La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

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Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

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Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

La CNMC asegura que la orden ministerial de derechos de cobro del sistema gasista encarece el recibo en 8,2 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la propuesta de orden del Ministerio de Energía que establece los tipos de interés de los derechos de cobro del sistema gasista incrementa los costes que se repercuten a los consumidores en la factura del gas en más de 8,2 millones de euros.

Esta propuesta de orden ministerial fija una metodología que difiere de la que en su día elaboró la CNMC que, según la Comisión que preside José María Marín Quemada, es «más robusta y refleja más adecuadamente las condiciones de mercado». Con esta propuesta de orden se determina el tipo de interés definitivo que se aplica a los derechos de cobro del déficit acumulado del sistema gasista al finalizar 2014, los desajustes anuales y el desvío en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

Concretamente, la metodología aprobada por la CNMC supondría una reducción de 8,2 millones de euros en los costes del sistema gasista respecto a la propuesta de orden, millones que se repercuten a los consumidores a través de la factura del gas en el horizonte temporal que abarcan dichos derechos de cobro. En este sentido la CNMC recuerda que uno de los principios rectores de la Ley 18/2014 es que «en las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema».

La CNMC considera que se deberían mantener de forma definitiva los tipos de interés propuestos por la Comisión y que hasta ahora han sido reconocidos como tipos de interés provisionales en las anteriores órdenes ministeriales de peajes y retribuciones.  Además, respecto a la amortización anticipada de los distintos derechos de cobro, la orden del Ministerio establece que se aplicará en primer lugar al desajuste del ejercicio más antiguo. La CNMC considera que la opción más beneficiosa desde el punto de vista económico sería amortizar el derecho de cobro que suponga un mayor ahorro en costes para el sistema gasista, en lugar de al más antiguo.

Respecto a la cesión de los derechos de cobro del déficit 2014, el organismo revela que la mayoría de titulares de este derecho le indicaron que han cedido esos derechos. Por último, teniendo en cuenta que la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se ha aprobado en noviembre, se calcula el tipo de interés y las anualidades que resultan para el desajuste 2016 de acuerdo con la metodología de la CNMC.

Nadal resalta la «alineación total» del Gobierno y los sindicatos de la minería para evitar el cierre de las térmicas

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Europa Press.- Mientras UGT anuncia encuentros con el resto de partidos para evitar el cierre de las centrales de carbón, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una «alineación total» entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, «sobre todo si no es por una causa justificada». En este sentido, Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía defendió la tesis del Gobierno de que “si una central no pierde dinero, es rentable y necesaria para el sistema, se debe mantener y seguir funcionando», algo compartido por los sindicatos. Así, subrayó que pidió a los sindicatos que «trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad”, así como a «todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial». A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que «son pérdida de puestos de trabajo industriales».

En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico. Nadal reconoció que es «complicado» ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula «el acto formal de un artículo en concreto».

Los sindicatos apoyan al ministro

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su apoyo a la postura del ministro de Energía sobre el cierre de las térmicas y ha anunciado que pondrá en marcha una ronda de reuniones con partidos políticos a nivel nacional y con las autonomías afectadas «para que apuesten por el mantenimiento» del carbón en el mix eléctrico. En este sentido, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, concretó que van a pedir reuniones a los 3 presidentes de las autonomías afectadas por el cierre de las térmicas (Asturias, Castilla y León y Aragón) para que, desde sus puestos, «presionen a los grupos políticos» contrarios a su mantenimiento.

Factura un 30% más cara

Hojas ha trasladado públicamente a Nadal «que no se sienta solo» y que «en ningún caso tiene que ceder a las presiones que está recibiendo». Hojas ha afirmado que, «sin las centrales nucleares y de carbón conectadas, la factura de la luz habría sido un 30% más cara«, por lo que ha pedido que las propuestas trasladadas desde el grupo de expertos de UGT se transformen en «un gran Pacto de Estado» en el que todos los actores diseñen «una política energética que garantice unas tarifas que no sean un factor de pérdida de competitividad».

También ha llamado a las empresas eléctricas «a que digan la verdad» sobre las emisiones. «Lo que tienen que hacer es invertir en las centrales de carbón», ha reiterado, añadiendo que » si las empresas térmicas hubieran invertido sus cuantiosos beneficios en tecnología de vanguardia, las emisiones serían mucho menores». Finalmente, Hojas ha llamado a elaborar políticas energéticas a largo plazo, «fuera de populismos y política fácil que busque votos» y advirtió de los «grandes riesgos» de deslocalización de grandes empresas si no hay una energía competitiva a precios europeos.

Unidos Podemos quiere que el inspector de la nuclear de Almaraz explique en el Congreso su cese desde el CSN

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado en el Congreso la comparecencia del exinspector residente de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Carlos García, que fue cesado hace un mes por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que explique en sede parlamentaria las razones de su actual situación. Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la formación morada, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esta petición llega ante la «preocupación» que le genera la seguridad de la planta.

Fue en diciembre cuando el CSN decidió cesar de su cargo a García «sin dar ninguna explicación al respecto», según denuncia Unidos Podemos. A juicio de la formación, tampoco aclaró esta situación «de forma convincente» el presidente del regulador, Fernando Martí, cuando fue interpelado sobre este tema por el propio Uralde durante la Comisión de Energía de la Cámara Baja. El diputado advierte de que la central nuclear de Almaraz es la siguiente, tras Garoña, que cumple los 40 años y debe renovar su licencia. «Por este motivo Unidos Podemos considera necesaria la comparecencia del Inspector residente recién cesado», apunta.

«Nos preocupa la seguridad de la planta, y por eso consideramos necesario conocer los motivos del cese del inspector residente. La historia reciente del CSN nos hace pensar que podría haber una intención de silenciar las advertencias sobre posibles fallos de la central puestos de manifiesto precisamente por el inspector, y eso nos preocupa mucho» ha señalado López de Uralde. En concreto, en 2016 las denuncias realizadas giraron en torno a tres temas: la falsificación de rondas de vigilancia contra incendios, los fallos en las bombas de agua de servicios esenciales y las pruebas del cambiador del sistema de componentes.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

El Gobierno impulsa la incorporación de una nueva conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está trabajando para incorporar con carácter urgente a la planificación energética un nuevo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca, que se unirá al ya planificado, cuya fecha de puesta en funcionamiento está prevista para 2020. El Ministerio indicó que la seguridad y calidad del suministro eléctrico se encuentran garantizadas en las islas y subrayó que con esta decisión de acelerar la tramitación de un nuevo enlace se verán reforzadas en el medio plazo.

Además, el Ministerio destacó que de esta manera se reforzará la conexión de Menorca con el resto del sistema eléctrico. Energía señaló que ha comunicado esta decisión al Gobierno de Baleares y que comenzará los trámites necesarios para la inclusión del segundo cable en la planificación «a la mayor brevedad». Además, el Ministerio ha solicitado al Gobierno autonómico balear su colaboración en la realización de los procedimientos administrativos que son de su competencia y que resultan necesarios para el enlace ya planificado. En este sentido, se ha acordado también la constitución de un grupo de coordinación para realizar un seguimiento detallado de toda la tramitación.

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

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Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.