EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se estrena este lunes en el plano internacional con un consejo de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se perfilarán aspectos clave de la legislación comunitaria contra el cambio climático para 2030. Los ministros debatirán una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables para ese horizonte, baremos que luego los Estados del Consejo Europeo deberán negociar con el Parlamento Europeo.

Inicialmente, los 28 Estados miembros de la Unión Europea defienden un objetivo de mejorar un 30% la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27% para renovables, frente al 35% para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países. Pero los equilibrios podrían variar tras los recientes cambios de Gobierno en España e Italia, dos de los grandes países del club comunitario cuyos nuevos Ejecutivos tienen un discurso más ambicioso en sus proyectos de transición energética. «Espero que un cambio de posición de España pueda arrastrar a un cambio de posición en el Consejo del resto de países», asevera el eurodiputado socialista José Blanco, ponente del Parlamento Europeo en materia de energía renovable.

Desde que ambas instituciones cerraron sus posiciones sobre este asunto han tenido lugar cuatro reuniones entre sus negociadores y la próxima está prevista para el 13 de junio. Por tanto, la incógnita es saber si los Estados miembros aceparán subir la proporción de renovables para 2030 para facilitar un acuerdo con la Eurocámara. De hecho, la Eurocámara está dispuesta a flexibilizar su postura y dejar el objetivo «en torno al 34% como mínimo», en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), explicó Blanco, quien apuntó que en el Consejo (que representa a los países) también se habla ya de un «31% o 32%» en renovables.

Más allá de los escaños del Parlamento Europeo, entre las organizaciones ecologistas también esperan que España salga del grupo de los países más conservadores en la negociación, que se identifica con las tesis de Polonia, un país con una alta dependencia energética en el carbón. Fuentes de organizaciones ecologistas sitúan junto a Polonia en el vagón de cola a países como Alemania, Hungría y Rumanía. Entre los que más presionan por un acuerdo osado citan a Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia y, ahora, España, de la que esperan esté a la cabeza del grupo en ambición, apostando en la negociación por el 35%.

«En los últimos años, hemos visto más retroceso que progreso en las políticas sobre clima y energía en España», resaltó el director para Europa de la Red de Acción Climática (CAN), Wendel Trio. Esa organización espera que «Ribera, con su rica experiencia previa, ahora puede impulsar que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 sea mucho mayor que el 40%». Para los ecologistas, solo así la Unión Europea podrá cumplir con sus compromisos para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el consejo europeo servirá también para que los ministros debatan sobre el reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía, que debería ser el instrumento para garantizar una estabilidad y certidumbre que favorezca las inversiones financieras en el área de la energía limpia. «La alianza entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble e ilusionar y de gestionar algo tan complejo», agregó Ribera, quien subrayó que «España tiene que estar a la cabeza en la construcción europea» en términos de transformación de su modelo económico, aunque reconoció la dificultad de «salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones, de intereses creados».

Otro de los puntos de debate sobre la mesa es el borrador legislativo para renovar las competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se encarga de garantizar el buen funcionamiento del mercado único del gas y la electricidad. Por último, los Veintiocho debatirán sobre los temas energéticos que se abordarán durante el segundo semestre, periodo en el que Austria asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.