El PP de Aragón pide un pacto nacional para la transición energética que apueste por mantener el carbón hasta 2030

EFE.- La diputada autonómica popular en las Cortes de Aragón, Dolores Serrat ha planteado una iniciativa para que el Gobierno de Aragón solicite a su homólogo nacional un pacto de Estado por la transición energética que incluya una «descarbonización» más lenta y un Plan Miner que apueste por el carbón hasta 2030.

Con esta iniciativa los populares pretenden que las palabras de «transición justa» expresadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se traduzcan en «hechos reales», ha explicado Serrat.

Este pacto deberá recoger los cambios legislativos necesarios, coordinación y una apuesta por la investigación en nuevas tecnologías para dotar de viabilidad al llamado «carbón limpio».

La diputada del PP, quien ha confiado en mantener la unanimidad entre los grupos parlamentarios aragoneses en la defensa del carbón en la provincia de Teruel, ha indicado que la transición energética es uno de los procesos fundamentales para cumplir los objetivos marcados en la cumbre por el clima de París en 2016, pero no el único.

Además, a su juicio, es un «error» plantear la transición energética como un «proceso de descarbonización» o como una «confrontación» entre el carbón y las renovables, así como actuar con prisas, sin una perspectiva global y sin analizar las consecuencias de todo tipo que se puedan derivar.

Por ello, ha considerado un «error» que el Gobierno de Sánchez haya centrado su política energética en la «descarbonización exprés», que ha generado una situación de «temor e incertidumbre», ha desincentivado a las empresas para tomar medidas para reducir sus emisiones y ha dejado en evidencia las «profundas discrepancias» dentro del PSOE.

«Muy lamentablemente», ha alertado, si el Gobierno no actúa «de inmediato», 7 de las 15 centrales que queman carbón cerrarán, entre ellas la de Andorra, y se pondrán en jaque más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Del mismo modo, Dolores Serrat ha apuntado que el Ejecutivo central no ha tenido en cuenta la dependencia que el sistema tiene todavía del carbón, dado que las renovables todavía no son capaces de suplir toda la demanda en determinados momentos.

Además, ha asegurado que el carbón de Aragón es el más competitivo de España y que, de sustituirlo por el gas, que es más costoso, algunos estudios indican que encarecería hasta un 16% la factura eléctrica.

En su opinión, una transición energética justa y coherente requiere de una estrategia global, que analice consecuencias para los territorios y para la economía y, sobre todo, que recabe consensos.

A este respecto, ha llamado la atención sobre las discrepancias mantenidas desde el Gobierno autonómico, que se han expresado «con voz baja» y «con sordina», de igual forma que los representantes del sector.

No obstante, la diputada ha confiado en que de la reunión prevista para el próximo 11 de septiembre entre la ministra y los representantes sindicales del sector salga una vía más lenta para eliminar el carbón, así como que se materialice la oferta a Ribera para que conozca las cuencas mineras aragonesas.

Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.

Bruselas acusa a Abengoa de alterar el precio del etanol y podría imponerle una multa del 10% de su negocio

Europa Press.- La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos a Abengoa y a la belga Alcogroup en el que les acusa formalmente de manipular los índices de referencia del etanol publicados por la agencia de notificación de precios Platts, lo que supone un paso más en el proceso hacia la imposición de una multa que podría alcanzar hasta el 10% de su volumen de negocio.

«Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado un pliego de cargos en el caso de los índices de referencia del etanol», ha indicado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, quien ha rehusado identificar a las empresas afectadas. Sin embargo, fuentes cercanas a Abengoa han confirmado que la compañía ha recibido el requerimiento desde Bruselas. La energética «discrepa» de la valoración emitida por los reguladores de Bruselas y adoptará «todas las medidas» que el procedimiento otorga dentro de los plazos normativos para «defender» su posición.

Las reglas de la Unión Europea establecen 10 semanas a partir del envío del pliego de cargos para que las entidades señaladas presenten sus objeciones. Las mismas normas contemplan hasta un 10% de reducción en la multa impuesta a las sancionadas si éstas reconocen la manipulación. Este caso se remonta a diciembre de 2015, cuando el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de una investigación formal contra tres productores de etanol, la española Abengoa, la belga Alcogroup y la sueca Lantmännen.

En concreto, los hechos a los que se refiere el procedimiento ocurrieron entre 2010 y 2014. Como parte de la reestructuración financiera que llevó a cabo la compañía, realizó una desinversión en el negocio del etanol por lo que ya no posee ningún activo en Europa. Por otro lado, la empresa sueca es la única de las tres investigadas que no ha recibido hasta la fecha el pliego de cargos.

La Comisión inició el expediente al sospechar que manipularon los índices de referencia del etanol publicados por Platts, por ejemplo, mediante un acuerdo para presentar o apoyar ofertas con la intención de influir al alza y así aumentar los precios del etanol. Los precios publicados por agencias de notificación de precios sirven de referencia para el comercio en los mercados físicos y en los mercados de derivados financieros de materias primas tanto en Europa como en el resto del mundo.

El Clúster de la Energía de Extremadura incentivará la formación de profesionales en el sector de las renovables

EFE. – El Clúster de la Energía de Extremadura incentivará en los próximos meses la formación de profesionales de la comunidad autónoma interesados en trabajar en el sector de las renovables, área donde se espera la llegada de un gran número de proyectos en los próximos años.

En este mismo sentido, el presidente del Cluster, Vicente Sánchez, ha manifestado que ya se trabaja con la Junta de Extremadura y con empresarios para ofrecer esta formación, con el objetivo de que la mano de obra que generan estos proyectos pueda ser lo más posible procedente de la comunidad.

Asimismo, los empleados de este sector precisan especialización y para ello se cuenta con la ayuda de la Junta de Extremadura para incentivar esta formación.

Encuentros entre instaladores extremeños y promotores de las plantas energéticas o jornadas son otras de las iniciativas que se pretenden para que las empresas y trabajadores de la comunidad se beneficien de la llegada de las nuevas plantas previstas, cuyos proyectos se iniciarán en algunos casos ya el próximo octubre.

Además, Vicente Sánchez ha explicado que un gran número de nuevos megavatios llegarán a corto plazo a la comunidad autónoma, gracias a las últimas subastas energéticas y a las autorizaciones administrativas de proyectos que han de construirse antes de que concluya 2019.

Para el presidente de la entidad, el objetivo, según ha manifestado, es que la mayor parte de la mano de obra pueda ser extremeña, para que se genere así empleo en la comunidad.

Sánchez ha afirmado, no obstante, que el Gobierno central debe impulsar las energías renovables más allá de las subastas y apostar por iniciativas como el autoconsumo, que se desarrolla de forma importante en otros países. «Lo que el sector pide a los partidos es que se sienten de una vez, digan qué quieren hacer y cómo, pues se debe conocer la estrategia del país en este ámbito a largo plazo».

Por último, el máximo responsable del Cluster autonómico ha asegurado que en una comunidad como la extremeña, que precisa de proyectos y sectores donde poder destacar, iniciativas como el autoconsumo serían clave.

 

 

La Junta de Andalucía pedirá explicaciones al CSN por la filtración de agua en el almacén nuclear de El Cabril

EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha anunciado que piensa pedir información al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la filtración de agua de lluvia en la celda número 29 del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), un acontecimiento que ocurrió en diciembre de 2017. Un incidente sobre el que Fiscal ha mostrado su «preocupación» y su confianza en que «se actúe de manera diligente».

En este sentido, recordó que El Cabril «es una competencia exclusivamente estatal en todos los ámbitos», de manera que «no hay ningún ámbito alrededor de esta instalación que dependa de otra administración que no sea la del Estado». Asimismo, ha especificado que es la Dirección General de Industria, Energía y Minas quien representa a la Junta de Andalucia en el CSN, si bien eso no ha impedido que su departamento haya impulsado la petición de explicaciones. «Independientemente de que tengamos o no la competencia, estamos en Andalucía y todo lo que ocurre nos preocupa e importa«, asevera el consejero de Medio Ambiente de la Junta.

Varios fondos acuden a los tribunales de EEUU para que España pague por el recorte de primas a las renovables

EFE. – Fondos de Eiser y Antin han presentado sendas demandas ante los tribunales de Columbia (EEUU) para que se ejecuten los laudos arbitrales que les reconocieron 240 millones de euros por el recorte de primas a las renovables.

Específicamente, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) condenó a España en mayo de 2017 al pago de 128 millones de euros más intereses por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

Cabe resaltar que en junio de este año España perdió otro arbitraje en renovables que reconoció el pago de 112 millones de según euros a fondos de Antin.

Según fuentes jurídicas, España aún no ha dado cumplimiento de forma voluntaria a los citados laudos del Ciadi -que no admiten recurso- algo que señalan que no es habitual en los países de Europa Occidental.

En este contexto, ambos fondos han optado por acudir a Estados Unidos para lograr que se ejecuten dichos laudos, según avanzó El País, un proceso que podría durar entre 10 y 12 meses como máximo, según han apuntado las mismas fuentes, que indican que contra la sentencia que dicte el juez del Estado de Washington no cabe recurso.

Así, los interesados pueden optar por distintas jurisdicciones para ejecutar los citados laudos del Ciadi, organización dependiente del Banco Mundial.

Adía de hoy, se estima que hay cerca de 32 procesos abiertos contra España por el recorte de las primas en el sector de las energías renovables que afecta a la fotovoltaica, la termosolar y la eólica.

Además, cabe destacar que este año el Ciadi también obligó a España a pagar 64,5 millones de euros a la empresa Masdar, de Abu Dabi, por el recorte de las primas a las energías renovables.

En esta materia, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calculó que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables superan los 8.000 millones de euros. Esto ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente», según afirmó Ribera, que agregó que estas reclamaciones ponen de manifiesto que, «cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, la factura puede salir más cara que la que pretende evitar».

Por último, según señalan fuentes jurídicas, las reclamaciones por los recortes a las renovables hacían referencia a las medidas acordadas por el Ministerio de Industria que dirigía Miguel Sebastián, así como a las posteriores políticas del PP.

El PP castellano-manchego afirma que «nunca» ha habido «motivaciones» para paralizar el ATC y el PSOE le reprocha su «entusiasmo»

Europa Press.- La diputada autonómica del PP, Claudia Alonso, ha asegurado que «nunca» ha habido «motivaciones» para la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas ya que, según la popular, fue el PSOE quien puso en marcha esta cuestión durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Alonso reivindica que el PP «siempre ha sido coherente» respecto a esta instalación, al tiempo que ha aseverado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «debe pintar poco» en el PSOE ya que «le hacen bastante poco caso». Para Alonso, esta infraestructura es «necesaria» para una zona «deprimida económicamente». La diputada se pregunta dónde está el «famoso plan» que García-Page anunció «poco después de la investidura» que iba a realizar en esta zona de Cuenca para ayudarla a crecer económicamente. «No ha hecho nada, anunciar, vender, pero hacer no ha hecho nada», recriminó.

Por su parte, el diputado socialista, Fernando Mora, ha aseverado que el PP está «entusiasmado» con que un «basurero venga a Castilla-La Mancha» para que los vecinos de Villar de Cañas se pongan «amarillos como Los Simpson«. Mora cree que quien piense que esta instalación es desarrollo «se está equivocando» y «no sabe por dónde va», ya que Castilla-La Mancha «no puede ser una tierra de basureros, una tierra abandonada», que es lo que quieren, a su juicio, los populares.

UGT Asturias ve como una «mala señal» que aún se desconozca el plan estratégico de Ribera para la transición energética

EFE.- El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que «no es buena señal» que no se sepa nada aún del plan estratégico que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió para hacer una transición energética justa. Ribera anunció a principios de julio que su departamento estaba trabajando en un plan de transición justa para los sectores más vulnerables al proceso de descarbonización y transición energética.

«No es buena señal» que aún no se conozca nada, ha asegurado el dirigente sindical, que expresó su esperanza de que no estén aprovechando estos días para redactarlo rápidamente. Ha incidido en que ese plan ya debería estar hecho porque no se puede anunciar el cierre de centrales térmicas sin tener ya hecho un plan estratégico con soluciones para los problemas derivados de esa decisión. Para el dirigente sindical es preciso abordar la descarbonización «sin prisas con el fin de conseguir esa «transición energética justa«. Ribera anunció que el plan estratégico sería complementario a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como al Plan de Energía y Clima.

Enresa investiga cómo se ha filtrado agua de lluvia en una celda del almacén de residuos nucleares de El Cabril

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) está investigando cómo se ha filtrado agua de lluvia dentro de una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Dicho informe, que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados, recoge que los análisis realizados hasta el momento descartan riesgos, dado que «los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección».

El hallazgo de esta anomalía se produjo en diciembre de 2017, en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29. En ese momento, según revela el informe, se constata que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, y se estima que «estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda».

«El agua recogida en el depósito ha sido analizada específicamente para la identificación de radionucleidos emisores alfa. Los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección. El titular emitió un informe al CSN que está en evaluación», concluye el informe del regulador, que informa de que a finales del 2017 el almacén temporal de residuos de baja y media radiactividad de El Cabril estaba al 76% de su capacidad.

Piden explicaciones a la Junta

Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua. En este sentido, Maíllo expresó su «preocupación» por el informe del CSN y adelanta que Izquierda Unida pedirá información sobre «cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención sobre un hecho que ocurrió en 2017».

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar «absolutamente blindada», lanza un mensaje de falta «de previsión o de blindaje». «También se podría producir una filtración así hacia afuera», ha sugerido el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha considerado este hecho como «muy grave» al ser una «filtración que no se contemplaba» en el protocolo de seguridad.

Izquierda Unida respaldará una propuesta de Castilla y León en apoyo al carbón si reclama la nacionalización del sector energético

EFE.- Izquierda Unida apoyará el documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del carbón si incluye la creación previa de empleo garantizado y estable para las comarcas mineras y la nacionalización del sector energético.

Así lo ha trasladado el representante de Izquierda Unida en el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, Santiago Rodríguez Alonso, quien ha exigido estos puntos. En concreto, Rodríguez ha explicado la necesidad de la creación previa de empleo público garantizado antes de que se produzca cualquier cierre en el sector, así como la nacionalización del sector del carbón para que pueda ser planificado y gestionado en función de las necesidades de la población y el futuro de las comarcas mineras.

«Para ello, es preciso crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona del país, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón», explicó Rodríguez. «Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional», insistió el representante de Izquierda Unida en la Comisión de Seguimiento. Una nacionalización que, según Rodríguez, es legal ya que la Constitución permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona.

Asimismo, Izquierda Unida ha criticado el Plan de Dinamización ya que, a su juicio, se está utilizando para tapar la falta de inversión en estas zonas que debería estar haciendo la propia Junta, a la que ha pedido que especifique dónde va el dinero público y qué empleo crea. «La Junta sigue manteniendo una opacidad absoluta que impide el mínimo ejercicio de transparencia y control por parte de la mesa de seguimiento, dado que es una de sus funciones principales del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras», denuncia Rodríguez.