El consejo de reguladores del MIBEL analiza el impacto de su actividad en consumidores y pymes

Europa Press.- El consejo de reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) se ha reunido para analizar el desarrollo de su actividad y su impacto en consumidores y pymes, así como su contribución a la implementación del Mercado Único Europeo de la Energía. En el encuentro se ha revisado la situación de los consumidores minoristas de electricidad y de las pymes, los cambios estructurales en el mercado de la electricidad, así como sobre la competitividad y desafíos para el MIBEL y el Mercado Único Europeo.

«Uno de los principales retos es reforzar los mecanismos de participación de los consumidores en el mercado eléctrico, lo que debe ir acompañado de un esfuerzo para aumentar el conocimiento y entendimiento de este mercado por parte de los mismos», afirma el consejo. En esta línea, incide en la necesidad de avanzar en la armonización del marco regulatorio entre España y Portugal y con el resto de mercados europeos, para así seguir progresando en la construcción del mercado único. «Esta convergencia debe hacerse sobre la base de mecanismos de mercado que trasladen señales eficientes de precios tanto a consumidores como a participantes de mercado», agrega.

El consejo de reguladores del MIBEL tiene previsto publicar antes de final de año dos estudios, uno relativo a la integración en el mercado de la producción con energías renovables y otro centrado en el análisis comparativo de los precios mayoristas del MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos. El MIBEL es el resultado de la cooperación entre España y Portugal y su puesta en funcionamiento tuvo lugar en julio de 2007, tras el consiguiente proceso de armonización de la legislación, así como de las reglas y condiciones de acceso de ambos sistemas eléctricos.

El CSN autoriza la puesta en marcha de la celda 30 del centro de almacenamiento de residuos de El Cabril

Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente de la puesta en marcha de la fase de explotación de la celda 30 de almacenamiento de residuos de muy baja actividad (RBBA) de El Cabril (Córdoba), que gestiona Enresa. Este tipo de celdas fueron autorizadas en 2006, mediante una resolución del Ministerio de Industria en la que permitía a Enresa la ejecución y montaje de las celdas de almacenamiento de RBBA en El Cabril.

Posteriormente, en 2008 se autorizó a Enresa a efectuar la modificación de diseño de la instalación nuclear de El Cabril para almacenar RBBA en cuatro celdas a construir sucesivamente; la celda 30 es la segunda de las ya construidas. Además se incluyó un anexo con condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica, en la que se requería la apreciación favorable previa del CSN para iniciar la construcción de cada nueva celda de los residuos radiactivos.

De esta forma, en 2014, el titular de la instalación presentó al CSN la documentación para la construcción de esta celda, en cumplimiento de las condiciones establecidas y, en 2015, solicitó la puesta en marcha de la fase de explotación. Los residuos radiactivos de muy baja actividad son materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros, que contienen isótopos radiactivos. La mayor parte de estos residuos tiene su origen en el desmantelamiento de las centrales nucleares como Vandellós I o José Cabrera.

Las centrales nucleares notificaron al CSN un total de 55 sucesos durante 2015, según el informe remitido a las Cortes

Europa Press.- Las centrales nucleares registraron un total de 55 sucesos notificados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante 2015, de los que 2 fueron clasificados como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) y el resto, de nivel 0. Así consta en el Informe anual del CSN que el regulador ha remitido a las Cortes Generales. Según este documento, de estos sucesos, 20 fueron clasificados como significativos y, de éstos, 5 como significativos y genéricos a la vez.

Además, el regulador valora que «todas» las instalaciones nucleares «funcionaron de forma segura» en 2015 y que las instalaciones radiactivas funcionaron «dentro de las normas de seguridad establecidas, sin que haya habido situaciones de riesgo indebido». El informe señala el «correcto comportamiento» de las instalaciones reguladas por el CSN y asegura que no ha habido «ningún riesgo» ni para las personas ni para el medio ambiente. En el documento, el regulador añade que la calidad radiológica del medio ambiente en 2015 se mantuvo «dentro de la normalidad», tanto en el entorno de las instalaciones nucleares como en el territorio nacional.

El déficit de tarifa provisional asciende a 1.296 millones en abril, 315 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.296 millones de euros hasta abril.

Esta cifra, incluida en la cuarta liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 315 millones de euros inferior a lo previsto, por lo que de continuar la tendencia se producirá superávit a cierre del ejercicio.

El desajuste provisional de 1.296 millones hasta abril es superior a los 1.182 millones registrados hasta marzo, si bien la evolución con respecto a lo previsto ha mejorado, ya que ahora equivale a 315 millones, frente a 141 millones un mes antes.

El organismo presidido por José María Marín Quemada indica que esta mejor evolución se debe a un comportamiento favorable del coste de los pagos por capacidad, de 30,9 millones con respecto a lo previsto, y de la retribución a las renovables, que es 136 millones inferior a lo esperado.

También evolucionan mejor de lo previsto la retribución al transporte, en 24 millones, y la correspondiente a la distribución y gestión comercial, en 30,7 millones.

La demanda hasta abril fue un 1% inferior al promedio de años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores fue un 2,6% superior al valor promedio histórico.

En la liquidación de abril, se han registrado 80,6 millones de ingresos por aplicación de la Ley 15/2012 de impuestos eléctricos. En concreto, se han recibido 58,8 millones procedentes de los impuestos y 27,7 millones procedentes de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Los ingresos acumulados por este concepto alcanzan 142,6 millones, el 4,5% del importe previsto para el ejercicio 2016, que asciende en total a 3.154,5 millones.

Déficit del gas

En cuanto al sistema gasista, el déficit hasta abril es de 113,9 millones de euros en términos de caja, frente al superávit de 33,5 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Conforme a los ingresos netos de liquidación, el índice de cobertura se sitúa en el 88,7% de la retribución acreditada.

La demanda de gas en 2016, facturada hasta abril, ascendió a 100 teravatios hora (TWh), incluida la carga de cisternas desde plantas, situada en 3,5 TWh. Esta cantidad supone una disminución de 3,2 TWh respecto al periodo de enero a abril de 2015.

La CNMC concluye que la luz debería costar 5 euros más al año para cubrir el margen de comercialización eléctrica

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el margen mínimo de comercialización de electricidad debería subir un 31% y ser de 5,24 euros por kilovatio contratado y año en la tarifa regulada del sector, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), frente a los 4 euros establecidos en la normativa vigente para cubrir así los costes de comercialización que soportan las empresas, lo que supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales.

Así se recoge en el Informe sobre el margen comercial que corresponde aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a PVPC y a Tarifa de Último Recurso (TUR) en el sector de gas natural, elaborado por el regulador CNMC. La normativa que fijó el sistema de tarifas reguladas para el suministro de la energía eléctrica estableció que para el cálculo de estos precios, fijados por el Gobierno, se tendría en cuenta el coste de la energía, los peajes de acceso y los costes de comercialización. En el caso del PVPC, ese margen de comercialización, que permanece invariable desde 2009, se mantuvo en 4 euros/kW y año (15,8 euros por cliente y año).

En marzo de 2014, la CNMC realizó un informe sobre el Decreto 216/2014, que instauró el PVPC, en el que advirtió al Gobierno de que el margen de comercialización era insuficiente para cubrir esos costes de comercialización. Además, en enero de 2015, cuando la CNMC informó sobre la orden de peajes, reiteró que el margen de comercialización resultaba insuficiente. Por otra parte, en noviembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó sendas sentencias tras los recursos presentados por Gas Natural e Iberdrola, en las que declaró nulo el apartado que establecía en esa cantidad (4 euros/kW y año) el valor del margen de comercialización que se debe incluir en el PVPC.

Recientemente, en mayo de 2016, el Tribunal Supremo ordenó al Consejo de Ministros que apruebe antes del 30 de junio una metodología para calcular el margen comercial del suministro del PVPC. La CNMC tiene encomendado el mandato de elaborar un informe con la metodología que determine el citado margen comercial, por lo que cumple así con su obligación con el Gobierno. Para fijar esos márgenes, el regulador solicitó información a 115 empresas sobre los costes de comercialización, y obtuvo información sobre el 97,1% del consumo total anual del sector eléctrico.

El margen comercial se ha establecido según un coste medio anual por cliente, que incluye los costes de explotación de comercialización (coste de facturación y cobro, el coste de atención al cliente y los costes de estructura). No obstante, la CNMC cree que se debería incluir un margen de retribución de la actividad, para lo cual se han analizado distintos escenarios y se han determinado los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

La CNMC amplía el plazo para calcular la retribución a las renovables de 2012 tras recibir 30.663 alegaciones

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha visto obligada a ampliar en tres meses el plazo límite para calcular la retribución definitiva a las instalaciones de renovables del ejercicio 2012 debido a la «especial complejidad» de la labor, en la que se está viendo obligada a analizar una por una 30.663 alegaciones presentadas por los propios productores. Este número de alegaciones equivale a prácticamente la mitad de las instalaciones renovables sometidas al régimen de liquidación del regulador.

La CNMC justifica esta ampliación del plazo máximo por «la especial complejidad del procedimiento, derivada tanto del elevado volumen de las alegaciones recibidas como de la complicación y naturaleza individualizada de cada una de ellas». El organismo se ha encontrado con un buen número de casos de instalaciones que alegan la falta de liquidación por falta de medida, un incorrecto régimen retributivo, unas medidas incorrectas, un erróneo perfilado de horario de medida mensual u otras cuestiones. También han llegado quejas de los productores por el cálculo que se les ha hecho de las horas de funcionamiento previstas en el real decreto ley 14/2010. Esta norma impuso un recorte del 30% en las horas con derecho a prima de las instalaciones.

Elevado número de alegaciones recibidas

Tras elaborar el expediente sobre la liquidación definitiva de 2012, la Dirección de Energía de la CNMC abrió en febrero el trámite de audiencia para la formulación de alegaciones, y es en este procedimiento en el que ha llegado el «elevado» número de observaciones que obligan al organismo a realizar «una ardua labor de clasificación y análisis de las mismas».

La Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común habilita un periodo de tres meses, hasta el 19 de mayo, para el análisis de las alegaciones. La CNMC recurrió al artículo 42.6 de la misma norma para apelar a una ampliación del plazo máximo de resolución y notificación tras ofrecer una «motivación clara de las circunstancias concurrentes».

La CNMC cree «inminente» la decisión de la Unión Europea sobre su pulso al Gobierno respecto a ciertas competencias eléctricas

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, cree que la Comisión Europea resolverá de forma «inminente» el procedimiento de infracción abierto contra España a resultas de la denuncia interpuesta por el superregulador contra la decisión del Gobierno del PP de arrebatarle ciertas competencias en materia eléctrica. Así, Marín Quemada calificó de «curioso» que el mismo Ejecutivo que creó la CNMC decidiera luego «retirarle algunas competencias».

Lo cierto es que Bruselas asigna a los reguladores independientes de cada país ciertas funciones que, a veces, no se trasladan fielmente a las normativas nacionales. Por ejemplo, en el caso español con respecto al sector eléctrico, el Ministerio de Industria se arrogó la competencia para fijar los peajes eléctricos, algo de lo que antes se ocupaba la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ahora fusionada en la CNMC. «Nosotros aspiramos, como institución que defiende los intereses de la mayoría, a asumir las mismas competencias que el resto de reguladores europeos. Y se da la paradoja de que algunas de esas competencias se nos han retirado o no se nos han asignado», lamentó Marín Quemada.

Por eso, continuó, han «tenido» que denunciar este hecho ante Bruselas, que ha abierto a España procedimientos de infracción en relación con el ámbito energético pero también con el postal y el de telecomunicaciones, expedientes que están menos avanzados. «Es lo último que hubiéramos deseado, y hubiéramos querido evitarlo, pero nuestro deber nos ha obligado a hacerlo», añadió Marín Quemada, asegurando que esta postura es «un ejercicio de independencia» de la CNMC frente al Gobierno.

En la mesa de Cañete

Marín Quemada señaló que el procedimiento contra España por las competencias en materia energética, que estudia la Comisaría de Energía que dirige el popular Miguel Arias Cañete, se abrió a la par que otro similar contra Alemania, cuyo Gobierno ya ha recibido notificación de resolución. Por eso, cree que el Ejecutivo español está «a punto» de recibir la comunicación pertinente, que se emite tras estudiar las alegaciones presentadas por el Estado contra la denuncia de la CNMC y a la que seguirá un proceso para acordar una solución negociada que pueda evitar las sanciones, que pueden llegar a ser millonarias.

El presidente de la CNMC «espera y desea» que el procedimiento se resuelva con un acuerdo sobre la «restitución» a la CNMC de las competencias «que debe tener», y que se puedan evitar las multas. «Las sanciones a los gobiernos son importantes, pero creo que no hay que llegar a eso. Estoy seguro de que la negociación hará que no se llegue a la sanción, sino que se canalicen las competencias hacia los reguladores con naturalidad. Es lo q viene ocurriendo en los distintos países, y estoy seguro de que también es lo que va a ocurrir en España», subrayó.

La interrumpibilidad: «política de descuentos»

Por otro lado, el presidente de la CNMC señaló que los pagos por el servicio de interrumpibilidad que el Gobierno reconoce a algunas empresas electrointensivas a cambio de que se desconecten de la red en caso de necesidad son una mera «política de descuentos» y no una política energética. «Es una práctica de marketing para que las grandes compañías electrointensivas puedan obtener, en sus negociaciones con las eléctricas, unos descuentos absolutamente lícitos porque asumen el riesgo de no tener fluido eléctrico en algunos momentos», señaló.

Sin embargo, también admitió que «el riesgo de desconexión es escasísimo» por lo que «seguro que esta fórmula es bienvenida entre quienes la utilizan porque es buena para sus negocios». Además, abogó por que el próximo Gobierno se «enfrente a la realidad» de una regulación energética excesiva que supone «un desafío» y acometa un proceso de «depuración, unificación, racionalización y actualización» de una «maraña normativa» que «más que ayudar, confunde».

Competencia multa con 50.000 euros a la distribuidora de energía eléctrica Hidroeléctrica El Carmen

EFE / Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 50.000 euros a la distribuidora Hidroeléctrica El Carmen por vulnerar los derechos de los consumidores al obstaculizar el cambio de compañía. Según comunicó Competencia, en diciembre de 2012 entró en el registro de la antigua CNE un escrito de una comercializadora denunciando determinadas actuaciones de otras empresas que estarían obstaculizando el cambio de suministrador a consumidores asociados a sus redes, infringiendo de esta forma la normativa vigente.

En 2014, la CNMC inició un procedimiento sancionador contra la empresa Hidroeléctrica El Carmen por esta presunta vulneración del derecho de los consumidores a elegir suministrador de energía eléctrica y, tras la instrucción del expediente, determinó que la empresa no atendió a las solicitudes de cambio de suministrador a través de actuaciones de distinto tipo. Estos hechos constituyen un incumplimiento de la aplicación de las medidas de protección al consumidor y una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico. Por ello, impone una multa de 50.000 euros a la empresa, que puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC multa a Zero Electrum, otra comercializadora de electricidad más que no presta las garantías exigidas por REE

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 6.207 euros a la empresa comercializadora Zero Electrum por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema. Concretamente, la Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

En junio de 2015, el operador del sistema denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Zero Electrum de la obligación de prestar las garantías exigidas. Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto a Zero Electrum una multa de 6.207 euros, al declararla responsable de una infracción leve, según figura en la Ley del Sector Eléctrico. Esta resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Esta sanción se suma al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico.

Así, a finales del pasado abril, la CNMC sancionó a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec con 8.000 euros, así como a Herederos De García Baz y Electra la Honorina con 3.000 euros, respectivamente, por no suministrar la información solicitada sobre la energía adquirida, suministrada y declarada entre julio de 2011 y julio de 2013. También multó a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia con 7.000 euros por no aportar al operador del sistema eléctrico las garantías exigidas. A principios de año, la CNMC también había sancionado a otras empresas como Zencer, con 25.000 euros, y Vertsel Energía, con 140.000 euros, por incumplir esta obligación de prestar una serie de garantías exigidas por REE.

Casi la mitad de los consumidores no entiende la factura de la luz, según la CNMC

Redacción / Agencias.– El 46,5% de los usuarios considera que la factura de la luz es poco comprensible o incomprensible, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El estudio del regulador muestra que este porcentaje de incomprensión es muy superior al de otros suministros. La tasa se reduce al 34,8% en el caso del gas natural, al 15,4% en el de la banda ancha y al 15,1% en el de la telefonía fija.

Respecto a la atención que prestan los usuarios al leer las facturas, los resultados son más homogéneos entre servicios y aproximadamente la mitad declara leerlas con atención, al tiempo que uno de cada tres apenas les echa un vistazo. Un 53% de los hogares con servicios de telecomunicaciones recibe las facturas de su operador de forma electrónica mientras que es más común el uso de recibos en papel en el caso de los bancos (58,3%), gas natural (75,9%) y las facturas de la electricidad (81%).

De los hogares que reciben factura electrónica, un 43% no la había solicitado activamente y un 22% declara que no fueron informados sobre la posibilidad de recibirla. En cuanto a la forma en que reciben la factura electrónica, casi la mitad declara que recibe un aviso en una cuenta de correo electrónico, pero debe consultar la web para ver la factura, y casi un tercio que la recibía con todos los detalles en el correo electrónico. Un 29% de los hogares declara no recibir ningún aviso. Por último, aunque casi un 60% de los hogares reconoce consultar las facturas electrónicas regularmente, a medida que va recibiéndolas, hay un 6,4% de los hogares donde las facturas electrónicas no se consultan nunca.