El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

Un 70% de los consumidores españoles desconoce si su oferta de gas natural o de electricidad es libre o regulada

Europa Press.- 7 de cada 10 españoles sigue sin saber si su suministro de electricidad está en el mercado regulado o en el libre, un desconocimiento que alcanza al 73% de los hogares en el caso de las ofertas de gas natural. Asimismo, el porcentaje que no sabe qué tarifa eléctrica tiene contratada se reduce al 38,8%.

El Panel de Hogares pone en evidencia las diferencias en los hábitos de consumo entre los hogares que declaran tener tarifas cuyo precio depende de la hora y los que declaran tener tarifas que dependen del tramo del día (discriminación horaria). En los primeros, los distintos precios de la luz según la hora del día tienen un bajo impacto en las decisiones de consumo de los hogares: un 61% no modifica sus hábitos por los precios. En cambio, entre los hogares con una tarifa por tramos (discriminación horaria), más de un 70% tiene bastante en cuenta los precios al consumir, mientras que solo un 8% no los tiene en cuenta.

La mejora más significativa en el sector energético se encuentra a la hora de preguntar sobre el conocimiento de los hogares sobre el bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. En junio de 2018, 6 de cada 10 consumidores conocía su existencia, 10 puntos más que hace un año. Además, entre éstos, un 68% declaraba conocer los requisitos que un hogar debe cumplir para beneficiarse del mismo. Desde la CNMC recuerdan que ha trabajado para la difusión de la información acerca de los requisitos y la metodología del nuevo bono social eléctrico e incluso se ha habilitado una aplicación que permite comprobar si un ciudadano tiene derecho a ser beneficiario del nuevo bono social.

Bruselas pide explicaciones a España y otros 6 países comunitarios por no cumplir parte de las reglas de eficiencia energética

Europa Press.- La Comisión Europea exige explicaciones a las autoridades españolas por no cumplir correctamente con los requisitos de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética, con la que la Unión Europea quiere cumplir el objetivo de ahorrar un 20% de consumo energético en 2020 (respecto a los niveles de 1990).

El mensaje tiene la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento sancionador, y da a España 2 meses para que ofrezca sus explicaciones. Si no satisfacen a Bruselas, la segunda fase daría otros 2 meses al país para corregir el incumplimiento. Si sigue sin solucionarse la discrepancia, la Comisión podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto a España, Bruselas también envió cartas a Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía.

El PP propone excluir a las instalaciones renovables más pequeñas de la revisión a la baja de su rentabilidad razonable

Europa Press.- El PP ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción con renovables. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energías renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW. En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia en 2012. Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Además, el Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que gira la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit. Así, en su proposición, el PP destaca que las energías renovables se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial. Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica con energías renovables y comenzar con aquellas de menor tamaño.

Unidos Podemos exige a la Unión Europea y al Gobierno la paralización del gasoducto MidCat entre España y Francia

Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado a varios organismos de la Unión Europea y al Gobierno de España la paralización del proyecto de gasoducto conocido como MidCat, que unirá España con Francia. A través de una carta, representantes de Podemos y Equo en Bruselas y en el Congreso de los Diputados han alertado a Europa de los riesgos que puede suponer esta iniciativa.

MidCat, un gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que Unidos Podemos busca revisar. Por ello, la misiva, firmada por los eurodiputados Floren Marcellesi (Equo) y Ernest Urtasun (En Comú), y por los diputados Juan López de Uralde (Equo), Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú), se dirige al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Unión de la Energía, Maros Sefcovic; el comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete; la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Revisar el PIC del MidCat

Para todos ellos, los dos partidos que forman parte del grupo confederal tienen una petición. En primer lugar, piden que se revise la idoneidad de financiar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta los compromisos de España y de la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático y muy especialmente el Acuerdo de París de 2015. Además, sugieren la revisión de la condición de PIC de estos proyectos, rehacer la interconexión gasística a través de Cataluña con Francia y que la CNMC rechace la solicitud de inversión de Enagás para el MidCat.

Ambas formaciones también denuncian «falta de transparencia» lo que, a su juicio, supone dificultades a la hora de hacer un seguimiento riguroso del MidCat. Unidos Podemos también señala que la financiación de este tipo de infraestructuras «supone dar prioridad a una fuente de energía contaminante» como es el gas que, además, se caracteriza por su «fuerte concentración y procedencia de Estados cuyo cumplimiento de los Derechos Humanos y valores de libertad y estado de Derecho son dudosos«. «Esta decisión va directamente en contra del modelo de diversificación energética y promoción del desarrollo e investigación en energías renovables defendido por la propia Comisión Europea», concluye Podemos.

Energía estima que se invertirán 70.000 millones de euros en fotovoltaica hasta 2030 para conseguir un 35% de energías renovables

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha afirmado que el sector fotovoltaico movilizará unas inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de euros en la senda para alcanzar el objetivo del 35% de renovables en la energía final en 2030. En su intervención en el V Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Domínguez estimó que estas cifras suponen «un gran reto, pero también una gran oportunidad desarrollo» para España.

El secretario de Estado reiteró la hoja de ruta para alcanzar ese objetivo del 35% de renovables para España, por encima del 32% de media europea y que se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se remitirá a Bruselas antes de finales de año, que estima una senda a 2030 para instalar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) renovables. Así, subrayó que de esa potencia a instalar en los próximos años, «la mitad o más será energía solar». «Teniendo en cuenta que en este momento hay más eólica que solar, tiene todo el sentido», afirmó.

Domínguez destacó que el actual Gobierno «se ha puesto las pilas» en renovables y que está «totalmente en línea» con los objetivos marcados por Bruselas para combatir el cambio climático. «No sé qué hubiera pasado si no cambia el Gobierno en España», insinuó el exdirectivo de Abengoa. El secretario de Estado de Energía consideró que España se encuentra ante una oportunidad «única» ya que, en todas las transformaciones tecnológicas, «siempre llegó tarde, pero está es la primera vez que «va a participar en primera fila».

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, valoró el «ambicioso» objetivo del 32% en renovables fijado por la Unión Europea para 2030, ya que supone cuadruplicar el porcentaje de renovables en 2004 y casi duplicar los niveles actuales del 17%. No obstante, Cañete se mostró convencido de que, en la cláusula prevista de revisión para 2023, la innovación permitirá dar lugar a revisar «mucho más al alza» esos objetivos a 2030.

De esta manera, destacó que estos esfuerzos en renovables, junto a las acciones en eficiencia energética, permitirán una reducción de las emisiones por encima del 40%, lo que da muestras de que se trata de un «objetivo ambicioso y positivo en la lucha contra el cambio climático». Además, consideró que el efecto provocado a 2050 sería de una reducción de emisiones del 60%. Por otra parte, Cañete valoró los pasos dados en Europa en regular por primera vez el autoconsumo y aplaudió los pasos en España «en esa buena dirección».

La CE apuesta por invertir más en tecnologías energéticas para generar empleo y no depender de otros países

Europa Press. – El director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, ha asegurado que la Unión Europea debe invertir más en nuevas tecnologías energéticas para no depender de potencias extranjeras, como China, y como palanca para generar empleo.

Según Ristori, que acudió a la inauguración del segundo Foro de energías limpias en las islas de la UE, que se está celebrando en la isla de Lanzarote, «Europa no va a ser dependiente de países como China. Europa tiene que desarrollar su propia tecnología y sistemas, fundamentales para el desarrollo económico».

Del mismo modo, el dirigente europeo incidió en que la UE debe «transformar» la transición energética «en una oportunidad económica beneficiosa paras las economías europeas y también para la gente».

 

Orbitando sobre el petróleo

Para el director general de Energía de la UE, «no es posible que en 2018 algunas islas sigan orbitando la generación eléctrica alrededor del petróleo» y dijo que Europa debe «respaldar» políticas, especialmente en las islas, «basadas en las energías limpias».

Además Ristori manifestó que «eso va a colocar a todas las islas de la UE no solo en posición de beneficiarse de la transición, sino también en ser pioneras de las energías limpias, representando un modelo para resto de territorios de la UE, pero también otros lugares del mundo».

 

Almacenamiento energético

De nuevo Ristori afirmó que «deberíamos también incorporar una nueva visión para el almacenamiento de energía. Tenemos que evaluar lo que hemos hecho pero a día de hoy en Europa hemos llegado al 30% con renovables y el objetivo es alcanzar el 55% en 10 años. Para ello, el almacenamiento es indispensable para garantizar la estabilidad».

Sobre este tema volvió a incidir en que «nuevamente las islas deben facilitar la inversión» en ese campo y en «todos los aspectos del almacenamiento, desde baterías a aire comprimido o hidrógeno».

Por último finalizó explicando que cambia la visión del consumidor, que pasa de «pasivo a activo», con sistemas más descentralizados y abiertos. «Los cambios deben ser beneficiosos para nuestra gente».

El Gobierno aprueba actuaciones especiales en infraestructura para el transporte de electricidad en Menorca como un nuevo cable con Mallorca

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha declarado la utilidad pública del proyecto de nuevo cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca y concede la autorización administrativa a su construcción. Se trata de dos pasos necesarios para avanzar en la instalación del enlace entre ambas islas, después de que Menorca viera como se quedaba sin suministro eléctrico durante más de 50 horas debido al daño provocado en una de las dos líneas de transmisión eléctrica.

La decisión adoptada por el Ejecutivo viene precedida por la que tomó el Consejo de Ministros el 27 de julio, mediante la que se modificaron aspectos de la planificación para dar vía libre al nuevo cable entre ambas islas. Además, en julio se autorizó la construcción de un by-pass dentro del nuevo cable. Con todas estas actuaciones, y las autorizaciones y permisos necesarios, se ponen en marcha los trabajos de conexión, de gran complejidad técnica y procedimental. Red Eléctrica de España (REE) estima contar con la puesta en servicio del nuevo enlace a través de by-pass a mediados de 2020.

Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, este by-pass resolverá los problemas derivados de la rotura del cable submarino y permitirá un respaldo adicional ante sucesos imprevistos como el ocurrido el pasado octubre, en el que un fenómeno meteorológico extremo causó graves daños en la red de transporte y desconectó a casi la mitad de los consumidores de la isla de Menorca de la única central de generación, sin que existiera la posibilidad de atender a la demanda mediante una fuente alternativa como puede ser el enlace con Mallorca.

La interconexión por cable entre Mallorca y Menorca, conocido como Enlace 1, está fuera de servicio desde 2017, tras 42 años en activo. Se trataba de un cable tripolar, con un cuarto cable de repuesto. En noviembre de 2017 dejó de estar operativo después de varias averías tras las agresiones externas sufridas por el daño provocado por el ancla de un barco que fondeaba en zona prohibida. Se evaluaron distintas alternativas de reparación, que no resultaron viables técnicamente, y se concluyó que la única solución para restablecer la conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca era a través de un enlace recogido en la Planificación 2015-2020.

Estas nuevas actuaciones de conexión darán mayor fiabilidad al sistema, mejor garantía de suministro y más integración e intercambio de energía renovable, que podía pasar de un suministro en torno al 5,6% a un 15% para el conjunto de Islas Baleares con el nuevo cable, añadió el Ministerio. La Planificación Energética 2008-2016 ya incluía la instalación de un segundo enlace con entrada en servicio en el horizonte 2016 pero su tramitación quedó suspendida en 2012.

Asimismo, la Planificación Energética 2015-2020, aprobada en 2015, volvió a incluir este enlace. En 2017, el proyecto obtuvo la autorización administrativa previa. Hasta el pasado mes de julio, no se habían realizado los pasos preceptivos adicionales para poner en marcha la construcción. Estos trámites previos concluyen con las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. El último plazo estimado por el transportista para la entrada en funcionamiento del nuevo cable, en su configuración definitiva, está fijado a finales de 2020.

En este periodo se deberá culminar la tramitación administrativa autonómica, fabricarse e instalar el cable y actuar respetando los condicionantes recogidos en la DIA que obliga, entre otros aspectos, a evitar molestias a especies de aves, a no alterar las actividades pesqueras durante la construcción del tramo marino y a evitar las obras en los 2 kilómetros más próximos a las costa en temporada turística.

En paralelo, la central térmica de gas de Mahón debe adaptar sus turbinas a la Directiva de Emisiones Industriales, que entra en vigor en enero de 2020, garantizando el suministro. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado una orden ministerial, en la que se otorga un régimen retributivo adicional a las inversiones necesarias para adecuar 138 megavatios (MW) de potencia en 3 turbinas de gas de esta central para asegurar la cobertura de la demanda para 2020, mientras la conexión definitiva entre Mallorca y Menorca es operativa.

Por otro lado, una segunda orden ministerial en tramitación hará posible que Baleares se opere como un único sistema eléctrico con ahorros estimados alrededor de 30 millones de euros anuales, a los que habría que sumar otros 50-80 millones anuales por la conexión con la península y 20 más cuando se establezca con un doble cable la conexión Mallorca Menorca. Esta orden también establece una nueva metodología para el cálculo del precio horario de adquisición de la demanda que se conocerá previamente y calculará a partir de variables conocidas para dar señales eficientes al mercado.

La CNMC propone recortar la retribución de redes eléctricas al 5,58% y de renovables al 7,09% para el período 2020-2025

Europa Press.- Las compañías eléctricas consideran que la retribución para las redes que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «es insuficiente” después de que el organismo regulador haya propuesto una tasa de retribución para el periodo regulatorio 2020-2025 del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de electricidad y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Esta propuesta supondría un recorte del 14,15% con respecto a la retribución actual del 6,5% para los negocios de redes y generación extrapeninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,5% vigente para las renovables. No obstante, representa un recorte menor para estas actividades respecto a la propuesta inicial que había planteado el regulador cuando sacó a consulta pública su metodología, que dejaba la retribución a las redes en el 5,47% y a las renovables entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo.

La principal novedad de la propuesta de la CNMC es que la metodología seguida se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético. Competencia señala que la metodología propuesta es «consistente, reproducible y ampliamente utilizada, y proporciona tanto estabilidad regulatoria como seguridad jurídica a empresas y consumidores».

La metodología WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas encuentran su financiación. Es decir, el WACC garantiza una rentabilidad razonable para que los proveedores de capital aporten sus fondos para la financiación de la actividad regulada. La utilización de esta metodología WACC, frente a la que fue establecida en la reforma eléctrica de 2013 de ligar la rentabilidad razonable para estas actividades al bono del Tesoro a 10 años más un diferencial de puntos básicos, ha sido bien recibida por la mayoría del sector.

Además, la CNMC indicó que esta metodología se adapta a los requisitos establecidos en la normativa sectorial para el cálculo de la tasa de retribución financiera; como son la duración del periodo regulatorio, la base de activos sobre la que aplica, una similar tasa para todas las sociedades que realizan la actividad, una similar tasa para las distintas tecnologías de generación, etc. Asimismo, en el caso de las redes, la regulación sectorial establece, entre otras cuestiones, que se debe considerar el coste de financiación de las empresas transportistas y distribuidoras comparables eficientes y bien gestionadas.

La CNMC lanzó a consulta pública en julio esta propuesta de metodología, con carácter previo a su aprobación y que respondía a la solicitud de informe realizada por el secretario de Estado de Energía, recibiendo en ese periodo un total de 38 documentos de alegaciones de empresas del sector energético, asociaciones empresariales y administraciones públicas. La CNMC indicó que estas alegaciones «han sido analizados y sus consideraciones tenidas en cuenta en la elaboración de la versión final de esta metodología».

Insuficiente para la patronal eléctrica

Por su parte, AELEC, la patronal centrada en las actividades reguladas que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), considera que la retribución del 5,58% propuesta por la CNMC para las actividades de distribución de energía eléctrica a partir de 2020 «se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente».

Fuentes de AELEC indicaron que el diferencial con respecto al bono del Estado se sitúa casi un 20% por debajo de la media de los países del entorno por lo que, si se consolide esta propuesta, «España competirá en inferioridad de condiciones para obtener los fondos e inversiones necesarios para la transición energética«. No obstante, la patronal valoró la metodología propuesta por el regulador, basada en el WACC, ya que es la que emplean casi todos los reguladores europeos y «se ajusta a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad».

AELEC subrayó que la transición energética necesita «un fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década», en el que la distribución va a jugar «un papel esencial» actuando como facilitador de este proceso de transición. Por ello, consideró que la contribución de las redes eléctricas de distribución será «crucial» para fomentar la electrificación de la economía y alcanzar los compromisos de descarbonización para 2030 y para 2050. Así, recordó que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones, «por lo que sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía».

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.