Ecologistas piden a Pedro Sánchez varias medidas urgentes para afrontar una «verdadera» transición ecológica

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EFE / Europa Press. – Las principales organizaciones ecologistas han manifestado cuáles son las diez medidas «imprescindibles y urgentes» que el Gobierno debería adoptar en los primeros cien días para afrontar una «verdadera» transición ecológica, entre ellas un calendario de cierre de las centrales nucleares y de las de carbón.

Los responsables de Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han celebrado el nombramiento de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica por la sensibilidad y conocimiento medioambiental que ha demostrado durante los últimos años, pero han insistido en que tiene capacidad ejecutiva y ahora es el momento de demostrar «la valentía que le presuponemos».

Entre las medidas que proponen destacan el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por renovables, una Ley de Cambio Climático con objetivos ambiciosos o la prohibición de las prospecciones petrolíferas en mar y en tierra y la fractura hidráulica («fracking»).

En este sentido, recuerdan que la primavera de 2019 es «clave» para saber cuál es la posición del Gobierno de Sánchez, al ser la fecha en que acaba la licencia de Almaraz, por lo que el Ejecutivo «se va a tener que retratar» con la decisión que tome.

Además, solicitan que se ponga en marcha una Auditoría del Agua en España, la paralización de los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío, elaborar un Plan Nacional de Humedales, que suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya, y que inicie un Pacto por el Agua.

En materia de energía, las ong conservacionistas han señalado que las interconexiones gasistas son «contradictorias» con los objetivos climáticos fijados en París, y han pedido que se deniegue la autorización previa para la construcción del Almacén Temporal Cetralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) mientras no exista un calendario de cierre «ordenado» de las centrales nucleares.

Para combatir la contaminación, piden una equiparación de los impuestos del diesel y la gasolina, revisar las etiquetas de la DGT sobre las emisiones reales de los vehículos y respaldar los planes de mejora de calidad del aire que se han puesto en marcha en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

 

Perdida de Biodiversidad

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha dado «la urgente voz de alarma» en materia de biodiversidad. Las organizaciones quieren que Sánchez se oponga a la reforma, actualmente en trámite, de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Para Ruiz, la oposición del Ejecutivo a la modificación de la Ley es una «prueba de algodón» sobre sus intenciones en medio ambiente y recomienda, si no fuera posible paralizar la modificación, llevar este asunto al Tribunal Constitucional. En materia de biodiversidad, las entidades también quieren que se ponga en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico; y paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña.

En cuanto a residuos, quieren que defienda una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso y que aproveche la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

También exigen la reducción del uso de pesticidas en un 30% para 2020. En particular, piden la prohibición de aquellos plaguicidas más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino, evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas, prohibir el uso veterinario del diclofenaco e iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

Finalmente, quieren una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de las organizaciones ambientales y que el nuevo Gobierno garantice la presencia de estas en todos los consejos consultivos con implicación ambiental. En particular, quieren un representante ecologista en el Consejo Económico y Social.

 

La Unión Europea se fija un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 y contempla su revisión en 2023

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Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.

Cepsa acumula una inversión de 337,3 millones de euros en mejoras medioambientales en La Refinería La Rábida y Cepsa Química

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EFE. – Cepsa ha invertido en los últimos 20 años 337,3 millones de euros en mejoras medioambientales en La Refinería La Rábida y Cepsa Química, las dos instalaciones con las que cuenta en el polo industrial de Palos de la Frontera, Huelva.

Esta es una de las principales referencias contenidas en la declaración medioambiental, que realizan de forma conjunta las dos instalaciones, y que han sido presentadas por el director de la Refinería, José Antonio Agüera y el director de la Planta Química de Palos, Jesús Ivars.

Ambas fábricas conforman lo que denominan el Site Palos y en ellas la inversión medioambiental desde 1997 es de 337,3 millones de euros. 9,6 de ellos en el 2017, destinándose este importe, entre otros, a proyectos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones atmosféricas y el tratamiento de los efluentes líquidos.

Por lo que respecta a los gastos ambientales, han destacado que en 2017 se han alcanzado los 30 millones de euros, acumulando desde 1997, un total de 437 millones.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos totales ambientales marcados para 2017, el resultado alcanzado fue muy positivo, llegando al 98,8 en la Refinería, además las actuaciones previstas de mejora en la gestión y reducción de emisiones, vertidos y residuos se desarrollaron de manera destacable.

Para José Antonio Agüera y Jesús Ivars, «es una prioridad liderar el cumplimiento de las más exigentes legislaciones ambientales, ya sean locales, autonómicas, nacionales o comunitarias y, por ello, se destinan importantes esfuerzos al desarrollo tecnológico y mejoras en los procesos que haga posible el ir más allá».

En Cepsa Química al utilizarse únicamente combustibles gaseosos, prioritariamente Gas Natural, como combustible en los procesos de producción del centro petroquímico las emisiones de partículas y SO2 son mínimas, quedando por debajo de los límites de detección y las emisiones de NOx se mantuvieron por debajo de los nuevos límites, más reducidos, establecidos en la modificación de la AAI.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

El Edificio Paseo de la Castellana 76, la Torre Mapfre y las Oficinas Vichy Catalán, entre los más eficientes de España

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Europa Press.- Los Premios 3 Diamantes han reconocido las mejores prácticas del sector de ámbito nacional en materia de eficiencia energética, diseño y máxima innovación incorporadas por los profesionales de la climatización en sus proyectos, en particular en las instalaciones de climatización.

En este sentido, se galardonó con el Premio 3 Diamantes, con una dotación de 20.000 euros por su excelente nivel de eficiencia, diseño e innovación, al Edificio Paseo de la Castellana 76, realizado por el Estudio Ros.

En segundo lugar, clasificado como finalista ORO, con una dotación de 10.000 euros, se encuentra la Torre Mapfre, en Barcelona, de JG Ingenieros; seguida en tercera posición como finalista PLATA, de la Oficinas Vichy Catalan, de Barcelona, realizado por Wattia & B01 Arquitectes.

Además de los tres ganadores, el concurso ha valorado la labor de otros dos edificios, reconocidos con el cuarto y quinto puesto: el Centro Comercial 4 Caminos, en Madrid, a manos de Medancli; y la Sede Central de Sorigué, en Lleida, realizado por 080 Arquitectura.

Los premiados recibieron sus galardones de manos del Director General de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado, Pedro Ruiz, que aludió a «la apuesta decidida de Mitsubishi Electric por reducir el impacto en el medio ambiente generado por el uso de la energía» y reconoció «la importante labor y el trabajo desarrollado por los profesionales, ingenieros, arquitectos y de la industria de la climatización en materia de rehabilitación energética».

«Este año la convocatoria ha superado nuestras expectativas con 62 proyectos presentados desde ciudades de toda España. Con este concurso Mitsubishi Electric reconoce no solo la importancia de incorporar mecanismos de control y de aplicar criterios de sostenibilidad en las infraestructuras, sino también la necesidad de llevarlo a cabo mediante actuaciones innovadoras en el campo de la rehabilitación que posibiliten el crecimiento empresarial, económico y de empleo«, ha añadido Ruiz.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo de climatización de los edificios terciarios en España corresponde al 57,2% del consumo total, siendo el 31% el consumo de calefacción y el 26,2%, el consumo del aire acondicionado, y además, la producción de agua caliente sanitaria corresponde a un consumo del 3,3%.

Estas cifras, según los impulsores de los premios, ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para fomentar el ahorro y la eficiencia energética conforme con el desarrollo sostenible, y la necesidad de promover inversiones dirigidas a una disminución de los costes energéticos mediante la reducción del consumo de recursos, consiguiendo, de este modo, amortizar las inversiones realizadas y favoreciendo, al mismo tiempo, la reducción del impacto ambiental originado por el uso de la energía.

En esta línea se centra el nuevo plan energético de la Comisión Europea que marca como objetivo crecer un 40% en los niveles de eficiencia energética en 2030. En concreto, la apuesta de Bruselas implica también aumentar los esfuerzos en la modernización de los edificios, que representan el 40% del consumo total de energía en Europa. En España destaca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, puesta sobre la mesa y que deberá ir de la mano de esta nueva normativa comunitaria.

Por ello, resulta «vital», a juicio de los promotores de los premios, la promoción de la eficiencia energética en este sector, actuando además, en la línea de los compromisos adquiridos en relación a la disminución de gases de efecto invernadero.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

19 municipios de la Comunidad Valenciana renovarán su alumbrado público por otro de una mayor eficiencia energética

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EFE.– Un total de 19 municipios de la Comunidad Valenciana podrán renovar su alumbrado público por otro de alta eficiencia energética que permita una reducción de la factura energética, gracias al IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial). Entre los municipios beneficiados se hallan Agost y San Miguel De Salinas (Alicante); Artana, Barracas, Segorbe, El Toro y Villafranca Del Cid (Castellón); y Alfarp, Bellreguard, Carrícola, Corbera, Museros, Nàquera, La Pobla De Farnals, Polinyà De Xúquer, Riola, Venta Del Moro, Villargordo Del Cabriel y Xeresa (Valencia).

El programa, impulsado por la Consejería de Economía Sostenible y Trabajo de la Comunidad Valenciana, está dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes que, generalmente, «no disponen de los medios técnicos ni de presupuesto suficiente para acometer este tipo de acciones», según indicó la Generalitat. IVACE Energía destinará un total de 2 millones de euros para la renovación del alumbrado, mediante la fórmula combinada de préstamo y subvención a fondo perdido para respaldar el 100% del coste de los proyectos de estos municipios.

La directora general del IVACE, Júlia Company, ha explicado que «esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a reducir la factura energética de los municipios y avanzar, al mismo tiempo, hacia un nuevo modelo energético más sostenible». Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética se halla la sustitución de las luminarias por tecnología LED, de mayor eficiencia energética; así como la implantación de reguladores de flujo lumínico y de los encendidos y apagados de los puntos de luz, para adecuarlos por la noche a las necesidades de iluminación de las vías y así ahorrar el 45% de la energía consumida.

También se pretende incorporar relojes astronómicos ajustados a la hora solar para reducir el consumo y que permiten la programación diaria de encendido y apagado del alumbrado de acuerdo a la hora exacta de salida y puesta del sol. Según IVACE Energía, la renovación del alumbrado público en un pequeño municipio por uno eficiente con luminarias LED reduciría un 70% el consumo energético de alumbrado.

Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

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Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.