El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá su asignación en los Presupuestos de 47 millones de euros durante 2019

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Europa Press.– El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá prácticamente invariable su asignación presupuestaria para 2019, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación. Así, el CSN contará con 47 millones de euros de asignación presupuestaria, la misma suma que durante 2018, aunque con un ligero incremento del 0,1% respecto a los 46.877.940 euros del año pasado.

Se trata del segundo año consecutivo en que el regulador nuclear mantiene su partida presupuestaria, con muy leves incrementos, puesto que el año pasado aumentó un 0,9% respecto al 2017. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. El organismo se enfrenta actualmente al proceso de renovación de buena parte de los consejeros del pleno por motivo de fin de mandato o por jubilación.

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

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Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

El Gobierno subirá 3,8 céntimos el diésel, con un coste de 36 euros anuales para los particulares

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Europa Press.- Al mismo tiempo que el Gobierno confirmaba que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» dirigido a movilidad, aire, eficiencia y comarcas afectadas, el Ejecutivo aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de 3 euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año. La Agencia Tributaria identificará cuando se utiliza el combustible con carácter profesional. «La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento recaudatorio se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico españoly también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

«Presupuesto especial» para transición ecológica

Por otro lado, la transición ecológica de España hacia un futuro bajo en carbono tendrá «un presupuesto especial» según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha adelantado que el presupuesto para la transición ecológica se centrará especialmente en el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire, el fomento de la eficiencia ambiental y para impulsar las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. «Estas son señas de identidad», ha defendido la ministra.

Entre las partidas, ha precisado que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12%, y permitirán impulsar las zonas afectadas, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras. Se trata, según defiende el Ejecutivo el proyecto presupuestario para 2019 es «respetuoso» con el medio ambiente y busca «reducir progresivamente» las emisiones contaminantes de España. Para ello, con un objetivo «no recaudatorio», se incrementará la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

Alcoa plantea parar la serie de electrolisis en A Coruña y Avilés para que esté operativa si hay un inversor

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Europa Press.– Alcoa se ha mostrado dispuesta a apagar la serie de electrolisis en sus fábricas de A Coruña y Avilés, sobre las que pesa el anuncio de cierre, para que esta parte de actividad de las plantas pueda estar operativa si surge un inversor. Así actúa la empresa al demorar 6 meses el ERE presentado para ambas fábricas, como solicitó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

De la reunión mantenida con el Gobierno, representantes de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias y sindicatos, no han querido concretar nada sobre su posicionamiento. Únicamente han dicho que se trataron «numerosas ideas». Sí han insistido en que tanto la fábrica de Coruña como la de Avilés «están afectadas por problemas estructurales». «Organizativos, productivos y tecnológicos», han añadido, incidiendo en que esto supone «menor capacidad de producción y altos costes operativos». A ello, suman «una tecnología obsoleta, menos eficiente».

Con todo, han dicho que la multinacional está dispuesta «a apagar la serie de electrolisis, una de las partes de la actividad en las fábricas junto a la fundición, para que quede en condiciones óptimas durante un período de tiempo«. De esta forma, según han explicado, «si surge un inversor interesado», podrían volverse a poner en funcionamiento. No obstante, han indicado que, para ello, necesitarían la «cooperación» de los trabajadores.

Hasta el 30 de junio

Por su parte, el Gobierno arrancó a la empresa el compromiso de fijar un plazo de 6 meses para buscar una alternativa al cierre de las plantas. Esto implica la paralización del ERE puesto en marcha por la compañía estadounidense en ambos centros españoles y que se pueda trabajar con un escenario temporal más amplio para encontrar soluciones al problema.

«Hay soluciones y estamos evaluando proyectos», aseguró la titular de la cartera de Industria, al tiempo que resaltó la necesidad de una voluntad por parte de Alcoa para llegar a soluciones similares a las que se alcanzaron en los casos de Vestas y de Cemex. «Si hay voluntad por parte de la empresa, el Gobierno ya ha demostrado en los casos de Vestas y Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresa que se produzca en este país», añadió.

Por otro lado, fuentes de Industria explicaron que se ha abierto una línea de trabajo con la empresa tras el bloqueo mantenido en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. «Ahora se pasa a un escenario de prudencia en el que se han puesto sobre la mesa varias propuestas, entre las cuales está establecer 6 meses de plazo para analizar todo«, añadieron dichas fuentes.

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

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Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.

Las instalaciones nucleares españolas notificaron al CSN 31 sucesos en 2018, un 22% menos que en 2017

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Europa Press.- Las instalaciones nucleares españolas comunicaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a lo largo de 2018 un total de 31 sucesos, todos ellos calificados con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). La cifra es un 22,5% menor que los 40 sucesos notificados durante 2017, un año en el que 39 de ellos fueron clasificados como nivel 0 y uno, en Cofrentes, se clasificó como nivel 1 en la escala INES, lo que supuso una anomalía de funcionamiento.

Concretamente, fueron las centrales nucleares de Ascó II y Vandellós II, ambas en Tarragona, las que más incidencias comunicaron al regulador, con 6 sucesos cada una. A esta le siguieron la central cacereña de Almaraz, cuya unidad II notificó 5 sucesos y la unidad I otros 3. Además, la central nuclear de Cofrentes (Valencia) notificó 3 sucesos y Ascó I informó de otros 2. Por su parte, la planta de Trillo (Guadalajara) solo notificó 1.

Más allá de las centrales nucleares de generación eléctrica, la fábrica de combustible de uranio de Juzbado (Salamanca) notificó 5 sucesos. A lo largo del año todos los sucesos que se notificaron fueron calificados por el regulador con nivel 0 en la escala INES, lo que supone que todos estuvieron por debajo de la escala y que no tuvieron significación para la seguridad, ni generó impacto a los trabajadores, el público ni en el medioambiente.