En un documento del sindicato presentado en la jornada «Una política energética sin rumbo«, organizada por el Instituto de Estudios Sociales y Económicos sobre la Industria (IESEI), CCOO subrayó que urge aplicar medidas que frenen los factores especulativos, como la sobrevaloración del retorno de las inversiones y los elevados beneficios de las grandes corporaciones eléctricas.

Para CCOO, «la fracasada reforma del Gobierno del Partido Popular ha puesto patas arriba» al sector y no consiguió el fin para el que estaba diseñada, «reducir el elevado déficit tarifario».

Así, propuso considerar el suministro eléctrico como un servicio público «esencial» al que tienen derecho todos los ciudadanos, modificar el tipo de mercado mayorista y activar un sistema de contratos a largo plazo, «lo que garantizaría la estabilidad y competitividad del suministro a los consumidores industriales».

Además, planteó aprovechar el mix energético del país y crear un organismo público que controle las subastas de energía y realice auditorías de costes, y propuso una «nueva construcción» de la tarifa eléctrica, reduciendo el coste del término de potencia, «que solo beneficia a las empresas eléctricas y perjudica a aquellos que menos consumen».

Nadal, en declaraciones a RNE, aseguró que el Gobierno ha intentado hacer un sistema «transparente, sencillo y que produzca ahorros al consumidor final» tomando como referencia el precio medio de la electricidad en el mercado y no el resultante de una subasta.

El secretario de Estado de Energía señaló que el sistema de subastas era «excesivamente caro» e insistió en que si no se hubiera anulado la última, los españoles habrían pagado 500 millones de euros más. Tras anular la subasta, el Gobierno estableció un precio fijo, que fue superior al precio del mercado, por lo que los consumidores recibirán unos 300 millones de euros en concepto de devolución.

Según explicó Nadal, los consumidores no tendrán que hacer nada para cobrar la devolución, porque las compañías eléctricas la efectuarán de manera automática «en el primer recibo del nuevo sistema». En este sentido, recordó que las eléctricas tienen un máximo de tres meses, a partir de mañana, para facturar la luz en función del nuevo sistema, por lo que, dependiendo de la empresa contratada, habrá consumidores que reciban antes la devolución y otros que la cobren después.

El secretario de Estado detalló también los componentes de la factura de la luz para que los consumidores entiendan mejor lo que están pagando. De los 50 euros mensuales que paga de media un consumidor, entre 22 y 23 euros corresponden a la parte regulada por el Gobierno (redes de transporte y distribución, primas a energías renovables, deuda anterior); 10 euros a impuestos, y entre 17 y 18 euros es el precio de la electricidad, que era lo que incidía en la subastas y que es lo que se modificó ahora.

Sobre la parte regulada del recibo, recordó Nadal, se actuó en la primera parte de la legislatura con las reformas que adoptó el Gobierno. El secretario de Estado indicó que esta parte, la regulada, es necesaria porque la electricidad no puede llegar a ningún sitio «sin los cables» que la llevan y no se puede apostar por las renovables, como hace Europa y España, «sin pagarlas».

Las primas a las renovables, precisó, suponen 7.600 millones de euros (antes de la reforma eran 10.000 millones de euros), es decir, «lo que gasta el país en universidades o un tercio del gasto en desempleo».

Nadal afirmó que en España se quiso ser «el primero de la clase» con las energías renovables y entre 2008 y 2009 se introdujeron esas energías «en cantidades industriales», a precios «carísimos», muy distintos de los de ahora. Así, por ejemplo, España colocó casi toda la energía fotovoltaica en 2007 y 2008, pagando primas de 480 euros por megavatio hora, cuando ahora mismo el precio normal son 40 euros. «Esto es, lo pagamos 12 veces más caro, y eso se traslada al recibo de la luz», apuntó.

Sobre los contadores inteligentes, cuyo despliegue se producirá hasta 2018, Nadal reconoció que miden mejor, por lo que cuando se resuelvan los problemas técnicos que existen actualmente, el consumidor podrá pedir la facturación por horas, «ahorrándose así unos duros». Estos contadores se pueden comprar (con un coste de unos 40 o 50 euros) o alquilar, pero para su instalación hay que esperar a que se haya producido el despliegue en la misma zona.

En cambio, los consumidores que no quieran facturación por horas y prefieran un precio fijo, podrán tenerlo, aunque será un poco más caro que el del mercado, si bien a cambio disfrutarán de un precio estable.

Nadal se reunió tanto con las asociaciones de consumidores, como con las eléctricas, para hablar del nuevo sistema. Las primeras, dijo, creen que el sistema crea confusión, mientras que con las segundas el diálogo es «óptimo». En todo caso, avanzó que posiblemente en el mes de junio se hará una campaña de prensa para informar al consumidor sobre el nuevo sistema.

El secretario de Estado subrayó que cuando el PP llegó al Gobierno había un «agujero» de 10.000 millones de euros en el sistema eléctrico, porque se ingresaban 13.000 millones de euros y se gastaban 23.000 millones de euros. Cargar esos 10.000 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado para «descargar» el recibo de la luz «encantaría» a las eléctricas, pero obligaría al Gobierno a subir impuestos, según Nadal, que se negó a adoptar una medida así.

Bruselas pide que se haga una intensa campaña informativa

Por su parte, la Comisión Europea consideró necesario que el Gobierno español acompañe la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica con una «campaña de información intensiva» para los usuarios, teniendo en cuenta que «la gran mayoría no estarán equipados con los sistemas de medición inteligente apropiados», que pueden proporcionar información sobre el consumo de electricidad y su coste en cada franja horaria, hasta 2019.

La Comisión Europea destacó que el nuevo mecanismo pretende eliminar la regulación de los productos básicos en las facturas eléctricas de los hogares en España establecida en 2009 y en vigor hasta ahora a través de las subastas Cesur, según indicó un portavoz comunitario.

De esa manera, Bruselas consideró que «acerca a los consumidores de los hogares a los mercados competitivos, lo que debería traer cambios positivos». Además, estimó que podría elevar el interés de los consumidores en la medición precisa del consumo en las frecuencias horarias.

También indicó que la medida «no afecta a los consumidores vulnerables», que serán facturados con precios regulados especiales.

El Gobierno español aprobó el viernes el nuevo sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, a partir del 1 de abril y que la vinculará a la evolución del mercado mayorista.

Aunque la entrada en vigor «oficial» será el 1 de abril, las empresas dispondrán de un máximo de tres meses, hasta el 1 de julio, para comenzar a facturar con el nuevo sistema que sustituye a las anuladas subastas Cesur y que, según el Gobierno, va a suponer «claro ahorro» para todos los consumidores.

El sistema va a crear «confusión» sin beneficiar a los consumidores

Asimismo, Comisiones Obreras (CCOO) denunció que el nuevo sistema de facturación de la electricidad, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, «va a crear confusión sin beneficiar a los consumidores».

El sindicato consideró que el nuevo método, si bien elimina «el sobrecoste especulativo» que era la subasta Cesur, «ni soluciona, ni pone freno» al elevado coste de las tarifas eléctricas al no abordar los problemas estructurales del sistema eléctrico.

CCOO subrayó que estos problemas pasan, fundamentalmente, por la retribución de la energía generada «muy por encima de su coste real, garantizando así importantes beneficios para las grandes empresas que dominan el sector, junto con la elevada fiscalidad o el incremento del término fijo del recibo, que penaliza a las familias con menor consumo y renta».

Además, afirmó que se suma la complejidad del nuevo sistema, en el que las familias se verán obligadas a optar entre cuatro opciones, de las cuales, según su opinión, «ninguna garantiza los derechos» de los consumidores.

Asimismo, señaló que el hecho de que los usuarios no puedan conocer de antemano las tarifas vulnera la legislación española y el derecho esencial de los ciudadanos a conocer el precio de un servicio antes de su contratación.

Finalmente, CCOO subrayó que con la metodología establecida «se aumenta la opacidad de la determinación de tarifas, facilitando las subidas injustificadas, dificultando la posibilidad de verificar irregularidades y aumentando la indefensión y las reclamaciones».

Se seguirá pagando la luz por encima de su coste real

También la organización de consumidores CEACCU advirtió de que la aprobación del decreto que fija la nueva metodología de cálculo de los precios de la energía para el pequeño consumidor no resuelve el precio de la energía «que se seguirá pagando por encima de su coste real».

CEACCU subrayó que el fin de la subasta eléctrica solo evita «los mecanismos especulativos» que tendían a incrementar aún más la factura pero «no entra al fondo de la cuestión: la necesidad de una auditoría de todos los costes del sistema y un nuevo cálculo de los mismos a partir de cero y con total transparencia».

CEACCU también alertó de que «se está ocultando lo esencial, es decir, la subida del término de potencia en un 92% y el encarecimiento del recibo para los consumidores más vulnerables».

A juicio de la confederación de consumidores, «lo que se busca es mantener unos ingresos constantes para las grandes eléctricas, precisamente cuando cae el consumo».

La organización de consumidores explicó que el precio de la luz tiene dos componentes: la energía, que fija la subasta, y los peajes, que fija el Gobierno.

CEACUU consideró que, en relación a la subasta, el Gobierno debería aclarar si hubo manipulación y en referencia a los peajes, le insta a variar la regulación para adaptarlos a la situación económica, de modo que puedan bajar y no solo subir o quedar a cero.

OPA espera que el nuevo sistema no perjudique a los autónomos

Finalmente, la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) espera que el nuevo sistema de facturación eléctrica no perjudique a los autónomos y permita abaratar el precio de la luz, circunstancia «clave» para el mantenimiento de «muchos negocios».

El presidente de OPA, Camilo Abiétar, recordó que la mayoría de los autónomos aún no disponen de contadores digitales inteligentes, por lo que muchos «no van a poder conocer la cantidad de luz que están gastando cada hora».

De esta forma, Abiétar señaló que quedarán expuestos a la media de los precios del mercado y a la aplicación del promedio diario de facturación, por lo que lamentó que «tendrán que convivir con la incertidumbre de los precios de la luz».

No obstante, valoró que el nuevo sistema de facturación eléctrica permitirá eliminar el anterior sistema de subastas que «tanto han encarecido el recibo de la luz en los últimos meses».

Así, dijo esperar que el abaratamiento del precio de la luz «sea una realidad», ya que de lo contrario, si se produce un incremento, los autónomos tendrán que asumirlo en su «maltrecha economía» y verán reducidos sus ingresos de «forma notoria».

Según explicó Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nuevo mecanismo de tarificación eléctrica, que contó con los informes favorables y «sin objeciones» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, vincula el componente energético, que supone alrededor de la mitad del recibo, directamente al mercado mayorista, por lo que tiene «cinco ventajas fundamentales» respecto al sistema anterior de subastas trimestrales.

La primera será la de «pagar solamente el precio del mercado» frente al que determinaba la subasta eléctrica trimestral, conocida como Cesur, y vigentes hasta finales del año pasado cuando se anularon por concurrir «circunstancias atípicas» y que arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6%.

Asimismo, otra de las ventajas, consistirá en un «ahorro claro» para los consumidores al pasar a un sistema que acaba con las subastas eléctricas que provocaron un sobreprecio acumulado de 1.671 millones de euros debido a los costes de sus coberturas desde su puesta en práctica en 2009. «Al no haber subasta, no hay que incurrir en ese coste», dijo Soria.

El tercer y cuarto puntos favorables, según el ministro, es que el nuevo sistema «transmitirá a los consumidores señales reales del precio del coste de la producción de energía», al tiempo que, «permitirá aumentar la competencia del mercado», ya que se abre la posibilidad a que cualquier comercializadora con más de 25.000 clientes pueda ofrecer el precio regulado, cuando antes este tope estaba fijado en los 100.000 clientes, por lo que habrá «un mayor abanico donde elegir». De este modo, seguirán siendo comercializadores de referencia las 5 de referencia actuales y además se designarán 3 nuevos comercializadores de referencia.

En quinto lugar, el nuevo mecanismo «aumentará la capacidad de elección de los consumidores», que podrán elegir entre las diferentes modalidades de tarifa: un precio asociado al mercado (que fijará el operador del sistema, Red Eléctrica de España), un contrato bilateral con la comercializadora o una oferta estándar anual, que las eléctricas tienen que ofrecer obligatoriamente para los consumidores que prefieren «una mayor estabilidad» frente al precio de mercado. De hecho, las primeras ofertas anuales podrán consultarse a partir del 15 de abril.

Tras suspender la subasta eléctrica de diciembre, el Gobierno fijó de forma provisional durante el primer trimestre del año, y a la espera de la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, estuvo vigente un precio de la energía de 48 euros el megavatio (MW), que es la media del precio a futuros del mercado eléctrico marcado durante el tercer y cuarto trimestre del año pasado, a partir del que se facturó a los consumidores.

Precisamente, es esta facturación la que ahora deberá ajustarse a la evolución real del mercado mayorista en este trimestre. Este ajuste se efectuará a través de una refacturación y es consecuencia de que el mercado eléctrico marcó en el primer trimestre precios medios de 26 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 48 euros antes mencionados.

En total, el «ahorro» que se producirá con respecto al precio de 62 euros marcado por la subasta de diciembre hasta que se instaure este nuevo mecanismo será de unos 500 millones de euros, de los que 200 millones de euros corresponden a la diferencia entre este precio y el fijado por el Ejecutivo, y otros 300 millones de euros derivados de la diferencia entre el precio del Gobierno y el marcado finalmente por el «pool», según explicó el ministro.

Con esta diferencia, y según Soria, en la primera factura emitida con el nuevo sistema, las eléctricas deberán refacturar y devolver a los consumidores la diferencia entre los 48 euros fijados por el Gobierno y el precio de mercado y añadió que, durante este periodo transitorio, los recibos se calcularán con el precio fijado por el Ejecutivo para el primer trimestre.

Como consecuencia del nuevo sistema, el consumidor acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP), sustituta de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), no tendrá que hacer nada, ni comunicar nada, ni modificar sus aparatos de medición.

A este respecto, Soria no indicó cuál será el importe medio de devolución por usuario, aunque de forma orientativa, y si se tiene en cuenta que existen cerca de 17 millones de consumidores con tarifa regulada de electricidad, la refacturación de 300 millones de euros equivaldría a la devolución de una media de 17,65 euros por consumidor. Esto supondrá un hito, puesto que «nunca antes había habido una devolución».

En todo caso, el ministro señaló que «la cuantía a devolver dependerá del perfil de consumo de cada cual» y añadió que «no será una cuantía igual para todos los consumidores».

Respecto al momento de la devolución, dijo que variará en función «de cada compañía eléctrica, puesto que quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación, antes devolverán», si bien quiso dejar claro que el último día para realizarla será el 30 de agosto, que es cuando termina el plazo de dos meses estipulado para terminar de adaptarse al nuevo sistema desde el 1 de julio.

El único cambio para los usuarios acogidos al PVPC consistirá en que la factura se calculará con la media del precio de la electricidad en el mercado del periodo de facturación, en lugar de con el precio fijado en la subasta.

Este precio promedio de la electricidad se calculará con la media de los precios diarios del mercado mayorista y se aplicará a todo el consumo del periodo facturado. Cuando el usuario tenga un contador inteligente conectado y operativo, se facturará directamente el precio del mercado de cada hora a la energía consumida en esa hora.

REE publicará el precio promedio que se aplicará a la factura de cada consumidor en función de su periodo de facturación, y la CNMC dispondrá también de un simulador de factura.

UGT dice que el nuevo mecanismo está «abocado al fracaso»

UGT advirtió al Gobierno de que el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad es «confuso», está «abocado al fracaso» y refleja el «camino errático» que siguió el Ejecutivo en este materia.

«El Gobierno del PP está dando palos de ciego en relación al precio de la electricidad», denunció la central, que reclamó al Ejecutivo «un cambio de actitud» que busque «soluciones desde el consenso» para fijar una tarifa eléctrica que «no perjudique a los ciudadanos» y que esté «al servicio de la recuperación económica».

En su opinión, dicho consenso debe girar sobre tres ejes: considerar el suministro eléctrico como «un servicio público esencial», poner el sistema «al servicio de la economía real» y de la recuperación y establecer un modelo sostenible que impulse «el ahorro energético y las energías renovables».

UGT recordó que España es el tercer país de la Unión Europea donde los precios de la electricidad son más elevados, sólo por detrás de Chipre e Irlanda, que son islas, con un déficit de tarifa que equivale ya al 3% del PIB (30.000 millones de euros).

El sindicato hizo hincapié en que en los últimos cinco años, el precio de la electricidad en España se incrementó un 63%, el cuarto mayor repunte de Europa, frente al aumento medio del 29% en la eurozona, y todo ello en un contexto de importante caída de la demanda.

El nuevo precio es «la mayor aberración cometida en un sistema de tarifas»

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró que el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad supone «la mayor aberración que se ha cometido nunca en un sistema de tarifas de suministro», según indicó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Con el nuevo mecanismo, el Gobierno «quitará todavía más transparencia al sistema» al «privar al usuario del derecho elemental a conocer el precio del servicio antes de ser facturado», afirmó Facua.

A juicio de Sánchez, esta circunstancia supone una «clara ilegalidad», porque contraviene la Ley General de Defensa del Consumidor de 1984, a lo que se sumó una infracción adicional de la reciente Ley del Sector Eléctrico, que establece que las tarifas deben ser «claras y transparentes».

Facua consideró además que el nuevo mecanismo vulnera las directivas comunitarias, por lo que adelantó que «dará traslado» de su contenido a Bruselas. «Consideramos que Bruselas debe intervenir», señaló el portavoz de la asociación.

Junto a esto, Sánchez insistió en la complejidad de un sistema «multitarifas» de hasta 1.400 precios horarios cada bimestre para los consumidores con contadores digitales, o 60 para los que dispongan de contadores analógicos.

Esta complejidad impedirá a los consumidores analizar su propia factura y saber si ha habido errores o irregularidades, y «va a sembrar el caos». La propia Administración verá cómo «se elevan exponencialmente la dificultad y el tiempo» de análisis de las facturas, por lo que es previsible que acabe «saturada», pronosticó.

Facua también dudó de que el mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista de electricidad refleje el coste real de las tecnologías. En su opinión, los precios del pool «están hinchados».

UPTA dice que los autónomos quedarán «en manos de las eléctricas»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideró que los autónomos quedarán «en manos de las compañías eléctricas» con el nuevo mecanismo de revisión de los precios de la electricidad, caracterizados por su «complejidad».

La asociación indicó que la mayor parte de los autónomos no cuenta en la actualidad en sus negocios con contadores inteligentes que les permitan realizar una planificación por horas en sus actividades.

«Abordar esta inversión en las actuales circunstancias es muy delicado», señaló el secretario general de la organización, Sebastián Reyna, en alusión a la instalación de estos contadores digitales.

Por lo pronto, la aplicación de un promedio diario en la facturación hace temer a UPTA una nueva subida en el recibo, mientras que la opción de un contrato bilateral negociado con la eléctrica resulta una opción «muy alejada para la mayoría de las empresas españolas que no tienen dimensión suficiente para ello», señaló.

UPTA se mostró además partidaria de una liberalización del suministro minorista, si bien consideró que para ello hace falta tiempo, con el fin de organizar y asociar la demanda.

CECU cree que el sistema es «excesivamente complejo» y generará «discriminación»

Asimismo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) señaló que la nueva fórmula de facturación de la luz es «excesivamente compleja» y que generará una «enorme incertidumbre» e «inseguridad» entre los consumidores, ya que «imposibilitará» la comparación de precios, al cambiar cada hora, y por tanto «no se podrán utilizar los diferentes comparadores de precios», como el facilitado por la Comisión nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que pretende ofrecer la oferta más ventajosa.

Esto «imposibilitará también las ofertas» para cambio de comercializador puesto que los precios que puedan ofrecer las compañías serán los anteriores «pero no los futuros», por lo que «no hay comparativa de precio sostenible», apuntó.

Además, provocará que consumidores con el mismo consumo y la misma potencia paguen un precio diferente, ya que éste dependerá de la hora a la que se consuma.

CECU afirmó que el nuevo mecanismo para fijar los precios de la electricidad «no tiene comparativa en ningún país conocido».

Así, CECU advirtió de que los consumidores quedarán en situación de «indefensión», ya que es «evidente» que tendrá lugar una «discriminación» entre los usuarios que tengan redes inteligentes e integradas y contadores inteligentes respecto de aquellos que no los tengan.

De hecho, la organización afirmó que el mecanismo del Ministerio de Industria «no cumplirá con el derecho básico» de disponer de una «información clara y completa», y generará además «desigualdad» entre usuarios que gasten la misma cantidad de energía.

Los consumidores lamentaron también que el nuevo sistema se haya fraguado por la «vía de urgencia» con un decreto que «no permite a las partes implicadas en el sector opinar» sobre la propuesta o presentar alternativas.