El Tribunal Constitucional da la razón a Castilla-La Mancha y no ve inconstitucionalidad en su ley antifracking

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la ley antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, consideraba que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental«.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha. Esta admisión ya suspendía automáticamente la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tras la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, expresó su «satisfacción y orgullo» ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la comunidad autónoma su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cantabria, La Rioja y Navarra

En su recurso, el Gobierno central argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado aprobó en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking. En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley, se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso. Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

De este modo, el Tribunal Constitucional señala que «no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración», pues ha afirmado que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre las eventuales o hipotéticas interpretaciones de las leyes, sino que debe responder si las leyes se oponen o no a los mandatos constitucionales.

También señala que «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas». Con todo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la comunidad autónoma puede crear un instrumento normativo como el plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica y que no procede evaluar la adecuación del plan aún no aprobado, de forma que su simple aprobación no puede considerarse contraria al orden constitucional.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

García-Page subraya el impuso público en Castilla-La Mancha a la biomasa en el marco de un crecimiento sostenible

EFE.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha indicado que el Gobierno regional seguirá impulsando el uso de calderas de biomasa en los centros públicos de la comunidad autónoma, dentro de una estrategia de desarrollo sostenible y respetuoso con los recursos naturales.

García-Page ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere seguir adelante con la sustitución de calderas en centros públicos por nuevos aparatos que utilicen la biomasa como combustible, y ha avanzado que en el desarrollo de la Estrategia Regional de Biomasa, aprobará en breve la sustitución e instalación de 47 de estas calderas en centros educativos públicos de la región.

Asimismo, ha indicado que este proceso afectará también a edificios públicos del Gobierno regional en diferentes localizaciones, entre ellas la dirección provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca y a los hospitales de la región, empezando por el nuevo hospital de la capital conquense, actualmente en construcción.

En este sentido, ha recordado que se había comprometido a ello y que se están dando «pasos acelerados» para el uso de este recurso, uno de los más importantes de Europa en el caso de la provincia de Cuenca cuando se habla de riqueza forestal.

El presidente castellanomanchego ha hecho estas manifestaciones en el acto de inauguración de la nueva planta de producción de biomasa que ha instalado en la empresa SunWood Suministros de Energía en Mohorte, una pedanía de Cuenca.

Esta nueva empresa se incardina en una industria como la forestal, que podrá dar trabajo a más de 1.000 familias en los próximos años, sólo en la provincia de Cuenca, ha apuntado García-Page, que ha añadido que «en este continente maduro, tenemos que plantearnos aprovechar los recursos propios antes que los recursos ajenos» y en este marco juega un «papel determinante» un modelo energético de este tipo, que además procurará la creación de empleo y riqueza para toda Europa y concretamente, en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar una estrategia global de crecimiento económico en la que el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales de la región sean una prioridad, que se verá refrendada con la Ley de Economía Circular y la Estrategia contra el Cambio Climático, que el Gobierno regional quiere aprobar antes de que finalice 2018.

La nueva planta de la empresa SunWood Suministros producirá en torno a 15.000 toneladas de pellet al año, según ha apuntado su responsable, Juan Júarez y creará hasta 8 puestos de trabajo.

Juárez ha añadido que se han invertido 4,5 millones de euro en esta factoría, aunque la vocación de la empresa es crecer en Castilla-La Mancha e invertir hasta 10 millones de euros más, en el crecimiento de la fábrica de Cuenca e instalando una planta similar en Los Navalucillos (Toledo).

Al acto de inauguración han asistido, entre otros, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, y el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que ha agradecido a la empresa para ubicar esta nueva factoría en Cuenca, que está ubicada junto a la fábrica municipal Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A.

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

Las organizaciones ecologistas reciben «con esperanza» el nombramiento de Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas han recibido «con esperanza» el nombramiento de Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y valoran su conocimiento del área al tiempo que confían en tener una buena interlocución con él.

Así, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, valora el nombramiento porque estima que Morán «conoce bastante bien» los temas ambientales, en los que lleva «mucho tiempo trabajando», por lo que su nombramiento «no es nada desdeñable».

Sin embargo, ha añadido que hasta ahora no ha estado en una postura de «tal responsabilidad administrativa» y desconoce hasta qué punto podrá llevar a la práctica «ideas que se defienden más fácil desde otra posición.

Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, acoge su nombramiento «con esperanza» por su profundo conocimiento de los asuntos que deberá asumir. «Se sabe la materia», ha comentado.

Entre sus deseos para el nuevo secretario de Estado espera que biodiversidad, contaminación o calidad del aire ocupen un lugar «importante» en su trabajo y confía en mantener «al menos» la misma interlocución que con el gobierno anterior, con el que se reunían cada 45 días. «La legislatura es corta incluso si llega al final y es necesario estar en constante contacto», ha manifestado.

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva Asunción Ruiz, también destaca su trayectoria orgánica en el PSOE y el «demostrado» compromiso de Morán con el medio ambiente. En todo caso, le insta a que ahora ese compromiso se materialice en una acción efectiva para recuperar el tiempo perdido en la conservación de la naturaleza.

«Para que la transición sea realmente ecológica tiene que reconectar al Estado con la biodiversidad del país, nuestro principal patrimonio. Y por supuesto, para conseguirlo SEO/BirdLife ofrece su colaboración y conocimiento», ha manifestado.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve «muy positivo» su nombramiento por su trayectoria y conocimiento de los temas de medio ambiente y agua y «sus choques» con agricultura. Así, ha subrayado que Morán ha estado a cargo de estos temas y conoce bien las implicaciones locales de las políticas ambientales por su trabajo a nivel local y autonómico en el partido para que este avanzara en esa dirección.

Finalmente, ha elogiado también su «coherencia a lo largo de los años» y su defensa de las posturas ambientales más avanzadas incluso en temas como agua o energía «incluso en los momentos más complicados». Por ello, cree que hará buen equipo con la ministra de Transición, Teresa Ribera, y le pide que en el ejercicio de su cargo recupere el «peso real» de la biodiversidad, que hasta ahora era «la última pata del Ministerio«.

En Comú solicita en el Congreso de los Diputados diferentes informes sobre el proyecto Castor

Europa Press. – En Comú ha reclamado en el Congreso más información sobre el proyecto Castor y ha registrado dos peticiones en las que reclama sendos informes referentes a este caso: Los de la Abogacía del Estado y el estudio emitido por la empresa concesionaria del mismo ACS-ESCAL.

A iniciativa del portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú Josep Vendrell, se solicita estudiar los informes que presentó la Abogacía del Estado y que no avalaban la posibilidad de demostrar negligencia y daños vía declaración de lesividad, para denunciar el contrato del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor.

Pero, además, quieren conocer el estudio presentado por parte de ACS-ESCAL para la concesión de explotación de este almacenamiento. Según apunta Unidos Podemos en la petición, este trabajo está aprobado por un auditor técnico, una aseguradora y la autoridad pública correspondiente, según el cual la aseguradora asumía los riesgos derivados de la construcción y puesta en marcha de la planta.

 

Solicitan información sobre la Ley del Cambio climático

Unidos Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que haya tenido que ser «la ciudadanía» la que ha tenido que pagar «el fiasco» del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora. «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», ha declarado en anteriores ocasiones Vendrell.

El grupo de Pablo Iglesias aprovecha para pedir también información al Ejecutivo acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estaba preparando el anterior Gobierno y cuya existencia ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», explicó Ribera. Su antecesora, Isabel García Tejerina, se comprometió a presentar este texto a lo largo de 2018.

El TSJC anula el permiso de la nueva línea de alta tensión de Fuerteventura y el Cabildo insular lo celebra

EFE. – El Tribunal Superior de Justicia ha revocado el permiso concedido por el Gobierno canario a Red Eléctrica de España en 2015 para construir una línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en Fuerteventura, por no haber iniciado al mismo tiempo la revisión del planeamiento de la isla.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha reconocido que esa línea eléctrica resulta «esencial para el desarrollo de Fuerteventura» y también que el Gobierno de Canarias tiene competencias para imponer su criterio sobre el del Cabildo, que se oponía a ese tendido de 132.000 voltios, porque vulneraba las previsiones del plan insular de ordenación de su territorio, el PIOF

La Sala subraya que la ley habilita al Gobierno de Canarias a declarar esa línea eléctrica «de utilidad pública», imponiendo su criterio sobre el del Cabildo de Fuerteventura por razones de «urgencia y excepcional interés», pero a condición de seguir un procedimiento que obliga a iniciar de inmediato la revisión del planeamiento al que contradice la autorización de esa infraestructura, el PIOF.

La sentencia recuerda que, en estos casos, la ley permite al Gobierno de Canarias fijar un plazo a las administraciones locales que deben modificar el planeamiento para adaptarlo a su decisión, con la posibilidad de que la comunidad autónoma asuma esa revisión si los tiempos marcados no se cumplen. 

En el caso de Fuerteventura, el Gobierno canario ni ordenó al Cabildo revisar el PIOF ni asumió esa responsabilidad por sus propios medios.

La Sala insiste en que la facultad que la ley concede al Gobierno de Canarias para imponer su decisión en materia de nuevos tendidos eléctricos sobre el criterio de los cabildos y ayuntamientos lleva aparejada la condición de acometer la reforma del planeamiento que impide esa infraestructura.

 

«Una victoria» para el cabildo

Las reacciones no se han hecho esperar. Por ello, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha celebrado la revocación del permiso para construir una nueva línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, que ha calificado como «‘un paso muy importante y una victoria para Fuerteventura.

Así,  Morales se felicita por ese fallo aunque advierte de que no es del todo definitivo porque es susceptible de recurso. »No lanzamos las campanas al vuelo, teniendo muy claro que hay que seguir luchando», subraya el presidente insular, que, en todo caso, aclara que la corporación continuará trabajando para asegurarse de que la decisión sea irreversible. Además, añade, el Cabildo tiene previsto pedir la reposición del paisaje afectado por las obras ya emprendidas para crear dicha línea, devolviéndolo a su estado inicial, una vez sea firme la sentencia.

 

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.