Según la Ley del Sector Eléctrico aprobada el pasado mes de diciembre, las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben presentar sus planes de inversión para los próximos años «antes del 1 de mayo de cada año» para su aprobación por parte del Estado. En este sentido, se especifica que la secretaría de Estado de Energía establecería mediante una resolución en qué términos deberían presentarse estos planes plurianuales, previa propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La resolución, publicada finalmente el 30 de abril, indica que la CNMC realizó su propuesta el pasado 24 de abril. Lo cierto, es que la CNMC tenía hasta el 1 de abril para hacer su propuesta, según el Real Decreto 1048/2013. Por ello, dice la resolución de Industria que, «después de analizar dicha propuesta», la secretaria de Estado de Energía resuelve establecer el contenido y formato de tres documentos anexos en los que se fijan los detalles indispensables de los planes de inversión para las instalaciones cuya puesta en servicio se realice en 2015 pero también 2016 y 2017. Todo ello para antes del 1 de mayo. Casi instantáneo.

También se fija para el 1 de mayo la presentación de un inventario actualizado dividido en dos partes: por un lado, el inventario debe recoger las redes de distribución de baja tensión que hayan entrado en servicio a partir de 2014 con las características técnicas y administrativas de cada instalación, fecha de la concesión de la autorización de explotación, valor de inversión y todas aquellas características «que resultasen necesarias para el cálculo de la retribución de la empresa distribuidora»; por otro lado, el inventario debe registrar la totalidad de las redes de distribución de alta tensión bajo su gestión, detallando «para cada instalación las características técnicas necesarias para el cálculo de la retribución de la empresa distribuidora». Dicho inventario también requería trámite previo de la CNMC, sin que se conozca el resultado del mismo.

Nuevas auditorías para la distribución

Adicionalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también publicó también en el BOE varias resoluciones en las que detalla el funcionamiento de las nuevas auditorías externas para los activos de distribución eléctrica.

De esta forma, el Gobierno no sólo se ajusta a lo contemplado por la nueva Ley del Sector Eléctrico, sino que desarrolla el real decreto 1048/2013 acerca de la nueva metodología para el cálculo de la retribución a la distribución.

Conforme al nuevo mecanismo, las empresas deben remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sometido a auditoría externa acerca de estas retribuciones.

En concreto, las auditorías deben recoger la información necesaria para el cálculo de la retribución asociado a todas las instalaciones puestas en servicio el año n-2 y para la modificación de la retribución de una instalación existente cuyos parámetros retributivos hubieran cambiado.

La información remitida debe incluir el valor de inversión real realizada, una declaración expresa de ayudas y aportaciones de fondos públicos o medidas de efecto equivalente y una declaración de instalaciones cedidas y financiadas total o parcialmente por terceros. Dichos contenidos, según las fuentes consultadas por Energía Diario, son muy diferentes a los que se venían realizando hasta el momento.

En resumen, Industria estableció en sus resoluciones del 30 de abril los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa, para remitir el inventario auditado de instalaciones así como para presentar los planes de inversión anual y plurianual. Para el inventario y los planes de inversión, el plazo fue de menos de 24 horas.

Durante un encuentro informativo organizado por «El Economista» y Ernst & Young, Soria apuntó que el Gobierno está a la espera de los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado sobre el Real Decreto y la Orden Ministerial que regulan los nuevos parámetros a las renovables, cogeneración y residuos.

Tal y como estaba previsto en la reforma presentada en julio de 2013, esta normativa sustituye el sistema de primas al régimen especial por una «retribución razonable» a lo largo de la vida útil de la planta, lo que supondrá un ahorro de 1.700 millones de euros, según datos de la CNMC.

Los borradores de estas normativas, para las que «no se vislumbran cambios» según Soria, despertaron las quejas de prácticamente todos los sectores, puesto que han sufrido «disminuciones importantes» en su retribución y que consideraron excesivo el recorte e incluso supuso ya el cierre de algunas plantas.

Frente a esto, el ministro indicó que no se vislumbran «cambios», más allá de los que ya se conocen, y añadió que «si se hacen excepciones habría que ver a qué otras tecnologías se hace esa disminución», ya que esto implicaría aplicar un «ajuste adicional» en otras, apuntó antes de asegurar que la intención del Gobierno «no es sólo no arruinar a nadie, sino todo lo contrario», conseguir «más inversión, más crecimiento y más empresas». Así, consideró que cada vez que se reducen los costes del sistema se reducen los ingresos de los operadores del sistema que realizan actividades reguladas.

El titular de Industria dijo haber escuchado a «muchos sectores afectados» por el impacto de las medidas regulatorias, como el fotovoltaico, y consideró que es «normal» que haya «contradicción» entre el interés general y el «legítimo, privado pero legítimo, de los operadores». Sin embargo, recordó que las primeras medidas para «reordenar» el sector tuvieron lugar en 2010 por el anterior Gobierno, que «ya era consciente de la que se avecinaba».

En este sentido, reprochó no haber visto «ni una sola alternativa» para atajar el problema del aumento de precios, sino que todo lo que se ha puesto sobre la mesa es decir «a mí no me toques».

En cualquier caso, el ministro señaló que el hecho de que se hayan introducido cambios no significa que el Gobierno no apueste por las tecnologías renovables, ya que son «uno de los mejores escaparates» de España en el resto del mundo.

En su opinión, el problema «de base» del sector eléctrico es que los precios han aumentado en España un 70% en la última década, lo que afecta a consumidores, a la industria y a la competitividad, por lo que el «objetivo esencial tiene que ser adoptar medidas para que eso precios bajen y se estabilicen».

Soria también destacó que será la primera vez que en España se vaya a regular el autoconsumo, sobre el que el Gobierno es «plenamente favorable», si bien marcó la necesidad de abonar un peaje, ya que «las infraestructuras tienen que financiarse».

Reforma gasista

Por otro lado, Soria apuntó a la reforma del sector gasista como una de las prioridades del Ejecutivo, con el objetivo de eliminar el pequeño déficit tarifario que arrastra el sector, de 3.600 millones de euros en 2013, intentar que «los precios actúen como señales para los consumidores» y aumentar la utilización de las infraestructuras, en especial para «aprovechar la posición de España de tránsito del gas natural licuado (GNL) y las importaciones de Argelia» para dirigirlas a Europa.

Además, el Ejecutivo también pretende aumentar la competencia, crear un mercado ibérico del gas y «actualizar la retribución tanto de la actividad de distribución de gas como de las plantas regasificadoras»

Asimismo, el ministro adelantó que «probablemente» se plantee «la posibilidad de hibernar (cerrar temporalmente) algunas instalaciones» de ciclo combinado, ya que hay muchas que «están siendo infrautilizadas», aunque hay que analizar «en qué condiciones», una cuestión que actualmente trata con el sector.

Soria también indicó que la revisión de la tarifa eléctrica supuso un ahorro de 500 millones de euros, y señaló que sería «deseable» un mayor grado de competencia en el mercado, aunque aseguró que en estos momentos «la prioridad» no está en introducir cambios en el mercado mayorista, «sino en culminar la reforma en el sector del gas».

Con respecto a la reforma del mercado eléctrico mayorista o «pool», Soria aseguró que se retrasará hasta que se culminen tanto la reforma eléctrica como la gasista.

Sobre las prospecciones, Soria se mostró favorable a no renunciar a las posibilidades en materia de hidrocarburos, aunque por el momento el Ejecutivo no tiene «ninguna constancia» de su existencia, si bien algunos estudios apuntan a que podría haber en la mitad norte peninsular.

La carta, que será enviada a los clientes de la ya extinta Tarifa de Último Recurso (TUR), ahora convertida en el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), forma parte de las exigencias del real decreto 216/2014, publicado a finales de marzo y en el que se establece la nueva metodología de precios.

Las comercializadoras informarán al cliente de que continuarán en el PVPC sin necesidad de realizar ninguna gestión y de que «próximamente» se les devolverá una cantidad de dinero debido a que el precio de la electricidad en el mercado durante el primer trimestre fue inferior al establecido por el Gobierno.

También se comunicará a los clientes que a partir de ahora pagarán únicamente el precio de mercado por el consumo de electricidad realizado durante el periodo de facturación, ya que desaparecen las subastas Cesur con las que se fijaba el coste de la electricidad para el siguiente trimestre.

La comercializadora de electricidad dispondrá de plazo hasta el 1 de julio para adaptarse al nuevo sistema, y hasta ese momento podrá continuar aplicando el mismo precio del primer trimestre del año, que se regularizará posteriormente. La devolución se realizará en la primera factura emitida con el nuevo mecanismo.

La carta también informará de las alternativas al PVPC, entre ellas la posibilidad de contratar una oferta con un precio fijo del kilovatio hora para todo el año. También este martes, 15 de abril, concluyó el plazo para que las empresas remitan esta oferta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por el momento, el nuevo mecanismo de facturación será el contemplado para los contadores analógicos de luz, en el que el precio del kilovatio hora será el resultado de la media diaria del mercado eléctrico adaptada a unos perfiles de consumo diseñados por Red Eléctrica de España (REE).

Más adelante, en una fecha aún por determinar, empezará a aplicarse para los contadores digitales un sistema de facturación hora a hora en función del precio del mercado. Para ello, es necesario que el Ministerio de Industria publique en el BOE un resolución y que transcurran otros dos meses de adaptación.