En un encuentro con los medios de comunicación previo a la Junta General de Accionistas, Folgado insistió en que «nos atenemos a lo que se dice expresamente» en la normativa, señaló, que en este caso establece que «Red Eléctrica, como operador del sistema, tiene que hacerse cargo cuando sea con esa finalidad (la seguridad de suministro) de las centrales de bombeo».

«Nosotros no vamos a entrar a dilucidar esas cuestiones», añadió, «lo que vamos a hacer es cumplir un mandato».

En cualquier caso, advirtió de que la asunción de esta central no implica «dedicarnos a generar» electricidad, sino que constituye «un instrumento para la seguridad del suministro, la estabilidad del sistema y la integración de las renovables» no gestionables.

El presidente de REE añadió que se solicitó al Ministerio de Industria la información referente al proyecto que se suministró a Endesa y puntualizó que la retribución de este activo no dependerá de la producción, sino que será «razonable» en su calidad de actividad regulada.

El pasado martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden ministerial por la que impone a Unelco, filial de Endesa, la obligación de traspasar al operador del sistema, REE, el proyecto de la central hidráulica de bombeo de Chira-Soria de 200 megavatios (MW) de potencia y ubicada en Gran Canaria.

En la orden ministerial, Industria aseguraba que Unelco había renunciado a la ejecución del proyecto y explicaba que el traspaso se produce en aplicación de la Ley 17/2013, por la que REE asumirá las instalaciones de bombeo en Canarias.

Este «traspaso» a Red Eléctrica forma parte de la ley para impulsar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que estableció que Endesa debía presentar y cumplir un plan para mantener la central, un requisito que esta consideró imposible de cumplir al desconocer la retribución que le corresponde.

A partir de ahora, se inicia un plazo de seis meses para la transmisión de los activos y se abre un periodo de negociación para fijar el precio de compraventa, en el que se tendrán en cuenta los costes en los que hayan incurrido hasta la fecha los promotores del proyecto.

La propia ley contempla la posibilidad de que Endesa y REE no alcancen un acuerdo sobre el precio. En ese caso, Industria se dirigirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que nombre un árbitro independiente que, en el plazo de tres meses, dicte un laudo vinculante.

Por otra parte, Folgado estimó que hay que hacer «inversiones muy importantes en las islas Canarias», al tiempo que calificó la política energética del Gobierno en esta comunidad como «absolutamente esencial».

En su opinión, es preciso hacer una transición de las centrales de fuel a las renovables, que en Canarias resultan más baratas que las tecnologías convencionales, así como reforzar la seguridad con ciclos combinados y bombeos.

Canarias demanda a Soria diálogo para resolver el conflicto

Por su parte, la consejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo (PSOE), hizo un llamamiento al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que practique una política de «diálogo y entendimiento» que resuelva el problema surgido con la futura central hidroeléctrica de Chira-Soria.

Luengo señaló que, si no se introduce el consenso en esta cuestión, «pasarán muchos años» hasta que se pueda llevar a cabo la ejecución de la citada central, al mismo tiempo que pone en juego la penetración de las energías renovables en la isla.

La consejera por ello solicitó al ministro que se siente hablar con las dos empresas afectadas, Endesa y REE, y dé una solución, sobre un asunto en el que recordó que la comunidad autónoma carece de competencia.

La responsable de Industria de Canarias insistió en que no entiende que no se busque el consenso en esta cuestión, que genera un «perjuicio claro» a las islas.

«Hacia el futuro tenemos unos costes regulados mucho más controlados», que quedarán «congelados», y «con tendencia en algún caso a disminuir». Este control «al menos garantiza que no va a haber elevaciones de los peajes en el sistema eléctrico español», señaló Nadal durante su intervención en la clausura de la jornada «Impacto de la reforma del sector eléctrico en la industria de gran consumo de electricidad» organizada por la asociación de empresas de gran consumo de electricidad (AEGE).

«La ley garantiza que cualquier iniciativa que intente utilizar el sistema eléctrico como sustituto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrá una sanción inmediata en forma de elevación de peajes para nuestros políticos», lo que supondría una subida del recibo de la luz, indicó el secretario de Estado.

La Ley del Sector Eléctrico incluye un sistema corrector automático para evitar la generación de déficit tarifario (desfase entre ingresos y gastos), de manera que si los costes regulados suben, lo harán en la misma medida los peajes.

En cualquier caso, Nadal valoró que la reforma energética acometida por el Ejecutivo termine con el déficit, ya que los costes regulados dejarán de ser «un elemento que frene la competitividad» de la industria española.

España tiene los costes regulados «más altos» de Europa

El secretario de Estado de Energía reconoció que los «problemas» del sistema eléctrico proceden de la parte regulada de la tarifa y que actualmente los costes españoles son «los más altos del continente», una circunstancia de la que culpó a la apuesta por tecnologías de generación inmaduras durante «las dos legislaturas pasadas».

«Este martes en Genera», señaló en alusión a la feria de renovables que se celebra estos días en el Ifema, «explicaban que un megavatio de energía fotovoltaica se puede instalar ahora por menos de 500.000 euros, cuando aquí se llegó a instalar por entre 6 y 7 millones de euros«.

Además, explicó que a medida que se introduce energía renovable en el sistema, se requiere «simultáneamente» el «respaldo» de un sistema convencional por si la renovable no estuviera disponible.

«La única manera de reducir costes es que el riesgo sea compartido por todos los países europeos», señaló Nadal, ya que de lo contrario sucede, como actualmente, que hay simultáneamente dos sistemas de generación, renovable y convencional, lo que es «enormemente caro» y «termina repercutiendo en las industrias».

Así, abogó por que la mejora de la competitividad en la energía se haga por el abaratamiento de los costes, el uso de las infraestructuras y la capacidad de generación, y «no restando competitividad al resto de sectores».

En cuanto al mix energético, dijo verlo «bastante equilibrado», al contar con una base nuclear que da «estabilidad» al sistema, unas fuentes térmicas «equilibradas» entre carbón y gas, y unas fuentes de energías renovales con costes variables bajos.

«Si esas fuentes de energías renovables las hubiésemos introducido cuando el coste de inversión era más bajo, como es en la actualidad, el mix habría sido casi perfecto», sostuvo Nadal.

El secretario de Estado de Energía también aludió a la falta de dos puntos «enormemente importantes» por conseguir dentro del sistema eléctrico. El primero consiste en obtener unos «mecanismos de ajustes de oferta más dinámicos y flexibles», especialmente en lo referido a los ciclos combinados de gas. El segundo pasa por la mejora de las interconexiones internacionales de gas y electricidad, a la que definió como la «gran batalla» del Gobierno en los foros europeos.

La industria debe acceder a precios eléctricos competitivos

Durante la jornada, el presidente de AEGE, Eduardo Gil, destacó la importancia de que la industria acceda a precios de la energía competitivos y recordó las peticiones realizadas por la industria en el manifiesto de la Federación Internacional de Industrias con Gran Consumo Energético (Ifiec Europea).

Entre estos se encuentran confirmar el objetivo de reindustrializar Europea, llegando al 20% del PIB en 2020 y el acceso a una energía competitiva, puntos que el presidente de AEGE requirió para España, donde los síntomas de la crisis «continúan siendo más palpables que en la Unión Europea» con una «inferior participación» de la industria en el PIB.

Gil aseguró en su discurso que «España necesita apoyar a la industria instalada en nuestro país y goza de excelentes infraestructuras para atraer nuevas inversiones» y aseguró que el sector industrial ya realizó «importantes esfuerzos» para reducir costes laborales.

En este sentido, Nadal destacó la importancia de lograr un precio eléctrico competitivo que no «expulse» a la industria y sostuvo que el impacto de la reforma energética sobre las grandes industrias ha sido «relativamente limitado». En este sentido, defendió que en el marco de «ajustes» realizados en la remuneración de todo el sector se «ha tenido especial cuidado» en lo que afecta a la industria que supone actividad productiva y exportación.

Así, señaló que una de las tecnologías «menos afectada» por los recortes ha sido la cogeneración (que utilizan las industrias para generar electricidad durante el proceso de fabricación para ahorrar en la factura) y que también se respetó la interrumpibilidad (pagos a grandes industrias por desconectarse del sistema cuando este lo necesita).

Sin embargo, advirtió de que «la interrumpibilidad o la cogeneración no deben ser vistas como instrumentos para compensar la elevación de los costes de la energía», sino como servicios «reales» del sistema eléctrico, por lo que defendió el sistema de subastas fijado para la primera y el control de costes para la segunda.

En este sentido, Nadal argumentó que se trata de un servicio de demanda al mercado eléctrico y se ha optado por la subasta para hacer una «distribución adecuada» de la interrumpibilidad», frente a «cualquier otra cosa» que lo haría «vulnerable» respecto a las directivas comunitarias.

A estos factores añadió el control del resto de costes y que el mercado eléctrico mayorista «se ha comportado bien el año pasado y muy bien en lo que va de año», lo que supuso que «la posición competitiva de la industria electrointensiva ha mejorado».

El precio actual al que paga la electricidad una industria electrointensiva se sitúa en 16 euros por megavatio hora (MWh), lo que le da «una gran ventaja en Europa». Este nivel de precios puede elevarse, si bien la medida del conjunto del año «va a salir bien», pronosticó.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que este departamento ha «resuelto aceptar la renuncia presentada por Unelco» (filial de Endesa) a la ejecución de esta central hidráulica de bombeo en Gran Canaria y le obliga a vendérsela a Red Eléctrica de España en un plazo de seis meses, al validar esta renuncia tras las últimas comunicaciones que recibió de la eléctrica que preside Borja Prado.

La publicación de la decisión de Industria, que se conoció el pasado 2 de mayo, abre un periodo de negociación de seis meses entre REE y Unelco para fijar el precio de compraventa, en el que se tendrán en cuenta los costes en los que hayan incurrido hasta la fecha los promotores del proyecto.

La propia ley contempla la posibilidad de que Endesa y REE no alcancen un acuerdo sobre el precio. En ese caso, Industria se dirigirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que nombre un árbitro independiente que, en el plazo de tres meses, dicte un laudo vinculante, que tendrá que ser asumido por ambas partes.

Sin embargo, un portavoz de Endesa en Canarias señaló que los servicios jurídicos de la compañía van a estudiar esa orden del BOE para tomar las decisiones que consideren oportunas.

Sin valorar el contenido concreto de esa resolución, Endesa sí aclaró que no ha renunciado a esa central y que, de hecho, fue la única empresa que se interesó por construirla cuando el proyecto salió a concurso (2011), «pudiendo haberse presentado otros».

Según el portavoz de la eléctrica, alguien que renuncia a un proyecto no sigue realizando trabajos en él y subrayó que, en su caso, han «cumplido con todos los hitos marcados en el concurso».

«La retribución de Chira-Soria no está definida, por lo que será muy difícil que en este contexto de incertidumbre nadie, ni Endesa ni otra compañía, pueda afrontar una inversión de esta magnitud sin que se aclaren antes las dudas que existen, derivadas todas ellas de las modificaciones normativas aprobadas después del concurso», señaló este portavoz de la empresa eléctrica en Canarias.

Con un presupuesto de 250 millones de euros y una potencia de 200 megavatios (MW), la central de bombeo de Chira-Soria estaba llamada a ser el elemento que facilitara el desarrollo de las energías renovables en Gran Canaria y diera mayor estabilidad al suministro.

Esta central se proyectó para aprovechar la energía producida por los parques eólicos de la isla en los momentos en los que no existe demanda bombeando agua a su presa superior, que se desembalsaría y transformaría de nuevo en electricidad mediante turbinas hidráulicas cuando fuera necesario suministrarla a la red.

Ello permitiría, según subrayó el Ministerio en su orden de hoy, «el máximo uso de energía renovable mediante el almacenamiento de los excedentes no integrables de energía renovable, fundamentalmente eólica, y a la vez dotaría de mayor estabilidad al sistema eléctrico canario, por la rapidez de respuesta que dicha tecnología aporta al parque de generación, mejorando así la garantía del suministro».

A pesar de las privilegiadas condiciones con las que cuenta Canarias en materia de viento y sol, las energías renovables sólo cubren el 8,5% de su demanda de electricidad (5,3% la eólica y 3,1% la solar), según datos de REE, operador del sistema, correspondientes al primer trimestre de 2014. El resto del consumo de electricidad de enero a marzo, el 91,5%, se cubrió con energías no renovables, fundamentalmente a través de la energía generada por centrales térmicas de fuel y gas.

El mecanismo por el que se obliga a Endesa a traspasar a REE esta central forma parte de la Ley 17/2013 para impulsar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que afecta a la central de Endesa de Gorona del Viento (El Hierro), que pasaría también a manos de REE.

Desde el principio, esta norma fue criticada por la compañía, que denunció en su momento que su contenido tenía «aspectos discriminatorios y expropiatorios» y era contrario a las directivas europeas, por lo que no descartan recurrir la decisión de Industria.

Desde Industria señalaron que REE asumirá el bombeo de la central hidráulica «para garantizar el suministro y la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables», y defendió que esta decisión permitirá iniciar y ejecutar el proyecto a principios de 2015.

El proyecto de Chira-Soria adjudicó a Endesa en 2011 como consecuencia de un concurso convocado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.