La CNMC pide más competencias para evitar que se haga política con la tarifa eléctrica y para hacer propuestas vinculantes

Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reclamó que las propuestas regulatorias que realiza el organismo en materia energética sean vinculantes, para lo que se le debe otorgar competencias que actualmente corresponden al Gobierno. Con más competencias cree que evitaría, entre otras cosas, que los gobiernos hagan «política industrial a través de las tarifas eléctricas».

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marín Quemada ha insistido en que las actuaciones del organismo serían “mucho más eficaces” si tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. «Somos el único regulador de la energía en la Unión Europea cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes», subrayó Marín Quemada, que recordó que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por este motivo, que puede terminar en «importantes sanciones» si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas.

En este sentido, Marín Quemada ha indicado que en Europa consideran que determinadas cuestiones es mejor que las lleven a cabo los reguladores, más que los gobiernos «por su independencia, capacidad técnica y grado de transparencia». A juicio del presidente de la CNMC, contar con más competencias evitaría que los gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, “lo que contribuiría a evitar las dudas de los ciudadanos sobre el sector y a incrementar la eficacia del sistema en su conjunto, lo que es algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo plazo», ha remarcado.

Marín Quemada ha puesto como ejemplo de los beneficios que tendría para los ciudadanos hacer sus decisiones vinculantes el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, donde la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24% de los costes de operación y mantenimiento. Respecto a las sanciones, señaló que en estos tres años se ha impulsado la actividad sancionadora y la atención a los consumidores, «que se ha convertido en una prioridad», y añadió que la finalidad de estas es disuasoria, no recaudadora, pese a que ha supuesto importantes ahorros a los consumidores.

Defiende el modelo de CNMC

Por otro lado, Quemada defendió que el «enfoque integrado» del organismo, que une el control de la competencia y la regulación de mercados, permite «una mayor eficacia y seguridad jurídica» aunque aseguró que acatará lo que determine el Congreso si se aprueba cambiar el modelo. Eso sí, recordó que no tuvo nada que ver en la creación del modelo. «Me encontré un modelo en el BOE», apuntó. Además, sostuvo que se trata de «una estrategia plenamente consolidada» en Europa y destacó que «otras autoridades están reproduciendo nuestra forma de actuar».

«La CNMC ya ha alcanzado su velocidad de crucero y hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo», señaló Quemada, quien añadió que «es una organización integrada más fuerte y efectiva para los ciudadanos». En esta línea, destacó que las actuaciones contra los cárteles realizadas desde 2011 suponen un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales, cifra que asciende hasta 1.260 millones en 2014 y 2015. Por último, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Competencia de 2007 para adaptarla a los cambios tecnológicos y para incrementar las sanciones para que sean realmente disuasorias con medidas como la prohibición de que los implicados en cárteles participen en concursos públicos.

Marín Quemada (CNMC) relativiza el impacto en el empleo de las gasolineras desatendidas y niega que supongan problemas de seguridad

Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reiteró su defensa de las gasolineras desatendidas, ya que la mayor parte de las estaciones tradicionales tienen solo un empleado que, según su punto de vista, se dedica a cobrar la gasolina que los propios clientes se han echado y las cosas que puedan comprarse en el camino de la puerta del establecimiento a la caja, curiosamente situada «al final de la tienda».

Así se expresó Marín Quemada en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde valoró el impacto que pueden tener estas gasolineras como elemento dinamizador del mercado en un entorno como el de crecimiento del precio del crudo que se produce en estos momentos «haciendo frente a una situación oligopolista». Además, destacó que permiten dar servicios en lugares en que las tradicionales no son rentables y descartó que puedan suponer problemas de seguridad, por lo que Marín Quemada vinculó las críticas al informe presentado recientemente por la CNMC sobre las gasolineras automatizadas, donde expone que ayudará a fomentar la competencia en el sector. «¿Qué no interesa a todos? Esto es otra cuestión«, consideró el regulador.

Por otro lado, incidió en que con su propuesta la CNMC no está planteando nada distinto a lo que se hace en otros países «con éxito». Así, apuntó que las estaciones de servicio automatizadas suponen ya el 60% del total en Suecia y el 65% en Dinamarca, mientras que en Bélgica se aproximan al 20% y en Holanda al 23%. Asimismo, señaló que en España ya existen «un número relevante de estaciones desatendidas», en referencia a las de cooperativas agrarias, que según aseguró «nunca dieron ningún problema y son bien percibidas por los usuarios». Por último, defendió que estas establecimientos «están dirigidos a los usuarios que lo deseen y los que prefieran seguir yendo a gasolineras tradicionales podrán seguir haciendo».

Finalmente, criticó que cuando los precios del crudo bajaron, este descenso no se reflejó totalmente en los carburantes por lo que el aumento del número de gasolineras automáticas o desatendidas “será bueno para elevar la competencia y bajar los precios de los carburantes”. Frente a esta defensa, la diputada del PSOE, Ana María Botella, ha apuntado los problemas de empleo o seguridad que pueden conllevar este tipo de gasolineras y le ha pedido que tenga una reunión más amplia con los agentes del sector. El informe de la CNMC causó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban también los problemas de atención a determinados colectivos, como los minusválidos.

La OCU denuncia ante la CNMC solamente a las principales compañías eléctricas por “confundir al consumidor con el precio libre”

Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las principales compañías eléctricas ante la CNMC por generar “confusión” entre los consumidores “al no separar de forma clara el precio regulado de las ofertas en el mercado libre”. Esta confusión, indica la organización, «está prohibida expresamente por la Ley del Sector Eléctrico» y su efecto causa «un perjuicio notable a los consumidores que en su gran mayoría desconocen con quién están contratando la electricidad».

La OCU indica que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe a las empresas que desarrollan actividades reguladas (distribución y comercializadoras de referencia) y actividades liberalizadas (comercialización en el mercado libre) crear confusión en la presentación de su marca y la información que ofrecen a los consumidores. «La norma obliga a establecer una separación clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC, de las comercializadoras pertenecientes a ese mismo grupo, pero que ofrecen electricidad en el mercado libre«, indica.

Sin embargo, aunque la ley es clara en esta materia, OCU denuncia que la realidad es bien distinta para los consumidores. A su juicio, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo «incumplen claramente la ley y presentan una información confusa en aspectos básicos para los consumidores como son el nombre comercial de las compañías, las páginas web y logos corporativos, que son prácticamente idénticos». Además, la organización señala que estas compañías comparten los e-mail de contacto con los clientes e incluso «en algunos casos como Iberdrola tienen el mismo teléfono de atención al cliente».

Para OCU los efectos que provoca esta confusión en la identidad de las empresas que prestan el suministro de electricidad son «claros». «La mayoría de los consumidores desconoce exactamente cuál es su comercializadora más allá del grupo al que pertenece, y con ello desconoce un hecho fundamental, cuál es su tarifa y las condiciones comerciales que le aplican», señala. «Esta situación es terreno abonado para los abusos«, indica la organización, para la que la confusión entre empresas del mismo grupo daña la «exigua competencia en el mercado de la electricidad».

Por último, recordó que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van desde 600.000 a los 6 millones de euros, por lo que pidió a la CNMC «que aplique lo dispuesto en la Ley para impedir la confusión de marca entre las empresas del mismo grupo y evite el perjuicio que esta situación provoca sobre el nivel de competencia del mercado eléctrico y por extensión en los consumidores».

156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

El 21% de los hogares españoles se sigue declarando insatisfecho con su servicio de electricidad

Europa Press / EFE.- El 20,9% de los hogares españoles se declara poco o nada satisfecho con su servicio de electricidad aunque este porcentaje mejoró en 5 puntos con respecto al grado de insatisfacción de hace seis meses, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para el gas natural, este porcentaje de insatisfacción cae hasta el 14,8% de los hogares.

Entre los hogares que se declaran insatisfechos con el servicio, el precio es el principal motivo apuntado. Un 90% de los hogares insatisfechos con su proveedor de electricidad opina que el servicio es caro y casi la mitad considera que las facturas de electricidad o las tarifas no son claras. En el caso del gas natural, sigue un patrón similar, aunque, en general, con mejores resultados que la electricidad. Las valoraciones de los hogares mejoran respecto a la calidad de los servicios de energía ofrecidos.

Respecto a la satisfacción con el precio de los servicios, un 54% del total de los hogares está poco o nada satisfecho con los precios del servicio de electricidad, 5 puntos menos que hace un año. Por su parte, el 46,1% de los hogares con servicio de gas natural están insatisfechos con el precio del servicio. Asimismo, a pesar de que los hogares españoles declaran mayor insatisfacción con los servicios de electricidad y gas natural, son los servicios de telecomunicaciones los que reciben más reclamaciones. Así, alrededor del 15% presentó reclamaciones en la materia frente al 5,7% de los hogares que presentaron quejas en gas natural y un 6,5% en el caso de la electricidad.

Los motivos para reclamar, exponen, siguen un patrón similar a los motivos de insatisfacción. En el caso de los servicios de electricidad y gas casi 6 reclamaciones de cada 10 de ellas están relacionadas con problemas en la facturación. Además, a la hora de recibir las facturas o notificaciones por parte de las empresas, destaca que el 77,1% de los hogares sigue recibiendo la factura del suministro energético en papel.

El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

Técnicos del CSN denuncian una «caza de brujas» en el organismo regulador atómico y advierten de su “grave deterioro actual”

EFE / Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios, «una caza de brujas» por parte del presidente del CSN, Fernando Martí, hacia los profesionales del mismo, que afecta a la «seguridad nuclear«.

La misiva, dirigida a todos los grupos políticos, fue registrada en las Cortes por parte de la Asociación, con representación sindical en la Junta de Personal del CSN, en la que cuentan con 3 de los 13 delegados existentes. ASTECSN alerta en la carta de que desde la llegada del exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, a la presidencia del CSN en 2013 «se vienen sucediendo hechos preocupantes para la seguridad nuclear», y piden a los diputados «que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador«. Por su parte, fuentes del CSN aseguran que el escrito de la citada asociación «tiene un trasfondo político» impropio de «un órgano técnico».

Los denunciantes afirman que la gestión de Martí está «marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores». Los técnicos también aseguran que hay informes «secretos» referentes a las evaluaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos) o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. En el caso concreto de la posible reapertura de la central burgalesa, el CSN ha contestado que ya remitieron una explicación a Greenpeace en la que subrayaban que al Consejo «no compete adoptar ninguna posible decisión de paralización del procedimiento de renovación de licencia», y que su labor se limita a un «asesoramiento de carácter técnico».

«Grave deterioro» en función reguladora

ASTECSN expresó sus «inquietudes» por el «deterioro progresivo» en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013, que «trajo cambios organizativos» en el relevo de mandos en el CSN. Por ello, cuestionan nombramientos y ceses que ASTECSN entiende que suponen un «desprecio» a la necesidad de conocimientos específicos y experiencia en los puestos técnicos y un mensaje «claro» de «lo efímero» de los cargos de libre designación y acusa a esta cúpula de forzar «más que nunca a una sintonía con los objetivos políticos establecidos».

La carta de siete páginas, expone las deficiencias que para la asociación se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que «no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares», cuestionando así la falta de independencia del regulador.

«Es fundamental que los inspectores mantengan su capacidad para identificar incidencias y poder solicitar a los titulares que emitan las correspondientes notificaciones. En la situación actual se ha ido perdiendo esa potestad y los inspectores residentes en las centrales nucleares han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando estas incidencias», añaden. Del mismo modo, resaltan la reducción del número de expedientes sancionadores por la falta de transparencia y una desregulación implícita.

En la carta, firmada por la presidenta de la asociación, Nieves Sánchez Guitián, se añade que la lista de quejas trasladada a la ASTECSN por problemas para ejercer su independencia profesional es «larga», incluido el impedimento al realizar alguna inspección reactiva que debe hacerse en las instalaciones radiactivas tras determinados incidentes. También ha recibido quejas por «presiones» y «amenazas» hacia los técnicos para que cambiaran las conclusiones de sus informes o las actas de inspección cuando no son del agrado de los titulares y denuncia que quienes no se han prestado a ello fueron excluidos de la firma del informe.

Respecto a los ceses y nombramientos, lamenta que en el seno del organismo regulador, «discrepar es motivo suficiente para ser cesado alegando pérdida de confianza» y ven con preocupación este asunto porque el sistema de libre designación permite cubrir más del 30% de los puestos ocupados por los técnicos.  Por otro lado, se refiere también a la «actitud huidiza» y a la ausencia del control institucional que se plasman en la no comparecencia del presidente del CSN ante la Cámara Baja el pasado abril. «No es más que una constatación de la degradación institucional», lamenta.

Respecto al clima interno, explica que está «peor que nunca porque el regulador está capturado y debilitado por la connivencia y laxitud de su superioridad jerárquica, que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear«. Por último, insiste en que los controles externos están «anestesiados», no solo por las incomparecencias ante la Comisión de Industria y por la desactivación en la práctica del comité asesor y considera que es deber y conciencia de responsabilidad poner en conocimiento de la comisión esta preocupación porque la función pública que están desempeñando desde el CSN es «mejorable».

Competencia sanciona a dos comercializadoras eléctricas, Luci Mundi Energía y Zencer

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a las empresas Luci Mundi Energía y Zencer por incumplir con diferentes obligaciones presentes en la Ley del Sector Eléctrico, informó el organismo.

En concreto, a la empresa Luci Mundi Energía se le impone una multa de 475.000 euros por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema (Red Eléctrica de España).

Además, se refiere a la obligación de prestar las garantías exigidas para el mes de octubre de 2015, generando con ello un déficit de garantías hasta febrero de 2016.

En el caso de Zencer, el organismo presidido por José María Marín Quemada impone una multa de 80.000 euros por una infracción grave consistente en la falta de presentación de ofertas de compra de energía eléctrica en el mercado de producción en la medida necesaria para sus actividades de comercialización. La infracción se desarrolló entre el mes de julio de 2013 y el mes de marzo de 2015.

La Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles, así como de presentar al mercado las correspondientes ofertas de compra de energía.

Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Estas sanciones se suman al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo presidido por José María Marín Quemada a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico, que elevan a más de 20 las sanciones impuestas a empresas.

La CNMC propone penalizar con 52,5 millones de euros a las distribuidoras eléctricas por pérdidas de energía en la red

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto unas penalizaciones de 52,5 millones de euros para las distribuidoras eléctricas este año por las pérdidas de energía que tiene lugar a través de sus redes, según su informe. Entre las distribuidoras que registran mayores penalizaciones, Competencia destaca los 40,2 millones a Endesa, mientras que a Iberdrola corresponden 6,9 millones, y a Unión Fenosa, 2,5 millones. Estos cálculos, correspondientes a 2016, se han realizado con datos de 2014.

Competencia explica que la normativa fija que las empresas distribuidoras de electricidad recibirán unos incentivos o penalizaciones en función de la gestión que realicen de las pérdidas que tienen lugar a través de sus redes. El objetivo, añaden, es garantizar una adecuada prestación del servicio e incentivar la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución «con criterios homogéneos en todo el Estado y con un mínimo coste para el sistema».

La CNMC es la encargada de proponer a Industria la cuantía que corresponde a cada empresa distribuidora en concepto de incentivo o penalización por este tema. Para calcularlo, se usa una metodología en la que se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de pérdidas registradas por la distribuidora dos años antes, cuando tanto la CNMC como el Operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica (REE), disponen de toda la información. Frente a las penalizaciones, otras compañías recibirán incentivos por un valor global de 900.000 euros. En el caso de las empresas que han remitido datos erróneos de medidas al operador del sistema o ni siquiera las han remitido, la CNMC propone establecer unas penalizaciones por valor de 300.000 euros.