El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

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Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

Bruselas y Bill Gates lanzan un fondo de 100 millones de euros para impulsar la inversión en energías limpias

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Europa Press.- La Comisión Europea y la alianza Breakthrough Energy, liderada por el cofundador de Microsoft Bill Gates, lanzan un fondo conjunto de 100 millones de euros para ayudar a las empresas europeas a desarrollar y sacar al mercado «tecnologías energéticas radicalmente nuevas».

Este instrumento tomará el nombre de Breakthrough Energy Europe y será operativo en 2019, según las estimaciones de Bruselas. La mitad de su dotación correrá a cargo de Breakthrough Energy y el resto de los fondos provendrán del programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020. Breakthrough Energy Europe enlazará financiación pública con capital riesgo a largo plazo de forma que la investigación e innovación pueda salir al mercado «de forma más rápida y más eficiente», según la Comisión Europea.

Se impulsará la eficiencia energética

El fondo se centrará en tecnologías encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en impulsar la eficiencia energética en el sector eléctrico, el transporte, la agricultura y la vivienda. Bruselas ha señalado que se trata de un proyecto piloto que puede servir de modelo para iniciativas similares en otras áreas de trabajo. «Con esta iniciativa, la Comisión actúa para continuar liderando la lucha contra el cambio climático y para cumplir con el Acuerdo de París, dando una fuerte señal a los mercados de capital y a los inversores de que la transición global hacia una economía moderna y limpia está aquí para quedarse», ha enfatizado Bruselas.

El comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha destacado que con el lanzamiento de este fondo la Unión Europea está cumpliendo su compromiso de «estimular la cooperación público-privada en la financiación de innovación de energías limpias». «Los científicos y emprendedores que están desarrollando innovaciones para atajar el cambio climático necesitan capital para poner en marcha empresas que puedan llevar estas innovaciones al mercado global. Breakthrough Energy Europe está diseñado para aportar este capital«, ha manifestado Bill Gates. Moedas y Gates fueron los encargados de firmar el acuerdo para poner en marcha el fondo.

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

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Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

El Congreso reclama adoptar medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en distintas áreas del mercado donde operan

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Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en las distintas áreas del mercado en las que operan estas empresas. Así, la Comisión para la Transición Ecológica ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos que pedía «garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sistema eléctrico».

El texto aprobado por el Congreso pide que, a través de esta separación, «se garantice la libre competencia y la protección de las personas consumidoras, y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector energético nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». En su propuesta, En Comú Podem señalaba que la «posición dominante» de una empresa en una actividad del sistema eléctrico como la generación, transporte, distribución y comercialización, entraña un riesgo a la competencia para el resto de actividades, al participar también en ellas una empresa del mismo grupo. Asimismo, señalaban que la CNMC «viene advirtiendo reiteradamente» de esta situación en sus informes.

El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.

El Gobierno creará un grupo de trabajo de «manera inmediata» para estudiar la reforma del mercado mayorista de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado eléctrico mayorista, el conocido como pool. En este sentido, Ribera señaló que el objetivo de este grupo será «presentar, estudiar y discutir» a partir de 2019 las propuestas que hay sobre la mesa para la revisión del mercado eléctrico.

Hay que recordar que el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo sobre Presupuestos para 2019 en el que, entre otras medidas, pactaron realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que recibe en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Ambas partes consideran que recortar esta retribución podría destinarse, directamente, a abaratar la factura eléctrica.

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del pool debe contar con «mejoras importantes«. Así, señaló que estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», pero sin que esto «suponga la aparición de retribuciones excesivas».

A este respecto, apuntó que el Gobierno presentará antes de que acabe 2018 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional de Energía, que deben marcar la hoja de ruta para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050, con el objetivo de que sea una realidad antes de finalizar la Legislatura, ya que cuenta con un «consenso elevado» por parte de los partidos políticos.

Respecto al futuro de las centrales nucleares, subrayó que no tiene todavía la información necesaria para adoptar una decisión, debido a que el anterior Ejecutivo no trabajó en «una construcción de escenarios» de descarbonización, pero recordó que es ministra de un Gobierno que pertenece a un partido en el que el cierre de las centrales al final de su vida útil «es una referencia importante» en su programa. Además, destacó que tampoco existe un plan actualizado sobre la gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la respuesta definitiva de este Gobierno respecto a las nucleares «esté en stand by».

Respecto a las centrales de carbón, recordó que existe un marco comunitario «que viene dado» que obliga a las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen «poco recorrido«. No obstante, mostró el compromiso del Gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar soluciones ha hecho que la situación sea «dramática».

Por otra parte, Ribera insistió en que es intención del Gobierno dar una respuesta «pronto» a los pequeños inversores en renovables que se vieron perjudicados por los recortes aplicados a las renovables por el anterior Gobierno. «Es verdad, hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables, con una expectativa que podría estar confundida en la manera de ser cuantificada y que ha generado un gran daño», apuntó la ministra, reconociendo que la situación «ha ido complicándose desde el punto de vista judicial» con el paso del tiempo.

El Gobierno y Unidos Podemos reformarán el bono social eléctrico y crearán uno general que incluirá el gasista

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Europa Press.- El Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar una reforma «profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que «cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación. La actual normativa establece que son las comercializadoras eléctricas las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las 5 grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo, cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en el bono social eléctrico y en el decreto de medidas urgentes.

Además, acordaron presentar en el plazo de 4 meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

Fomento del autoconsumo de electricidad

También han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar «el atractivo de invertir» en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio. Para ello, también se modificarán los requisitos de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y «para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo» a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían. Este aspecto es uno de los puntos a los que se habían comprometido con estos inversores en renovables afectados por el recorte tanto Unidos Podemos como el PSOE.

Por otra parte, se pondrá en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de 4 años y con una movilización de 400 millones cada año. Este plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. También se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales.

El Gobierno y Podemos pactan ayudas económicas “ininterrumpidas” para la movilidad eléctrica hasta 2020 y subir los impuestos al diesel

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno estudia introducir la subida de impuestos al diésel en la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Asimismo, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, «estable e ininterrumpido» hasta 2020, según recoge el acuerdo de Presupuestos.

Ventas vinculadas a las ayudas

El Ejecutivo y la coalición de izquierdas pretenden así evitar que las ventas de este tipo de vehículos se concentren en momentos determinados y/o que queden paralizadas hasta la aprobación de nuevos incentivos, como sucede en la actualidad. Según se detalla en el acuerdo presupuestario, el plan contará en 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

Los Presupuestos de 2018 (aprobados por el PP) recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. El actual Ministerio de Industria es responsable de 16,6 millones, mientras que el de Transición Ecológica gestiona, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 50 millones de euros. Sin embargo, dicha dotación sigue pendiente de su aplicación.

Subir la fiscalidad del diésel

Por su parte, la titular de Hacienda ha subrayado que esta nueva fiscalidad del gasóleo no tiene un afán recaudatorio, sino que responde más a una medida protectora con el medio ambiente y la salud de las personas. «Se contemplará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos, dependiendo de la tramitación, aunque tampoco hay problema para que se haga en las dos», apuntó.

El impuesto al diésel que prepara el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros mensuales para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas. En concreto, la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará esos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante para el consumidor».