José Manuel Soria informa de que los consumidores podrán elegir factura anual o precio por hora

El Gobierno propuso un nuevo mecanismo para calcular el componente energético de la tarifa eléctrica, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, que estará vinculado directamente al mercado mayorista en lugar de a una subasta trimestral como hasta ahora.

Soria indicó que este sistema será el que se fije tras el transitorio aprobado para este primer trimestre, después de que se anulara la última subasta de diciembre y se considerara necesario introducir nuevos mecanismo de facturación.

El ministro explicó, en una conferencia en la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, que el mecanismo definitivo para fijar los precios incluirá dos posibles precios.

Soria indicó que las compañías eléctricas ofrecerán un contrato estándar para el consumidor que lo desee, que será de un año, pero este podrá optar por pagar exactamente lo que vale la electricidad cada hora. Así, el consumidor pagará a lo largo del periodo que se le facture las horas consumidas al precio de la electricidad en ese momento.

Según el ministro, esta nueva fórmula evita costes de intermediación asociados al anterior sistema ya que, según dijo, las reformas emprendidas en el sistema eléctrico por el Gobierno están dando resultado y se pueden constatar en que «está a cero» el déficit estructural de 10.500 millones de euros al año que había por diferencia de ingresos y costes, y en que bajaron los precios de la electricidad.

Soria tratará esta semana el nuevo sistema en el Congreso

Asimismo, el ministro responderá esta semana en el Congreso de los Diputados a una interpelación urgente del grupo parlamentario socialista sobre las garantías que ofrece el nuevo sistema propuesto por el Gobierno para fijar el componente energético de la tarifa de la luz.

En la interpelación, el PSOE señaló que el precio de la electricidad, antes de impuestos, es en España un 30% más cara que en la media de la Unión Europea y criticó que para arreglar el problema del déficit tarifario, desfase entre ingresos y gastos del sistema, el Gobierno haya trasladado los problemas a las renovables y a los consumidores.

Con sus reformas eléctricas, el Gobierno abandonó cualquier compromiso contra el cambio climático y el apoyo a la eficiencia energética, añadió el PSOE.

Soria asegura que el nuevo método del precio eléctrico puede rebajar los ingresos de las eléctricas pero permitirá ahorrar al consumidor

Soria se expresó de esta manera antes de participar en la clausura del ‘XI Encuentro del sector energético’, organizado por el IESE, al ser preguntado acerca de las críticas al nuevo mecanismo de precios vertidas durante la mañana en la misma jornada por las compañías eléctricas.

«De momento, lo que va a hacer el consumidor es ahorrarse aproximadamente 270 millones de euros al año, que es lo que el sistema anterior de subastas suponía para los operadores que intervenían en ellas», afirmó el ministro.

«Es verdad que supone un coste, pero no un coste para los consumidores, para los cuales es un ahorro. Para otros puede dar lugar a una menor percepción de ingresos», continuó Soria, antes de asegurar que la obligación del Gobierno es perseguir el interés general al margen de los intereses particulares.

El ministro aseguró además que la tarifa eléctrica habría seguido subiendo «de manera indefinida» si el Ejecutivo no hubiese adoptado medidas que implican una disminución de la retribución que reciben los agentes del sector.

Junto a esto, recordó que el coste de las subastas trimestrales ha sido desde 2009 de 1.100 millones y explicó que, con el nuevo mecanismo, los usuarios con contadores analógicos tendrán un precio fruto de la media del ‘pool’ en los dos meses de cada factura, mientras que los que dispongan de contadores inteligentes podrán tener un precio «en función de lo que el mercado indique cada hora».

Durante la clausura de la jornada, Soria adelantó que la reforma del mercado eléctrico en la que trabaja el Gobierno revisará los mercados a plazo y los servicios de ajuste, al tiempo que definirá la disponibilidad para la posible hibernación de centrales.

Industria estudia «acercar los mercados al tiempo real para que haya una disminución del coste de los servicios de ajuste y de los desvíos», así como «dar más liquidez y profundidad a los mercados de futuro y de contratación», señaló.

El objetivo de las medidas es «aumentar la competencia y transparencia en los mercados minorista y mayorista para garantizar el suministro al menor coste». «No tiene sentido que en 2013 el precio del ‘pool’ haya tenido oscilaciones tales que pasó de cero euros en mayo a 90 euros en diciembre, por lo que es evidente que se necesitan modificaciones», añadió.

Sobre la reforma del sector del gas, aseguró que su contenido incluirá «ajustes en las retribuciones», garantías en la estabilidad financiera para evitar que se produzca déficit de tarifa, la creación de un mercado organizado y un aumento de la competencia para garantizar el suministro al menor coste.

Endesa cree que el nuevo sistema de precios eléctricos del Gobierno es «improvisado» y «antimercado»

Brentan realizó estas consideraciones en respuesta a una pregunta de la expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, durante una mesa redonda organizada por Deloitte en el IESE como parte del XI Encuentro del Sector Energético.

Brentan se refirió a la sorpresa «grande» de las últimas novedades en materia energética, de las que «en seguida se notan algunos efectos que pueden ser de una cierta improvisación».

A su juicio, «se va a decir (por parte del Gobierno) que es lo mejor para la competencia porque el precio está conectado con el mercado mayorista, pero la realidad no es así», afirmó Brentan, antes de advertir de que el precio «spot» de mercado que se tomará como referencia es sólo uno de los indicadores de un mercado eléctrico más complejo.

Para el consejero delegado de Endesa, resulta «interesante» el «concepto» de que el consumidor con un contador inteligente «pueda estar en contacto con el coste de producir en el mercado en ese momento», si bien es necesario tener en cuenta que el «pool», en su versión «spot», es «variable» y no en todas las horas da señales representativas.

Brentan aseguró además que «no existe diálogo» entre Endesa y el Gobierno, a lo sumo «un diálogo entre sordos», y dudó además de que el nuevo mecanismo permita competir a las comercializadoras cuando el Gobierno está fijando el coste de compra y de venta. «Eso es lo más antimercado», añadió.

Además cuestionó que el mercado mayorista sirva para fijar el precio de la energía en la tarifa regulada. «No está pensado para eso», subrayó.

Junto a esto, se mostró partidario de liberalizar la tarifa eléctrica de los consumidores «en uno o dos años como transición», pero para ello se deben cumplir dos condiciones: contar con una autoridad de vigilancia suficientemente estructurada y potente y con un nivel adecuado de competencia, dos puntos que, a su juicio, se dan en España. Junto a esto pidió despejar del recibo algunos impuestos y costes ajenos al suministro.

La propuesta de Endesa «se puede resumir en una palabra: más mercado», aseveró, como «la mejor manera de alcanzar la eficiencia económica» y alejarse del «intervencionismo» actual que lleva a planificaciones centrales.

Por otro lado, fuentes de la compañía indicaron que el nuevo mecanismo de revisión de precios diseñado por Industria obligará a reprogramar muchos contadores digitales, instalados para perfiles de consumo en los que se agrupan las horas de demanda, sin que se haga un seguimiento hora a hora.

En la mesa redonda también participó el consejero-director general de Iberdrola, José Luis San Pedro, que reclamó una «fiscalidad más eficiente» ante el «elevado» volumen de subvenciones a las renovables y consideró que el precio del mercado que se tome para fijar la tarifa, al margen de su metodología, «siempre será el mismo» si el mercado «funciona de forma competitiva y transparente», puesto que «el precio es igual al coste marginal del sistema».

San Pedro advirtió del efecto sobre los mercados europeos de un encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que puede desplazar al carbón en beneficio de los ciclos combinados de gas y hacer competitivas a las renovables sin necesidad de ayudas.

Además, consideró que las pretensiones europeas de que el peso de las renovables sobre el «mix» eléctrico ronde el 50% sólo pueden alcanzarse si se logran «integrar físicamente» los mercados de los diferentes países.

En el mismo acto, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, señaló que la actual situación del sistema eléctrico requiere «soluciones desagradables» y «decisiones muy feas» con «impactos sociales» y para ello se requiere de «mayor valentía» de la que se ha puesto hasta ahora sobre la mesa.

En su intervención, cifró en 13.000 millones de euros las «subvenciones» a las renovables que se cargan sobre el recibo y consideró que su retirada permitirá aliviar la factura. «No hay duda de que las medidas que el Gobierno está tomando van a bajar la factura, pero en vez de 13.000 millones de subvenciones hablaremos de 10.000 millones de euros, y seguirá habiendo una factura muy poderosa que gravará el recibo y que lastrará los precios de la electricidad en España«, lamentó.

Asimismo, advirtió de que con un mix energético con un porcentaje de renovables elevado es «imposible» pensar que la energía va a ser barata y cuestionó que sea un verdadero mercado el que tiene un 47% de la energía subvencionada. En su opinión, el reto del Gobierno para reformar el mercado es «ingente» dado que «la mitad de la energía va subvencionada».

Finalmente, el director general de Regulación y Medio Ambiente de Endesa, José Casas, criticó el nuevo sistema para fijar los precios de la luz al ser «la mayor locura de todo lo que hemos visto en estos dos últimos años», ya que dijo que se preveían medidas para acotar el déficit «pero nos hemos encontrado con un real decreto que no se parece en nada a lo que todos los agentes hemos tenido oportunidad de mandar» al ministro.

Además, Casas indicó que el sector vive unos «viernes de impacto», en referencia al Consejo de Ministros, con los que «nos echamos todos a temblar» si quien comparece tras la reunión semanal del Gobierno es el ministro de Industria.

Casas afirmó también que sólo cinco empresas energéticas están haciendo frente al déficit de tarifa, que «no lo están pagando los consumidores» como se piensa.

Unesa ve «muy complejo» el nuevo mecanismo de precios eléctricos y augura problemas en la facturación

En declaraciones a los medios durante el XI Encuentro del Sector Energético organizado por Deloitte en el IESE de Madrid, Montes apuntó que el que haya un plazo «tan breve» para adaptar el nuevo sistema para fijar el precio de la luz puede plantear algunos problemas a las empresas ala hora de realizar la facturación. A su juicio, y «como técnico», conllevará una «complejidad enorme».

En cualquier caso, Montes sostuvo que desde Unesa no se analizó en profundidad el sistema, por lo que evitó pronunciarse sobre si este cambio puede perjudicar o favorecer al consumidor. «La Administración dice que reducirá los precios de la energía (…) no lo sé», afirmó. No obstante, aseguró que enviaron sus «recomendaciones» al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cuanto a las críticas por la falta de transparencia de las asociaciones de consumidores a las compañías eléctricas, el presidente de Unesa defendió que «no es un tema que tenga que ver con las eléctricas ni muchísimo menos» ya que «la prueba evidente es que hemos publicado la realidad del recibo», apostilló.

Tras anular la última subasta trimestral, el Gobierno propuso vincular el coste de la energía, que supone alrededor de la mitad del recibo eléctrico, a la evolución del mercado mayorista.

Respecto al número de contadores, Montes dijo desconocer el número exacto de unidades en España, aunque apuntó que «los periódicos dicen que siete millones».

Agricultura busca soluciones para la tarifa eléctrica y plantas de purines

Así lo defendió en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a preguntas de los parlamentarios.

Sobre el problema de las tarifas eléctricas (los regantes denunciaron que su alto coste hace insostenible la actividad agraria), planteó que la agricultura debería beneficiarse de una cuota de potencia distinta a la de otros sectores económicos.

El ministro recordó que algunas industrias necesitan una cuota de potencia constante todo el tiempo, pero, en cambio, «es razonable» que los regantes tengan una diferenciación para atender sus necesidades específicas de consumo, como cuando bombean el agua.

En este sentido, reconoció la «enorme preocupación» por el coste energético denunciado por el sector agrícola, pero puntualizó que el Ministerio «está sensibilizado» sobre la problemática y «presionamos» para lograr unos contratos específicos.

También se refirió a la situación creada por la paralización de la actividad de las plantas de tratamiento de purín ante la previsible aprobación del nuevo sistema retributivo de energía del Ejecutivo, que recortará las ayudas a renovables, cogeneración y tratamiento de purines, según los temores expresados por dichos sectores. Este aspecto fue planteado por CiU, preocupada por el futuro de esta actividad tan vinculada a Cataluña.

Arias Cañete detalló que la semana pasada tuvo una reunión con los agentes económicos involucrados con este sector para analizar la situación real y sus costes de producción, así como las posibilidades de actuación.

«Consideramos a estas plantas como plantas generadoras de energía», deben buscarse soluciones y alternativas para evitar cualquier impacto ambiental derivada de esta actividad, remarcó.

«Somos muy sensibles» a este tema, por lo que analizamos posibles soluciones con el Ministerio de Industria y Energía, y añadió que «hoy no tengo la solución, pero les garantizo que está en las prioridades que tengo sobre la mesa», precisó.

Los azulejeros dicen que no tienen que pagar las consecuencias de una ineficaz política energética

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados que ofrece anualmente en el marco de la feria Cevisama, Zarzoso pidió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que tenga en consideración a una industria «competitiva, exportadora y generadora de empleo», que utiliza la cogeneración en su proceso industrial de forma «muy eficiente energéticamente».

El sector «no es responsable del grave problema» que generó el déficit de tarifa, según Zarzoso, que agregó que la industria del azulejo «merece» trabajar en un entorno «en que se reconozca el esfuerzo de los empresarios y de sus empresas, competitivo y flexible».

Según el secretario general de Ascer, Pedro Riaza, los sectores exportadores no pueden seguir aguantando más «llevar en la mochila cargas y gastos» que no les corresponden y que les dificultan la competitividad con otros países que no soportan esos sobrecostes.

Una industria intensiva en el uso de energía, como es el azulejo, acumula unos costes adicionales superiores a los 60 millones de euros desde 2012, por «el tasazo del gas», el impuesto a la generación de electricidad y la eliminación de coeficientes de eficiencia energética, entre otras medidas, ha explicado.

Por ello, la patronal tiene la voluntad «seria y firme» de corregir la propuesta de reforma presentada por el Ministerio «en la medida de lo posible» para evitar el impacto negativo que supondría en los términos actuales.

El sector propuso que se habiliten mecanismos como el aplicado para la asignación gratuita de derechos de emisiones de carbono, para evitar la deslocalización.

El presidente de la patronal relató que hizo «todo lo posible» para exponer estas preocupaciones al ministro de Industria, José Manuel Soria, durante la inauguración de la feria Cevisama, pero no lo consiguió debido a que, según dijo, «no se despegaba» del príncipe Felipe «y fue imposible».

No obstante, explicó que le consta que algunos empresarios sí pudieron expresar al ministro los perjuicios de la reforma y que asimismo el president de la Generalitat, Alberto Fabra, «le insistió» sobre el problema y Soria «le prometió que iba a intentar» reducir el impacto negativo.

Soria asegura que la reforma del «pool» irá encaminada a conseguir más competencia y una mayor liberalización del sector eléctrico

Este mercado no se modificó desde la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 1997 y ahora el Gobierno está «hablando con el sector» para ahondar en una liberalización «que no está completa» y para que los precios «den una mayor señal de lo que realmente está diciendo el mercado», señaló el ministro en una entrevista con TVE.

Soria defendió que del sistema eléctrico se desprendían dos problemas cuando llegó al Ministerio: el incremento de los precios y la acumulación del déficit. «La reforma eléctrica ha sido racional y premeditada» desde principios de esta legislatura, sentenció.

«Nos hemos encargado de reconducir el problema grueso, que era el desfase entre costes e ingresos, con déficit estructural anual de algo más de 10.000 millones de euros, que ahora está en 3.600 millones de euros», añadió Soria, lo que a su juicio evidencia que «ha habido un éxito razonable» de las medidas adoptadas, ya que «los precios han bajado en 2013» respecto al periodo anterior, y hemos trabajado por un sistema «más claro, más transparente y menos costoso» para los consumidores.

El Gobierno anunció esta semana un cambio en el sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica, un componente que supone alrededor del 40% de la misma. Hasta diciembre, este componente se fijaba con unas subastas trimestrales, denominadas Cesur. Tras anular la última de estas subastas, que arrojó un fuerte incremento de precios, el Gobierno decidió vincular el coste de la energía directamente a la evolución del mercado mayorista eléctrico.

Una vez suprimidas las subastas eléctricas para fijar la tarifa de luz cada trimestre, el «pool» se convertirá en la única referencia para la revisión del componente de energía del recibo. Su carácter marginalista hace que todas las tecnologías se retribuyan al coste de la más cara, si bien Soria consideró que «la mayor parte de los países del entorno tienen este sistema» de conformación de precios.

Al referirse a la eliminación de las subastas, consideró que ahora se elimina «un coste adicional que venían pagando los consumidores desde 2009» y que es consecuencia «de la intermediación financiera» de distintos agentes en el proceso de este sistema.

Estas subastas, que funcionaban como una «garantía» para disponer de un precio fijo durante todo el trimestre, elevaron el coste del término de energía de la tarifa en 1.100 millones de euros durante los cuatro años de su implantación, unos 270 millones de euros por año, explicó.

Soria explicó además que los consumidores con contadores inteligentes tendrán a partir de ahora un precio vinculado a la evolución horaria del mercado, mientras que al resto, que es la mayoría, se les facturará la media del «pool» durante los dos meses transcurridos entre cada factura.

El nuevo sistema hará que los usuarios paguen «exactamente el precio de la electricidad por cada hora», señaló antes de apuntar que para los usuarios que no quieran acogerse a esta vía, desde Industria obligarán a las comercializadoras a ofrecer un contrato estándar para que pagando algo más que con el precio de cada hora, «puedan tener una garantía de precio fijo».

De esta forma, Soria subrayó que con el nuevo sistema, en vigor a partir del próximo mes de abril, los usuarios «sabrán exactamente lo que han consumido», y conocerán el precio en el periodo de facturación.

El ministro señaló que las directivas comunitarias recogen la progresiva implantación de los nuevos contadores digitales, de modo que «en los próximos años» la mayor parte del conjunto de los usuarios podrá disfrutar de un precio vinculado a la evolución horaria del «pool», con el fin de hacer un uso «racional» en materia energética y «saber qué pagamos exactamente». En cualquier caso, matizó Soria, quienes no dispongan de estos aparatos pagarán el promedio del periodo de facturación de dos meses.

El Ministerio de Industria asigna a ocho comercializadoras la obligación de suministrar la nueva tarifa regulada que sustituye a la TUR

La nueva lista aparece en el borrador del Real Decreto sobre el nuevo sistema para determinar el componente energético de la tarifa, el nuevo PVPC, que fue remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Junto a las cinco grandes eléctricas, que eran las que hasta ahora estaban obligadas a suministrar la TUR y que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España, figuran ahora otras tres, cuyo mandato se inscribe a las zonas en las que tienen una implantación significativa. Estas empresas son Cide HC-Energía, la Empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y Gaselec.

Esta lista se publica con el objetivo de cumplir una sentencia de 2011, en la que se consideraba discriminatorio que cinco eléctricas suministren de forma obligada la tarifa regulada. El nuevo real decreto fija ahora unos criterios concretos para este servicio, entre ellos el de haber suministrado a más de 100.000 clientes durante el año anterior, o a 25.000 en el caso de Ceuta y Melilla.

De esta forma, se abre la lista y se acaba con la arbitrariedad denunciada por las eléctricas. En todo caso, las empresas que deseen suministrar el nuevo PVPC podrán hacerlo si cumplen además ciertas garantías, entre ellas la de llevar tres años en el negocio y disponer de más de 25.000 clientes.

La norma también resuelve la incertidumbre de los consumidores que se habían quedado sin derecho a tarifa regulada al tener más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada y que no encontraban suministro a mercado. Para estos usuarios, en muchos casos ayuntamientos e instalaciones públicas, se fija una penalización del 20% sobre el PVPC, sin que expire este escenario.

El borrador también recoge las condiciones para las ofertas que deberán presentar las comercializadoras a los consumidores con un precio fijo para el conjunto del año. Esta opción se dirige a los usuarios que prefieran unas referencias más estables, y las ofertas serán «públicas, transparentes y comparables».

Las ofertas deberán presentarse antes del 30 de abril e informarán tanto de lo que se paga en peajes como del precio del kilovatio hora, y deberá incluir además los importes finales antes y después de impuestos. No obstante, la CNMC «comprobará la adecuación de sus condiciones» y las publicará todas en su página web.

En todo caso, la parte de los peajes eléctricos incluida en la oferta podrá ser objeto de revisión «de acuerdo a la normativa de corresponda», advirtió el borrador. Además, no podrá incluir ningún otro producto o servicio, energético o no, estará vigente durante un mes desde la publicación en la web de la CNMC y se aplicará durante un año desde la formalización del contrato y la parte del coste de energía sólo podrá revisarse al cabo de ese año.

El consumidor deberá comunicar con 15 días de antelación si no quiere que el contrato se prorrogue y todas las empresas deberán incorporar en sus facturas las diferentes opciones de contratación existentes, así como el listado de comercializadoras, tanto de referencia como de mercado libre.

La norma establece además un mecanismo para, en el caso de que el precio del mercado eléctrico haya sido inferior al precio fijado por el Gobierno para el primer trimestre, devolver el importe cobrado de más a los consumidores. Para ello, se aludió a un nuevo término, conocido como CIF, con el que se recogerá estos posibles importes cobrados de más. Industria fijó de plazo hasta el 15 de mayo para que la CNMC establezca el valor de esta posible devolución.

Los precios tendrán en cuenta la evolución del mercado

Junto a todo esto, Industria destacó como una de las principales características del nuevo sistema la de que ahora los precios del componente de la energía tendrán en cuenta la evolución real diaria (donde se negocia la energía para el día siguiente) e intradiaria (el del mismo día) del mercado mayorista de electricidad, frente al modelo anterior, en el que el precio se fijaba a priori a través de unas subastas, cuyo resultado no se correspondía con lo que los resultados del mercado.

A este importe habrá que añadir una serie de recargos: el margen de comercialización, que fija el Gobierno; los pagos por capacidad de generación y las cuantías correspondientes al pago de las comercializadoras para la financiación de los operadores del mercado (Omel) y el sistema (Red Eléctrica).

A parte de todo esto, el borrador cifró en 1.100 millones de euros el importe que los consumidores pagaron en concepto de las coberturas de riesgo realizadas a través de las anteriores subastas Cesur, a razón de 280 millones de euros al año.

Las facturaciones seguirán realizándose sobre lecturas reales de los contadores, de modo que al final de cada bimestre se recoja en ellas el precio medio del mercado. No obstante, en el caso de los consumidores con equipos de telemedida se podrán fijar precios en función de las horas de consumo.

El nuevo mecanismo, indicó, supondrá un ahorro para los consumidores, que no tendrán que hacer frente al coste de aseguramiento asociado a las subastas eléctricas. Sólo por este concepto se producirá «con carácter general» un abaratamiento estimado en términos anuales de al menos un 3% pronosticado por Industria, al suprimir el pago del aseguramiento.

Fabra afirma que el ministro Soria revisará los efectos de la reforma energética sobre la industria

Así lo explicó Fabra durante la inauguración de la feria Cevisama en Valencia, que presidió el príncipe de Asturias y a la que asistió el ministro de Industria, al ser preguntado por las consecuencias de la reforma en el sector azulejero.

Los empresarios expresaron al ministro su preocupación por esos efectos y, según Fabra, Soria se comprometió a revisar esa situación y a comprobar que la reorganización energética «no sea para perjudicar a ningún sector productivo, y especialmente a aquellos que lo único que están haciendo es ser más eficientes en el uso de la energía».

Es evidente, según el presidente valenciano, el esfuerzo de los empresarios del sector para no ser penalizados y perder competitividad.

Pérdida de competitividad por el «tasazo energético»

En esta línea, el sector azulejero español alertó de que el «tasazo energético» va a provocar una pérdida de competitividad de esta industria en los mercados internacionales por el encarecimiento del precio, que será difícil de repercutir en la ventas.

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Isidro Zarzoso, recordó que la industria azulejera está exportando mucho y «a pecho descubierto» ha creado un mercado de exportación «muy bueno».

La reforma energética «va a privar de ventas» por el encarecimiento de precios y la industria española «no podrá llegar a la competitividad de países emergentes», manifestó durante Cevisama.

El sector está analizando los efectos de la reforma, que presenta «800 variantes diferentes» y, por tanto, es complejo precisar el aumento de coste que supondrá en unos precios que ya están «bastante aquilatados», añadió.

Sobre las ventas, el presidente de Cevisama, Armando Ibáñez, afirmó que el sector azulejero está «sumamente preparado» y está saliendo de la crisis gracias a la apuesta por la exportación. El mercado nacional representaba antes de la crisis la mitad de la facturación, una cifra que se rebajó al 20% ó el 25%, aunque esta diferencia se está cubriendo con las ventas al exterior.

Tener diseño, calidad y precio adecuado son las claves de esta industria que, según Ibáñez, tardará entre 3 y 4 años en salir de la crisis, hasta la recuperación de la construcción de vivienda.

La AEE lamenta que Industria no consulte al sector eólico sobre la reforma del mercado eléctrico

A pesar que desde la AEE lo pidieron «expresamente» a través de cartas remitidas al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y al secretario de Estado, Alberto Nadal, el sector «no ha sido convocado».

Desde la patronal eólica recordaron la importancia de la eólica en la formación de precios, especialmente en los meses de invierno, ya que, sólo en enero, con una generación eólica récord de 6.628 gagavatios-hora (GWh), el precio del mercado diario bajó hasta los 33,97 euros megavatios-hora (MWh), el precio más bajo registrado en este mes desde 2010.

Además, el precio del mercado diario resultó un 47% inferior al del pasado diciembre, y se situó un 37% por debajo del precio medio de enero de 2013.

Nueva Canarias dice que Soria quiere «destruir» las renovables

Por otro lado, el portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, denunció las pretensiones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, de «destruir» el sector de las renovables en Canarias, por lo que reclamó al Gobierno estatal del PP que excluya al archipiélago de los recortes de las subvenciones a la producción de las energías limpias.

Aquí, se refirió a la orden ministerial que prepara Soria con la que, según explicó, pretende «acabar» con las ayudas a la producción de las energías limpias, en especial a la eólica.

Para el portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo, este proyecto «amenaza con destruir» el sector de las energías renovables en Canarias, ya que las administraciones y los pequeños y medianos empresarios «no podrán» mantenerse.

Asimismo, Nueva Canarias advirtió de que Soria quiere que las grandes empresas del sector «controlen e intervengan» en la producción final.