Según explicó Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, «salvo imprevistos» el Consejo de Ministros aprobará el real decreto mañana o el próximo viernes, mientras que la orden se publicará previsiblemente la semana que viene.

La nueva normativa tardó en elaborarse más de un año y, en el caso de la orden ministerial, ostentará el récord de constar de 1.700 páginas, una extensión hasta ahora desconocida en el BOE.

Esta normativa, enmarcada dentro de la reforma energética aprobada el pasado año, cambiará el marco retributivo del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) para que pase de un esquema de primas a una «retribución razonable» a lo largo de la vida útil de la planta.

Nadal señaló que los documentos que aprobará el Gobierno apenas incluyen cambios con respecto a los borradores que se manejaban hasta ahora, es decir, que se mantiene el recorte de 1.700 millones de euros anuales previsto.

Sí que se han incorporado sugerencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado, así como algunas de las peticiones del sector, entre ellas está la eliminación de la retribución extendida más allá de la vida útil a las plantas de cogeneración para armonizarlas con el resto de tecnologías.

El Gobierno no ha tenido en cuenta la alegación del sector eólico en la que se pedía fijar a la evolución actual la previsión de precios del «pool» del conjunto del año, ya que la cifra incluida, superior a la actual, implica una rebaja adicional en los incentivos a esta tecnología.

Industria argumentó que el «pool» es volátil y que estas previsiones que ahora pueden perjudicar al sector eólico en unos meses pueden resultar beneficiosas.

Por otro lado, Nadal señaló que la «alternativa» a los recortes a las renovables y al conjunto del sistema eléctrico era «declarar la personalidad jurídica del sistema eléctrico y quebrarlo», aspecto que nunca llegó a contemplarse, señaló.

También aseguró que pudo comprobar que la reforma energética del Gobierno y las líneas maestras sobre el sector en las que trabaja la Comisión Europea son «calcadas como dos gotas de agua».

Este esquema retributivo está en vigor desde julio de 2013, de manera que las plantas tendrán que regularizar los ingresos recibidos desde entonces cuando se apruebe la normativa, algo que se hará en varias fases, según el secretario de Estado.

Ambos recursos afectan al recorte en las primas a las energías renovables y se suman a los que fueron presentados por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por el Parlamento y la Diputación Foral de Navarra y por el Gobierno de Murcia y que también fueron admitidos a trámite.

La Junta de Andalucía decidió recurrir dos disposiciones del real decreto por considerar que «perjudican el desarrollo de las renovables en Andalucía». El recurso afecta a las disposiciones transitoria tercera y final segunda del real decreto-ley, que modificaron el marco jurídico remitiendo la regulación concreta a una normativa posterior y dejando en indefinición la retribución a percibir por los actuales productores.

Según el Gobierno andaluz, los cambios fiscales y tarifarios introducidos por el Gobierno en los últimos años, así como la suspensión de primas desde 2011, dejan «en el aire» casi 12.000 millones de euros de inversión en nuevas instalaciones en Andalucía.

Por su parte, la Junta de Extremadura recurrió también por el recorte en las primas a las renovables, el cambio en las previsiones de ingresos de los proyectos ya en marcha y la inseguridad que esa medida podía generar en los inversores.

El Tribunal acordó dar traslado de los recursos de inconstitucionalidad al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La decisión del pleno no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional analizará en próximas fechas.

Además, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. El pleno dio traslado al Gobierno, que tiene veinte días de plazo para formular alegaciones.

Cataluña presentó conflicto de competencia al entender que ese decreto no respeta la competencia autonómica de desarrollo legislativo de las bases del sector energético.

Las nuevas facturas están diseñadas para facilitar la comprensión del suministro e incluirán la contribución de cada fuente de generación energética a la combinación total de combustibles, las emisiones de CO2 en las que se haya incurrido y la información relativa a sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.

Otra de las novedades es un desglose detallado por porcentajes de cada una de las partidas a las que se destina el importe de la factura. Habrá tres grandes bloques, que son el coste de producción de electricidad, los impuestos y los costes regulados.

Dentro de los costes regulados, Industria fijó, conforme a la orden de peajes de enero, los porcentajes que aparecerán en el recibo. Los incentivos a las renovables, cogeneración y residuos recibirán el 36,28% de estos costes, frente al 32,12% del transporte y la distribución, y el 31,6% de otros costes regulados.

Para la determinación de la cuantía correspondiente a los costes regulados, relativa al destino del importe de la misma, se considerarán incluidos los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución; los pagos al operador del sistema y al operador del mercado en concepto de retribución de estos operadores o los pagos por capacidad que corresponda en función de los periodos tarifarios.

La factura tipo varía en función del tipo de cliente, pero en términos generales constará de tres páginas. La primera incluirá en el encabezamiento el logotipo de la comercializadora, el importe de la factura, los datos del cliente y un primer desglose por potencia contratada y potencia consumida.

Aparecerán además un gráfico de consumo para conocer la evolución del mismo, los datos del contrato y un cuadro en el que se indican los momentos en los que se ha realizado la lectura o qué parte se factura de forma estimada o con lecturas reales.

La segunda página incluirá aspectos como el desglose del recibo, donde el consumidor podrá saber qué parte del recibo se dedica a cada concepto. La tercera página recoge el impacto ambiental y ofrece información acerca de las alternativas al precio regulado o del bono social.

Las empresas comercializadoras dispondrán hasta el próximo 1 de octubre para adaptar sus sistemas de información al contenido y, en su caso, a los modelos de factura establecidos en virtud de esta resolución., por lo que las facturaciones que se realicen a partir de dicha fecha deberán adaptarse a lo previsto en la resolución.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará en su página web información detallada del modelo de factura y sus componentes, así como un glosario del significado de cada término de la factura, a efectos de transparencia y de que la factura sea una herramienta que facilite al consumidor la elección de comercializador.

La resolución recoge que la legislación europea asegura, entre otras medidas, la protección a los consumidores a que éstos reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de electricidad y estén informados adecuadamente del consumo real de electricidad y de los costes correspondientes con una frecuencia que les permita regular su propio consumo de electricidad.

En el caso del Parlamento de Cataluña, los recursos afectan a artículos de la norma como el número 9, referido a la nueva normativa para el autoconsumo de electricidad.

También se denunciaron el artículo 40, sobre las obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras, y el 43.5, en el que se permite al Ministerio de Industria recoger las controversias en materia de consumo.

Junto a esto, se encuentran recurridos el artículo 46, donde se recogen las obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras en relación al suministro, y el artículo 51, sobre la calidad del suministro eléctrico.

El Constitucional también analizará el artículo 52.4, en el que se citan las instalaciones cuyo suministro de electricidad se considera esencial y que, por este motivo, no ven suspendido el servicio.

Por su parte, la Generalitat recurrió los mismos seis artículos que el Parlament, más otros tres, que son el 15, 33.5 y el 38.8, y que se refieren al funcionamiento de las instalaciones con retribución regulada, a las discrepancias acerca del permiso de conexión de instalaciones y al procedimiento de establecer acometidas eléctricas.