Castilla y León participa con otras regiones europeas en un proyecto sobre movilidad eléctrica en el ámbito del transporte sostenible

EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha reunido en Valladolid a representantes de 4 países de la Unión Europea, con los que colabora en el proyecto Prometeus de la Unión Europea, para mostrarles los avances de la comunidad en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la movilidad eléctrica.

Esta iniciativa forma parte del programa Interreg Europe y pretende fomentar planes de transporte sostenibles y está liderada por el Gobierno de Malta, según expone la Junta de Castilla y León, que además colabora con los gobiernos regionales de Carinthia (Austria), Lacio (Italia) y Prejov (Eslovaquia), además del Instituto Politécnico de Milán (Italia), este último como socio asesor. Prometeus (Promotion of e-mobility in EU regions) es un proyecto dirigido a favorecer la extensión de la electromovilidad en el territorio europeo, un reto que es coherente con las prioridades políticas de la Unión Europea de promover alternativas más eficientes al transporte a través de fondos estructurales.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,38 millones de euros, que están cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 15% restante por las administraciones y entidades que integran el consorcio, con una aportación de la Junta de Castilla y León de 213.495 euros. El proyecto se desarrollará en dos fases en el periodo 2017-2021: en la primera, los socios analizarán las características territoriales para determinar las posibilidades de despliegue de la movilidad eléctrica, lo que implica abordar aspectos como la normativa o el régimen de incentivos vigente en cada región, así como su dotación de infraestructuras y vehículos no convencionales. Estos estudios darán lugar a planes de acción que posteriormente someterán a evaluación.

Gas Natural Fenosa invertirá 165 millones de euros en construir 250 megavatios fotovoltaicos en Castilla-La Mancha y Extremadura

EFE.- Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor número de proyectos fotovoltaicos de Gas Natural Fenosa Renovables, filial renovable de esta multinacional, que invertirá 165 millones de euros para construir en España 9 plantas fotovoltaicas asociadas a los 250 megavatios que se adjudicó en la subasta realizada por el Gobierno en julio. En este sentido, la multinacional ha dado a conocer sus planes de desarrollo de estos megavatios adjudicados en aquella subasta.

Según el procedimiento establecido por el Ministerio de Energía, los adjudicatarios tienen la obligación de identificar este mes los proyectos que pueden llegar a construir y que están asociados a la potencia adjudicada en la subasta de renovables de julio de 2017. Cada adjudicataria puede identificar proyectos por una potencia hasta un 50% superior a la realmente adjudicada, y por eso Gas Natural ha nominado 9 plantas fotovoltaicas con una potencia total de 340 megavatios, frente a los 250 megavatios adjudicados. Estas plantas están ubicadas en 4 provincias de 2 comunidades: Castilla-La Mancha y Extremadura.

La directora de Gas Natural Fenosa Renovables, Ana Peris, ha destacado que «la subasta permite materializar los proyectos en los que el grupo energético ha trabajado durante los últimos años, que configuran una cartera realmente competitiva y optimizada». La compañía inició recientemente la construcción del proyecto La Nava, una instalación en la provincia de Ciudad Real, con una potencia de 49 MW y cuya construcción supondrá una inversión de más de 34 millones de euros. La multinacional asevera que en los próximos meses irá confirmando la ejecución de aquellas plantas que, de entre los 9 proyectos identificados, configuren finalmente los 250 megavatios adjudicados. También estima que estos proyectos tendrán un recurso solar superior a las 1.900 horas de producción anual.

En concreto, Gas Natural Fenosa Renovables ha identificado los proyectos de Canredondo, Carpio de Tajo, La Nava, Picón I, Picón II, Picón III y Zorita en Castilla-La Mancha, con una potencia total de 271,7 MW y ubicados en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; y los proyectos de Las Jaras de Badajoz y Miraflores en Extremadura, cuya potencia total asciende a 70 megavatios. Gas Natural Fenosa Renovables cerró 2017 con una potencia total instalada de 1.147 megavatios, de los que 979 son de eólica, 110 de minihidráulica y 58 de cogeneración y fotovoltaica.

La Junta de Extremadura concede una autorización administrativa previa para una planta fotovoltaica de 10 MW

EFE. – La Junta de Extremadura ha concedido la autorización administrativa previa a la Sociedad Viproes Energética SA para la puesta en marcha de una planta fotovoltaica de 10 MW nominales y la infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada a la instalación, prevista en el término municipal de Malpartida de Cáceres.

Así,la resolución de la Dirección General de Industria fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Asimismo se ha declarado de utilidad pública la infraestructura de evacuación de energía eléctrica de la planta, denominada «Aldea Moret», en una segunda resolución de Industria, de la misma fecha, el 8 de marzo.

 

Características del proyecto

El presupuesto total asciende a 4.424.650 euros. La instalación fotovoltaica está constituida por cinco campos generadores de 2 MW cada uno. En cada uno de estos campos hay 6.250 paneles fotovoltaicos de 320 Wp.

La línea eléctrica de evacuación a 45 kV tiene una longitud total 12.140 metros, con origen en la subestación 20/45 kV de la planta y final en la «STR Capellanías», propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

Instituciones e industria reafirman su apuesta por la energía renovable en la Unión Europea

EFE. – Representantes de la Comisión Europea, la Eurocámara y la industria energética mostraron su apoyo al uso de energías renovables limpias y la descarbonización del sector en Europa, durante la celebración de la IV cumbre energética europea en Bruselas.

Ejemplo de ello fue el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que ensalzó el papel de liderazgo de la Unión Europea (UE) en la materia durante el discurso de apertura que compartió con el primer ministro de energía de Bulgaria, Zhecho Stankov, y el presidente de la comisión de Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.

Así, Cañete afirmó que la transición energética es «cada vez más urgente» ante las incertidumbres geopolíticas actuales y subrayó que para la UE es un «reto importante» puesto que aún depende mucho de los carburantes fósiles pese a los avances en renovables.

«El carbón, petróleo y gas todavía suponen más del 72% de nuestras fuentes primarias de consumo de energía en 2016 y la mayoría fue importado», señaló Cañete, quien defendió que la UE debe aumentar su resiliencia energética.

En 2016, la Unión Europea importó el 88% del petróleo, el 70% del gas natural y el 40% de otro tipos de carburantes fósiles, según explicó el comisario español.

Sin embargo, recordó que la UE está camino de lograr los objetivos de reducir su consumo energético un 40% para 2030 en comparación con 1990 y consideró que el liderazgo comunitario en la materia se verá impulsado con la presentación de una estrategia europea de emisión de gases de efecto invernadero de larga duración en 2019.

«La geopolítica internacional necesita que la UE urgentemente aumente su resiliencia energética. A medio y largo plazo reduciría la dependencia de nuestras economías de la importación de hidrocarburos», sostuvo Cañete.

Sobre los retos del futuro, el comisario español reconoció que Rusia seguirá siendo un suministrador clave para la Unión Europea, pero que el país debe garantizar «precios competitivos» para poder competir en el mercado europeo. También destacó el papel de Ucrania como país «de tránsito» entre Rusia y la UE, así como la importancia de que la reforma del sector energético «continúe» para garantizar la «seguridad energética» europea.

«La transición energética está sucediendo en todas partes, todos los países son importadores o exportadores. En Europa las energías renovables, la eficiencia energética y el papel de los consumidores como actores clave mitigarán la dependencia del gas externo», apuntó Cañete.

Por otro lado, el eurodiputado socialista José Blanco, aseguró que «la lucha contra el cambio climático no es una opción, es una obligación».

Blanco fue uno de los ponentes del paquete legislativo aprobado en enero por el Parlamento Europeo que defiende que la cuota de renovables de la UE sea del 35% en 2030, por encima del 27% que piden los Estados miembros y del 30% que propone la Comisión.

Apuntó que en la cumbre celebrada en París en 2017, auspiciada por el presidente galo, Emmanuel Macron, se ratificaron los objetivos del Acuerdo por el Clima firmado en esa ciudad en 2015 y se invitó a los Estados de la UE a cumplirlos en un «discurso muy esperanzado».

«Pero cuando uno habla con su ministro de energía y ve que defiende un 30% de energías renovables para el periodo 2020-2030, uno piensa que el discurso del presidente no está en consonancia con el papel que Francia desempeña en el Consejo», añadió.

El aumento de la competitividad de las energías renovables y la reducción de sus costes se plantearon como principales motivos para conseguir estos objetivos, así como una ventaja para su expansión futura.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de ENEL, Simone Mori, añadió que «la energía renovable es la forma más barata para producir energía».

Mori también hizo hincapié en la importancia de la digitalización de la red eléctrica, una herramienta que considera que hay que promover «para que se convierta en el nuevo estándar europeo».

Durante la jornada también se debatió la presencia de la conocida como «energía azul» – que deriva de los océanos, ríos y mares- y su importancia en las economías verdes.

«La energía de los océanos puede llegar hasta el 10% de la demanda de la UE (…) y Europa es afortunada porque tenemos excelentes condiciones naturales para producir energía con las olas y las mareas, tenemos ingenieros expertos en marina y emprendedores muy motivados», sostuvo el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.

Por último, el secretario general de energía español, Daniel Navia, el cual consideró que concienciar a la ciudadanía es «la clave» de esta transición energética y destacó la inversión del Gobierno español en publicidad sobre eficiencia energética. «Tenemos que explicar a los consumidores que la transición energética no solo son las renovables, sino también eficiencia energética», apuntó.

Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el fondo nacional de eficiencia energética de España

Europa Press / EFE.- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha determinado que la ley española que obliga a empresas a abonar contribuciones a un fondo de ahorro energético sin darles la alternativa de cumplir ellas mismas con los objetivos de ahorro es compatible con el Derecho comunitario.

En las conclusiones que presentó, la abogada Juliane Kokott también ha señalado que es conforme con la directiva europea imponer obligaciones de eficiencia energética sólo a determinadas empresas de una cadena de suministro y no a otras de la misma cadena, pero siempre que la selección responda a criterios objetivos y no discriminatorios. En cualquier caso, las conclusiones de Kokott son preliminares y no vinculan a la futura sentencia que tendrá que dictar un juez del tribunal con sede en Luxemburgo en los próximos meses. Aunque suele seguir el criterio del Abogado, el TUE no está vinculado por el mismo.

La abogada general respondió así a la pregunta planteada por el Tribunal Supremo por la impugnación presentada por Saras Energía contra la normativa española que fija las obligaciones de aportación al Fondo, al defender que la legislación española es incompatible con la directiva europea al obligar a cumplir con las obligaciones de ahorro energético mediante contribuciones a un fondo de eficiencia energética sin permitir hacerlo mediante medidas de ahorro. La firma también denuncia que se imponga esta obligación a las empresas comercializadores de gas y electricidad y a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo, dejando al margen los distribuidores de gas y electricidad y los minoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo.

La normativa española establece que a las empresas del sector energético se les asignará «una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro». La principal forma de cumplimiento de esas obligaciones de ahorro es el abono de una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como única alternativa se plantea la posibilidad de que el Gobierno español establezca un mecanismo de acreditación de que se ha conseguido un efectivo ahorro energético pero hasta la fecha el Ejecutivo no ha hecho uso de esa opción.

En el procedimiento han presentado observaciones escritas Acciona, Endesa, Engie España, Fortia Energía, Saras Energía, Viesgo, Villar Mir Energía y Enérgya VM Gestión de Energía. Sobre la primera cuestión, la letrada considera que la obligación de contribución sin alternativa es conforme a la directiva europea porque es una opción que encajaría entre las actuaciones que ésta recoge para lograr los objetivos de ahorro energético. En este sentido, Kokott subraya que esta obligación sin ofrecer alternativa forma parte de un instrumento financiero destinado a crear un marco de apoyo e incentivos, puesto que «es de suponer que los recursos del Fondo se utilizan para incentivar medidas que mejoren la eficiencia energética».

Sin embargo, la abogada general del TUE puntualiza que esta normativa será compatible con la legislación comunitaria siempre y cuando garantice un nivel de ahorro equivalente al del sistema de eficiencia energética previsto por la Directiva y se cumplan los requisitos establecidos. Sobre la segunda pregunta, Kokott asegura que es legal imponer estas obligaciones de eficiencia energética sólo a determinados eslabones de una cadena de suministro y no al resto, pero siempre que la selección de las empresas «responda a criterios objetivos y no discriminatorios». En ese contexto, añade que deberá ser el Tribunal Supremo español quien examine los requisitos procedimentales y materiales de la obligación de contribución sin alternativa.

Condenan a Gas Natural y a la aseguradora Mapfre a pagar 7 millones por la explosión de gas de Palencia

EFE.- El Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural Castilla y León y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de indemnizaciones que suman casi 7 millones de euros, en su conjunto, a los afectados por la explosión de gas ocurrida en Palencia el 1 de mayo de 2007.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condena a las empresas demandadas a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados por los daños causados por la explosión de gas en la que murieron 9 personas. Hubo más de una treintena de heridos, se derrumbaron 3 edificios y obligó a más de un centenar de vecinos a vivir fuera de sus casas durante la reconstrucción de las viviendas.

El fallo llega 8 años después del archivado de la causa penal, 11 tras la tragedia y 6 meses después de la celebración del juicio civil en el que se dirimieron las demandas presentadas contra la empresa, 58 individuales, en las que se reclamaban indemnizaciones por 7 millones de euros. La jueza estima en la sentencia que no existen pruebas de que el motivo de la explosión se debiera a una bombona de butano, como defendía Gas Natural, y entiende que la causa principal fue una fuga en la instalación y en concreto en la válvula de acometida al edificio número 4 de Gaspar Arroyo.

De esta forma, la jueza confiere credibilidad a los informes de los peritos de la Policía, del CSIC, del INTA y de la Junta de Castilla y León, que concluyeron que la causa de la explosión estuvo en una fuga de gas natural que formó una bolsa en el interior del edificio número 4 y que la fuga estuvo en la válvula de acometida del edificio. Estos informes señalaban que la válvula no se dañó durante su extracción para hacer las pruebas de estanqueidad que demostraron que no era estanca y fugaba, unas pruebas que, según la sentencia, «tuvieron el claro objetivo de exonerar a la empresa de toda responsabilidad».

«Concretando los hechos que debemos considerar como probados, aunque la válvula no fugara por el vástago y las pruebas del CSIC y el INTA no se tomaran en consideración, se debe tener en cuenta que el punto de fuga se situaba en la unión de la tubería de polietileno con la válvula», señala la sentencia. También tiene en cuenta la jueza los informes de los arquitectos para señalar que «una vez determinada la existencia de fuga en la válvula de acometida, en concreto en la unión con el tubo de polietileno», el gas encontró paso a través del subsuelo por la capacidad de infiltración del terreno arenoso y el hormigón.

El fallo acredita que, una vez en el interior, el gas accedió a la cámara lateral del portal y a través de los registros o de la arqueta general pasó a la caja de escaleras en la que se almacenó y accedió después al interior de las viviendas. Frente a esto, la jueza considera que Gas Natural no pudo demostrar su teoría de que la explosión fue causada por una bombona de butano, ni que tuvo lugar en la planta tercera o cuarta de la letra A del número 4 por el rastro en forma de uve que dejó la explosión en los edificios vecinos.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece indemnizaciones por daños y perjuicios que van desde los 2.000 euros hasta 2,2 millones, siendo las más cuantiosas las que corresponden a los fallecidos, que superan los 120.000 euros, o la del Ayuntamiento de Palencia por 539.239 euros. La indemnización más elevada son los 2,2 millones de euros con los que Gas Natural deberá compensar a la extinguida sociedad de la Junta de Castilla y León, Provilsa, que reclamaba 3,1 millones por la construcción de los 3 edificios derruidos, la reparación de los edificios colindantes y los gastos de realojo de los afectados durante el tiempo que duraron las obras.

Con esta sentencia, el juzgado da la razón en la vía civil a los demandantes, representados en su mayoría por la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, después de que el Juzgado de Instrucción y posteriormente la Audiencia Provincial archivaran la causa penal. Gas Natural ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Palencia.

Ven “ejemplar” la sentencia condenatoria

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, considera «ejemplar» la sentencia y mostró su «satisfacción» porque les da «la razón porque concluye que la causa de la explosión estuvo en la válvula de acometida y no en una bombona de butano». Además, las indemnizaciones recogidas en el fallo judicial reconocen las cuantías que reclamaban los afectados, incluidos los daños morales de todos aquellos que tuvieron que vivir fuera de sus casas durante el tiempo en que se reconstruyeron o repararon sus viviendas, a razón de 1.000 euros por mes.

Con todo, Ainsua ha asegurado que la sentencia es «ejemplar» y que la asociación está «satisfecha» porque finalmente se ha hecho justicia y se «recompensan» 11 años de «mucho trabajo», aunque, como ha matizado después, «no hay dinero suficiente para pagar una vida humana». Además ha señalado que nunca se había conseguido en España una sentencia de estas características, y que sin duda, el fallo del Juzgado de Palencia sentará «un precedente muy importante» por lo que ha pedido a Gas Natural que asuma este fallo y «no siga haciendo el ridículo» recurriendo esta sentencia.

El Congreso aprueba a iniciativa de Ciudadanos pedir al Gobierno que prime la interconexión energética en las relaciones con Francia

Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno que priorice en su relación bilateral con Francia la necesidad de avanzar de forma conjunta en la interconexión eléctrica y gasística con el país vecino y reforzar las relaciones con el norte de África para mejorar las conexiones energéticas, introduciendo «objetivos ambiciosos para 2030».

Así figura en la iniciativa pactada por Ciudadanos y PDeCAT, a raíz de una proposición registrada por la formación naranja en el Congreso aprobada en la Comisión de Exteriores con la abstención de Unidos Podemos y ERC. El texto finalmente aprobado pide que la cooperación en materia de energías renovables sea «uno de los pilares de la diplomacia española respecto a los países del norte de África, dado el potencial conjunto de España y de estos países para la instalación de renovables como la solar».

Asimismo, el Congreso quiere «maximizar» los recursos humanos y económicos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores «con el objetivo de mejorar la cooperación entre organismos competentes en materia de cooperación en las interconexiones eléctricas y gasísticas». En este sentido, pide al Gobierno que trate de asegurar el suministro energético a través de su política diplomática, «con especial atención al incremento de interconexión energética, tanto eléctrica como gasista, de España con sus países vecinos».

Objetivo: impulsar el gasoducto MidCat

Todo ello, reza el texto aprobado por el Congreso, «en coherencia siempre con los objetivos firmados en el Acuerdo de París, y asumiendo que España tiene la oportunidad de liderar con una propuesta ambiciosa de lucha contra el cambio climático». Así, pide que dentro de la Unión Europea impulse el cumplimiento de los objetivos comunitarios de interconexiones energéticas «en línea con el objetivo de la Comisión Europea de completar la Unión de la Energía y establecer un mercado único energético». «En este sentido y a corto plazo, impulsar la rápida ejecución del MIDCAT entre Hostalric y la frontera francesa«, apostilla.

Por último, también llama a acompañar la llamada «diplomacia energética» con «una apuesta por la diplomacia científica», con el fin de lograr una «cooperación estrecha» entre expertos españoles y de países vecinos «para desarrollar proyectos de investigación conjuntos en materia de tecnologías sostenibles, materiales bajos en carbono y sistemas de captura y reutilización de carbono que beneficien la seguridad energética».

El Gobierno del País Vasco cree que Iberdrola puede transmitir su «forma de hacer» a la dirección de Siemens Gamesa

EFE.- La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, confía en que «las dificultades» surgidas entre Iberdrola y Siemens como accionistas de Siemens Gamesa puedan solventarse y considera que la eléctrica vasca puede transmitir su «forma de hacer» a la empresa de energía renovables. En este sentido, la consejera se ha referido al desencuentro existente entre los dos principales accionistas de Siemens Gamesa, nacida de la división de renovables de Siemens y el constructor de aerogeneradores vasco Gamesa, participado por Iberdrola.

Tapia ha considerado que ambos accionistas «están casi obligados a entenderse» y asegura que ésa es su voluntad. Ha apuntado, asimismo, que está demostrado que Iberdrola es «una empresa que tracciona de una serie de empresas de forma muy importante». A su juicio, esa «forma de hacer» durante años «también puede ser transmitida a otra empresa que ha sido Gamesa y ahora es Siemens Gamesa, donde hay un accionista que es diferente, que quizá no conoce tanto Euskadi y entre todos podemos mostrar esa confianza y esa forma de hacer».

La consejera de Desarrollo Económico también ha recordado que recientemente los responsables de Siemens Gamesa han asegurado al Gobierno vasco el compromiso de mantener la sede en Euskadi y «el compromiso con respecto a los proveedores» locales. La consejera ha puntualizado que «ese compromiso tiene que verse día a día» ya que «las confianzas se ganan trabajando todos los días».

Más de 30 empresas españolas reclaman una Ley de Transición Energética “ambiciosa” con un precio al carbono y fiscalidad verde

EFE / Europa Press.- 32 multinacionales, entre las que se encuentran Acciona, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa, han suscrito el manifiesto Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático en el que exigen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa», que incluya un precio al carbono para todas las actividades y una reforma fiscal verde que facilite la descarbonización del país.

El manifiesto ha sido coordinado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde y está dirigido a los poderes públicos. Las empresas, procedentes de todo tipo de sectores, piden que se alcance este año un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo». El texto recuerda cómo la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países del entorno, «están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono», desencadenando así una revolución a escala global.

En este sentido, consideran que «las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma». Asimismo, creen que España no debe «retrasar la puesta en marcha de políticas efectivas inmediatas, porque en caso contrario las aprovecharán otros». Por ello, piden una Ley de Transición Energética «ambiciosa», un requisito que ven «indispensable» para consolidar esa transformación y sentar las bases sobre las que construir una nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados.

Un marco legal y regulatorio concreto y creíble, sostienen, servirá para incentivar la inversión privada a medio y largo plazo, crear nuevos empleos, e impulsar a la innovación y el emprendimiento empresarial. Solicitan que la futura ley cuente con objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la Unión Europea; con un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga, de modo que empresas y ciudadanos orienten su actividad hacia un mundo descarbonizado.

Asimismo, solicitan un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, así como un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles; medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores; alternativas a los colectivos vulnerables de la transición energética (como los mineros); o exigencias de información y transparencia en los mercados financieros sobre los riesgos asociados al cambio climático, son otras de sus peticiones. Entre las 32 empresas firmantes se encuentran Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Eulen, Iberdrola, Ikea, Mapfre, NH Hoteles, OHL, Siemens Gamesa, Red Eléctrica de España, y Telefónica.

La CNMC recomienda a Energía recalcular la retribución de las plantas de purines para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía retirar a las plantas de purines (plantas de residuos de origen orgánico) de su propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para 2018, a la espera de una nueva propuesta que dé cumplimiento a varios autos del Tribunal Supremo.

En su informe sobre la propuesta del Ministerio de retribución, la CNMC considera que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal debería recalcular esa retribución teniendo en cuenta los autos del Supremo que anularon parcialmente la orden ETU/555/2017, en particular en lo que se refiere a la vida útil regulatoria de estas plantas, que, tanto la orden ETU/1046/2017, como la presente propuesta retributiva que ha hecho el Ministerio para el primer semestre de 2018, limitan dicha vida útil a 15 años.

La propuesta del Ministerio establece los valores de la retribución que se aplicarán durante el primer semestre natural de 2018, y tendrán efectos desde pasado enero, por el funcionamiento de las instalaciones tipo correspondientes a las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. La retribución de estas instalaciones se actualiza cada 6 meses e incluye también las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines de cerdo, sus excrementos sólidos y líquidos. En el caso de las primeras instalaciones, la CNMC no incluye comentarios en su informe sobre la actualización de esa retribución, mientras que para el caso de los purines recomienda su actualización.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo restableció los 25 años de vida útil regulatoria para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. En concreto, el alto tribunal declaró nula la decisión del Ministerio de Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del pasado 8 de noviembre. De esta forma, esa sentencia permitía reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años.

El Ministerio ya hizo antes una orden que establecía los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, con su actualización para el período 2017-2019. La CNMC, en su informe sobre esa nueva propuesta, ya advirtió que si se rebajaban de 25 a 15 años la vida de las plantas de purines para poder recibir retribución, se excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017. Sin embargo, el Ministerio de Energía consideró que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir la retribución estaba suficientemente justificada, pues las propias plantas de purines amortizaban sus activos a 15 años.