Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes autonómicas

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, «mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica» que impida esta práctica en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se puedan realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional», ha señalado. Y es que, ha incidido, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha «no invade competencias estatales» ya que, ha recordado, «se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública», en las que «tenemos las competencias para legislar y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido por el Tribunal Constitucional», explicó.

En suspenso por el recurso

En este sentido, ha indicado que, además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un «modelo energético sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre» porque «garantiza la viabilidad de nuestro territorio«. En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica.

El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica «de la que se desconocen con precisión sus efectos» según resaltó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien reitera que «hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido».

España tendrá que abonar 53 millones a la fotovoltaica NovEnergia tras perder su segundo arbitraje internacional por los recortes renovables

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Europa Press.- El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia, según indicaron fuentes jurídicas.

El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el real decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a los recortes de 2010 aprobados por el PSOE, según indicaron las mismas fuentes. El fallo reconoce el pago por parte de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que en noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. De esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional «no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de Derecho Internacional Público», por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según adelanta El Confidencial, el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que están estudiando «la posible respuesta que se va a dar al laudo». Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hay más países de la Unión Europea que también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

NovEnergia cuenta con una cartera en España de 7 proyectos fotovoltaicos, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW). La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del despacho Latham and Watkins, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.

En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

No obstante, el Gobierno presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Eiser ya había acudido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.

España suma 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables asciende a 7.566 millones de euros. Entre todas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

El Senado insta al Gobierno a impulsar la economía circular y apostar por la valorización energética de los residuos

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Europa Press.- La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado acordó instar al Gobierno a «impulsar y a colaborar «con todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales el paquete europeo de economía circular y todas las medidas necesarias para que España pueda «llevar a cabo las premisas y objetivos» de este y cumplir los objetivos en gestión de residuos para 2020 y los siguientes años.

La moción del PP sólo ha conseguido el respaldo de los populares, el voto en contra del PNV tras una discusión entre los senadores Cazalis y Pons, y la abstención del resto de grupos. A la iniciativa se habían propuesto dos enmiendas, una del PSOE, para hacer más «explícita» la moción, según ha explicado el senador socialista Félix Montes, y otra del PNV, que pedía la creación de una Comisión Especial de Economía Circular que sirviera, según el senador José María Cazalis, para dar una clara señal del impulso parlamentario a esta aspiración ciudadana. Ambas fueron rechazadas por el grupo parlamentario popular, cuya senadora Juana Francisca Pons ha defendido el «carácter general de la moción».

Así, Pons expuso que la iniciativa destaca que el modelo económico lineal actual es agresivo con el medio y advierte de que agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas, si no hay un cambio en dicho modelo. Precisamente, Pons ha apuntado como alternativa a la economía circular, que define como aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y en la que se reduce la generación de residuos y se aprovecha al máximo los que no se haya podido evitar su generación.

El texto recuerda que, para potenciar la economía circular, en diciembre de 2015 la Comisión europea presentó su plan de acción, que incluye 54 medidas en las que los Estados miembro deben avanzar. La senadora popular considera que este objetivo es «beneficioso» y afecta a todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las medidas afectan al diseño y producción, el consumo, la gestión de los residuos, el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y a 5 áreas prioritarias como son los plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas, la biomasa y los productos con base biológica.

Así, insiste en que el nuevo modelo debe concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, con mayor tiempo de vida útil y reciclables y que reduzcan las sustancias nocivas en los materiales. En cuanto a la etapa de residuo, la senadora cree que el Gobierno debe avanzar en la «correcta separación en origen de los residuos, tanto en los hogares como en el sector servicios y en el sector industrial» para poder aprovechar «adecuadamente» el preciado recurso material.

Para los residuos sin aprovechamiento, la moción ve «preferible» la valorización energética antes que el vertido a través de la combustión convencional en incineradoras con recuperación energética, coincineración en otras instalaciones o mediante tratamiento para obtener combustibles similares a los obtenidos del petróleo. En este contexto recuerda que la propuesta de la Comisión para 2030 es reciclar el 65% de los residuos municipales; el 75% de los envases en 2030 y reducir la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos los residuos generados. «Son optimistas y estamos lejos en este momento pero vale la pena trabajar», indicó.

En España se recogió en 2014 de forma separada el 19% de los residuos municipales; se recicló el 31%; se incineró el 11% y el 58% se destinaron al vertedero. La iniciativa del PP admite el «prácticamente nulo avance» en preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética, lo que supone mantener el vertedero como «opción mayoritaria para los residuos». Ante las conclusiones de la Ponencia parlamentaria de residuos y la nueva propuesta de la Comisión Europea en economía circular, la Comisión de Medio Ambiente ve «indispensable impulsar medidas» para que se avance en materia de economía circular y dar cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos para 2020 y los que puedan establecerse en el futuro.

La CNMC aprueba el contrato marco para el acceso a las conexiones internacionales mediante gasoductos con Europa de Enagás Transporte

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el contrato marco para el acceso al sistema de transporte y distribución de Enagás Transporte mediante conexiones internacionales por gasoducto con Europa. La Ley 34/1998, en su artículo 70, establece el derecho de acceso a las infraestructuras de transporte con base en los principios de no discriminación, transparencia y objetividad. En la Circular 3/2017 se establecieron los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales.

Para participar en los procedimientos de asignación de capacidad mediante subasta, los comercializadores o consumidores directos deberán firmar con carácter previo un contrato marco con el operador de la interconexión en el lado español, donde se establecerán las condiciones del servicio del transporte y las obligaciones y responsabilidades de las partes. Dicho contrato se realiza al margen de los trámites a realizar con los operadores en el otro lado de los puntos de la interconexión.

El contrato marco se corresponde con los que están en vigor y describen el objeto del contrato, la entrada en vigor, su duración, las obligaciones y responsabilidades de las partes, las condiciones de prestación de los servicios contratados y las condiciones de facturación. Está disponible en las web de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, del Gestor de Red de Transporte Enagás y de la Iniciativa Regional del Gas del Sur de ACER.

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

Nadal se erige en “defensor” de los consumidores mientras Compromís se suma a la revisión retributiva de la distribución eléctrica

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Europa Press.- Compromís está de acuerdo en algo con el Gobierno y no es otra cosa que la revisión a la baja de la retribución a la actividad de la distribución de electricidad, lo que parece coincidir con los planes del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha lamentado la «conflictividad judicial» de las compañías eléctricas con las reformas realizadas por el Gobierno y ha defendido la necesidad de tener una factura energética «lo más ajustada posible» en defensa de los consumidores.

Respecto a «la polémica» surgida tras las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, Nadal indicó que en España se ha hecho «un enorme esfuerzo» para eliminar la generación de más déficit tarifario ya que «el aumento de los precios no servía para cubrir los costes». Tras destacar que el precio de la energía eléctrica es «clave» para el desarrollo industrial del país, Nadal subrayó que «el peso de la factura eléctrica en los costes del PIB industrial es «muy alto».

«Lo prioritario de la política energética es el desarrollo industrial y que tengamos unos precios competitivos«, ha incidido, para añadir que de no haberse llevado a cabo la reforma de 2013 los precios finales hubieran sido un 42% superiores, lo que era «liquidar la capacidad competitiva de la industria española». En este sentido, Nadal ha lamentado así la «conflictividad judicial» habida en los últimos años, en los que se ha «recurrido todo» y no hay «ninguna norma que no se haya recurrido» por el sector.

De este modo, ha valorado la propuesta realizada desde el Ministerio a las diferentes formaciones políticas para que «de la misma manera que las eléctricas defienden sus intereses» haya «determinados elementos en interés del consumidor que también deben ser corregidos«. «En esto consiste esa tensión, ya que no sería adecuado que el sistema solo se corrigiera a favor de los generadores de electricidad, sino que también habrá que hacer correcciones en el sistema cuando tocan del lado del consumidor», ha descrito, para añadir que «es muy importante tener una factura energética lo más ajustada posible en defensa de los consumidores».

En este sentido, ha incidido en que «cada euro que no se gaste en energía es un euro que no nos lo gastamos en salarios o innovación», por lo que ha subrayado que la política llevada a cabo desde su Ministerio es «defendible y tiene lógica«. «Prácticamente no cambia nada porque determinadas cosas caen hacia las eléctricas y otras hacia los consumidores, por lo que se compensan y el sistema se queda igual, con las empresas rentabilizando sus inversiones», concluyó.

Retribución de la distribución eléctrica

Por su parte, Compromís quiere revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica de cara al próximo período regulatorio que comenzará en 2020, máxime después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que el regulador detectaba una retribución superior a la establecida legalmente. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Ignasi Candela, registró una proposición para su debate en la comisión del ramo de la Cámara Baja, en la que insta al Gobierno a adecuar estas retribuciones.

Según recuerda en su iniciativa, la CNMC señaló en su Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico que la retribución de las compañías EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo se situaba en este período por encima del 10%. «Muy por encima del 6,5% en el que, según lo dispuesto en la ley, se debería haber situado», asevera Candela. Las retribuciones fijadas a la distribución de energía en la reforma de 2013 marcaba una tasa ligada a las obligaciones del Estado a diez años, más 200 puntos básicos.

La mayoría del Congreso muestra su preocupación por las prospecciones petrolíferas de Marruecos en aguas próximas a Canarias

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Europa Press.- Todos los partidos de la oposición expresaron su preocupación por las prospecciones petrolíferas que planea Marruecos frente a las aguas de las Islas Canarias y se mostraron a favor de una moción en la que Podemos pedía explicaciones al Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la multinacional petrolera italiana ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá unas prospecciones que «pondrán en riesgo» a Canarias, según la parlamentaria de Podemos, María del Carmen Pita.

La diputada ha criticado que «nadie en el Gobierno se haya dirigido al Ejecutivo marroquí para mostrar su rechazo a unas prospecciones que ponen en riesgo el medio ambiente y la principal actividad económica en Canarias, el turismo, para mantener la búsqueda de energías contaminantes». Pita ha acusado al Gobierno de que «no conciba el bienestar de los canarios como una cuestión de Estado», y ha recordado que las aguas españolas que se encuentran frente a las futuras prospecciones están a la espera de ser declaradas santuario mundial de cetáceos, algo que respaldaron el resto de grupos de la oposición.

El diputado del PP, Antonio González, ha acusado al grupo de Podemos de «falta de rigor» y de «ganas de crear alarmismo» con esta moción, alegando que España «respecta» las leyes internacionales y las decisiones «soberanas» del Reino de Marruecos, que mantiene informado al Ejecutivo español de todo lo que le atañe. El diputado ha recordado que una concesión para hacer prospecciones no implica necesariamente «la destrucción del lecho marino».

Frenar las prospecciones petrolíferas marroquíes

En este sentido, el objetivo de Unidos Podemos era que el pleno del Congreso de los Diputados exigiera al Gobierno que emprenda «vías diplomáticas» para «instar a Marruecos» a «desistir» de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, cerca de donde la española Repsol hizo sondeos en 2014. Unidos Podemos quiere que el Gobierno español se movilice, y movilice también a la Unión Europea contra «este tipo de actividades altamente contaminantes» a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, alegó que Marruecos estaba actuando en el marco de su soberanía: «Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible», afirmó.

Podemos, en cambio, cree que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales por considerar que la zona afectada, entre Sidi Ifni y Tan-Tan, justo al norte del Sáhara Occidental, corresponde a la plataforma continental del Sáhara Occidental. Asimismo, el grupo morado avisa de las consecuencias que puede tener una actividad petrolera para el turismo y, además, del riesgo de este tipo operaciones en el mar. Por eso, además de expresar su rechazo a las operaciones y reclamar medidas diplomáticas para frenarlas, pide «información veraz y transparente» sobre la situación generada por la concesión, especialmente a la población canaria.

Es más, pide que la información y consulta previa a las instituciones canarias sea «requisito ineludible» en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de Canarias. También propone crear un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes para «paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África» y plantear alternativas energéticas limpias. A su modo de ver, el Gobierno debe «anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario y, por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras» y que ponga en riesgo el desarrollo económico y la conservación del medio. Para ello, pide medidas como planes de impacto ambiental y de contingencia.

Además, quiere que el Congreso inste al Gobierno a promover la ampliación a las aguas que separan Canarias de Marruecos del acuerdo ACCOBAMS, para crear allí un área de protección especial de cetáceos, y cooperar con Marruecos en el desarrollo de energías renovables. También incorporar zonas propuestas por los científicos, hasta la costa africana, al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del proyecto LIFE 07, que derivó en la designación del «Espacio Marino Suroriental de Lanzarote-Fuerteventura».

El Cabildo de Tenerife cifra en 20 millones el coste de los primeros sondeos geotérmicos a realizar en la isla

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– El Cabildo de Tenerife va solicitar al Estado y al Gobierno de Canarias, a través de un acuerdo institucional, que destinen fondos al desarrollo de la energía geotérmica en la isla con el fin de que los primeros sondeos puedan realizarse en 2020 aproximadamente. Así lo ha señalado el presidente tinerfeño, Carlos Alonso, quien ha detallado que el objetivo es realizar unos tres «pinchazos» que tienen un coste aproximado de unos 20 millones de euros.

El Cabildo, según Alonso, podría asumir un tercio, algo más de 6 millones, y la iniciativa privada otro tercio, según los contactos mantenidos con fondos de inversión, mientras que para el resto demanda el apoyo financiero de las otras instituciones. La corporación, a través del Instituto de Energías Renovables (Iter), lleva tiempo explorando 6 dominios mineros de 100 kilómetros cuadrados ubicados en los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, Icod, Arona, Adeje, Vilaflor, San Miguel, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Candelaria y Arafo.

Según el coordinador científico de Involcán, Nemesio Pérez, en la isla hay indicios de focos de calor de alta entalpía pero, en esta primera fase como el riesgo económico «es muy alto», se debe contar con el apoyo de las administraciones públicas. «La cosa pinta bien por ahora», ha agregado. Pérez ha defendido los beneficios de la energía geotérmica porque da mucha estabilidad al sistema eléctrico, funcionando las 24 horas del día, y ha puesto como ejemplo al archipiélago vecino de las Azores, donde en la isla de San Miguel la geotermia aporta más del 40% de la producción eléctrica.

Desde 2007, en Canarias se han invertido casi 4,9 millones en la exploración geotérmica, de los que 3,3 millones han sido aportados por el Cabildo, 1,1 millones por la empresa hispanoitaliana Petratherm España, 435.000 euros por el Cabildo de Gran Canaria y apenas 12.000 euros por el Gobierno regional. Alonso ha comentado que esta apuesta demuestra que el Cabildo «no para» en el desarrollo de las energías renovables y, en ese sentido, ha señalado que la geotermia es «estratégica» porque es muy estable y ayudará a rebajar la factura energética.

Hasta 2020 continuarán las investigaciones preliminares para encontrar las zonas más óptimas, apuntó Pérez, quien no ha obviado que puede que se encuentren recursos pero de poca calidad y no viables. El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, ha señalado también que el Estado ha designado a Canarias como único lugar del país con potencial geotérmico, de ahí que espera que participe en la financiación y además, diseñe el entramado legal en caso de que finalmente hubiera explotación.