Fuentes de Industria explicaron que este lunes remitieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta, con «vocación de permanencia total en el tiempo», para modificar el sistema para fijar el componente energético de la tarifa, que supone la mitad del recibo y que sustituirá a las antiguas subastas trimestrales.

El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), es decir, la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), se compone mediante la conjunción de los peajes de acceso, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas; el componente energético y los impuestos.

Hasta ahora, el componente energético se determinada trimestralmente en unas subastas denominadas Cesur que aseguraban un precio fijo para los tres meses siguientes, aunque esto implicaba ciertos costes por cobertura financiera.

El nuevo mecanismo para fijar los precios tomará como referencia el precio medio diario del mercado mayorista eléctrico durante el periodo de facturación, mientras que en el caso de los usuarios con contador inteligente con discriminación horaria se les cobrará en función de su consumo y del precio del mercado en cada hora.

Con el nuevo modelo desaparecen las coberturas financieras incluidas en esas subastas, que han supuesto un sobrecoste anual de 1.160 millones de euros en los cuatro años de vigencia del modelo aún vigente por culpa de su efecto inflacionista, dado que los consumidores pagarán en cada periodo de facturación exactamente el precio medio del mercado en esas fechas.

El sobrecoste de este «seguro» trimestral fue de 500 millones de euros en 2010, de 200 millones de euros en 2011, de 250 millones de euros en 2012 y de 210 millones de euros en 2013, «y todo por evitar una fluctuación de dos o tres euros al mes», dijeron las fuentes.

Según reconoció Industria, esto supondrá una cierta volatilidad, de entre «tres o cuatro euros al año», puesto que el precio del mercado fluctúa en función de diversos factores, entre los que destaca la disponibilidad de producción renovable, que entra a cero euros y abarata el precio de cierre, aunque aseguró que no será más que «unos pocos euros», al alza o a la baja, en la factura final.

Ahorros del 3% al año en la factura

Además, al eliminar las subastas y sus costes financieros, la factura media de los consumidores acogidos a la tarifa con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia se reducirá en torno a un 3%, según Industria, unos 200 millones de euros anuales en total. El coste de la energía se reducirá entre un 10% y un 11%.

Las ofertas «estandarizadas» y fijadas de forma libre por las compañías se publicarán mediante una herramienta que habilitará Industria, a través de su web y de la de la CNMC, en la que cada consumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo de facturación y consumo) podrá comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios del mercado en el periodo.

Posibilidad de contratar una tarifa fija anual

Al margen de este sistema, los consumidores que quieran «estabilidad» tendrán la opción de contratar una tarifa con precio fijo y cerrado para todo el año, ya que Industria obligará a las comercializadoras de referencia a ofrecer esta opción.

Esta tarifa, previsiblemente interesará a un bajo porcentaje de usuarios, principalmente a pymes, ya que al ofrecer mayor previsión, será «más cara» que la tarifa normal.

Sobre las tarifas anuales, desde Industria señalaron que se tratara de ofertas «muy estandarizados» y que se harán publicas para facilitar a los consumidores las comparaciones. Los consumidores que se acojan a estas tarifas, pasarán al mercado libre aunque siempre tendrán la opción de volver al regulado transcurrido un año desde el cambio.

Un mecanismo «transparente» y «menos costoso»

Industria defendió este nuevo mecanismo, que entrará en vigor en abril, y se reflejará en la factura de mayo de forma bimestral, como el «más transparente y menos costoso para el consumidor» e implicará la desaparición de «toda actuación del Gobierno en la fijación del precio de la electricidad».

De este modo, la factura incluirá por un lado los peajes regulados y los impuestos, y por otro un precio de la energía fruto de la media que haya marcado durante ese periodo el «pool». De esta forma, se resuelve el efecto encarecedor de las anteriores subastas Cesur.

Se crearán mecanismos de supervisión

Otro de los aspectos del nuevo mecanismo, que Industria aún debe analizar junto a la CNMC, es la creación de una fórmula de supervisión para poder responder ante posibles variaciones extraordinarias en el mercado mayorista. «Siempre estamos encima del mercado y, si se ve algo extraordinario, tenemos la idea de crear instrumentos específicos», afirmaron las fuentes, aunque no desvelaron en qué sentido.

En diciembre, el Gobierno anuló el resultado de la última subasta Cesur por concurrir «circunstancias atípicas» y arrojar un precio de 61,84 euros por megavatio hora (MWh), por lo que fijó un precio provisional para este primer trimestre del año, de 48,48 euros, a la espera de establecer un nuevo mecanismo.

De hecho, los 48,48 euros son superiores a la media de 30 euros que está marcando el «pool» en lo que va de año.

Este precio provisional se comparará, una vez cerrado el trimestre, con el precio medio del mercado en el periodo y la diferencia, que por el momento es a la baja, se ajustará en las facturas de los consumidores en los meses de mayo o junio, restituyendo las comercializadoras el dinero cobrado de más en un pago único.

En caso de los consumidores con contadores horarios, se les aplicará el precio del «pool» en cada hora de consumo. Para los que no los tienen, la referencia será la media del día, y luego la media de los precios diarios en el conjunto del periodo facturado.

Este nuevo sistema afecta al componente de la energía del recibo. De forma orientativa, por cada 50 euros que paga un consumidor, 20,6 euros van a peajes, 10,7 euros a impuestos y 18,7 euros a este componente energético.

Las fuentes de Industria también explicaron que, tras el aumento del término fijo de la electricidad, de los 20,6 euros que se pagan por los peajes, 12,36 euros irán a la parte fija, mientras que otros 8,24 euros se dedicarán a la variable. Anteriormente, la proporción era de 7,21 euros frente a 13,39 euros.

Por otro lado, Industria señaló que se no se producirán nuevas revisiones de peajes de la tarifa de gas natural hasta que no concluya la reforma de este sector en la que trabaja el Gobierno.

En un almuerzo informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, el ministro señaló que «se va a cambiar la fórmula de fijación del precio», pero que seguirá «orientada y determinada por el mercado», aunque se pretende evitar que se repitan «situaciones nada afortunadas, como las vividas en el pasado».

Además, el titular de Economía subrayó la importancia de que la nueva fórmula incremente la competencia en el mercado eléctrico español, y defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia energética, ya que «España tenia un déficit tarifario enorme» en este sector.

«España tenía un déficit eléctrico enorme», manifestó De Guindos y «el Gobierno ha tomado medidas y ha intentado distribuirlo» entre todos los agentes implicados, para que ya no se genere más deuda eléctrica este año y eso «desde el punto de vista macroeconómico es positivo, porque indica que uno de los desequilibrios de la economía española ha ido desapareciendo».

Asimismo, quiso dejar claro que aunque muchas de las medidas adoptadas hayan podido generar polémica, «era la única alternativa para solucionar una situación insostenible en el tiempo». Más allá de lo apuntado, dijo el responsable de Economía, «el Gobierno va a tomar medidas adicionales para potenciar el sector energético.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también avanzó hace unos días que los informes sobre la fijación de precios de electricidad estarían concluidos «de aquí a no mucho», con el fin de contar con el nuevo sistema a partir del próximo mes de abril.

Soria dijo esperar que la revisión de los sistemas de fijación de las tarifas eléctricas den «mayor estabilidad» que hasta el momento y cuenten con «criterios de mercado».

El pasado mes de diciembre, el Gobierno suspendió la aplicación del resultado de la subasta eléctrica, con la que tradicionalmente se determina el componente energético de la tarifa y a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, ante la concurrencia de «circunstancias atípicas» que hubieran llevado a una subida de la luz de más del 10%.

El Ejecutivo fijó un precio eléctrico provisional para el primer trimestre del año y anunció que reformaría el sistema de fijación de este componente de la tarifa, con el objetivo de evitar grandes oscilaciones, durante el primer trimestre del año.

La orden de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, estableció una revisión del coste de producción de energía eléctrica que deriva en una subida del 18% del término de potencia, la parte del recibo que no había sido modificada desde agosto de 2013, cuando se aprobó una subida generalizada de la TUR del 1,2% tras la aplicación de nuevas medidas de la reforma energética.

Esta petición llega dos días después de que el Ministerio de Industria publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución con los precios por kilovatio (kW) de potencia contratada, que ha pasado de los 2,97 euros mensuales en los que se había fijado desde agosto de 2013 a 3,50 euros mensuales, más el 27,19% de impuestos indirectos. En cuanto a la energía consumida, pasa de los 0,133295 euros por kilovatio hora (kWh) establecidos este enero a 0,124107, una tarifa casi idéntica a la que el Gobierno estableció en agosto del año pasado para después subirla un 6,6% en cinco meses.

En la revisión de peajes, que también publicó este sábado el BOE, se recoge un desajuste de ingresos de 2.686 millones de euros, sin perjuicio de las anualidades que correspondan para satisfacer los derechos de cobro del sistema eléctrico pendientes. A esa cuota de 2.686 millones de euros pendiente de años anteriores, habría que añadirle la cantidad que finalmente resulte de los desajustes temporales de 2013, hasta el máximo de 3.600 millones de euros de déficit previsto.

El precio del recibo de la luz que abonan la mayoría de los consumidores en España (los acogidos al PVPC) proviene en torno a un 45% de la parte liberalizada resultante de la subasta trimestral entre las comercializadoras de electricidad, y en un 55% de la parte regulada en la que interviene el Gobierno formada por los peajes, y donde se incluyen los costes por la distribución, el transporte y las primas a renovables, entre otros.

En la parte regulada, los conocidos como peajes de acceso, que no fue actualizada desde el mes de agosto para evitar un mayor incremento del recibo, se fija ahora una subida del 18% en el término de potencia, según la orden publicada.

No obstante, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya explicó que en la subida del 2,3% de enero del recibo del PVPC para el primer trimestre, una parte provenía de la subasta anulada en diciembre y la otra parte de estos peajes actualizados.

La última subida del 2,3% obedece a «criterios de mercado», según explicó Soria, después de que el Gobierno se decantara por establecer el incremento en base al tercer y cuarto trimestre de 2013, lo que supuso una subida del precio de la energía del 1,4%, inferior a si hubiese elegido el último trimestre, y al que se sumó un 0,9% de la parte regulada del recibo.

Tras esta intervención, el Ejecutivo estudia ahora un nuevo sistema para establecer los precios voluntarios del pequeño consumidor de cara al segundo trimestre del año, para lo que mantuvo conversaciones con las empresas eléctricas, los operadores de la subasta, comercializadores y el resto de las partes implicadas.

Asimismo, en la revisión de los peajes aprobada, se contempla un peaje en la modalidad sin discriminación horaria de 0,124107 euros por kilovatio hora (kWh), lo que supone «un 5% de bajada para que los que más consumen, menos paguen», mientras que «los que menos consumen pueden tener una subida del 18%», según explicó, Jorge Morales de Labra, experto del sector eléctrico.

El Gobierno baja un 6,9% el término variable, según Facua

Asimismo, Facua Consumidores en Acción informó que el Ministerio de Industria, además de subir un 17,9% el término de potencia del recibo de la luz (término fijo) para el primer trimestre del año, bajó un 6,9% el de energía eléctrica (término variable) en las tarifas del PVPC.

Con la resolución publicada en el BOE, el precio del kilovatio (kW) de potencia contratada pasó de los 2,97 euros mensuales en los que se fijó desde agosto de 2013 a 3,50 euros mensuales, más el 27,19% de impuestos indirectos. En cuanto a la energía consumida, pasa de los 0,133295 euros por kilovatio hora (kWh) establecidos este enero a 0,124107, una tarifa casi idéntica a la que el Gobierno estableció en agosto del año pasado para después subirla un 6,6% en cinco meses.

Según los análisis de Facua, un usuario «medio» con 4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual, pasará a pagar con las nuevas tarifas 77,38 euros mensuales, impuestos indirectos incluidos, lo mismo que abonaba con las tarifas vigentes entre octubre y diciembre del año pasado.

Por su parte, un usuario con 4,4 kW y un consumo de 250 kWh mensuales abonará 59,07 euros, el mismo importe que con las tarifas fijadas este enero y 0,95 euros al mes más, un 1,6%, que los 58,12 euros que suponían con las publicadas en el BOE en octubre de 2013.

La organización denunció que la factura se encareció un 35,1% en los últimos cinco años para el usuario medio. Con las tarifas fijadas en el primer semestre de 2009, el recibo representaba 57,29 euros mensuales, impuestos indirectos incluidos, y ahora asciende a 77,38 euros. En diez años, la subida fue del 75,4%; con los tarifas vigentes durante todo 2004, el usuario medio abonaba 44,11 euros.

Por esta razón, Facua volvió a reclamar que el Gobierno modifique «de una vez» el sistema para la fijación de las tarifas eléctricas, «que favorece la especulación con un suministro de esencia», por lo que demandó que el sistema deje de basarse en la «opaca» subasta del sector para establecer un precio regulado basado en el coste real de la producción energética, exigiendo una auditoría «histórica» del déficit de tarifa. Además, exigió «una auditoría histórica del déficit de tarifa».

El pasado diciembre la asociación denunció al Ejecutivo ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En la denuncia, de la que acaba de acusar recibo Bruselas, Facua expuso que el Gobierno «no ha garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios razonables, claramente comparables, transparentes y no discriminatorios» y añadió que cada año «aumenta el número de familias excluidas del suministro energético, en contra de los mandatos de la directiva».

La subida de la luz «golpea» a quien consume poco

También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó que el cambio en la parte del recibo de luz regulada por el Gobierno, con una subida del 18% en el término fijo, afecta de manera «desigual» a los consumidores, al perjudicar principalmente a los bajos consumos, las segundas residencias y las viviendas vacías.

Así, criticó que «sube el mero hecho de tener contratada la electricidad y baja lo que cuesta consumirla», lo que perjudica «especialmente» a las segundas residencias, las viviendas vacías y los usuarios que consuman poca luz.

Por el contrario, los cambios al estar provocados por la modificación de los peajes, afectan a todo el mundo, pero la subida «puede ser una bajada» en algunos casos, como en el de una casa con 4,6 kilovatios (kW) de potencia y 3.500 kilovatios hora (kWh) al año de consumo, que «verá bajar su factura un 0,4%».

De esta forma, la OCU recomendó a los consumidores diferentes consejos para «escapar» a la subida, como revisar la potencia en caso de tener contratada una potencia mayor de la necesaria, e incluso bajarla, por un precio de 10 euros, que permitiría un ahorro de 54 euros al año por cada kW de menos.

Asimismo, recomendó usar el comprador OCU, que rastrea las mejores tarifas , y para los consumos muy bajos, estudiar la tarifa lanzada por E.ON que elimina el término fijo a cambio de pagar más por cada kWh consumido.

El término fijo de la tarifa de luz subió un 92% desde agosto

Por su parte, el término de potencia de la factura de electricidad, también conocido como término fijo, acumula una subida del 92% desde agosto, después de la publicación en el BOE de una orden de peajes en la que vuelve a incrementar este componente del recibo, según cálculos de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu).

Ceaccu rechazó el incremento de esta parte fija del recibo, que se paga en función de la potencia y de forma independiente al consumo. A su juicio, la subida es «injusta» y «penaliza a las familias que peor lo están pasando», que son las que se encuentran en situación de «precariedad energética» por no poder asumir el encarecimiento sostenido del recibo de la luz.

La organización consideró «intolerable» que la respuesta a las «estrecheces de las familias» sea «mantener alto el precio de su factura a pesar de sus renuncias en bienestar para conseguir un mínimo ahorro reduciendo su consumo». «Se trata, parece, de mantener unos ingresos constantes para las grandes eléctricas, precisamente cuando cae el consumo», afirma.

El encarecimiento es «contrario a las obligaciones de servicio público que marca la normativa comunitaria», que establece que los «Estados miembros garantizarán que los consumidores domésticos disfrutarán de un servicio universal con unos precios razonables, claros y no discriminatorios», señaló.

Precisamente este fin de semana consumidores y más de 500 organizaciones convocadas por Adicae se movilizaron y protagonizaron acciones reivindicativas en 23 provincias de toda España para reclamar un «precio justo».

El PSOE exige una explicación de Soria

Finalmente, el PSOE registró en el Congreso una solicitud de comparecencia del ministro de Industria ante la comisión parlamentaria del ramo para que explique la resolución por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor, y también que dé cuenta de la orden por la que se revisan los peajes de acceso a la energía eléctrica en 2014, que son las que han dado como resultado los incrementos mencionados en la factura.

El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables (7.477 millones de euros anuales, según sus cálculos) con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el sector energético.

Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un abaratamiento del recibo de la luz del 13,9% pero un repunte del 10,26% en el gas natural y del 12,89% en los combustibles de automoción.

El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86%, aunque subirían el resto de productos.

5.500 millones de euros en impuestos energéticos y ambientales

El documento recoge también propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre el sistema impositivo energético y ambiental, en el que detectaron distintas «anomalías». Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial.

De hecho, según los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, la reforma del sistema fiscal energético permitiría recaudar 5.500 millones de euros al año en España, lo que a su vez se podría aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo y la mejora de la eficiencia energética.

Además, el centro de expertos abogó por una mayor «coordinación y armonización» de los tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.

Los impuestos energético-ambientales, señaló la organización, generan importantes recursos económicos en los países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía.

Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. De hecho, el análisis realizado sobre estos impuestos en España concluyó que su nivel impositivo está, en general, por debajo de la media de los países de su entorno.

En concreto, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2 como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.

En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente, hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones de euros.

No obstante, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste económico reducido.

En este sentido, Labandeira y Linares, señalaron que estas posibilidades «pueden contribuir» a salir de la crisis, aunque advirtieron de que los impuestos energético-ambientales no son una «panacea» fiscal, ya que por sus efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.