Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

Patronales catalanas solicitan al Gobierno de España que sea la CNMC quién fije las tarifas de distribución de la electricidad

EFE. – Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad.

Así, patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras, presentaron el pasado noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.

En este sentido, el desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.

De esta manera, este grupo de entidades empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Madera o el Instituto Industrial de Terrassa, han asegurado en un comunicado conjunto que «desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica».

Éstas representan a 50.000 empresas catalanas y consideran, a su vez, que la situación se «ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones de España». De la misma manera creen que se trata de una medida cuyos efectos son «selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario».

Por otro lado, la CNMC ha interpuesto, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.

Para las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia.

 

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) alerta del descenso del bunkering

EFE.- La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha alertado del «preocupante» descenso de la actividad de avituallamiento de combustible (bunkering) en la Bahía. En este sentido, el colectivo empresarial ha anunciado que ha solicitado una reunión a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para trasladar su «inquietud» por estos hechos.

Estos problemas han sido analizados por el sector en un encuentro en el que ha quedado patente «la pérdida del mercado local de aprovisionamiento de combustible en beneficio de otros puertos» como Ceuta, Las Palmas y Gibraltar. Aesba detalla que en 2016 se alcanzó un movimiento de 974.000 toneladas de bunkering, cifra que bajó a 775.000 en 2017 y que, hasta julio de este año, supera ligeramente las 500.000 toneladas.

«No se trata, como ocurrió hace unos años, de que se desacelere el comercio mundial y que afecte a todos los puertos, sino de que hay otros muelles que se benefician de estos tráficos», señala el presidente de Aesba, Manuel Piedra, que también incide en el descenso del número de barcos atendidos: En 2016 ascendió a 2.672, mientras que en 2017 fueron 1.980 y hasta julio de este año el número ha descendido a 919.

Para Aesba es «un hecho trascendente» que, de los 5 suministradores que había en este puerto, quedan 3: Cepsa, Repsol y Península. Aesba solicitará un encuentro con estas concesionarias del servicio para ponerse «a su entera disposición» para analizar cómo incrementar el volumen del avituallamiento y ver qué medios o bonificaciones necesitan por parte de la APBA. El sector de servicios considera «perfectamente asumible» la incorporación de, «al menos, otro suministrador» y así lo plantearán a los responsables del puerto.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

El Gobierno crea una comisión de expertos para estudiar si es relevante el ahorro energético que aporta el cambio horario

EFE.- El Consejo de Ministros ha creado una «comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial», tras el anuncio hecho en agosto por la Comisión Europea de proponer el fin del movimiento estacional horario, según indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La comisión se encargará de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central, ha informado el Gobierno.

El informe se remitirá a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La comisión estará formada por un máximo de 14 personas, y tiene como objetivo la presentación de propuestas orientadas la protección y mejora de la salud, sobre todo de las personas más vulnerables, potenciar la sostenibilidad social, ambiental y económica, y favorecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la comisión evaluará los costes y beneficios en relación a diferentes actividades.

En relación con los costes hará una evaluación sobre la eficiencia energética y económica de las distintas actividades productivas.

En cuanto beneficios, se valorarán especialmente los posibles impactos positivos sobre la salud de las personas y sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta modificación se hará en el marco del proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE solicitada por el Parlamento Europeo a la Comisión.

Los Estados miembros están distribuidos en tres husos horarios diferentes, que comprenden la hora de Europa occidental (UTC), hora de Europa central (UTC +1) y hora de Europa oriental (UTC+2).

Aunque geográficamente España se halla en el área correspondiente a la hora de Europa occidental, nuestro país adoptó el huso horario correspondiente a Europa central mediante una Orden de Presidencia del Gobierno de 7 de marzo de 1940.

Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó en su sesión de 13 de septiembre de 2012 la creación, en la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

Pedro Sánchez garantiza una transición energética «justa y dialogada» con los agentes económicos y sociales de los territorios más afectados

EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que la transición energética será «justa» y que en este proceso la empresa pública Hunosa estará «a la vanguardia». Sánchez hizo esta promesa con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno e incidió en que la transición energética también va a ser «dialogada» con los agentes económicos y sociales de Asturias, desde donde se reclama que el proceso no ponga en riesgo el empleo de la región ni la competitividad industrial.

Transición sin ganadores ni perdedores

Por su parte, el SOMA-FITAG-UGT ha reafirmado la necesidad de un mensaje y un escenario «claro, inequívoco y dialogado» sobre la transición energética, que no condene ni confunda a la industria ni a la sociedad y en el que no haya ni ganadores ni perdedores. Este sindicato ha anunciado además que en la reunión sobre el futuro del sector minero, prevista para el 13 de septiembre, manifestará su postura inequívoca en defensa del carbón autóctono. El sindicato ha reiterado la importancia de la presencia del carbón autóctono dentro de un mix energético diversificado, sobre todo ante el incremento considerable del precio del carbón de importación.

El sindicato destaca que todos los agentes coinciden en la defensa de una transición justa, que no penalice a los territorios mineros, y que respete los plazos temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono para el 2050. Asimismo, señala que cualquier otra derivada supondrá que se ha impuesto el individualismo y los intereses de unos pocos frente al bien común, profundizando en la desigualdad, en la pobreza y fomentando un caldo de cultivo que será un polvorín en lo social. Sobre este asunto, el sindicato reconoce que el futuro avanza hacia un modelo energético neutro en carbono, que garantice la sostenibilidad sin comprometer los recursos de generaciones futuras.

Diversas velocidades en la transición

Sin embargo, recalca que esta senda hacia una economía baja en emisiones se puede hacer con mayor o menor velocidad. Para el Soma, el inexplicable adelantamiento de los plazos para el cumplimiento de las reducciones de emisiones supondría un peligro gravísimo para la economía asturiana, que se acentuaría aún más en las comarcas mineras, y que acarrearía problemas relacionados con el suministro energético, el encarecimiento de la energía o la caída de la competitividad de la industria. Una situación que desembocaría en unas consecuencias desastrosas en términos de pérdida de miles de empleos, acelerando la despoblación de las cuencas mineras.

Ante este problema, el sindicato ha hecho pública su propuesta concreta: el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras de España 2019-2027. En caso de que el Gobierno estatal se niegue a negociar un proceso de transición justa, optando por adelantar plazos de manera caprichosa o por presiones, el sindicato anuncia medidas de presión, recurriendo si es necesario a la convocatoria de movilizaciones sociales.

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.

La torre de gasificación de carbón de la antigua central de Elcogas ha sido demolida en Puertollano

EFE.- La torre de gasificación de la antigua central eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) ha sido demolida como parte de los trabajos de desmantelamiento de la antigua planta. La demolición de la torre de gasificación, de forma rectangular de 74 metros de altura y un total de 13 plantas, se suma a la demolición de la torre de refrigeración de 122 metros que tuvo lugar el pasado 28 de junio.

Para la demolición, que ha durado menos de 2 segundos, se han generado desde la base varias columnas de agua de 70 metros de altura con el fin de reducir la nube de polvo creada. Como medida de seguridad, se estableció un perímetro de 500 metros alrededor de los terrenos de la central, en cuyos terrenos levantará Ence una nueva central térmica de biomasa. Los trabajos de desmantelamiento de la antigua Elcogas, en la que se están invirtiendo 3,6 millones de euros, continúan con el resto de instalaciones de la planta, incluidos edificios, equipos y estructuras, excluyendo las subestaciones eléctricas y los depósitos de agua.