Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el nuevo Observatorio Europeo de la pobreza energética

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Europa Press.- Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética que se ha presentado en la Comisión Europea de Bruselas. El observatorio pretende fomentar el conocimiento sobre el alcance de la pobreza energética en Europa así como las políticas y prácticas innovadoras para abordarla. Al acto asistió la directora de Ciudades Sostenibles de Ecodes, Cecilia Foronda, como socio español del mismo.

El nuevo observatorio desarrollará actividades para mejorar la transparencia, recopilar datos existentes en la Unión Europea y proporcionarlos de forma abierta; fomentar el trabajo en red y el intercambio de conocimiento. Además, toda esta información se difundirá y se proporcionará asistencia técnica que ayude a los Estados miembros a combatir este problema. El EPOV está formado por un consorcio de entidades europeas lideradas por la University of Manchester y entre las que están Ecofys, European Policy Centre, Intrasoft International, National Energy Action y Wuppertal Institute. Ecodes, junto con la Asociación de Ciencias Ambientales, participa en la difusión y comunicación en España de las actividades e información generadas por el EPOV.

País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

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Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

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Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

La Comisión Europea quiere apoyar a los Estados miembros evaluando las medidas para atajar la contaminación en la Unión Europea

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Europa Press.- La Comisión Europea espera de España y de otros 8 países del bloque comunitario medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). «Tras debates constructivos, el colegio de comisarios acordó proceder con las últimas etapas del procedimiento de infracción a no ser que se presenten medidas adicionales, creíbles y efectivas por parte de los 9 Estados involucrados», insistió el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.

Brivio ha recordado que el comisario del ramo, Karmenu Vella, se reunió con representantes de los 9 países. «Esa cumbre fue convocada como el último esfuerzo para encontrar soluciones para atajar el grave problema de la contaminación atmosférica en la Unión Europea», ha señalado. Bruselas, ha dicho, quiere «ayudar» a los países a «cumplir urgentemente» con los límites de emisiones «que han sido acordados pero no respetados por muchos años». Brivio ha apuntado que la Comisión Europea necesitará tiempo para evaluar las consideraciones «técnicas y legales» de las medidas presentadas antes de tomar una decisión sobre una posible denuncia por incumplimiento ante la Justicia europea.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, explicó que el Ministerio informaría a la Comisión Europa del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados. García defendió que no se trata de «un problema generalizado», sino que afecta a «determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, indicó que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y el extrarradio de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

Fernández Vara aboga por ofrecer «alternativas de energías renovables» a las centrales nucleares para regiones como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en España y trabajar para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la Asamblea de Extremadura a preguntas del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que tiene «prevista la Junta para el impulso económico de Campo Arañuelo ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz».

En su intervención, Fernández Vara ha aseverado que su «posición está clara» y pasa por establecer un «calendario de cierre de centrales nucleares» en el que los partidos políticos españoles se pongan de acuerdo en este sentido, lo cual «haría que no estuviéramos hablando de una prórroga de 5, 10 o 15 años, sino que se marcaran unas fechas concretas» para que estas plantas «tuvieran alternativas de energías renovables». Así, «al tiempo que vayan creciendo las energías renovables, que se vayan cerrando las centrales nucleares», ha aseverado Fernández Vara, quien ha mostrado su preocupación por que «cuando se tome esa decisión, tengamos las alternativas preparadas».

Desde el punto de vista energético, el presidente extremeño asevera que «puede haber una alternativa evidente en fotovoltaica, en biomasa», y apunta que «ahora ya hay en el entorno de Almaraz casi 600 megavatios solicitados de fotovoltaica», por lo que ha reafirmado que «alternativas puede haber, y las hay». Eso sí, añade que «sería bueno» que el Gobierno central «diga algún día qué tiene pensado hacer en el futuro con las centrales nucleares». Y es que, según ha defendido, España «necesita una planificación energética», y considera que la Comarca de Campo Arañuela necesita una «alternativa energética» y una «alternativa industrial».

Por su parte, Monago ha recordado que en los próximos años termina la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, y ha destacado que para los vecinos de Campo Arañuelo «la central nuclear no es el pasado, es el presente, y además lo tienen por su futuro». Monago ha lamentado que el presidente de la Junta «no tiene ningún plan» para esta comarca cacereña, sino que «mira continuamente de reojo a Madrid, a ver si tiene algo que decir Madrid», tras lo que añadió que «si todo depende de Madrid, sobra la figura de presidente» de la comunidad.

Así, el dirigente del PP extremeño sostiene que Vara «no tiene un plan» sino que «su alternativa es que los 2.100 megavatios de la central nuclear de Almaraz se sustituyan con renovables en el entorno de Campo Arañuelo», algo que «no se lo cree nadie«. Ante esta situación, Monago ha pedido a Vara que «se tome muy en serio que en 2020 termina la vigencia» de la central, por lo que hay «que hacer algo desde Extremadura para plantear alternativas, que no pasen permanentemente por el quejío, y por echarle la culpa a Madrid», concluyó.

Moody’s advierte que los ajustes retributivos para el sector eléctrico y gasista afectarán negativamente a los ratings

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Europa Press.– Moody’s ha advertido que de convertirse en leyes las medidas anunciadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para ajustar la retribución de las redes tanto de electricidad como de gas, así como de incrementar los requisitos para el cierre de plantas de carbón y nucleares, «tendrán implicaciones crediticias negativas para el sector«.

En un informe sobre la calidad crediticia de las compañías financieras en España para 2018, la agencia de calificación subraya que estas decisiones impactarían «en especial» en REE (Baa1 estable), el operador de la red eléctrica, así como en los principales operadores de plantas nucleares, que son Endesa (Baa2 estable) e Iberdrola (Baa1 positiva). Para Moody’s, «las inquietudes del Gobierno en torno a la asequibilidad de la energía han propiciado una posible carga regulatoria adicional».

Para el sector de petróleo y gas, la agencia considera que la recuperación de los precios del petróleo y los ahorros en los costes mejorarán las condiciones crediticias. Así, destaca que Repsol (Baa2 estable) se beneficiará del crecimiento de sus operaciones de exploración y producción (upstream) y de las operaciones de refinería y comercialización (downstream) «históricamente sólidas«. Asimismo, Moody’s pronostica un crecimiento real del PIB del 2,3% en España, lo que «respaldará la calidad crediticia de las empresas este año».

«Una mayor recuperación económica generalizada en sus principales mercados finales, Europa y América Latina, también beneficiará a las empresas españolas con presencia internacional», destaca la vicepresidente-senior analista de la agencia, Laura Pérez. No obstante, considera que las tensiones políticas y la normalización de la política monetaria seguirán siendo «factores relevantes» desde el punto de vista del crédito que afectarán a la mayoría de sectores corporativos.

A este respecto, el escenario central de Moody’s es que Cataluña seguirá formando parte de España. No obstante, las tensiones políticas y la incertidumbre «probablemente pesarán en el sentimiento económico y el gasto del consumidor y, por tanto, limitarán la demanda, lo cual conlleva implicaciones crediticias negativas para las empresas españolas», añade la agencia. Por otra parte, señala que la política monetaria seguirá siendo favorable y los bajos spreads de crédito respaldarán el coste de financiación y refinanciación de las empresas en 2018. Por ello, cree que la subida de los tipos de interés producirá un aumento inmediato del coste marginal de la deuda en el momento de la emisión.

Bruselas aprueba mecanismos de capacidad de 6 países de la Unión Europea y continúa el diálogo con España

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Europa Press.- La Comisión Europea autoriza mecanismos de capacidad de 6 países del bloque comunitario (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Polonia), al entender que contribuyen a garantizar la seguridad de suministro y no dañan la competencia, mientras que prosigue con los contactos con las autoridades nacionales en relación a los 4 mecanismos de capacidad que existen en España.

Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados miembros conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas. En concreto, la Comisión Europea ha dado luz verde a 2 reservas estratégicas (Bélgica y Alemania), 2 pagos de capacidad para todo el mercado (Polonia e Italia), un sistema de interrumpibilidad (Grecia) y un sistema de adjudicación de nuevas capacidades (Francia).

El Ejecutivo comunitario anunció en 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. En particular, este análisis se centró en 11 Estados, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad. Bruselas «sigue en contacto» con todos los Estados miembros que tienen este tipo de pagos por capacidad que «todavía no han sido analizados bajo las normas de ayudas de Estado de la Unión Europea», con el objetivo de determinar su compatibilidad con la legislación europea, han señalado fuentes comunitarias.

En aquella investigación, Bruselas identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). «Los mecanismos de capacidad pueden ayudar a garantizar la seguridad de suministro de electricidad, pero deben estar diseñados de forma que no se distorsione la competencia en los mercados energéticos», celebró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

Castilla-La Mancha cree que los temblores cerca del futuro ATC deben tumbar un proyecto que «puede traer el holocausto nuclear»

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Europa Press.- Mientras el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, cree que no hay «absolutamente nada» que temer tras el terremoto registrado en La Alberca de Záncara (Cuenca), a unos 39 kilómetros del emplazamiento elegido para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que este temblor «debería hacer tambalear el proyecto antes de que haga tambalear una infraestructura que podría traer el holocausto nuclear».

Ojo al transporte de residuos

Hernando ha considerado que este terremoto, de 3,2 grados en la escala de Richter, «tiene que hacer que la sociedad se eche las manos a la cabeza» ante el proyecto. Asimismo, según ha indicado, el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas «pondría en peligro a 215 municipios de España», por lo que hay que finiquitar el proyecto y «evitar que tres o cuatro se salgan con la suya».

“No hay nada que temer”

Por su parte, José Julián Gregorio ha asegurado que las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares españolas son «de las más importantes a nivel europeo» y que la ciudadanía «no tiene que temer absolutamente nada». Gregorio ha hecho hincapié en que las medidas de seguridad en estas instalaciones «están todas supeditadas a parámetros de la seguridad nuclear europea», insistiendo en que dichas medidas «están valoradas por las inspecciones europeas». El delegado del Gobierno en la región ha afirmado que sigue pensando que el ATC es «una instalación necesaria» para el país y ha apuntado que su llegada traerá «una riqueza muy importante» para una zona «muy deprimida» porque «el empleo que trae el ATC es un empleo de calidad».

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

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Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».