Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Fernández Vara (Extremadura) llama a un gran acuerdo político en España sobre la planificación energética y las energías renovables

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Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el «desafío» al que debe hacer frente la política actual, además de «resolver los problemas» de los ciudadanos, es crear un «pacto común y estable en el tiempo» en España sobre la planificación energética y las energías renovables.

En este sentido, Fernández Vara ha defendido la «necesidad» de hacer en España un «gran acuerdo» en este sentido ya que la planificación energética es un asunto, según él, que «no se puede hacer a golpe de decisión respecto a una central o un determinado recurso» ni dejarse para el debate «solo» cuando aparece un proyecto de este tipo en la región, lo que ha considerado que «no es bueno».

Asimismo, el presidente de la Junta reiteró su posición de que las energías renovables son un asunto «de una enorme importancia» y ha destacado que los recursos naturales de Extremadura, «donde tenemos mucha agua y muchísimo sol», colocan a la región en una situación «interesante» a este respecto, ya que «hace 10 o 20 años quién iba a decir que iban a valer tanto». «Tengo una cierta sensación de que se están repartiendo las cartas de nuevo en la economía mundial», tras lo que ha confiado en que «en ese nuevo reparto de cartas las que nos toquen jugar como país y como comunidad autónoma sean diferentes a las de hace 40 o 50 años, que no fueron precisamente positivas«.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha sostenido que la experiencia del «boom de las fotovoltaicas y el inicio de las renovables», además de suponer una «carísima burbuja», infló el mercado y produjo «una serie de resistencias» que luego «han retrasado la instalación adecuada» de estas plantas eléctricas, tras lo que ha manifestado que se debe «aprender de todas estas situaciones para que no se vuelvan a repetir».

«Los más de 6.000 megavatios que hay solicitados ahora mismo en la Consejería de Economía e Infraestructuras ponen de manifiesto el enorme interés que vuelven a tener las energías renovables y cómo fijan su posible ubicación en Extremadura», ha sostenido Vara, tras lo que ha reconocido que el Ejecutivo ve «con ilusión este renacer de las renovables» que mejorará la economía de la región, la construcción y el empleo «fundamentalmente».

Por otra parte, Fernández Vara anunció que dentro de la Consejería de Medio Ambiente se va a crear una unidad «específica para llevar todo el tema de las plantas fotovoltaicas», con el objetivo de «no desaprovechar» oportunidades como consecuencia de la «excesiva» burocracia y «agilizar los tiempos de respuesta» de la Administración a estos proyectos. En esta misma línea, Vara ha considerado que es «importante» garantizar la estabilidad política y jurídica. «Los tiempos en los que las empresas se instalaban según el dinero que ofrecía la Administración han pasado», sentenció.

Para concluir, Fernández Vara ha manifestado que tanto si Extremadura como España quieren ser «actores principales» en las energías renovables, se debe «renunciar a una parte de nuestra soberanía» puesto que «sin Europa no somos nada«, por lo que «a pesar de las dificultades» se deben reforzar las ayudas europeas y la cooperación en este sentido. Por otra parte, Vara se ha referido también al proyecto presentado por la Junta en Bruselas que consiste en la construcción en Extremadura de una planta termosolar de torre con una potencia de entre 100 y 200 megavatios, de la que ha explicado que espera que se faciliten los trámites administrativos para que se instale «lo más pronto posible«.

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Olga García, ha explicado que este proyecto ha sido elaborado por el Partenariado de Energía Solar, creado en mayo de 2017 e incluido en la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía, promovida por la Comisión Europea. En este sentido, la directora general extremeña ha explicado que desde la región se está trabajando en dos proyectos, el primero de ellos es éste con el que la Junta también pretende crear «un lugar donde poder investigar los avances en energía termosolar» y que pudiera tener «un tamaño suficiente para tener un perfil comercial».

«La idea es producir energía eléctrica con esta planta de torre, que la idea es que estuviera ubicada en Extremadura, y vender esa energía a países del centro y del norte de Europa», ha continuado Olga García, tras lo que ha explicado que la Unión Europea establece una obligación de cumplimiento de objetivos de energías renovables por países, por lo que este proyecto pretende «computar» por esos países que «se sabe que no van a llegar a cumplirlos». Así, la directora general ha sostenido que la Junta contempla «diferentes formas» para hacer esa compensación mediante transferencias físicas o estadísticas, tras lo que ha resaltado que, aunque son «de complejidad», en Europa ya existen 4 proyectos de cooperación de este tipo.

Además, ha continuado, el Partenariado está trabajando en otro proyecto que tiene que ver también con solar termoeléctrica, «pero en lugar de alta temperatura este es de media temperatura» y de aplicación «directa a la agroindustria», un sector, bajo su opinión, «estratégico» también para Extremadura. Para concluir, Olga García ha subrayado que los beneficios para la región son «muchos» como la «importancia» de desarrollar este proyecto desde el punto de vista de la innovación y de la investigación en esta energía, y por otra parte la inversión en industria, que «atraería más industria y una mejoría» de la economía regional, tras lo que ha explicado que para financiar este proyecto son «necesarios» fondos europeos, además de estos mecanismos de cooperación.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Endesa traslada de Barcelona a Madrid el domicilio social de Endesa Red, su filial de gestión de la red eléctrica

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Europa Press.– Endesa Red, la gestora de red eléctrica de Endesa, ha trasladado su domicilio social de Barcelona a Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, se ha mudado al número 60 de la calle Ribera del Loira (Madrid), donde la compañía matriz tiene su sede social. Este negocio facturó 700,5 millones de euros en 2016 y obtuvo un beneficio neto de 658,2 millones de euros.

A lo largo de 2017, un total de 2.536 sociedades trasladaron su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 40,9% del total, a distancia de Madrid, con 1.279 salidas, el 20,6% del total. En el balance entre las empresas que llegaron y las que se fueron, la región catalana registró unas pérdidas de sede social de 1.988 empresas, según datos del Colegio de Registradores. Solo entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre solicitaron 3.208 el traslado de sede social en Cataluña, coincidiendo con el desafío independentista, si bien una parte de las mismas se encuentra aún inmersa en el proceso de cambio de domicilio social. 

España, entre los países europeos que aún no ha alcanzado su objetivo de energías renovables para 2020, con un 17,3%

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Europa Press.- La energía procedente de fuentes renovables representa en España el 17,3% del consumo total, aún por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020, lo que sitúa al país en el grupo de Estados miembros de la Unión Europea que todavía no ha alcanzado su meta nacional, según los datos de Eurostat correspondientes a 2016.

Sólo 11 socios comunitarios han alcanzado sus objetivos particulares para 2020 y son Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía y Suecia. Es decir, exactamente los mismos que ya lo habían conseguido hace un año. Austria se encuentra ya a menos de un punto de su meta. En el polo opuesto están Países Bajos (todavía a 8 puntos porcentuales de su objetivo), Francia (a 7 puntos), Irlanda (6,5 puntos), Reino Unido (5,7 puntos) y Luxemburgo (5,6 puntos).

En el caso de España, el peso de las energías renovables se ha incrementado desde el 8,3% registrado en 2004 hasta el 17,3% de 2016. Este dato es más de un punto superior al de 2015, cuando la proporción de renovables fue del 16,2%. En el conjunto de la Unión Europea, la proporción de energías renovables sobre el consumo bruto de energía total alcanzó en 2016 el 17%, exactamente 3 puntos por debajo del objetivo comunitario para 2020, del 20%.

Suecia es el único país en el que las energías renovables tienen un peso superior al 50%, concretamente, del 53,8%. Después se sitúan Finlandia (38,7%), Letonia (37,2%), Austria (33,5%) y Dinamarca (32,2%). Por el contrario, Luxemburgo (5,4%), Malta y Países Bajos (6%), Bélgica (8,7%), Reino Unido y Chipre (9,3%) e Irlanda (9,5%), son los Estados miembros con menor proporción de renovables de la Unión Europea.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

La Unión Europea invertirá 578 millones en la interconexión eléctrica submarina entre Francia y España por el Golfo de Vizcaya

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Europa Press.- El Gobierno ha destacado que el respaldo dado por la Unión Europea a la nueva interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya entre España y Francia supone «un importante paso adelante» para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del mercado europeo de la energía. Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea comprometa 578 millones de euros en la interconexión eléctrica que elevará la capacidad de intercambio entre ambos países hasta los 5.000 megavatios (MW).

En concreto, los países del bloque comunitario cerraron un acuerdo sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de invertir 873 millones de euros en proyectos europeos de infraestructuras energéticas «esenciales». Por ello, Bruselas destaca que la inversión de 578 millones de euros en la interconexión entre España y Francia «resultará decisiva» y es «la más elevada concedida hasta ahora por el Mecanismo Conectar Europa«. Esta conexión eléctrica «permitirá una mayor integración de la Península Ibérica en el mercado interior de la electricidad», subraya la Comisión Europea.

El proyecto cuenta con un tramo submarino de 280 kilómetros de longitud e incorpora «soluciones tecnológicas innovadoras» en relación con la configuración de la ruta a lo largo de la fosa de Capbreton y el tramo terrestre francés, que se encuentra bajo tierra. El enlace duplicará la interconexión entre Francia y España, que pasará de 2.800 MW a 5.000 MW, y acercará a España al objetivo de interconexión del 10%, alcanzando un nivel del 5%.

«La construcción de la interconexión entre Francia y España por el Golfo de Vizcaya supone un importante paso adelante para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del resto del mercado europeo de la energía. La plena interconexión del mercado es indispensable para aumentar la seguridad del suministro en Europa, reducir la dependencia de los proveedores únicos y ofrecer a los consumidores más posibilidades de elección», ha destacado el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

«Disponer de infraestructuras energéticas adecuadas para la finalidad que se persigue resulta también esencial para que las fuentes de energía renovables se desarrollen y podamos cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático», añadió Cañete. La interconexión del Golfo de Vizcaya es uno de los 8 proyectos del sector de la electricidad que recibirán fondos (680 millones entre todos), a los que se suman 9 proyectos del sector del gas (193 millones). 4 de ellos corresponden a obras de construcción y 13 a estudios.

El Ministerio celebra la inversión

Por su parte, Energía resaltó que «siempre» reivindicó las interconexiones energéticas para poder cumplir en igualdad de condiciones que el resto de los Estados miembros con los objetivos en materia de energía y clima de la Unión Europea. En estos momentos hay una interconexión eléctrica entre Francia y España del 2,8%. Con el proyecto por el Golfo de Vizcaya el porcentaje de interconexión alcanzará el 5% y con otros dos proyectos por los Pirineos, uno por Aragón y otro por Navarra, se llegará al 8%.

El proyecto se trata de una interconexión entre el País Vasco y Aquitania de 370 kilómetros de longitud (110 kilómetros en España y 260 kilómetros en Francia). El cable entrará en funcionamiento en 2025. El coste del proyecto es de 1.750 millones de euros. Los reguladores nacionales habían acordado un reparto del 50% de los costes entre ambos países. Con esta aportación financiera de la Unión Europea, España financiará únicamente el 37% del proyecto, aproximadamente.

Por ello, el Gobierno valoró «muy positivamente» el respaldo de los fondos europeos obtenidos, que acredita la solidez técnica y económica del proyecto. «El apoyo de la Unión Europea demuestra la importancia del mercado interior de la electricidad y sus infraestructuras para la construcción del proyecto europeo, avalando las posiciones que España ha mantenido históricamente», añadió el Ministerio de Energía.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

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Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Salvemos Doñana se reúne con la Junta de Andalucía para impulsar acciones que cancelen el almacén de gas

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, incluidos todos y cada uno de sus 4 subproyectos.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en 2017 según ha precisado el colectivo, Fiscal ha informado a la plataforma de que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«.

Salvemos Doñana, por su parte, informó al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad en general. Para ello, se han abierto de nuevo las diversas páginas de recogida de firmas digitales, que permiten a todas las personas apoyar de forma «eficaz» la petición a los gobiernos autonómico, central e incluso europeo de que sea cancelado. A primeros de febrero se hará entrega en registro oficial de los «muchos miles» de firmas y apoyos recogidos para proteger Doñana, «que está amenazado de contaminación y deterioro, así como de riesgo sísmico y otros perjuicios ocasionados por este proyecto«.

Asimismo, Salvemos Doñana está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén gasista en Doñana, la necesidad de proteger los recursos naturales y que la oportunidad de lograrlo viene de la mano de la unión de todo el mundo para proteger el humedal y el paraíso andaluz que es Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en esta comarca para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías limpias y renovables, «un enfoque viable, novedoso y de gran potencial».