EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha indicado que, salvo que se encontraran oportunidades como la de Avangrid, en Estados Unidos, o la fusión de Elektro y Neoenergia en Brasil, el grupo no tiene previstas grandes operaciones corporativas. Más contundente fue al apuntar que la ley en España «deja muy claro que los residuos nucleares son responsabilidad del Estado», en contra del anuncio del Gobierno de hacer recaer el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares en las empresas propietarias.
Galán reivindicó que las compañías eléctricas han pagado en los últimos 30 años «muchísimo dinero» a una empresa nacional (Enresa), que se creó para llevar a cabo esa actividad. Añadió que ese traspaso de la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales nucleares es como si alguien mañana tuviera la «gran idea» de que, para solucionar el déficit de las pensiones, hiciera recaer la responsabilidad en los ciudadanos después de recoger el dinero durante 40 años.
En enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que plantearía en el Parlamento un cambio normativo para traspasar el desmantelamiento de las centrales que se cierren de Enresa a la compañías propietarias, ya que la rentabilidad del fondo de la empresa pública, que se nutre con las aportaciones de esas empresas, se había visto perjudicada por los bajos tipos de interés. De esa manera, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre ahora con la de Santa María de Garoña (Burgos), de la que son propietarios Iberdrola y Endesa, supondrá, según el ministro, una aportación adicional del sector público.
«La ley lo deja muy claro, y dice que tenemos que pagar y estamos pagando muchísimo dinero» en aportaciones al fondo de Enresa para desmantelar nucleares, ha reiterado Galán, que ha señalado que la situación es «como cuando se lleva el dinero al banco, si éste no lo gestiona bien, tendrá que responder ante el cliente«. Galán ha subrayado que España es una democracia y un país en el que se respeta la ley, y ha sentenciado que está seguro de que en este caso también se va a respetar.
En cuanto al futuro de las nucleares en España, ha indicado que, si se extrapolan las cifras que ya se manejaron para decidir sobre la continuidad de Garoña o su cierre al resto de la flota, la inversión para dar continuidad a la actividad y poder conseguir un nuevo permiso está entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Ha añadido que para poder afrontarlo el retorno debería estar de acuerdo con la inversión que tendríamos que hacer y, si no es así, no tiene sentido solicitar una licencia para «seguir perdiendo dinero», como ha asegurado que ocurre hoy en día.
Galán subrayó que el planteamiento de Iberdrola es «muy claro», si el sistema requiere de nucleares y así lo piensa la comisión de expertos que se ha creado para analizar las necesidades energéticas del país de cara al futuro, «lo que habría que hacer es analizar, en un diálogo continuo con el regulador, cómo se van a poder pagar» las plantas que sean necesarias y que los propietarios puedan conseguir el retorno de la inversión.
El presidente de Iberdrola ha apuntado que el mecanismo podría ser similar al que palia el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares: los 1.500 millones de euros que supone la diferencia entre el coste de la tecnología para suministrar electricidad en Canarias y Baleares, donde es más costoso, y los precios que el ciudadano de allí paga, en línea con los de la península. En opinión de Galán, si es necesaria que sigua funcionando la tecnología más económica, habría que ver de qué manera «se puede pagar para que la inversión sea atractiva» para las compañías.
Descarta grandes operaciones de expansión
Respecto a las perspectivas de Iberdrola para el período 2018-2022, Galán ha señalado que si se ve una oportunidad, la obligación será «echarle un vistazo». No obstante, ha indicado que es algo que Iberdrola «no contempla para nada de momento» y añadió que, «salvo que aparezca alguna oportunidad como sucedió hace dos años con Avangrid o hace un año con la fusión de Elektro y Neoenergia, que no incluya caja o capital social», no habrá grandes operaciones. En este sentido, aseguró que el plan que se ha presentado para 5 años no contempla la búsqueda de algo que «cambie drásticamente el tamaño de la empresa».
En cuanto a los activos que puedan salir en la rotación prevista, el presidente de Iberdrola ha indicado que «no hay ninguna preferencia» y que los 3.000 millones de euros previstos se sacarán de dónde se piense que es más conveniente para conseguir mejoras. Ha precisado que la rotación es una rotación de todos los activos, de todas las actividades que existen y las potenciales, y respecto a la continuidad en Siemens Gamesa, en la que Iberdrola tiene un 8% y sobre cuya evolución en Bolsa mostró su descontento hace unos meses, ha dicho que es algo por ver al igual que otros muchos activos.
