En Comú Podem solicita al Gobierno que realice una consulta pública que verifique la aceptación del gasoducto MidCat

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Europa Press. – En Comú Podem ha planteado al Gobierno de España la realización de una consulta pública para comprobar la aceptación de la ciudadanía al proyecto MidCat, que uniría Cataluña y el sur de Francia a través de una interconexión gasística.

De esta manera lo ha solicitado la formación de Unidos Podemos, a través de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, plantea al Ejecutivo la realización de esta consulta, considerando que existen «evidentes contradicciones» entre «las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París» y la apuesta de la Comisión Europea por este tipo de infraestructuras, que permitiría importar combustible fósil y contaminante.

En el mismo sentido, asegura que las importaciones de gas a la Unión Europea «son fundamentalmente de países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos», por lo que pregunta si apuesta el Gobierno por este tipo de importaciones o por generar mayoritariamente electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

En relación al proyecto MidCat, el diputado de En Comú quiere saber si ha habido reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y si dispone de estudios que acrediten que el proyecto no afectaría al medioambiente y a los trabajadores del campo.

El TUE da la razón a Madrid, París y Bruselas y anula los nuevos límites de emisiones del diesel

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Europa Press.- El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha dado la razón a Madrid, París y Bruselas en su recurso contra la decisión de la Comisión Europea de establecer unos nuevos límites para las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de vehículos diésel superiores a las que fijaba la norma anterior y ha anulado dichos topes.

La Justicia europea ha concluido que el Ejecutivo comunitario no era competente para modificar los límites de emisiones incluidos en la norma Euro 6 para los nuevos ensayos en condiciones reales de conducción (ensayos RDE) que los vehículos deben superar en el marco de los trámites de homologación. El objetivo de estas pruebas es conocer el verdadero nivel de emisiones contaminantes en condiciones reales de conducción, algo que no consiguen los ensayos de laboratorio, y evitar el uso de dispositivos que manipulen los resultados, como ocurrió en el escándalo Volkswagen.

En 2016, la Comisión Europea fijó estos límites a partir de los topes definidos para la norma Euro 6, asignando a éstos unos coeficientes de corrección para tener en cuenta «ciertas incertidumbres estadísticas y técnicas». Así, por ejemplo, para un límite definido en Euro 6 de 80 miligramos por kilómetro (80 mg/km), el nuevo límite en ensayos RDE se fijó en 168 mg/km para un periodo transitorio y después en 120 mg/km. Los ayuntamientos de París, Bruselas y Madrid interpusieron sendos recursos de anulación ante el TUE porque consideraban que la Comisión no podía adoptar esos valores de emisiones de NOx al ser menos exigentes que los límites fijados para la norma aplicable, Euro 6, aprobado en el año 2007.

No a los coeficientes correctores

En primer lugar, el TUE confirma que los 3 consistorios están legitimados para impugnar los límites de emisiones determinados con respecto a los ensayos en condiciones reales de conducción, algo que cuestionaba el Ejecutivo comunitario. En segundo lugar, los jueces europeos señalan que los límites de emisiones fijados en la norma Euro 6 constituyen «un elemento esencial» de la normativa que «la Comisión no puede modificar«. Por tanto, concluyen que la Comisión «no era competente para modificar, mediante la aplicación de coeficientes de corrección, tales límites para los ensayos RDE».

El tribunal de Luxemburgo añade que, incluso si se admitiese que determinadas limitaciones técnicas pueden justificar cierta adaptación con una diferencia como la que finalmente se aprobó, resulta «imposible» determinar si se respeta la norma Euro 6 en ensayos RDE. En consecuencia, el TUE determina que debe anularse la disposición que fija los límites de las emisiones NOx en el nuevo reglamento, pero mantiene el resto de disposiciones sobre las condiciones en las que deben realizarse los ensayos RDE. Sin embargo, el TUE aboga por mantener los efectos de la disposición anulada para el pasado y durante un periodo «razonable» que permita modificar la normativa, que no podrá exceder los doce meses, con el objetivo de no crear inseguridad jurídica.

Unidos Podemos cree insuficiente el plan de Maroto para la industria electrointensiva pues no garantiza la permanencia de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre. «Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de 6 meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella», ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz.

“No habrá nada que salvar”

En este sentido, la diputada de En Marea instó al propio Ministerio de Industria a actuar «ya desde la SEPI». Díaz reaccionaba así al decreto ley aprobado por el Gobierno para disminuir los costes energéticos para la industria electrointensiva, que contempla también el impulso de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y la prórroga de la vida útil de instalaciones de cogeneración. «Nos toman el pelo. Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar», ha replicado, por su parte, el diputado de Podemos Segundo González, que ha cuestionado, como su compañera, que el anunciado Estatuto pudiera evitar el desmantelamiento de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Por ello, González ha pedido directamente a la titular de Industria, Reyes Maroto, que «rectifique» y «aplique el artículo 128.2 de la Constitución ya», tal y como viene exigiendo Unidos Podemos, con el fin de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en las plantas. Este artículo reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y reconoce a los poderes públicos la posibilidad de intervenir en empresas «cuando así lo exigiere el interés general».

El Gobierno tramitará por vía urgente las condiciones técnicas y administrativas para regular el autoconsumo energético en España

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Europa Press.– El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la tramitación mediante real decreto de las condiciones técnicas y administrativas que regularán el autoconsumo de energía en España. El Ejecutivo concluye que la tramitación ha de realizarse por vía de urgencia, dado que el real decreto-ley 15/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados, establece el mandato al Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en 3 meses desde su entrada en vigor el pasado 6 de octubre.

En el decreto aprobado el pasado mes de noviembre se llevó a cabo una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, eliminando entre otras medidas el denominado impuesto al sol, «con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global», indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, la norma recogía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que permitan implementar completamente el autoconsumo. El Ministerio subrayó que, particularmente, era preciso regular las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo. Por ello, considera que la aprobación de una norma que regule estas cuestiones resulta «imprescindible y urgente». El Gobierno concluye que concurren circunstancias extraordinarias para autorizar que esta regulación sea tramitada de forma urgente mediante real decreto.

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones de euros para proyectos que presenten una alternativa en zonas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes. En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas. El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito en 2013 por el entonces Ministerio de Industria, con los sindicatos y la patronal Carbunión.

La Comisión Europea quiere fortalecer el papel internacional del euro y desafiar el dominio del dólar como principal divisa global

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Europa Press.- La Comisión Europea ha defendido la necesidad de fortalecer el papel del euro en la escena internacional y desafiar el dominio del dólar como principal divisa global, con una atención especial en el campo de la energía, en el que Bruselas desea impulsar el uso de la moneda europea para reducir la «exposición» de la Unión Europea al billete verde.

El euro se utiliza en el 36% de las transacciones internacionales y representa el 18% de las reservas de divisas en bancos centrales extranjeros. Es la segunda divisa más utilizada del mundo por detrás del dólar, que se utiliza en el 40% de los pagos globales y representa el 62% de las reservas globales. Para el Ejecutivo comunitario, impulsar el papel internacional del euro es «parte del compromiso de Europa con una economía y un comercio globales y basados en normas» y llega en un momento en el que las tendencias internacionales y el desarrollo de nuevas tecnologías «están apoyando un cambio hacia un sistema más diversificado de varias divisas globales». «Ahora es el momento para impulsar esto», subraya Bruselas.

La Comisión Europea afirma que un euro más fuerte en la escena global ayudará a mejorar la solidez del sistema financiero internacional, dará una opción adicional a los operadores de mercado y hará a la economía mundial «menos vulnerables a los shocks vinculados a la fuerte confianza de muchos sectores en una sola divisa«. Bruselas también asegura que esta estrategia tendrá beneficios «tangibles» en el bloque comunitario porque fortalecerá la protección de ciudadanos y empresas. Así, la Comisión Europea ha apuntado que concluir varias iniciativas europeas aumentarán la «credibilidad y atractivo» de la moneda única, como completar la Unión Económica y Monetaria (UEM), adoptar medidas para reforzar el sistema financiero e impulsar el uso del euro en sectores estratégicos clave.

En este sentido, Bruselas presentó un documento específico sobre el papel internacional del euro en el sector energético, con el objetivo de impulsar su utilización y reducir la exposición al «régimen del dólar», que «supone incertidumbres, riesgos y costes» que podrían ser mitigados si se firman más contratos denominados en la divisa europea. En la actualidad, la Unión Europea es el mayor importador mundial de energía y su factura anual asciende a 300.000 millones de euros, de los que un 85% se pagan en dólares estadounidenses. Aumentar los contratos energéticos en euros, defiende Bruselas, permitirá que las empresas europeas se beneficien de una mayor autonomía y se financien con una menor exposición a las acciones legales iniciadas por terceros países.

Además, la Comisión Europea remarca que fortalecer el euro en este sector ayudará al bloque comunitario a completar la Unión Energética de forma que garantice que el suministro energético es «seguro, viable y accesible para todos». «Fortalecer el papel internacional del euro en el campo del comercio y la inversión energética ayudará a reducir los riesgos de disrupción del suministro y promocionará la autonomía de las empresas europeas. Puede, por tanto, hacer una importante contribución a nuestro objetivo de garantizar la seguridad de suministro», destacó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Para ello, el Ejecutivo comunitario lanzará una serie de consultas públicas, cuyos resultados presentará en verano. En primer lugar, pedirá comentarios sobre el mercado potencial para un uso ampliado de la moneda única en transacciones de petróleo, productos refinados y gas. También lanzará una consulta para conocer qué acciones se pueden realizar para impulsar el uso de la moneda única en el sector del transporte.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

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Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

Causapié, portavoz socialista del Ayuntamiento, hace balance positivo de Madrid Central pero pide mejorar la fluidez en el transporte público

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Europa Press.- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, hizo un buen balance de la puesta en marcha de Madrid Central, aunque cree que debe mejorar la fluidez de Metro de Madrid y los autobuses, en coordinación entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes.

«Parece que va todo bien, quiero poner en valor el inicio de este gran proyecto para la ciudad de Madrid que espero que sea un gran proyecto para acabar con la contaminación, mejorar la salud de los madrileños y la utilización de ese espacio que debemos de disfrutar todos los madrileños, dando más prioridad a los peatones y un poco a los coches», ha señalado la portavoz socialista. No obstante, cree que en este periodo de prueba habrá aspectos que tendrán que ir mejorando para que funcione «bien» y desde el PSOE ha asegurado que van a estar «en la evaluación permanente en el día a día para ir mejorando».

En este punto, Causapié considera que el Consorcio, Comunidad y Ayuntamiento tienen que «mejorar el Metro y los autobuses» para que «funcione bien el transporte y se den garantías a los madrileños, no solo durante el día sino por la noche». Además, la portavoz socialista en el Consistorio ha solicitado al Gobierno municipal que haga «una excelente campaña de información», algo que asegura le llevan pidiendo «desde hace mucho tiempo».

Primera fase informativa sin multas

En sus 472 hectáreas de superficie (prácticamente la totalidad del distrito Centro), se elimina el tráfico de paso y la circulación de los vehículos más tóxicos para reducir la contaminación en la zona un 40%, con una primera fase sin multas. Esta zona de bajas emisiones, incluida en el Plan A de Calidad del Aire, tiene como objetivo «reducir la contaminación, el ruido y mejorar el reparto del espacio público», indicó la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

En este espacio estará restringido el tráfico de los vehículos, excepto residentes, transporte público, los vehículos de determinados colectivos necesarios para el distrito y los menos contaminantes, según los distintivos ambientales de la DGT, que se recomienda llevar en el parabrisas hasta que comience a ser obligatorio, el próximo 24 de abril de 2019, según la ordenanza de Movilidad Sostenible.

La primera fase será informativa, con controles manuales de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, esto es, lo que rige fundamentalmente es la señalización vertical y horizontal, aunque todas las cámaras estén instaladas. Los policías informarán de las normas de Madrid Central. En enero entrará en funcionamiento el control automático con dos meses de notificaciones de las infracciones sin multas.

Madrid Central elimina el tráfico de paso por el distrito y también los vehículos más contaminantes y que más kilómetros realizan para conseguir una reducción de emisiones del 40% en la zona. Su zona de aplicación está delimitada por la circunvalación de rondas y el eje Prado-Recoletos. El perímetro lo forman las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Se ha pintado en la calzada una doble línea roja que señala el perímetro de Madrid Central. Por la zona delimitada pasan más de 70 líneas de la EMT, 6 de Metro y 9 de Cercanías. Hay además 59 paradas de Bicimad, 27 paradas de taxi y una decena de empresas de carsharing, junto a 9.000 plazas de rotación y 4.000 plazas en aparcamientos disuasorios en la ciudad. Sabanés insistió en que se llega a Madrid Central tras tres años de trabajo y un proceso «dialogado» con todos los sectores, expertos, con el Ministerio, etc.

Como norma general podrán acceder y circular los vehículos de personas empadronadas dentro del área de Madrid Central y con movilidad reducida. Además, hay una serie de excepciones y moratorias para diversos colectivos, como los invitados de las personas residentes (20 invitaciones al mes), distribución urbana de mercancías, empresas de servicios, fuerzas de seguridad y emergencias, colegios o trabajadores nocturnos. Los vehículos con etiqueta CERO y ECO podrán acceder y estacionar en el SER. Y los que tengan etiquetas B o C podrán acceder para aparcar en un garaje particular, reserva de estacionamiento no dotacional o aparcamiento de uso público.

En el caso de las motos y ciclomotores, podrán entrar y estacionar sin limitaciones con etiqueta CERO o ECO. Con clasificación B o C podrán acceder entre las 7 y las 22 horas. Fuera de ese horario podrán hacerlo si estacionan en un parking, garaje particular, plaza de aparcamiento para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional. Los paneles informativos con la ocupación de los parkings llegarán en meses. En la web municipal madrid.es se ha creado un apartado dedicado a Madrid Central, donde se recoge toda la información sobre el funcionamiento de Madrid Central.

Las excepciones y moratorias permiten acceder a vehículos de empresas y profesionales de servicios y suministros en un horario en función de la tecnología del vehículo, permitiendo la circulación de vehículos sin etiqueta durante un periodo de transición. Según se recoge en ordenanza, los vehículos con MMA no superior a 3.500 kilogramos que no tengan distintivo ambiental podrán acceder hasta diciembre de 2019 y el resto tendrá un horario diferenciado en función de su tecnología.

Los titulares de plazas de garaje particulares y plazas de aparcamiento municipal para residentes situadas en Madrid Central podrán acceder a sus plazas con cualquier vehículo hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando no se les permitirá el acceso sin distintivo ambiental. Los propietarios de plazas deberán acreditar su propiedad, solicitar permiso para un vehículo y si precisan acceder con otro podrán hacer un cambio de matrícula al día.

Los parkings de uso público o privado y reservas de estacionamiento no dotacional podrán acceder para estacionar todos los vehículos que tengan etiqueta ambiental. Los taxis, así como VTC con servicio previamente contratado, deberán tener distintivo ambiental para acceder. Los que tengan distintivo B podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2022 salvo en el caso de vehículos acondicionados para el transporte de las personas con movilidad reducida, que podrán seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

A los vehículos de carsharing se les aplica la norma general. En su mayor parte son eléctricos, por lo que podrán circular y aparcar en el SER sin limitaciones. Las actividades y establecimientos ubicados en Madrid Central tendrán 10 permisos individuales de un día al mes. Los vehículos sin etiqueta podrán ser invitados hasta el 31 de diciembre de 2019.

El Gobierno «no duda» sobre las propuestas del horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística

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Europa Press.- Equo ha acusado al Gobierno de ceder ante «las presiones de la industria del automóvil» por eliminar la fecha de prohibición para la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2, que en un primer momento se había establecido para 2040. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene ninguna duda» de que la fecha para la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos debe ser 2040.

Ribera reiteró la importancia de fijar una fecha de referencia «para dar estabilidad y fijar el proceso de transformación de la industria», y subrayó que para el Gobierno 2040 es «la mejor fecha». La titular de Transición Ecológica destacó que esa fecha está respaldada por las señales que han dado en esa dirección tanto la Comisión Europea, «incluido el comisario de Energía, que hizo comentarios un poco confusos en voz alta», como Francia, un país con «potencial industrial asociado al automóvil y sede de dos de las casas automovilísticas más importantes, como Renault y PSA».

Ribera señaló que «es imposible» abordar una estrategia de descarbonización «seria» sin afrontar que todos los coches nuevos en 2040 «deberán ser cero emisiones». No obstante, defendió la «neutralidad tecnológica» ya que en ese horizonte es imposible saber qué tipo de vehículos habrá. «Pero sí la referencia de que deberán ser cero emisiones», apuntó. La ministra afirmó que la industria está en una transformación «muy profunda a escala global», por lo que los gobiernos deben acompañar en ese proceso para que la industria europea «no pierda ese tren», pero «sin olvidar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de clima».

«Es un sector importantísimo desde el punto de vista del empleo, del peso industrial y de la salud y del riesgo asociado al cambio climático», añadió. Asimismo, consideró que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se trata de un documento de trabajo abierto y en el que el Gobierno está «ocupado», pero que en ningún momento existe «ninguna decisión concreta».

Devolverá peajes a la CNMC

Por otra parte, Ribera confirmó que el Gobierno devolverá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de 2019 la potestad para fijar los peajes de la luz y del gas, unas competencias que le fueron arrebatadas por el anterior Ejecutivo y que había provocado que existiera la amenaza de sanción por Bruselas. «Lo que hemos hecho ha sido trabajar con la propia CNMC para poder entender cómo dábamos una solución a la práctica habitual de nuestro ordenamiento y nuestras instituciones. Es lo que es compatible con el marco comunitario», explicó.

Ribera reiteró que pronto se dará a conocer la senda que el Gobierno cree «más adecuada» para conseguir ese objetivo de descarbonización y afirmó que la transformación del sector eléctrico de 2021 a 2030 movilizará «algo más de 100.000 millones de euros. La ministra subrayó que la transición energética presenta «grandes desafíos», pero también ofrece «grandes oportunidades» que deben incluir la referencia de la solidaridad y «el trabajo serio y comprometido desde el Gobierno para que estos años convulsos se conviertan en años de prosperidad».

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aprovechó para pedir a la ministra que en esa hoja de ruta que se está diseñando para la transición energética se recoja un entorno «claro» y que se «pueda escuchar» a las empresas antes de tomar las decisiones. «Estamos para respetar las reglas del juego y sólo pedimos que sean claras y un entorno estable», indicó.

El directivo reiteró la necesidad de escuchar a las empresas antes de tomar las decisiones, «que son del Gobierno», para que esa «ambiciosa» ley pueda contemplar los diferentes puntos vista. Así, el ejecutivo de Naturgy indicó que estamos ante la «gran transformación» para el sector en los últimos años, en la que las compañías deberán adaptarse a un entorno «cambiante».

Equo habla contra el Gobierno

Según indicaron desde la formación ecologista integrada en el Congreso en el grupo confederal de Unidos Podemos, el borrador del decreto ley de medidas urgentes contra el cambio climático deja sin fecha esta prohibición, algo que lamentan como un «paso atrás» del Ministerio para la Transición Ecológica. «Consideramos que es un error y que obedece a las presiones de la industria del automóvil, una vez más, sin tener en cuenta los beneficios que tendría para la sociedad en general», apuntó el diputado de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer el contenido de este borrador.

«La mayor parte de la producción de coches en España se exporta, y por tanto nuestra industria debe estar preparada cuanto antes para el cambio que se está produciendo ya», ha apostillado, recordando que la Comisión Europea contempla este límite de 2040, con el fin de establecer un futuro de cero emisiones en 2050. De esta forma, España no estaría en condiciones, según esta formación, de alcanzar los acuerdos de París, y pide al Gobierno que asuma este escenario. «No tiene sentido eliminar la fecha en el Decreto para ponerla después», criticó López de Uralde.

«Lo que hay que hacer es comenzar cuanto antes la transformación para que el impacto sea el menor posible en los puestos de trabajo. Sin olvidar que también es una oportunidad», ha concluido el diputado verde. Por su parte la coportavoz de Equo, Carmen Molina, ha subrayado la necesidad de «avanzar hacia políticas valientes que realmente supongan un impacto claro en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). «Tenemos que adoptar medidas contundentes y rápidas, ya nos hemos demorado demasiado tiempo», afirmó.