El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

El Gobierno autonómico de Canarias asegura que la ministra Teresa Ribera «está alineada» con la estrategia canaria de renovables

EFE. – El consejero de Economía del Gobierno canario, Pedro Ortega, ha destacado en Bruselas que la nueva ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, «está alineada» con la estrategia canaria de renovables y le ha pedido seguir trabajando «con paso firme en una senda de descarbonización de la economía».

«Nos ponemos a su disposición. Sabemos que es una gran defensora de todas las renovables y, por lo tanto, está alineada con nuestra estrategia», ha declarado Ortega en el marco de la Semana Europea de Energía Sostenible que se celebra en la capital comunitaria. «Estamos pendientes en estos momentos de una nueva subasta de energía eólica que está ya acabada y faltaría un poquito para que se publique. Pues que se agilice un poco, entendiendo que los cambios siempre son un proceso que retarda algo», ha agregado.

Ortega ha subrayado que «hace tres años escasos» la penetración de las renovables en Canarias era del 8% y se ha alcanzado el 20%. «Y la convocatoria que viene ahora, más la que tiene que venir en enero, según lo teníamos previsto, nos hará llegar a un 30% en tres años más», ha detallado.

El consejero del Gobierno de Canarias ha participado en una conferencia dentro de la Semana Europea de la Energía Sostenible en la que se ha explayado sobre los planes energéticos del archipiélago «exportables a Europa o al mundo» y sobre las especificidades de las regiones ultraperiféricas en la materia.

Canarias encabeza desde octubre de 2017 la conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE. «Las regiones ultraperiféricas somos un laboratorio de ensayo. Somos una oportunidad para Europa de avanzar en el campo de las renovables», ha defendido Ortega.

En concreto, el consejero canario se ha refirido a la central hidroeólica Gorona del Viento, que ha aportado más del 60% de la electricidad consumida en El Hierro durante este año, o la instalación en las proximidades de Gran Canaria del primer aerogenerador eólico marino de España, que se prevé ocurra durante el presente mes de junio, en función de las condiciones meteorológicas.

Del total de unos cuatro millones de ciudadanos europeos residentes en las RUP (las francesas Guadalupe, La Reunión, Mayotte, Guayana Francesa, Martinica y San Martín, las portuguesas Madeira y Azores y las Islas Canarias), el archipiélago español cuenta con cerca de la mitad de la población.

Ribera agradece a Sánchez su «confianza» para afrontar la descarbonización de España tras ser nombrada ministra para la Transición Ecológica

Europa Press.- Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresa al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra para la Transición Ecológica, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.

En este sentido, la nueva ministra para la Transición Ecológica ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «confianza» después de que este anunciase la nueva composición de su Ejecutivo. «Gracias Sánchez por la confianza, gracias a los que cada día trabajáis por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica #ConstruyendoUnFuturoComún», ha sido el mensaje que Ribera ha compartido en la red social Twitter. La nueva ministra de Transición Ecológica fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, además de directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011.

Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia que pasan por, entre otras cuestiones, abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil. Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío «complejo» puesto que requiere visión de conjunto coherente en «todos los ámbitos» de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero como en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.

En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas 2 meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de París.

Además, quiere promover un «gran Pacto de Estado» de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. Además, se prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado Impuesto al Sol, así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.

Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. En cuanto a las ciudades, el consejo ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos en el sector.

Los geólogos ya ponen deberes

Por su parte, el Ilustre Colegio de Geólogos ha celebrado la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Energética y Medio Ambiente a cuyos titulares, Pedro Duque y Teresa Ribera, pide que impulsen la descarbonización en España. En este sentido, el colectivo profesional celebra la creación de ambos Ministerios con los que espera que se impulse «con decisión» las energías renovables, la descarbonización y que se apueste por un pacto por la energía. Además, desea al nuevo Gobierno que apoye a la energía geotérmica a la que considera que es «la gran olvidada hasta ahora» por «todos» los responsables políticos.

Los geólogos piden a Ribera que impulse «decididamente» las energías renovables y aproveche para firmar un pacto por la energía para cumplir con los compromisos ambientales europeos. Además, el Colegio espera de Ribera que muestre su apoyo por la energía geotérmica que en la actualidad se cita «muy de pasada» en el informe de expertos sobre la descarbonización de la economía española. En ese sentido, los geólogos esperan que se revierta esta situación porque la geotermia es además una «energía cuyos costes de implantación son asumibles y no debería dejar de considerarse en ningún proyecto de construcción que requiera de suministro energético limpio y continuado».

La justicia brasileña suspende la venta de participación de Petrobras en la subsidiaria de gas TAG

EFE. – La justicia brasileña suspendió el proceso de venta de la participación accionaria de la estatal petrolera Petrobras en la subsidiaria Transportadora Asociada de Gas (TAG), uno de los principales activos de su programa de desinversión.

Con la decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Regional Federal de la quinta Región, se frena la venta del 90% de la participación de la petrolera en la TAG, proceso que se adelantaba en el marco del programa de desinversión de la estatal para reducir su tamaño.

Según informó la compañía, Petrobras reiteró que la venta de su participación en la TAG está alineada con las orientaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y dijo que tan pronto reciba la citación de la justicia, va a «tomar las medidas judiciales apropiadas en favor de sus intereses y de sus inversionistas».

La estatal lleva a cabo desde 2015 un ambicioso programa de desinversión con el objetivo de terminar de salir de la grave crisis económica en la que estuvo inmersa por el colosal escándalo de corrupción destapado hace más de tres años en su seno.

 

Huelga de camioneros

La decisión de la justicia brasileña se da en medio de la discusión sobre la política de precios a los combustibles de la estatal, que llevó a la dimisión de Pedro Parente del cargo de presidente de Petrobras la semana pasada, tras una huelga de camioneros que se extendió por once días.

Como ya informó Energía Diario, el paro de camioneros que aconteció en Brasil entre el 21 y el 31 de mayor llevó al país a una crisis de desabastecimiento de combustible, alimentos e insumos que produjo incontables pérdidas para la industria y para la economía del gigante sudamericano

 

La Comisión Europea prepara la hoja de ruta para una Unión Europea sin CO2 en el horizonte 2050

EFE.– La Comisión Europea espera cerrar en este ejercicio las negociaciones legislativas pendientes sobre la lucha contra el cambio climático en el horizonte de 2030 y presentar antes de finales de año su hoja de ruta para una transición energética hacia un 2050 libre de dióxido de carbono (CO2). Así lo indicó el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en el marco de la Semana de la Energía Sostenible organizada por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario se afana por cerrar los diferentes capítulos del llamado paquete de energía limpia, que recientemente vio aprobada la nueva Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios, a los que se atribuye el 40% del consumo eléctrico de la Unión Europea. Bruselas quiere forjar ahora un consenso entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en otros aspectos, como la eficiencia energética, renovables y gobernanza. «Estamos en un momento crucial. Tendremos las reuniones finales en las próximas dos semanas para ponernos de acuerdo sobre las nuevas normas», aseveró Arias Cañete. Esos dossieres serán debatidos por los ministros de Energía de la Unión Europea el próximo lunes en Luxemburgo.

Habrá tarifa para el autoconsumo

Entre los aspectos que quedan por cerrar se encuentra el autoconsumo eléctrico, que la Comisión Europea quiere impulsar, pero teniendo en cuenta que «algunos países han tenido buenas experiencias con el autoconsumo, otros no tanto», apuntó la directora de Renovables de la Comisión Europea, Mechthild Wörsdörfer. «La idea es que aquellos que hacen autoconsumo pero que están conectados a la red, paguen algún tipo de tarifa«, precisó Wörsdörfer, quien señaló que el objetivo es fomentar que los usuarios produzcan parte de su propia energía, pero es necesario «mirar los detalles».

El siguiente paso al cierre de esas negociaciones será trasladar la ambición europea del horizonte de 2030 al de 2050. La Comisión espera tener preparada una estrategia para «octubre o noviembre», tras lanzar una consulta pública y tratar con académicos, organizaciones internacionales y otros agentes medioambientales. «El propósito de ese documento será proveer a la Unión Europea de una sólida base para un debate amplio y para definir la estrategia a largo plazo«, señaló Wörsdörfer.

Wörsdörfer indicó que el objetivo es acercarse lo más posible a una economía sin carbono, pero evitando un proceso de desindustrialización hacia terceros países y apoyándose en sectores como el transporte, la agricultura, la energía, la industria, la bioeconomía o la captura y almacenamiento geológico de CO2. «Cero emisiones, cerca de cero, emisiones netas… lo tendrá que decidir la Comisión. La idea es llegar lo más lejos posible», apuntó Wörsdörfer, quien reconoció que ni siquiera existe una definición común entre los expertos medioambientales sobre qué significa «neutro en emisiones». Bruselas explorará «todas las opciones» a través de «modelos» que reflejen cuáles son los costes, los beneficios y las posibilidades, y tendrá que «seguir gastando mucho dinero en investigación e innovación».

La Universidad de La Laguna concluye en un estudio que la pobreza energética en Canarias es inferior a la española

EFE. – Canarias supera a la media española en pobreza y en pobreza severa, y sin embargo se sitúa ligeramente por debajo en pobreza energética gracias a sus circunstancias geoclimáticas, aunque con tendencia a converger, según un estudio realizado en la Universidad de La Laguna.

«En España hay personas no pobres que son pobres energéticamente; en Canarias hay personas pobres que no son pobres energéticamente», ha explicado Francisco Javier Ramos Real, catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna y coordinador del estudio «La pobreza energética en Canarias«, encargado por el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago Rodríguez.

Esto se debe a que el consumo de energía por hogar en Canarias es el 60% de la media española, por las menores necesidades de climatización, dijo Ramos Real en la presentación del estudio. 

El equipo que ha realizado el estudio ha creado su propio indicador, denominado IPEC, para medir la pobreza energética, ante la falta de una definición común, y está basado en los ingresos de los hogares (por debajo del 60% de la mediana nacional) y el porcentaje de la renta que dedican al gasto energético (superior a la mediana nacional o al 10% de los ingresos). El IPEC indica que en Canarias un 11,43% de los hogares sufría pobreza energética en 2016, frente al 12,48% del conjunto de España.

El estudio considera que el perfil de los hogares más vulnerables en pobreza energética en Canarias es más heterogéneo que en el conjunto del país y el riesgo aumenta en las familias donde los progenitores tienen menos estudios, están en paro, tienen menores dependientes, son mujeres o tienen altas cargas hipotecarias.

El equipo redactor insta al Gobierno de Canarias a diseñar «una estrategia integral, sistemática y coordinada» contra la pobreza energética, que involucre el ámbito social, energético, ambiental o de rehabilitación.

El informe incide además en la necesidad de mejorar la eficiencia energética en los hogares, donde hay un gran potencial de mejora, así como en la necesidad de promover campañas de sensibilización y educación ciudadana en el uso de la energía. 

Así, la definición que se propone de pobreza energética es la «incapacidad o dificultad de los hogares de acceder a otros servicios energéticos esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a un precio justo y atendiendo a sus niveles de ingresos».

Las organizaciones ecologistas celebran la «capacidad» de Teresa Ribera como ministra para la transición ecológica y su conocimiento del área

Europa Press.– Las organizaciones ambientales han celebrado la elección de la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, como nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente en el Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez y valoran su perfil internacional, su conocimiento en materia de cambio climático. Sin embargo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado la creación de una vicepresidencia de Sostenibilidad que coordine todas las políticas ambientales y climáticas de todos los Ministerios.

Así, el presidente de Amigos de Tierra, David Sánchez Carpio, considera que la designación de Teresa Ribera da «motivos para la esperanza» por su trayectoria. De ella reconoce que ha trabajado «mucho» el área de cambio climático y que a la organización le «gusta» que también se vaya a encargar del área de energía. «Esperamos avanzar en una transición energética y climática pero también habrá que ver lo que hace con otras materias de la política medioambiental, donde tendrá que demostrar lo que pone sobre la mesa después de esta legislatura tan precaria», ha valorado.

Desde Ecologistas en Acción, su coordinador estatal, Francisco Castejón, celebra la separación de Medio Ambiente respecto de Agricultura y Pesca, y cree que ahora pesará más el cambio climático. En todo caso, ha insistido en que «lo razonable» sería una Vicepresidencia de Sostenibilidad de la que dependan cambio climático y energía y, por otro lado, un Ministerio de Medio Ambiente «fuerte». Respecto a Teresa Ribera, Castejón opina que es una «buena noticia» para los temas ambientales y «muy competente». «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor», indicó.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que lo adecuado y que han reclamado a Sánchez es, precisamente, una Vicepresidencia que coordinase todas las políticas de sostenibilidad en los diferentes Ministerios porque, en su opinión, deberían ser como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sobre Teresa Ribera, Del Olmo cree que «pocas personas podrían conjugar tal visión» y valora de ella su visión internacional «única en España» y su experiencia como secretaria de Estado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz ha manifestado que se abre una nueva etapa en la democracia en la que espera que España se sitúe en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, comparte con el resto de organizaciones la necesidad de una Vicepresidencia de Sostenibilidad con un perfil «valiente» y con «peso político» para garantizar el cumplimiento de los ODS de la sostenibilidad en todas las carteras del Gobierno. Del mismo modo, opina que Teresa Ribera tiene «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático» y ha tendido una mano al nuevo Gobierno para que la transición ecológica sea «una realidad”.

Por su parte, Greenpeace también celebra la creación de un Ministerio de Transición Energética y Medio Ambiente con el que aspiran a que se derogue el impuesto al sol y se apoye un objetivo mayor de renovables a nivel europeo. Además, la organización pide al nuevo Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita no subir la temperatura global del planeta más de 1,5 grados centígrados y alcanzar un sistema energético 100% renovable lo antes posible. En cuanto a Teresa Ribera, Greenpeace felicita su nombramiento, la «primera mujer al frente de un Ministerio de Energía» y le pide que asuma «objetivos ambiciosos» y desarrolle las políticas necesarias en España y en Europa para capitanear una transición energética.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, cree que Ribera tiene la «oportunidad de devolver a España el liderazgo en la transición energética, impulsar la participación de la sociedad para sustituir por energías renovables, las energías fósiles y la vieja e insegura energía nuclear«. Aún más, Rodríguez exige la derogación del Impuesto al Sol en el primer Consejo de Ministros y el apoyo a un mayor objetivo de renovables en Bruselas deberían ser los primeros gestos del compromiso del nuevo Ministerio con el medio ambiente.

Iberdrola recurrirá la sentencia que le condena a pagar 7,5 millones al Ayuntamiento de Lorca por tasas a las subestaciones

EFE.- Iberdrola va a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia , después de que un juzgado de lo Contencioso Administrativo desestimara el recurso interpuesto por la compañía contra la liquidación de las tasas de licencia de la actividad de las subestaciones Carril y Nogalte, emitidas por el Ayuntamiento de Lorca, al que debe pagar casi 7,5 millones de euros.

La compañía considera que el Ayuntamiento interpreta erróneamente el artículo 6 de la ordenanza, dado que los kilovatios a tener en cuenta para el cálculo de las liquidaciones son exclusivamente los empleados para el funcionamiento de las subestaciones (400 kilovatios cada una) y no los totales para la actividad de distribución. El presupuesto de Iberdrola Distribución previsto para la construcción de las subestaciones de Carril y Nogalte supone alrededor de 6 millones de euros (3 millones por subestación) y el coste que suponen las tasas municipales resulta en conjunto muy superior a la inversión prevista para la construcción y puesta en servicio de ambas centrales.

La compañía entiende que esta aplicación de la tasa es desproporcionada y confiscatoria, y excede en mucho el coste real del servicio que presta el Ayuntamiento por la prestación de los servicios de revisión y comprobación del expediente administrativo para el otorgamiento o desestimación de la correspondiente licencia. Además, este sobrecoste por la aplicación del cálculo de las tasas municipales de Lorca haría inviable, añade la compañía, la construcción de nuevas infraestructuras de distribución en Lorca. También encarecería sustancialmente la creación e implantación en el municipio de nuevas industrias y empresas al aumentar el coste de repercusión sobre las mismas.

Pelea en el pleno municipal

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha explicado la sentencia después de que el concejal del PSOE Isidro Abellán lo desvelara en el pleno municipal. Gil ha acusado al edil socialista de «no respetar la lealtad institucional» y de hacer «un uso absolutamente inadecuado» de un asunto que el regidor trasladó a los representantes de los grupos municipales en la Junta de Portavoces, apelando a su reserva. Tras el rifirrafe plenario, Gil ha explicado que la sentencia, de 25 de mayo, fue notificada al consistorio y que la compañía eléctrica la recurrirá.

La sentencia desestima en primera instancia los recursos de Iberdrola contra las liquidaciones municipales por 960.000 euros que realizó el ayuntamiento por las tasas de la subestación de Nogalte y de 5,4 millones de euros en el caso de la subestación transformadora de Carril. Gil ha señalado que la sentencia confirma la legalidad de las liquidaciones y de la propia ordenanza municipal, que también había impugnado Iberdrola, que tendrá que abonar al ayuntamiento de Lorca el importe íntegro más los intereses ordinarios, los de demora y 3.000 euros de costas judiciales, una suma total de casi 7,5 millones de euros.

El alcalde ha felicitado a los servicios técnicos, económicos y jurídicos que pusieron en marcha el procedimiento de oposición a la demanda de Iberdrola y ha dicho que su gestión «permitirá ingresar una gran cantidad económica importantísima a las arcas municipales«. Gil se ha congratulado «desde la prudencia» del fallo judicial favorable al ayuntamiento, convencido de que Iberdrola interpondrá un recurso de apelación, aunque ha reiterado que «es un éxito jurídico y técnico sin precedentes para el Ayuntamiento» de Lorca.

El litigio con Ibedrola se inició en 2013, cuando se efectuaron las liquidaciones en las que el consistorio y la compañía discreparon sobre el importe de las mismas, al entender la eléctrica que debían calcularse solo en función de la energía consumida en esos centros y mientras que el ayuntamiento consideraba el cálculo a realizar sobre la totalidad de la energía transformada en esos centros. La compañía también recurrió la ordenanza municipal al considerar que no estaba ajustada a derecho.

Teresa Ribera apunta a ministra de Transición Energética y Medio Ambiente con el cambio climático en el punto de mira

Europa Press / EFE.- La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial; se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente. Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas valoran a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera. Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que Teresa Ribera es «sensible» a los temas ambientales y «muy competente«. «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor«, ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional «única en España» y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. «Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo para hacer cambios necesarios con gran respaldo«, sentencia. Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático».

Más renovables y mayor eficiencia

Por su parte, la Fundación Renovables ha pedido al nuevo Ejecutivo que haga avanzar a España hacia un cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia deben tener el papel protagonista. La Fundación declara que la situación energética del país es «insostenible«. Según sus datos, ha afirmado que España padece un 83% de dependencia exterior de la demanda final energética, que registra un aumento del 20% de las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) entre 1990 y 2015 y ha sufrido un parón en la instalación de potencia renovable entre 2013 y 2018.

Fundación Renovables resalta que estos datos muestran cómo España «no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta el 2010», tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector. Por ello, la organización aseguró que sería imprescindible que España se sume a la «senda» de los Estados miembros que están liderando la transición energética en la Unión Europea y apruebe la Ley de Cambio Climático, alcanzando un pacto político que permita al sector renovable «recuperar la legalidad y la seguridad jurídica».

Asimismo, Fundación Renovables ha instado a llevar a cabo una reforma real del sistema eléctrico que permita reducir el coste de la electricidad, eliminando y modificando las distintas partidas que lo forman con racionalidad y transparencia, como por ejemplo haciendo desaparecer el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes de energías renovables. Además, ve necesaria la puesta en marcha de una política fiscal activa con herramientas que favorezcan aquellas prácticas que aceleren y faciliten un cambio de modelo energético y penalicen las que lo ralentizan u obstaculizan.

De la misma forma, la Fundación defiende un cambio de modelo energético que ha de ser también social y económico y que conlleva la democratización de la energía, colocando al ciudadano como actor principal. En este sentido, ha declarado que para llegar a la descarbonización consensuada a nivel mundial para 2050, es «imprescindible» plantearse ya metas a 2030 y actuar «de forma prioritaria» sobre la demanda. En cuanto a la oferta, la Fundación Renovables insiste en que la tecnología renovable está lista para asumir el papel que le corresponde en un modelo sostenible y que «nadie tiene dudas sobre su competitividad», tras el «espectacular» descenso de costes que ha experimentado..

El sector renovable espera cambios

En este sentido, el Clúster de la Energía de Extremadura ha expresado la «esperanza» que tiene depositadas el sector de las renovables en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que las impulse con un cambio de rumbo, y ha pedido medidas contundentes que lleven a su desarrollo. Según expone su presidente, Vicente Sánchez, el sector tiene puestas sus miras en la promulgación de una ley que ponga en valor las energías renovables, para que éstas sean un motor económico, tal y como acontece en la mayoría de países occidentales.

A tenor de lo que han venido diciendo los partidos políticos en relación con este sector durante los últimos meses, cree que el PSOE no debería tener problemas para encontrar la mayoría suficiente para impulsar las energías renovables y el autoconsumo, ámbito este último que generaría una gran riqueza y puestos de trabajo en la comunidad extremeña. En su opinión, si se tiene en cuenta que el PSOE buscará algunas leyes de impacto durante este tiempo, y a tenor de las dificultades con las que se encontrarán los socialistas en otros ámbitos, las energías renovables debieran ser uno de sus objetivos, a juicio de Sánchez.

Por este motivo, el sector extremeño estará «expectante» e instará a la Junta de Extremadura, que ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a las renovables, a que ponga este tema sobre la mesa en sus reivindicaciones al nuevo Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy también se pensaba que se abría una nueva etapa en el ámbito de las renovables y luego se «quedó en nada».

El temor a que se repita la situación, unido a la «inestabilidad» del nuevo Gobierno, hace que el sector extremeño sea «prudente», según Sánchez, aunque «es verdad que el PSOE posee más interés que el PP, que tiene cero en este ámbito». «Pese a las trabas puestas hasta ahora, el sector que más empleo genera en España hoy son las renovables y la eficiencia energética, y por este motivo es fundamental que se impulse», insiste.

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.