Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado en contra de traspasar costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. En este sentido, Nadal afirmó estar a favor de que los costes del sistema eléctrico, «que son históricos y debido a decisiones muy precipitadas», se sigan pagando «como costes energéticos» y no trasladarlos al contribuyente.
Concretamente, los expertos proponen en su informe sacar de la tarifa eléctrica costes que actualmente recaen en la factura eléctrica a los presupuestos del Estado. Para financiar esos costes, el comité de sabios propone crear nuevos impuestos medioambientales y cambiar el modelo actual de financiación de las energías renovables, repartiendo su sobrecoste entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así, Nadal consideró que la política energética, «más que trasladar sus problemas a los Presupuestos, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes», por lo que defendió «hacer reformas, evitar que entren nuevos costes en el sistema e intentar que esos costes bajen en beneficio de los consumidores».
No obstante, el ministro de Energía valoró «el trabajo bastante único en España» realizado por el comité de expertos, conformado por representantes de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, ya que en energía «es imposible encontrar algo perfecto» y con este trabajo han puesto sobre la mesa «las ventajas y los inconvenientes» de todas las propuestas. «A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos descarbonizar la economía española tendremos que consumir más electricidad y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y otras propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo», apuntó.
Respecto a la energía nuclear, señaló que los expertos respaldan que su supresión supondría la ventaja de «tener menos residuos», aunque también apunta como desventajas que habría más emisiones y subiría del orden de «unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la generación eléctrica a todos los españoles, que es más o menos como un 20-25% en el precio del mercado mayorista».
En lo que se refiere al carbón, el ministro destacó que si se cumpliesen las previsiones de subida del precio de los derechos de emisión de CO2 «en un momento determinado dejará de ser competitivo». Eso sí, subrayó que, a los precios actuales de los derechos de emisión, la desaparición de las plantas de carbón implicaría un encarecimiento de los costes de generación de electricidad.
Sobre las energías renovables, Nadal señaló las «enormes dificultades técnicas, no solo por los altos costes para los consumidores» con que cuentan, debido a que no es tan fácil sustituir energías ordinarias por verdes, que tienen el problema de que son impredecibles y dependen del viento, la lluvia y el sol. A este respecto, afirmó que «la gran incertidumbre es saber cómo va a evolucionar la tecnología de aquí a 30 años». «No lo sabemos, por eso hay que actuar con prudencia porque ya hemos pagado unas renovables caras y seguimos pagando un auténtico dineral todos los meses en la factura de la luz», añadió.
«Juego de trileros» para Facua
Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de «juego de trileros» la propuesta de los expertos sobre Transición Energética de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares. En este sentido, la asociación de consumidores denuncia que estas medidas son «un caramelo envenenado» y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, «ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles«.
«Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes», destaca Sánchez. En definitiva, Facua considera «descabellada» la propuesta de los expertos porque «perjudica al consumidor». Además, desde su punto de vista, censura que el planteamiento de los expertos «rehuya una intervención gubernamental en el sector eléctrico para bajar unos precios hinchados a partir de las medidas especuladoras que desarrolla el oligopolio».
Ha recriminado que los expertos defiendan «no perjudicar los intereses del sector eléctrico mediante más tributos que castigan al que menos tiene a través de una subida de los impuestos indirectos, como el IVA» y también con un «desproporcionado» aumento de la fiscalidad del gasóleo para potenciar los vehículos eléctricos o híbridos. Asimismo, el portavoz de Facua ha rechazado la propuesta de los expertos de prolongar la vida de las centrales nucleares, con la que se muestran favorables a los «intereses del lobby nuclear», lo que a su juicio es el resultado «de haber seleccionado expertos acorde a la ideología del Gobierno y de los intereses de las grandes empresas».
Para el portavoz de Facua, «el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos» y acusa al Ejecutivo de «no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz«. Así, la asociación considera que la única medida «indispensable» que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico, ya que de esta forma podría impedirse que «el lobby eléctrico consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos».
CETM no quiere más impuestos
Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «total oposición» a la subida que sobre los impuestos a los carburantes propone la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y ha añadido que tendría consecuencias inflacionistas. La CETM opina que con la medida se incrementaría el precio final de todos los productos y reduciría, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. La propuesta, según la CETM, «incidiría de forma desproporcionada e injusta» sobre el transporte de mercancías por carretera, que a su juicio es el «principal» consumidor de hidrocarburos.
Otro factor negativo para CETM si se aplicasen las medidas es que «dificultarían enormemente» la exportación de productos nacionales, como frutas y verduras, componentes de automoción, vehículos, productos químicos, textiles, siderurgia o papel. El comité de sabios plantea nuevos impuestos medioambientales, uno de ellos a las emisiones de CO2, y un recargo para financiar las renovables. Además, el grupo de expertos propone crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas», que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.
