El Gobierno se plantea «anticipar» los aspectos «más urgentes» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El Gobierno tiene un debate interno en curso sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo borrador se está ultimando, para su posterior tramitación parlamentaria según ha desvelado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha reiterado el compromiso del Gobierno con «la seriedad en el marco estratégico regulatorio en materia de clima», algo que considera «fundamental» para incorporar la visión de conjunto y para orientar las políticas y las sendas clave de la transición así como las señales para cada uno de los sectores clave. Así, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un texto que está «ultimando» y que recoge todos los contenidos del proyecto de ley, pero incidió en que su tramitación oficial aún «no se ha producido».

«Hay un debate en curso en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de anticipar aquellos elementos más urgentes, entre otras cosas porque el secretario general de la ONU junto con los organismos financieros internacionales están destacando que es urgentísimo y que hay que acelerar el proceso de cambio», ha precisado Ribera. De esta forma, se abriría la puerta a que el Gobierno tramite mediante un Real Decreto algunos aspectos «urgentes» de la transición ecológica antes de su tramitación como proyecto de ley. Según han apuntado fuentes del Ministerio, se están estudiando distintas vías y no se descarta ninguna opción.

La voluntad del anterior equipo de Gobierno, de Mariano Rajoy, era presentar al final del verano un proyecto de Ley de Cambio Climático para su tramitación. Con la llegada del equipo de Sánchez, la ministra Ribera desechó el borrador de proyecto de ley para modificarlo y elevar la ambición climática. Si bien, aunque la propuesta normativa se ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios, la negociación y modificaciones del articulado del texto no terminaron aún.

Al principio de su mandato, Ribera indicó su voluntad de que el proyecto de ley iniciara su tramitación antes de final de año y que antes del 31 de diciembre estuviera presentado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, una fecha obligada para los Veintisiete. La aprobación de un real decreto que después se tramitaría como proyecto de ley sería una de las posibles fórmulas legales que tendría el Ejecutivo para dar el pistoletazo de salida de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En todo caso, ha reiterado el «consenso total» del Gobierno respecto de la necesidad, las fechas, los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático así como de la oportunidad que significa para la modernización de la economía establecer un marco «estable» que permita «de manera predecible» acompañar «todo» el proceso de cambio. Asimismo, ha añadido que el Ejecutivo tiene también la «convicción total» sobre la necesidad de prestar «particular atención» al ámbito de la energía y a la industria del automóvil, entre otros, aunque admite que estos son los que «quizá» más interés han suscitado en la opinión pública.

La ministra ha subrayado la «urgencia» de actuar contra el cambio climático ya que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como los datos científicos reclaman urgencia para actuar. Esto, según Ribera debe reflejarse en el cumplimiento «escrupuloso» de los calendarios marcados. La ministra ha señalado que en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la «trascendencia» que tiene introducir la acción climática «a toda velocidad» para la estabilidad económica y la recuperación mundial.

Por otro lado, Ribera ha agregado que las «líneas maestras» del Gobierno en materia de clima «coinciden básicamente» con la Estrategia de descarbonización aprobada por la Comisión Europea y con la Estrategia de Energía y Clima presentada por Francia y que incluyen indicaciones sobre el tipo de vehículos que circularán por las carreteras en 2040. Ribera insiste en que la transformación de la industria del automóvil es fundamental si no se quiere perder un sector «importante» en España conciliándolo con los objetivos de clima y energía, a pesar de que genera una reacción «en gran medida no ajustada a la trascendencia que tiene este asunto».

«Es imposible pensar en una economía descarbonizada si no se descarboniza la movilidad. Esto es un desafío de gran alcance para la industria del automóvil que repercute positivamente en nuestra salud pero también en la competitividad de ese sector que genera tanto empleo directo e indirecto», ha sentenciado. Finalmente, se ha defendido al comparar la propuesta española con la Estrategia de Francia, que tiene medidas «muy similares» a las que ha propuesto el Gobierno y con la propuesta «calcada» del comisario de Clima de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete.

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

Bruselas espera la normativa de prohibir coches con emisiones desde 2040 para analizar si es compatible con la regulación comunitaria

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, apuntó que la Comisión Europea no evalúa «declaraciones políticas» como el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir a partir de 2040 la venta de coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), pero que si el proyecto se convierte en norma Bruselas sí analizará su compatibilidad con las reglas de la Unión Europea.

El comisario Cañete ha recordado que además de España al menos otro cinco países de la Unión Europea han anunciado medidas similares, pero ninguno ha dado el paso de transformar las ideas en propuestas legislativas concretas. Dinamarca, Irlanda y Países Bajos han apuntado el objetivo de vetar los vehículos con motores de combustión interna en el horizonte de 2030, mientras que Francia y Reino Unido, como España, han sugerido que lo harán en 2040. Así las cosas, si alguno de estos gobiernos introduce una norma legislativa, ha explicado Arias Cañete, deberá notificar a Bruselas los detalles técnicos para que los servicios comunitarios analicen su «compatibilidad» con las reglas del Mercado Interior, una tarea que corresponde a la comisaria Elzbieta Bienkowska.

Con todo, el comisario ha apuntado que la Unión Europea se centra en «establecer estándares» comunes de reducción de emisiones que se aplican en «todo el territorio» y a «todos los fabricantes», con el objetivo de garantizar «igualdad de condiciones». Otras fuentes comunitarias insisten en que la línea que defiende Bruselas no se apoya en «prohibiciones», sino en trabajar para «limitar» las emisiones, por lo que no solo es relevante el objetivo que se persiga con la tramitación de nuevas medidas, sino también los «medios» que se utilicen para ello.

Ciudadanos pregunta a la ministra Ribera sobre plazos y costes de la realización del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas

Europa Press. – La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez Hernández, ha preguntado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los plazos y costes que maneja para la realización del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas.

De la misma manera, le ha solicitado que explique sí va a comprometerse a retomar el plan de construcción del ATC como insto el Congreso de los Diputados al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se reconoció en el posterior Plan de Residuos.

Así, la portavoz por medio de una pregunta oral, presentada en el Congreso de los Diputados, también le pregunta «¿qué ha sucedido para que cambie sus tesis en los últimos meses, pasando de cuestionar el ATC a defender incluso la posibilidad de que se construya más de uno?»

En este contexto, se refiere a las declaraciones de la titular del Ministerio de Transición Ecológica que si al llegar al cargo solicitó al CSN la paralización de todo el proceso de construcción del ATC, en una entrevista posterior alega que «es fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios ATC, rápidamente, aunque la opción favorita es tener uno solo».

Asimismo, la diputada de Ciudadanos pregunta a Ribera si va a promover el Gobierno la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos como recomendaba la comisión de expertos y como se instó desde la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados.

También se interesa por los plazos que maneja este ministerio para la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y sobre la estimación del coste de los Almacenes Temporales Individualizados que se han construido y que a priori serían innecesarios en caso de contarse con el ATC.

Feijóo defiende ante Ribera una transición energética para Galicia «planificada y moderada» y no «abrupta” o que eleve los precios

Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma «planificada y moderada», y no de forma «abrupta» para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión. Según explicó al término, Galicia es «una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables», con un nivel que alcanzará en breve el 20% del total. «Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos», reiteró. Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le ha trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas. «En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías», ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30% y un 40% del gasto. Por este motivo, ha recalcado que esas 10 empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y señaló que estas empresas, incluido el caso de Alcoa «que está en situación crítica», necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

«El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas», ha añadido. Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que próximamente se celebrará la subasta de interrumpibilidad, a lo que el presidente gallego le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y «por lo tanto habrá menos energía a precio contenido» que en 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensatorios vía ley de Presupuestos.

Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que «no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo». «En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa«, ha puntualizado, para luego señalar que desde el Ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha a su cierre «fueron malinterpretadas».

Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones. «Tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados», ha añadido.

Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40% de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es «estructural». Así, han pactado con el Ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán próximamente, y que se sumaran a la existente. Además, puntualizó que esas tres plantas «necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado».

«Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos«, ha recordado. Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes campings.

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

Más de 70 activistas de Greenpeace acceden al puerto de la central térmica en Carboneras y piden su cierre

Europa Press. – Más de 70 activistas de Greenpeace de siete nacionalidades distintas han accedido a bordo de 45 kayaks al puerto de la central térmica de Endesa en Carboneras (Almería) para exigir su cierre a la compañía eléctrica.

Los activistas participan en esta acción de «protesta pacífica» portando pancartas con los mensajes ‘Apaga el carbón’ y ‘No al carbón’.

De esta manera, Greenpeace ha destacado que, según un reciente informe publicado por la plataforma ‘Europe Beyond Coal’, Endesa es responsable de 410 muertes prematuras, 14.000 ataques de asma en población infantil, 300 casos de bronquitis en adultos y más de 1.000 millones de euros en costes a la salud de la sociedad española.

En relación a esto, hay que destacar que la compañía eléctrica ya anunció en 2016 que no invertiría en sus térmicas de carbón de Compostilla y Andorra. Además, la semana pasada confirmó que iniciará el trámite legal establecido para solicitar sus cierres. Sin embargo, Endesa no tiene planes de cierre para la central de Carboneras ni para la de As Pontes (A Coruña), y no ha confirmado el cierre completo de la de Alcudia (Mallorca), según ha señalado el colectivo.

Según ha asegurado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, «es hora de que Endesa asuma un compromiso urgente y real en la lucha contra el cambio climático y la transición energética y establezca 2025 como el año límite para cerrar sus centrales térmicas de carbón y asegurar que sus centrales nucleares se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación».

Así, desde la organización ecologista, la Central Térmica Litoral de Almería, ubicada en Carboneras, ocupa el puesto 49 en emisiones contaminantes de las 266 centrales que se han analizado en Europa, siendo responsable de 67 muertes prematuras y unos costes en salud que superan los 200.000 euros por sus emisiones en 2016. Además, es la tercera en España, y primera de Andalucía, en emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ya que emite más de cinco millones de toneladas al año.

En conclusión, Greenpeace ha apuntado la necesidad de medidas urgentes y ambiciosas, como el fin del carbón y el resto de energías sucias y su sustitución por renovables, para frenar este grave problema con una intensa campaña de movilización y sensibilización.

Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

España destina como contribución voluntaria 450.000 euros a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria con un total de 450.000 a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático. Así, se ha acordado destinar 200.000 euros al Fondo de Actividades Suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), que es el principal instrumento internacional para atajar este problema global, así como al Acuerdo de París.

CMNUCC fue adoptada en 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, y su objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. Además, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, ha sido ratificado por 134 países hasta la fecha. Tras la cumbre de París se constituyó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Sus actividades se financian por las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus miembros a través de dos fondos, el Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación. También a través del Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios. El presupuesto para el bienio 2018-2020 incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias y el importe de la contribución voluntaria para el ejercicio 2018 es de 200.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de 200.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y Caribe para las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCCC). Entre las actuaciones de cooperación de España en la lucha contra el cambio climático destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficina de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

En la misma línea, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que autoriza la contribución voluntaria de 50.000 euros al Paternariado Internacional de Acción de Carbono. El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

ICAP funciona mediante programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año. España destinará en 2018 un total de 50.000 euros.