Gabarró apunta a los PGE como la vía para poner fin al déficit de tarifa

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El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, emplazó al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria a «sacar» de la tarifa eléctrica «algunas subvenciones» puesto que se mostró convencido de que hasta que no se opte por este camino «no se dará equilibrio» al sistema eléctrico.

En rueda de prensa previa a la junta de accionistas de la compañía, Gabarró señaló que la conquista de este equilibrio se ha cargado sobre las compañías y «ya no podemos soportar más carga«. Después de mostrar su comprensión hacia que en 2013 se optara por reconocer déficit de tarifa para poder acercarse más al objetivo de déficit público comprometido con la Unión Europea, el presidente de Gas Natural considera que «llega el momento del Estado».

En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, cifró en 12.009 millones de euros las subvenciones a las que se refería Gabarró: 9.047 millones al régimen especial (generación renovable, biomasa y cogeneración), 1.806 al sistema extrapeninsular (para favorecer que la generación eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, más cara, tenga para los ciudadanos el mismo precios que en la Península), 682 al servicio de interrumpibilidad (que retribuye a determinadas industrias para que puedan parar en su actividad si el operador del sistema se lo reclama), 246 de subvenciones al carbón nacional y 228 correspondientes al bono social.

Sí que reconoció el ejecutivo de la multinacional gasista el recorte efectuado en estas subvenciones por el Gobierno, que cifró en 2.210 millones, dentro de unos ajustes que tratan de encarar el déficit estructural de 10.500 millones pero también insistió en que más del 50% de ese ajuste es asumido por las principales compañías eléctricas.

El impacto en 2013 para Gas Natural Fenosa por las medidas tomadas por el Gobierno se cifra en 455 millones de euros y para un ejercicio completo se eleva hasta los 600 millones anuales. «Las grandes compañías perdemos dinero en la actividad de generación», sentenció Gabarró que indicó que tampoco se puede «cargar más las tintas» sobre el consumidor por la merma de competitividad que supondrían más incrementos de la factura.

Contrarios a una reforma gasista

Gabarró se mostró contundente a la hora de valorar una posible reforma del sistema gasista español, que acumula un déficit de 314 millones de euros pero únicamente 16 se corresponden al ejercicio 2013. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador que indica que este año podría elevarse el déficit en 813 millones de euros, el presidente de Gas Natural Fenosa señaló que «no hace falta una reforma del gas». Lo que no descartó el dirigente de la compañía fue «algún ajuste consensuado con el Ministerio» para resolver «cosas puntuales» pero, en cualquier caso, tanto Gabarró como Villaseca rechazaron cualquier similitud entre el déficit del sistema gasista y el volumen alcanzado por el déficit eléctrico.

La crisis de Crimea y los potenciales problemas que puede haber con el suministro de gas por parte de Rusia a algunos países de la Unión Europea constituyen, a juicio de Salvador Gabarró, «una gran oportunidad para ser la puerta del gas para Europa«, en referencia a las posibilidades que ofrece el gas que España importa de Argelia y que podría enviarse a los países comunitarios con un mayor funcionamiento de las seis regasificadoras que tiene España en actividad, que podrían cuadriplicar su ritmo de trabajo actual hasta los 60 bcm. (1 bcm equivale a mil millones de metros cúbicos), aprovechando los dos gasoductos que conectan la Península con el norte de África y con el avance definitivo en el capítulo de las interconexiones a través del gasoducto Midcat, recientemente impulsado desde el Consejo Europeo y que aumentará la interconexión de España con Francia hasta los 21 bcm. Por ello, Gabarró reclamó al Gobierno que priorice la conexión con Francia sobre una reforma gasista.

«Se ha superado la recesión, pero la crisis aún no»

El presidente de la multinacional gasista también realizó una reflexión sobre la evolución de la economía española y aseguró que España ha superado la recesión pero no la crisis a tenor de la elevada tasa de paro, alrededor de los 5 millones de desempleados. «Hay buenas noticias, por tanto, porque las cosas han cambiado de signo, pero hay que seguir trabajando duro. Queda mucho por hacer», proclamó Gabarró. Ante esta situación, también apeló a la solidaridad de la sociedad española, de la que reclamó una «gran dosis» de solidaridad para no «abandonar» a la gente que carece de un trabajo.

En aspectos estrictamente económicos, el presidente de Gas Natural Fenosa celebró que la economía española empiece a consolidar el crecimiento experimentado a finales de 2013 y destacó que el Gobierno había realizado «deberes importantes» entre los que Gabarró citó el esfuerzo por cumplir con el objetivo de reducir el déficit público, una reforma laboral «valiente pero que hay que pulir» y una restructuración del sector financiero «que hace que ya nadie piense que un banco español va a quebrar».

Eduardo Montes (Unesa) asegura que «se ha perdido la ocasión» de plantear «una verdadera reforma eléctrica»

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Montes hizo estas declaraciones durante la conferencia «La situación del sector eléctrico después de la reforma«, en la jornada sobre «Los costes energéticos como factor de competitividad» organizada por la patronal valenciana Cierval y la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), a la que también asistió el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch.

Según Montes, se implantaron nuevos impuestos «muy altos» y el Estado «no ha podido asumir» los 5.000 millones de euros que tenía que haber sufragado en medidas, mientras que el sector «ha asumido 7.000 millones de euros» entre los años 2012 y 2013, algo que nos ha hecho «un daño tremendo.

«Hay una bajada que me parece particularmente crítica que es la distribución, el punto clave y corazón de un sistema eléctrico», y España tiene hoy en día «probablemente una de las distribuciones peor retribuidas de Europa» con una garantía de suministro del 99,99%, de forma que no puede fallar.

En su opinión, además, una de las reducciones «particularmente dañina» ha sido la de la retribución a los ciclos combinados, los que garantizan la seguridad del suministro, y advirtió de que su mantenimiento «es complicado».

Para Montes, «es difícil» que las empresas de la energía sean competitivas «mientras no haya realmente una reducción importantísima de los costes regulados», y señaló que va a ser muy difícil para todos los agentes llevar a cabo nuevas inversiones, lo que puede repercutir en la calidad y en las redes.

«Las principales empresas eléctricas españolas seguirán destruyendo valor porque la rentabilidad de sus activos es inferior al coste de financiarlas», aseveró. «Es difícil ser competitivo mientras no haya una reducción de los costes regulados», evidenció.

El presidente de Unesa explicó que, tras «las barbaridades técnicas» cometidas por el anterior Ejecutivo, el análisis que hizo el Ministerio de Industria sobre la reforma eléctrica «es válido» porque «ha cogido el toro por los cuernos», pero añadió que el sector «no puede estar de acuerdo con las medidas adoptadas porque dañan enormemente su situación económica».

«Una reducción importantísima de la retribución nos va a llevar a una dificultad de inversión en la distribución», aseveró Montes en declaraciones a los periodistas antes de la conferencia.

Los nuevos impuestos «nos han llevado a tomar medidas muy duras en algunas centrales», y por primera vez este año «la generación puede estar en cifras rojas», indicó.

Respecto al sistema de fijación de precios del nuevo modelo de tarifa eléctrica, manifestó que la patronal es una «firme defensora de la liberación total del mercado». «Si es un primer paso está bien, pero complejo es sin duda», señaló

En cuanto al ahorro en la factura para los pequeños consumidores con la implantación del nuevo sistema, señaló que «es posible alguna reducción» si cambian sus hábitos de consumo, para adecuarlos a las franjas horarias más baratas, y si se instala la totalidad de contadores de discriminación horaria.

Así, «se comprueba que a partir de las 21.00 horas, cuando todos llegan a casa, el precio sube, por lo que habrá que poner la lavadora o ver la televisión a las 18:00 horas o a las 2:00 de la madrugada».

En ese sentido, explicó que para que el nuevo modelo suponga un ahorro para los pequeños consumidores, una vez estén instalados todos los contadores de discriminación horaria, deben consultar en la página web de Red Eléctrica los nuevos precios horarios de la electricidad para poder consumir cuando sea más barata.

Montes recalcó que la patronal «no puede hacer nada» para que se reduzca esta factura ya que explicó que la energía eléctrica en España es «barata» comparada con otros países de Europa, pero que los costes regulados fijados por la Administración, «un problema que es heredado del Gobierno anterior», en parte por las primas concedidas para las renovables, ya que es «una barbaridad técnica y política hacer las cosas mal y en un momento inadecuado», son los «más altos de Europa y contra eso no podemos hacer prácticamente nada».

De hecho, cuantificó que un 38% del recibo eléctrico es para cubrir el gasto del sistema, pero que el 62% restantes son los costes fijados por la Administración, por lo que ha criticado que se quiera «demonizar» a las eléctricas.

Asimismo, argumentó que «en España más que pobreza energética lo que hay es pobreza después de una crisis terrible y para eso hay impuestos que pagamos en cantidad y la utilización de esos impuestos es lo que puede ayudar a requilibrar». «Nosotros como empresas privadas poco podemos hacer», reiteró.

Además, recordó que «una parte importantísima» de los accionistas de las grandes eléctricas son «jubilados y fondos de pensiones», que «han metido sus ahorros para tener un resultado y no se les puede quitar de ninguna manera».

Industria prepara el marco legal que permitirá la aplicación de un bono social para la bombona de butano

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El Congreso rechaza pedir al Gobierno una bombona de butano social

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una proposición no de ley presentada por UPyD en la que se pedía la creación de una bombona de butano social para los colectivos sociales más desfavorecidos.Durante el debate de una proposición no de ley de UPyD reclamando subvenciones en el precio de la bombona de butano para determinadas familias vulnerables, Juste afirmó que «el Gobierno ya se viene ocupando y preocupando de este tema» desde hace tiempo, y ha señalado que precisamente el ministerio que dirige José Manuel Soria está «preparando el marco legal que permita la existencia del bono social para el butano, como ya existe para la tarifa eléctrica».

«El Gobierno está estudiando la posibilidad de avanzar en la liberalización del sector del gas licuado del petróleo, prevista en la legislación sectorial de hidrocarburos, y salvaguardará los intereses de los sectores más desfavorecidos con un bono social para consumidores con determinadas características de consumo y de poder adquisitivo», ha dicho, sin precisar cuáles serán esos criterios.

Por eso, el PP rechazó la iniciativa parlamentaria de UPyD, que contó con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, recordando además que «la fijación de estos mecanismos sociales no deben establecerse como un hecho aislado y puntual sino que debe estar enmarcado en esa gran reforma del sector de hidrocarburos que España necesita, y que tiene como objetivo aumentar la competencia entre los distribuidoras de combustibles para favorecer la caída de precios».

«El PP no participa de la política del parche y el remiendo, sino de la revisión profunda. Así que dejen de ejercitar ese oportunismo tan salvaje que les caracteriza», dijo al PSOE, preguntando al principal partido de la oposición qué hicieron ellos para solventar este problema cuando estaban en el Gobierno.

Por último, Juste recordó que el consumo de butano se redujo en los últimos años y precisó que, aunque su precio sí se incrementó, la decisión del Gobierno de limitar el precio máximo hasta marzo de 2014 evitó subidas superiores. «Y una vez constatado el efecto beneficioso de esta medida, el Ministerio ha prorrogado su vigencia hasta marzo de 2015», zanjó.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, defendió la iniciativa recordando que la crisis económica y la subida de los precios de la energía está empujando a muchas familias a la pobreza energética.

Por eso, pidió al Gobierno que «haga frente a un problema muy grave que no se puede ignorar» y que otros países europeos han resuelto con políticas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un bien básico como la energía.

En particular, la formación magenta planteó una «fórmula abierta» tanto en cuanto a la fórmula de aplicación del bono social como a los colectivos vulnerables que se puedan beneficiar, de modo que familias de jubilados, numerosas o con parados que «puedan acreditar que no pueden hacer frente» al coste del butano puedan disfrutar de un precio subvencionado.

Los colectivos propuestos para beneficiarse de esta bombona de butano social serían los pensionistas que perciban un importe mínimo por jubilación, incapacidad permanente o viudedad; las familias numerosas con ingresos inferiores a tres vedes el IPREM; familias con renta inferior a dos veces el IPREM y otros afectados con ingresos inferiores a este indicador.

Además, la proposición no de ley incorporaba la petición de aprobar una estrategia integral para la erradicación de la pobreza energética que, entre otras cuestiones, garantice un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas, una cuestión introducida por el PSOE en una enmienda.

Por ello, la socialista Helena Castellano explicó que con su enmienda pretenden «ir más allá» de lo planteado en la proposición, instando al Gobierno a estipular un suministro mínimo inembargable de electricidad y gas, así como aprobar un Plan Nacional para erradicar la pobreza energética con medidas que «mejoren la capacidad de pago de las familias y la eficiencia energética de las viviendas».

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recordó que «millones de personas sufren a diario pobreza energética» en España, una situación que se ha visto agravada por la crisis y las políticas de austeridad del Gobierno. «Es un problema gravísimo, pero tiene solución si no se mira a otro lado», añadió, recordando que su grupo presentó iniciativas para aplicar el IVA superreducido a los servicios energéticos básicos o establecer un mínimo de consumo que no se pueda cortar.

La diputada de CiU Inmaculada Riera vio «adecuada» la propuesta porque «sitúa la problemática de la pobreza energética en el ámbito de los programas sociales del Gobierno», que no se han tenido en cuenta en las últimas reformas energéticas, centradas únicamente en reducir los costes del sistema. «El bono social es una política social que debe ser financiada por los Presupuestos para evitar que se distorsionen los precios reales», defendió.

El Gobierno de Cataluña y el sector industrial advierten de que la reforma energética del Ejecutivo hace replantear las inversiones

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Puig auguró que la reforma eléctrica del Gobierno comportará «una reducción muy significativa de inversiones» y alertó de que ya está provocando la destrucción de puestos de trabajo en sectores como el de las energías renovables, a la vez que está generando grandes incertidumbres entre las empresas de generación energética.

En este sentido, el consejero delegado de Torraspapel, Eduard Querol, reafirmó las declaraciones del conseller, ya que aseguró que varios directivos de multinacionales implantadas en España le manifestaron su preocupación sobre la situación, y advirtió de que «si no se arregla, muchas inversiones se van a ir fuera».

Querol afirmó que las industrias que apostaron por las plantas de cogeneración «no pueden ni pagar el gas que están utilizando», cuando el objetivo era reducir costes energéticos y aumentar la competitividad, y manifestó que en estos momentos no habría apostado por construir la planta de cogeneración que Torraspapel tiene en Sant Joan de les Fonts (Girona).

«La inversión, hoy, no la hubiese hecho. Y lo que yo hago es lo que hace cualquier multinacional, invertir en función de la legislación», subrayó.

El director general de Lafarge España, Isidoro Miranda, criticó que España es el único país del área mediterránea que entre 2009 y 2012 incrementó sus costes eléctricos en más de un 25%, cuando la demanda y el consumo eléctrico fueron a la baja, un aspecto que aseguró que hace replantear inversiones: «Una multinacional se pregunta cómo es posible que se suban los precios cuando la demanda está por los suelos».

Miranda afirmó que invertir ya implica unos riesgos inherentes, pero avisó de que «si se imponen riesgos por encima de los propios, una multinacional pierde interés».

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y director general de Bayer Ibérica, Jesús Loma-Ossorio, constató que ya hubo empresas que se vieron obligadas a cerrar debido al aumento constante de los precios de la energía en los últimos años, y alertó de que «esto puede pasar también en otras».

Loma-Ossorio señaló que muchas inversiones del sector químico se están trasladando a Estados Unidos, donde constató que la electricidad cuesta la mitad que en Europa.

El presidente de Ercros, Antoni Zabalza, criticó que los peajes de la energía se incrementaron un 82% desde finales de 2008, lo que, a su juicio, demuestra que es «falso» que el Gobierno español sea un gobierno a favor de la industria.

«Sé que el Gobierno tiene problemas presupuestarios y los entiendo muy bien, pero también sé que en otros sitios tienen una visión un poco más amigable respecto a la industria», manifestó Zabalza, que lamentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya considerado que la industria tenía suficiente capacidad para soportar estas subidas.

El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, coincidió en afirmar que esta reforma eléctrica «resta una competitividad muy importante» a las industrias, que aseguró que ya han hecho todos los esfuerzos posibles para reducir costes.

Una moratoria del nuevo régimen eléctrico a plantas de purines

Por otro lado, la Generalitat, a través de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, solicitó al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, una moratoria hasta finales de 2015 para la aplicación del nuevo régimen económico eléctrico para las plantas del tratamiento de purines.

Con esta prórroga, el Gobierno catalán pretende encontrar una solución para la gestión de los excrementos ganaderos puesto que, según denunciaron tanto la Generalitat como el sector ganadero, la aplicación del nuevo régimen retributivo comportará el cierre forzoso de las 6 plantas de deshidratación térmica de purines.

El nuevo régimen retributivo diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo forma parte de la reforma eléctrica que quiere llevar a cabo el Gobierno central, y la Generalitat criticó que la reforma esté elaborada desde un punto de vista presupuestario y financiero, sin considerar criterios industriales o de competitividad.

Soria asegura que el nuevo precio de la luz será mejor, pese a que «se pague más o menos durante el año»

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En la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados Soria respondió así al diputado socialista Román Ruiz Llamas, quien le preguntó por la razones que le llevaron a aplazar el nuevo cálculo de los precios eléctricos que pagarán 16 millones de consumidores, a lo que Soria respondió que no ha habido retraso alguno en la aplicación del sistema.

El Gobierno aprobó el pasado 28 de marzo un nuevo sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica regulada, que entró en vigor el 1 de abril y que lo vincula a la evolución del mercado mayorista.

Para la mayoría de los consumidores que no tienen aún contador inteligente la factura se calculará con una media del precio de la electricidad en ese mercado que publicará Red Eléctrica.

Cuando el usuario tenga un contador inteligente conectado y operativo, se facturará directamente el precio del mercado de cada hora. Además, las distribuidoras tendrán ofertas con un precio fijo anual.

El diputado socialista criticó que con el nuevo sistema se vayan a pagar «cuatro precios diferentes por un mismo servicio», lo que en su opinión genera «discriminación» entre los consumidores.

Por ello, emplazó a Soria a que tome «una medida justa y consecuente» y adelante el plazo de instalación de los contadores digitales.

Además, criticó que desde que el PP gobierna la factura de la luz no dejó de subir y que no se acabó con el déficit tarifario, que en 2013 fue de 3.700 millones de euros, recordó.

Por su parte, Soria le replicó que el nuevo sistema supuso un ahorro de 200 millones de euros después de que se suspendiera la subasta del 20 de diciembre de 2013 para calcular el precio de la luz y que habría supuesto un aumento del 11% del recibo final.

Además, el ministro ya anunció a finales de marzo que las eléctricas tendrán que devolver un total de 300 millones de euros a los usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), antigua TUR, como consecuencia de que el precio de la electricidad en el mercado en el primer trimestre, 26 euros por megavatio/hora (€/MWh) fue inferior al que fijó provisionalmente el Gobierno (48 €/MWh) al inicio del año, basándose en criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En este sentido, Soria aseguró que el nuevo sistema tendrá un impacto «mucho mejor» que el anterior de subastas, y que su impacto más «directo» y «claro» será, por «primera vez en la historia de los últimos años», la devolución de las eléctricas a los consumidores correspondiente al primer trimestre. «No conozco ningún antecedente», apostilló.

El titular de Industria también explicó que el nuevo cálculo que en algunos meses conllevará que «habrá momentos en los que se pague más» y otros en los que «se pague menos», aunque «habrá que ver la factura en el conjunto del año y eso nos dará un impacto mejor».

Los purines recibieron diez veces más que el coste de inversión

Asimismo, Soria aseguró que las plantas de tratamiento de purines recibieron desde su puesta en funcionamiento en 1999 un total de 3.085 millones de euros por la electricidad producida y las primas asociadas, más de diez veces los 285 millones de euros de su coste de inversión.

El ministro de Industria ofreció estas cifras en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Teresa Cunillera acerca de las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el cierre de las plantas de tratamiento de purines.

Las 33 plantas españolas, argumentó el ministro en alusión al impacto ambiental del hipotético cierre de las instalaciones, procesan un 5% de los 50 millones de metros cúbicos de los purines generados en España.

«No estamos diciendo que vayamos a retirar el incentivo, sino que vamos a disminuirlo. Seguirán teniendo una rentabilidad razonable del 7,5%», aseguró, antes de preguntarse si «la sociedad española puede permitirse seguir pagando en la factura de la luz» los costes del sistema eléctrico.

Por su parte, Cudillera enfatizó los costes ambientales de un eventual cierre de plantas para el sector porcino en España y recordó al ministro que este recorte no servirá para solucionar el déficit de tarifa.

Los pequeños distribuidores de electricidad también recurren en el Supremo el recorte de la reforma

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El nuevo esquema de retribución, incluido en la reforma energética presentada por el Gobierno a mediados del año pasado, incluye una rentabilidad conforme a los tipos de referencia del Tesoro, que se situará en el 6,5% para el periodo regulatorio que se inicia en 2014.

Con su recurso, publicado este miércoles en el BOE, CIDE se suma a iniciativas planteadas contra la misma norma por las grandes eléctricas agrupadas en la Asociación Nacional de la Industria Eléctrica (Unesa).

La norma también fue recurrida por otras empresas de menor tamaño. Este mismo miércoles, el BOE publica las denuncias presentadas por otras trece empresas de pequeño tamaño en contra tanto de la regulación de distribución como la orden de peajes de enero.

Unesa reitera que el nuevo sistema para la fijación de precios de la luz es «tremendamente complejo»

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Durante un acto con estudiantes en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Montes defendió que el sector eléctrico no generó el déficit, pero sin embargo eléctricas y consumidores tienen la «obligación» de financiarlo.

El presidente de Unesa sostuvo que «nosotros hemos cumplido con lo que la ley nos ha obligado», tras pagar más de 4.000 millones de euros entre 2012 y 2013, así como los usuarios, con dos subidas de tarifa que han supuesto «cerca de 1.500 millones de euros».

Asimismo, Montes insistió en que los precios de la electricidad «no han subido a lo largo de la última década», aunque sí se incrementó la tarifa como consecuencia de los costes regulados, según señaló la Universidad Francisco de Vitoria.

En otro sentido, sobre el sistema político, Montes indicó que «lo que hay que decirle a nuestros gobernantes, a través de nuestro voto, es lo que queremos que hagan», así como que «no utilicen los populismos».

Las plantas de purines solicitan una moratoria en la reforma energética para evitar la quiebra del sector

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La asociación reclamó medidas «urgentes y sostenibles» que eviten el cierre tanto de instalaciones porcinas como de la totalidad del sector de tratamiento de purines.

Entre ellas, abogó por una moratoria a la normativa actual «durante unos años» que permita «buscar soluciones debatidas por todas las partes y que redunden en beneficio del sector porcino, de los trabajadores, del medio ambiente y de la economía nacional».

ADAP lamentó que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no haya reaccionado ante sus advertencias acerca de la quiebra de las 29 plantas operativas de purines en caso de que se apruebe la nueva metodología de retribución en los términos actuales.

«El Ministerio de Industria Energía y Turismo sigue sin reconocer la realidad económica de estas plantas, abocando a todas las instalaciones de tratamiento de purines, paradas desde hace más un mes, al cierre definitivo, lo que supondría una situación sin precedente en la industria española«, señaló.

Mientras, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «intenta buscar medidas provisionales alternativas al cierre, y sigue sin solucionar el problema de los ganaderos, que puede derivar en graves consecuencias medioambientales», aseguró.

Las plantas de purines dijeron sentirse «abandonadas a su suerte» tras constatar que, para Industria, el posible cierre de las instalaciones no es competencia de ese ministerio, «aunque su creación y legalización se hizo precisamente bajo una normativa específica» de ese departamento.

Mientras, Agricultura, «acuciado por las graves consecuencias para el futuro del sector porcino y para el medio ambiente que tendría el cierre de estas plantas», realizó un «intento desesperado por justificar el cierre de las mismas», al lanzar un estudio previo «sin contar con todas partes implicadas, basado en medidas ineficaces o parciales», señaló.

El presidente de CLH defiende «una política energética común»

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López de Siles abogó por una «política energética común», aunque «la energía es tan importante que ningún país quiere ceder soberanía en este aspecto», dijo ante un foro empresarial y logístico tarraconense.

«Mientras aquí discutimos, Estados Unidos avanza y recupera su liderazgo manufacturero; parece que no se vean los cambios en los flujos internacionales», argumentó.

Según los datos aportados por el presidente de CLH en su charla, la demanda de energía primaria durante la última década creció anualmente un 2,3% en el mundo debido, sobre todo, al incremento del consumo en los países emergentes.

Además, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, el petróleo continuará suponiendo en torno a un tercio de la demanda mundial de energía primaria en el año 2035.

«Estados Unidos, Brasil y Canadá producirán tanto petróleo como Arabia Saudí» y en cambio, «Europa es cada vez más importadora y sus orígenes también están demasiado concentrados, sobre todo en Rusia y Argelia; la Unión Europea tendrá que afrontar pronto estos cambios».

Las nuevas técnicas de extracción no convencionales (López de Silanes no pronunció el término fractura hidráulica) perfilan que Estados Unidos pasará de importar a exportar gas en 2020, con un fuerte impacto en la geoestrategia energética mundial.

El presidente de CLH, en el turno de preguntas, comentó: «yo soy de la Rioja y, de la noche a la mañana, me encontré que habían prohibido el fracking, de repente, sin plantearse nada; esto es demasiado importante como para no debatirlo».

El sector petrolífero es «tremendamente competitivo y la cadena logística es un elemento clave», como evidencia que la mitad del crudo que se consume en todo el mundo pasa por «seis estrechos».

Un estudio alemán asegura que España está entre los países más avanzados en política energética

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Estas dos variables se combinaron en el informe con el factor económico y la seguridad del suministro para la elaboración de dos escalafones: uno que valora la eficacia de su política energética y otro que mide los progresos realizados en los últimos cinco años.

España ocupa el séptimo lugar en la primera lista y el quinto en la segunda, entre los 24 países analizados, pertenecientes a la OCDE y al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

«Eso indica que España ha realizado en los últimos años grandes progresos en política energética«, según apuntó en el estudio presentado en Berlín, que señaló como punto débil del país el alto precio de la energía.

«Las empresas españolas en la agricultura, en la industria y en el sector servicios están entre las mejores de todos los países comparados con relación a las emisiones de C02 y a la intensidad energética», afirmó el informe.

Los domicilios particulares también tienen un buen balance energético y de emisiones de CO2, parámetros «que han mejorado claramente en los últimos cinco años».

Entre los progresos se señaló la ampliación de las redes ferroviarias y el aumento del uso de combustibles biológicos en el transporte aunque, según el estudio, en esos dos aspectos todavía hay mucho trabajo pendiente.