El ministro de Industria, Joan Clos, consideró que la Unión Europea ha dado un «paso cuantitativo» hacia el uso de las energías sostenibles, aunque reconoció que España hubiera preferido que el avance hubiera sido «más firme», dando un carácter obligatorio al uso de combustibles renovables. Clos también se mostró satisfecho por la decisión de los 27 de llegar en 2010 al 10 por ciento de interconexión de la capacidad de producción instalada en sus redes.

El ministro se expresó así, en declaraciones a los periodistas, tras participar en la reunión de responsables de Energía de la UE, en la que acordaron fijar un objetivo mínimo obligatorio del 10 por ciento de consumo de biocombustibles para 2020. Los 27 no lograron, sin embarco, consensuar límites vinculantes para las energías renovables, como pretendía un grupo de países entre los que se encontraba España.

Clos opinó que los ministros de la UE consiguieron hoy un progreso importante hacia un mercado europeo de la energía, aunque insistió en que España apostaba por un mayor compromiso con los objetivos cuantitativos. El ministro español también se mostró de acuerdo con el objetivo acordado hoy de lograr una «separación efectiva» de las actividades de suministro y generación de la gestión de las redes, sin necesidad de obligar a las compañías que operan en los dos ámbitos a desprenderse de activos. De esta manera, explicó Clos, todos los países de la UE se comprometen a que la red funcione como un operador neutro, lo que supone, a su juicio, un avance cuantitativo respecto a la situación actual. Aludió a las reticencias de algunos países pequeños, como Luxemburgo y los bálticos, a ceder el control de su red energética, e insistió en que, para despejar sus temores, sería suficiente con establecer unos plazos de adaptación adecuados. En cualquier caso, advirtió el ministro, sin unas redes energéticas independientes será muy difícil llegar a un mercado europeo de verdad.

Por último, en relación a las interconexiones, Clos señaló que Italia solicitó un objetivo mayor del 10 por ciento para 2010 e indicó que, para España, esa cifra ya supone un avance muy importante, frente al 3 por ciento actual.

La nueva presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, aseguró hoy que la central de Santa María de Garoña (Burgos) será sometida hasta 2009 «a una gran ITV» para determinar su estado y la posibilidad de prorrogar su permiso de explotación, que cumple ese mismo año.

El titular de Garoña, Nuclenor, pidió en junio del año pasado al ministerio de Industria la solicitud de prórroga de autorización de explotación durante otros diez años más, hasta 2019, una ampliación que será decidida por el Gobierno a partir del informe que elabore el CSN, según recordó la pasada semana en el Congreso el titular de Industria.

El CSN, explicó Martínez Ten en su primera comparecencia ante los medios tras su nombramiento a mediados de noviembre, empezó ya el año pasado un trabajo en Garoña que se prolongará durante tres años, en los que se va a hacer «una inspección de la situación de la central muy en profundidad». En paralelo, Garoña ha pedido al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) que le haga una auditoría de sus sistemas de seguridad, como ya ha hecho en otras nucleares como Cofrentes, explicó la presidenta del CSN. «Si la central tiene problemas -advirtió- no volverá a arrancar y si las conclusiones son positivas será el Gobierno, al que se elevará el informe, el que tome la decisión», precisó Martínez Ten, quien reiteró que el Consejo «tiene que llegar a 2009 con los deberes hechos y que en eso se empleará a fondo».

La central de Garoña es la segunda que se construyó en España, tras Zorita (Guadalajara), cerrada en abril del año pasado, y tiene 466 Mw de potencia eléctrica, la menor de todas las que continúan en funcionamiento.

La presidenta del Consejo, que compareció acompañada del resto de consejeros (Luis Gámir, Julio Barceló, Antonio Colino y Francisco Fernández), afirmó que en la nueva etapa el máximo organismo regulador «va a cambiar; va a ser más transparente y va a abrir puertas para que ecologistas, ciudadanos y sindicatos sepan qué se está haciendo».

Sobre el uso de la energía nuclear, Martínez Ten dijo que la situación energética está en «una encrucijada», y el problema del cambio climático junto a la dependencia energética «están encima de la mesa», pero que no le corresponde al Consejo la política en esa materia sino la protección radiológica de los ciudadanos y el medio ambiente y velar por la seguridad de las instalaciones. Añadió que la gestión del problema de corrosión en las tuberías de la central de Vandellós II (Tarragona) detectado en agosto de 2004 y que mantuvo la planta parada 5 meses y medio en 2005 supuso «un punto de inflexión» tanto para la industria, que «tiene claro» que debe invertir en seguridad, como para el Consejo.

El ministro de Industria decidió el pasado mes de agosto imponer a los titulares de la central la mayor sanción que se ha impuesto nunca a una nuclear en España, 1,6 millones de euros, que la empresa anunció que recurriría. A partir de ese suceso, dijo Martínez Ten, el Consejo publicó un documento de «lecciones aprendidas» que ha supuesto la puesta en marcha un procedimiento de inspecciones inmediatas. Además se ha decidido incorporar un proceso de autoevaluación que se pondrá en marcha en los próximos años, añadió la presidenta, a quien también acompañaban en su comparecencia Isabel Mellado, directora de Seguridad Nuclear, y Juan Carlos Lentijo, director general de Protección Radiológica.