La ministra Ribera pide a la comunidad internacional aumentar «con determinación» la acción para mejorar la calidad del aire mundial

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reclamado a la comunidad internacional que aumente la acción para mejorar la calidad del aire y la salud y ha expuesto las iniciativas del Gobierno de España en ese sentido durante su intervención en la Primera Cumbre sobre Calidad del Aire y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre estas acciones ha recordado que el Gobierno presentará en 2019 un Programa Nacional para el Control de la Calidad del Aire, en línea con los objetivos de reducción de emisiones asumidos porque considera que «respirar no puede ser una actividad de riesgo» y en la actualidad es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, por lo que se debe actuar «con determinación» e informar con transparencia a los ciudadanos. Ese programa, según ha añadido, abordará el problema tanto en las ciudades como en los sectores industrial, de generación de energía o los transportes.

La contaminación, “el asesino invisibilizado”

«Con frecuencia, se alude a la contaminación atmosférica como un asesino invisible. No lo es. Es un asesino invisibilizado, un asunto a menudo descuidado en las agendas políticas globales», ha destacado Ribera, que añadió que además no es solo una cuestión de salud pública sino también un problema ambiental, social y económico. En este marco, ha animado a facilitar más información a los ciudadanos sobre la calidad del aire que respiran, de forma que sea más comprensible y «completamente transparente», con la meteorología como referencia.

En este sentido ha añadido que España está preparando un índice estatal de calidad del aire en línea con el Air Quality Index aprobado recientemente por la Comisión Europea e insta a la comunidad internacional acción contra este problema global porque postergar medidas es una postura «equivocada y cortoplacista«. «El mundo está asistiendo a un proceso de transición hacia un modelo basado en la sostenibilidad y respetuoso con los límites del planeta y nuestros propios límites. Respirar no puede ser una actividad de riesgo», concluyó.

Ecologistas en Acción atribuye al anterior Gobierno buena parte de la responsabilidad en la mala calidad del aire

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera «muy preocupante» la situación que describe el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y atribuye al anterior Gobierno buena parte de la responsabilidad en la mala calidad del aire. «La apuesta por el transporte por carretera o el bloqueo de las energías renovables para apuntalar las centrales térmicas de carbón y gas han sido políticas del Gobierno español muy lesivas tanto para la calidad del aire como para la lucha contra el cambio climático», aseguran.

De acuerdo al último informe de AEMA, el número anual de muertes prematuras por exposición a la contaminación del aire se eleva hasta medio millón en Europa, casi 40.000 de ellas en España. Y hasta el 98% de la población urbana de la Unión Europea respira aire que rebasa los límites de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos presentados por la AEMA son plenamente consistentes con los informes anuales que viene haciendo Ecologistas en Acción al tomar también como referencia los límites legales y las guías de la OMS.

Entre las principales conclusiones del informe de la AEMA destacan que los contaminantes más problemáticos para la salud de la población europea siguen siendo las partículas en suspensión (especialmente las más finas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico, si bien está aumentando la preocupación por los niveles del cancerígeno benzopireno, único contaminante que continua al alza.

Casi 40.000 muertes en 2015

Las nuevas estimaciones elevan hasta 27.900 las muertes prematuras producidas en el año 2015 en el España por exposición a partículas finas PM2,5, 8.900 por exposición a dióxido de nitrógeno (NO2) y 1.800 por exposición a ozono, lo que supone un incremento del 22% sobre los fallecimientos estimados en el año 2014 (23.180 por PM2,5, 6.740 por NO2 y 1.600 por ozono). A nivel europeo, la situación se mantiene estable.

La ONG recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire, en España y en Europa, pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en especial el eléctrico). Considera también que es necesario además dar facilidades al peatón en las ciudades, penalizando el diésel por sus mayores emisiones contaminantes.

Por ello, la organización ecologista ve «ineludible» la adopción de medidas de restricción del tráfico como Madrid Central impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, si lo que se pretende es reducir la contaminación del aire. «Son medidas que desde hace años vienen aplicándose con éxito en más de 230 ciudades europeas y que deberán ampliarse y generalizarse a todas las ciudades grandes y medias del Estado español, como una política de salud pública», han añadido.

En este sentido, Ecologistas en Acción ve «una grave irresponsabilidad la actitud obstruccionista» de la Comunidad de Madrid y su presidente Ángel Garrido, y en general del PP de Madrid. «En sus muchos años de Gobierno municipal no tomó medidas eficaces para mejorar la calidad del aire y salvar las miles de vidas que anualmente ocasiona su contaminación en la ciudad, y ahora pretende dilatar por electoralismo las medidas exigidas por la Unión Europea», concluyen.

Barcelona presenta el Pla Clima para luchar contra el cambio climático con propuestas para la vivienda y la movilidad

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Europa Press.- El Gobierno municipal de Barcelona ha presentado el Pla Clima, que recoge las políticas municipales respecto a la lucha contra el cambio climático hasta 2030, un documento elaborado colectivamente que agrupa 242 medidas en cuatro ejes estratégicos y que incorpora propuestas en ámbitos como la vivienda, la movilidad y la economía.

La teniente de alcalde de Ecología, Janet Sanz, ha declarado que «Barcelona es líder en la lucha contra el cambio climático» y ha recordado que el Plan fue reconocido como el mejor de las grandes ciudades europeas por el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Sanz ha asegurado que el Pla Clima es la hoja de ruta que seguirá Barcelona durante los próximos años y que debe permitir «transformar el problema del cambio climático en un motor de cambio para mejorar la ciudad a todos los niveles».

El plan pone en valor la dimensión climática de las políticas municipales que ya se están realizando, propone reforzarlas y ofrece políticas nuevas como la reducción de emisiones y la justicia climática, con énfasis en la construcción colectiva y la coproducción con la ciudadanía. Barcelona revisa con este Plan la actuación municipal y se alinea con los objetivos del acuerdo de Naciones Unidas de París, consistentes en no superar 1,5ºC de temperatura media de la tierra respecto al periodo preindustrial.

Entre los objetivos del Plan se encuentra reducir en un 45% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por cápita el año 2030 respecto al 2005,también incrementar el verde urbano, conseguir que la financiación municipal no cuente con entidades que invierten en combustibles fósiles y el consumo de agua potable doméstica inferior a 100 litros al día por habitante.

OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

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Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

Ecologistas denuncia ante la Fiscalía el vertido de biodiésel de Carboneras (Almería) y pide parar la actividad en la fábrica

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el vertido detectado en el litoral de Carboneras (Almería) y ha solicitado que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel para evitar que se «siga produciendo un daño ambiental irreparable».

La denuncia indica que es un «hecho conocido» en Carboneras que la fábrica «aprovecha» los días de mal tiempo y lluvia «para tirar productos altamente tóxicos para los que tiene capacidad de reciclar y tratar» ya que «el oleaje y el viento dispersa con más rapidez el vertido» y señala que este hecho es conocido como Operación Lluvia. El colectivo conservacionista asegura que hay indicios de que la planta «no tiene actualizadas todas las autorizaciones ambientales» que se precisan en la legislación aplicable a la actividad de fabricación de biodiésel y alude a la obligatoriedad de una autorización ambiental integrada.

En esta línea, traslada que, en diciembre de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente reconoció en un escrito dirigido a Ecologistas en Acción que se había realizado una inspección en 2011 y que existen «diversas denuncias» planteadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «La Consejería de Medio Ambiente es perfectamente conocedora de esta situación», afirma en su denuncia al Ministerio Público, al que insta a abrir diligencias de investigación por hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra el medioambiente y otro contra la salud pública.

Ecologistas en Acción, que acompaña la denuncia con documental gráfica y escritos en el mismo sentido remitidos al Ayuntamiento carbonero y la Delegación Territorial de Medio Ambiente, insiste en que se está produciendo un «daño ambiental irreparable» y solicita que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial hasta que se garantice un adecuado cumplimiento de las medidas ambientales exigibles para evitar que siga.

Investigación abierta por el Seprona

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido, el segundo que da lugar a una investigación desde abril. Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar.

En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar. La presencia del vertido, que fue grabado y difundido por redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela.

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. “El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder”, detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. El procedimiento se incoó a raíz de que, en abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades».

Los demandantes de Castor recurren al Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada contra el almacén de gas

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Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado febrero. El colectivo cargaba contra los exministros de Industria, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el Tribunal Constitucional, el grupo ciudadano afirma que «en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga». Asimismo, denuncia la «existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros más intereses».

Además, lamentan que «el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción» quede «huérfano de tutela en el presente caso» y hacen alusión a la «corrupción medioambiental» generada al respecto, pues los «bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente». «Es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castellón. Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor», prosigue el recurso.

«Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de los recurrentes es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental», añade. Además, advierte de que la falta de investigación sea «generadora de impunidad» y concluye que «anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente».

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

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Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

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Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.