La vicepresidenta anunció que con el Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos aprobado este viernes se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2011/70 del Consejo Europeo pendiente de aplicar y que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura de estos combustibles.
Sáenz de Santamaría explicó que la tramitación de esta norma fue «larga» porque el Gobierno esperó a un informe de conformidad de la Comisión Europea para asegurar que el texto se ajusta a la normativa comunitaria, en cumplimento del artículo 33 del reglamento de EURATOM, y después se atuvo a la reglamentación propia de propia de los reglamentos en el derecho español.
Además de completar y actualizar la normativa, la vicepresidenta del Gobierno añadió que el Real Decreto regula también las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que es la sociedad mercantil estatal encargada de la gestión de este combustible nuclear y de los residuos.
Según indicó, la norma incluye los principios generales a respetar en la gestión de estos elementos; precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión y establece el contenido del programa nacional de gestión de residuos, denominado plan general de residuos radiactivos.
El Real Decreto establece también que, como principio a aplicar, la generación de residuos radiactivos se reducirá al mínimo posible, y corresponderá a quienes los hayan generado el coste de su gestión y la responsabilidad principal respecto a los mismos.
Asimismo, el Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, recogerá las estrategias y actuaciones para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como lo relativo al desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.
La financiación de sus actividades se realizará mediante el «Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos» que gestiona ENRESA y que se seguirá dotando de las tasas abonadas por los titulares de las instalaciones que generen los residuos.
El Real Decreto establece que le corresponde a la empresa nacional ENRESA la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado, así como el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Los residuos radiactivos generados en España serán almacenados definitivamente en el país, salvo que exista un acuerdo con otro Estado miembro de la Unión Europea o un tercer país, que tenga por objeto la utilización de una instalación de almacenamiento definitivo en uno de ellos.
Finalmente, añadió que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Consejo de Seguridad Nuclear organizarán, como mínimo cada diez años, autoevaluaciones de su marco legislativo, de las autoridades reguladoras competentes y del Plan General de Residuos Radiactivos.
Garoña podría volver a operar
Según el último borrador de Proyecto de Real Decreto, finalmente la fórmula de renovación de la autorización de explotación será el modo en que la planta burgalesa podría volver a operar.
El texto incorpora una disposición adicional primera que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de diciembre de 1999, en la que modifica los artículos 5, 12, 20, 28, 36, 37 y agrega una disposición transitoria sexta que se refiere, precisamente, al caso en el que se encuentra la central burgalesa.
Concretamente, dicha disposición transitoria se refiere a las centrales que, una vez se apruebe este Real Decreto hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica, podrán solicitar la renovación de la autorización de explotación, siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese.
De acuerdo con la modificación que el texto plantea del artículo 28 del Reglamento, el titular de una autorización de explotación deberá comunicar «al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación.
El Real Decreto, según el borrador, modifica también el artículo 36, al añadir esta nueva posible situación que ahora se da en Garoña. De este modo, las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear requerirán de autorización previa; de construcción; autorización de desmantelamiento y declaración de clausura o autorización de desmantelamiento y cierre y declaración de cierre y, en su caso, autorización de modificación y de cambio de titularidad.
El Reglamento establece que en el caso de solicitud de renovación de autorización en las instalaciones el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear deberá remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al menos un mes ante de la fecha de caducidad de la autorización vigente, aunque esto no será de aplicación en el supuesto de renovación de la explotación del cese previsto en el apartado 1 del artículo 28.
La central nuclear de Garoña se rige en la actualidad por una orden ministerial de cese de explotación, que firmó el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 5 de julio de 2013, un día antes de que finalizara la licencia de operación de la central sin que esta pidiera, tal y como se habilitó entonces, una renovación de su vida. La planta comenzó a operar en 1970 y en 2009, cuando cumplía 40 años de vida útil obtuvo una nueva licencia condicionada hasta el 6 de julio de 2013. Nuclenor, su titular había solicitado una ampliación de su explotación hasta 2019.
El PSOE dice que «no hay tiempo» en esta legislatura para reabrir Garoña
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, advirtió al titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor, que tenga «mucho cuidado» en poner en marcha políticas de inversión destinadas a «cubrir las ocurrencias del Gobierno» porque cuando el PSOE alcance de nuevo el poder Ejecutivo derogará la reforma eléctrica y establecerá un calendario de cierre del parque atómico español.
«No hay tiempo razonable para reabrir Garoña antes de que acabe la legislatura, salvo que el delirio del Gobierno vulnere los plazos en materia de seguridad. El PSOE ha marcado su hoja de ruta en la que apuesta por el cierre progresivo del parque atómico, con fecha límite en 2028″, manifestó.
«Ignoro lo que va a hacer Iberdrola (socia al 50% con Endesa en Nuclenor). Esto forma parte de una negociación con el Gobierno que obedece a sus intereses particulares mutuos y en la que no hay transparencia», manifestó, al tiempo que consideró que el titular es «consciente» de que económicamente reabrir la planta «no es viable» a no ser que por detrás se esté negociando el parque nuclear en su conjunto.
Por ello, estimó que las eléctricas «han de tener mucho cuidado» porque cuando el PSOE vuelva a gobernar tiene previsto derogar la Ley del Sector Eléctrico para poner en marcha un acuerdo de Estado en materia de energía en el que, a su juicio, no parece «muy viable» que se alargue la vida útil de las centrales nucleares.
De este modo, insistió en que si pide la renovación de su licencia, Nuclenor estaría asumiendo un riesgo porque los retornos económicos de esta decisión deben prolongarse en el tiempo y porque «no da tiempo» a reabrir la planta antes del final de esta legislatura.
A su juicio, el problema que subyace es que el actual Ejecutivo no se dio cuenta de la «deriva» que inició meses atrás al vulnerar y retorcer todos los protocolos que el Consejo de Seguridad Nuclear seguía desde sus inicios en relación con cualquier modificación que afecte a la regulación del parque nuclear.
En este sentido, calificó este hecho de «precedente grave» que coloca a España en la dirección contraria a otros países y organismos reguladores después del accidente de la central japonesa de Fukushima. «Todos están por reforzar los mecanismos de seguridad y control mientras que España opta por aligerarlos», apostilló.
Asimismo, opinó que Garoña se convirtió en «un problema» para el presidente, Mariano Rajoy, que quiere cumplir su compromiso electoral «contra todo y contra todos», lo que, en su opinión, supone una «clara» vulneración de los principios de velar por el interés general que debe regir a un presidente del Gobierno frente a sus intereses electorales.
«No hay nada que justifique la reapertura de Garoña porque el exceso de capacidad instalada, el descenso de la demanda y el bajo rendimiento de todas las tecnologías del parque, aconsejarían ir a una reducción del parque de generación instalado, salvo que se quiera forzar la desaparición de otras tecnologías, como las renovables, que podrían tener una vida más larga, no hay justificación para reabrir una central que ya ha superado su vida útil», sentenció.
Finalmente, denunció que el PP cambió la moratoria nuclear por la moratoria de renovables y anunció que el PSOE presentó una moción en la que plantea una hoja de ruta general para el conjunto del sector eléctrico y que es «radicalmente distinta» a la fracasada política energética del Gobierno.
Nuclenor valorará las nuevas condiciones para pedir la renovación
Por su parte, Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «valorará las nuevas condiciones para solicitar la renovación del permiso de funcionamiento» al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es un «requisito necesario» para que la planta continúe operando.
Para la empresa, la reforma del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobada es «muy positiva» porque hace posible que las centrales nucleares que hayan cesado su operación por razones que no sean de seguridad, como es el caso de Santa María de Garoña, puedan solicitar antes de un año la renovación de su permiso de funcionamiento.
Además, subrayó que el cambio normativo introduce la posibilidad de solicitar la renovación de un permiso de funcionamiento después de la declaración de cese de actividad, cuando este haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica.
Asimismo, hizo hincapié en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evaluará las condiciones de las centrales que lo soliciten y establecerá los requisitos para la renovación de los permisos de funcionamiento de las instalaciones nucleares.
Nuclenor recordó que la central burgalesa está parada desde el 16 de diciembre de 2012 y desde el 6 de julio de 2013 se encuentra en «situación administrativa de cese de actividad por razones ajenas a la seguridad nuclear y la protección radiológica». De esta forma, la central cumpliría en principio los requisitos para que Nuclenor pueda solicitar la renovación de su funcionamiento.
Finalmente, aseguró que desde entonces se mantuvo «la totalidad» de la plantilla y se siguieron desarrollando las actividades necesarias para mantener la instalación en las mejores condiciones que «garantizan su seguridad y su capacidad para volver a funcionar».
Foro Nuclear considera «positivo» el cambio de norma
También el Foro de la Industria Nuclear calificó de «positivo» el cambio normativo que afecta a las instalaciones nucleares españolas, «sin perjuicio de las decisiones que las empresas propietarias de las centrales nucleares puedan adoptar al respecto».
A su juicio, la modificación «facilita el camino» para que los reactores nucleares españoles que cesen su actividad por razones ajenas a la seguridad tengan la opción de continuar su operación dentro de un marco legal definido.
El Foro Nuclear añadió que con esta decisión del Gobierno, España «avanza» en la dirección de disponer de forma estable de fuentes de suministro energético abundantes, fiables, limpias y diversificadas, así como en el incremento de los recursos energéticos propios para ser, en consecuencia, menos dependientes del exterior.
Finalmente, recordó que las centrales atómicas españolas aportaron el 20,86% de la electricidad en la cobertura de la demanda en la península en 2013, según datos de REE, siendo una de las fuentes que mayor contribución realizaron al sistema eléctrico español en 2013. Con una potencia actual de 7.864 MW, la energía nuclear supone el 7,27% de la potencia total instalada en España.
Los ecologistas tildan de «inadecuada» e «irresponsable» cambiar la ley
Por otro lado, las organizaciones ecologistas calificaron de «inadecuada» la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un Real Decreto que incluye los cambios normativos necesarios para que la central de Garoña pueda solicitar la renovación de su licencia para poder producir electricidad nuevamente.
Así, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler consideró «totalmente inadecuada» esta decisión porque los «grandes» desafíos ambientales no pasan por ampliar la vida útil de las centrales nucleares, a las cuales adjudicó «parte del problema y no de la solución» de la cuestión energética.
Además, advirtió de que las centrales nucleares presentan en sí mismas problemas de seguridad por lo que si se les alarga la vida útil serán «cada vez más peligrosas» ya que al envejecer presentarán mayores problemas de seguridad. «Es una irresponsabilidad del Gobierno ante su tarea de proteger el medio ambiente y la salud humana», aseguró.
Por su parte, la responsable de energía de Greenpaece, Raquel Montón, reclamó el «desmantelamiento inmediato» de la planta atómica y puso en duda que Endesa e Iberdrola, dueñas de la central estén dispuestas a continuar con las inversiones que requiere Garoña, al tiempo que estimó que, como empresas, tendrían que asegurarse que los siguientes gobiernos no darían marcha atrás y determinaran el cese de la actividad.
Asimismo, explicó que la renovación de la licencia y las actuaciones necesarias para poner en marcha la planta «tardarán años». «A pesar de que el Gobierno pone por tercera vez la alfombra roja a Garoña, puede que el titular no solicite su reapertura porque tiene muchas actuaciones que hacer y llevará años», valoró.
Por ello, estimó que para que al titular le salgan las cuentas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «va a necesitar hacer algo más que quebrantar el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas» sino también «asegurar que los futuros gobiernos respeten su decisión».
Ante la aprobación del Real Decreto para la gestión de combustible gastado y los residuos radiactivos, la ONG manifestó su «profundo desacuerdo con la falta de responsabilidad del Gobierno», que para satisfacer las necesidades económicas de Nuclenor está aumentando la incertidumbre legal, económica y de seguridad nuclear.
Por su parte, para el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, este decreto debería mejorar la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad pero, paradójicamente, se utiliza para tramitar la reapertura de las instalaciones nucleares y radiactivas un año después de ser clausuradas, reduciéndose las garantías de seguridad. Por ello, opinó que se trata de una «nueva cesión a las empresas eléctricas» por parte del Gobierno.
En este sentido, Castejón, consideró que esta medida es «escandalosa» porque modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas «a la medida de Garoña» y esto provoca un «importante boquete» en la seguridad, al permitir que las instalaciones soliciten su reapertura, abreviando los procedimientos habituales que daban mayores garantías sobre el estado de las instalaciones, cuando no se trate de motivos económicos.
Igualmente, advirtió de que hasta la fecha, el Gobierno ha dado «varias oportunidades» para mantener Garoña y a su titular «no le ha interesado», por lo que Nuclenor hizo quedar al Ejecutivo como el «principal interesado» en su continuidad. «A pesar de todas estas cesiones del Gobierno, es muy probable que Nuclenor siga sin tener interés en reabrir la central, puesto que su lamentable estado supone en sí mismo una gran incertidumbre tecnológica», ha concluido.
