la Comisión Nacional de Energía al País Vasco

El Congreso de los Diputados rechazó trasladar la sede de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de Madrid al País Vasco, tal y como había solicitado el grupo parlamentario vasco en sus propuestas tras el debate del Estado de la Nación.

Dentro de su petición también se ha rechazado que el Parlamento elaborara y presentara en un plazo máximo de tres meses un plan para ubicar en distintas autonomías a los organismos reguladores.

El diputado del PNV José Ramón Beloki aseguró en su intervención en el debate que el Gobierno «siempre nos ha dado buenas palabras» para avanzar en la descentralización de la ubicación de los reguladores, pero todavía no ha materializado nada. «Se nos ha pedido paciencia y que continuáramos en el empeño», dijo Beloki, quien apostilló que tras varios intentos «ya ha llegado el momento de dar pasos si verdaderamente existe voluntad de darlos».

El diputado recordó que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) se trasladó a Barcelona y que el Gobierno siempre ha afirmado que «tenía intenciones de avanzar en este campo».