Durante su intervención en el curso «La Europa que deja la crisis«, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP de Santander, Nadal defendió que la competencia en este asunto es de la CNMC y que en todo caso el Gobierno puede plantearse cambios regulatorios para acabar con estas malas prácticas cuando se observan casos «reiterados» de manipulación de precios.

Además, recalcó que Competencia «está cumpliendo su labor de inspección y vigilancia» y apuntó que «sólo se ha incoado un expediente» y que «habrá que ver el resultado y las alegaciones» presentadas por la compañía a dicho expediente.

La CNMC abrió un expediente sancionador a Iberdrola Generación por «manipulación fraudulenta» en la alteración de precios, mientras que Iberdrola negó «rotundamente» cualquier manipulación de los precios ofertados al mercado de generación y anunció la presentación de alegaciones por parte de los servicios jurídicos de la sociedad.

Preguntado en este punto por si el Gobierno va a adoptar medidas, Nadal reiteró que «lo que hay que hacer es confiar en los órganos reguladores y si se observa alguna práctica repetitiva ver si hay que cambiar o no la regulación».

Nadal aclaró que las funciones del Gobierno y la CNMC son «diferentes», al encargarse el organismo presidido por José María Marín Quemada de la emisión de informes en la parte referida a regulación e inspección de mercados.

«Todo mercado, regulado o no, es susceptible de que se puedan realizar prácticas anticompetitivas y para eso tenemos instituciones, para que la competencia sea efectiva. Otra cosa es que la regulación lo facilite y sobre eso estamos continuamente. Pero no porque un mercado esté regulado implica que haya prácticas anticompetitivas«, remachó.

«No es posible saber qué va a ocurrir con Castor»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló que no es posible saber que va a ocurrir en el futuro con el almacén submarino de gas Castor, aunque recordó que en esta plataforma se han invertido más de 1.000 millones de euros, porque el proyecto en su momento «parecía que iba a tener una importancia fundamental», y que ahora sigue siendo una instalación que podría funcionar.

El problema es que se producen movimientos sísmicos, y los informes confirman que existe una relación causa efecto entre ambas cosas, según indicó.

No obstante, cancelarlo definitivamente no es una buena idea si en el futuro pudiera ser necesaria, pero está claro que no se puede inyectar ni un metro cúbico más sin saber si va a haber movimientos sísmicos; hay que tomar una decisión «sensata y ponderada» sobre qué hacer con la instalación, dijo Nadal, teniendo siempre en cuenta que «la población de Castellón y el sur de Tarragona no puede correr riesgos»

El secretario de Estado recordó que el sistema de financiación de Castor se fijó en la pasada legislatura, y «con unas garantías que vinculan al Gobierno siguiente».

El almacenamiento de gas Castor, promovido por Escal, sociedad controlada por ACS, tiene suspendida su actividad desde septiembre del pasado año tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

Un «reparto adecuado» de la renta de hidrocarburos

Finalmente, el secretario de Estado de Energía aseguró un «reparto adecuado» de la renta que se obtiene de los hidrocarburos en caso de hallarse petróleo a través de las prospecciones frente a las costas de Canarias, y avanzó que el Gobierno trabajará para «clarificar» las normas de imposición de hidrocarburos antes del fin de legislatura.

«En todos los países del mundo que se ha encontrado, se hace un reparto de la renta de hidrocarburos», indicó Nadal, que avanzó que el Ejecutivo tiene previsto «clarificar» las normas de imposición en este ámbito antes de que finalice la legislatura el próximo año.

Nadal abogó por desarrollar un «reparto adecuado» de la renta que se obtiene de hidrocarburos, de forma que «una parte» iría destinada a los municipios «afectados» por las prospecciones, otra a la comunidad autónoma, otra a la Administración General del Estado (AGE) y otra a la empresa encargada de realizar los sondeos y las prospecciones, así como al propietario del territorio.

En este sentido, Nadal explicó que no sería «nada distinto» a lo que sucede en el resto de estados europeos, y puso el ejemplo de Italia, cuyo impuesto del 8% sobre el valor de hidrocarburos, que se reparte entre distintas administraciones, ha elevado al 10% la cantidad de hidrocarburo que se obtiene en territorio italiano.

Trasladado a España, esta cifra podría suponer «4.000 ó 5.000» millones de euros anuales que se podrían disminuir en importaciones, indicó Nadal.

«Hay una probabilidad como en cualquier otra actividad industrial o como en cualquier otra actividad humana», señaló el ministro a propósito de posibles vertidos ante los sondeos aprobados en aguas próximas a las Islas Canarias, a los que el Gobierno acaba de dar el visto bueno a su declaración de impacto ambiental. «Cada vez que tomamos un avión, hay una probabilidad de que el avión se caiga, y por eso no dejamos de viajar», continuó.

«Cualquier actividad tiene riesgos, pero en el caso concreto que nos atañe el Gobierno ha cambiado la regulación para extremar todas las cautelas y ahora se exige una declaración de impacto ambiental», aseguró José Manuel Soria, antes de señalar que las exploraciones solicitadas por Repsol se realizarán a más de 50 kilómetros de la costa y en el mismo lugar donde Marruecos ya realiza prospecciones; en este sentido, Soria subrayó que es «absolutamente incierto y totalmente falso» que el Gobierno de España haya autorizado prospecciones en Canarias ya que tendrán lugar en aguas territoriales nacionales.

José Manuel Soria indicó que «no está prevista una consulta popular» sobre este aspecto porque las decisiones en materia de hidrocarburos atañen «a la política energética del Gobierno de la nación». Además, el ministro criticó que el Gobierno de Canarias esté utilizando «dinero público» y «recursos de todos los canarios» en contra de estas actividades. La televisión autonómica, dijo Soria, «abre todos los telediarios con plataformas ardiendo, como si estuvieran en las playas de Canarias».

Por ello, Soria reclamó al Gobierno autonómico que mida las consecuencias de «arengar» a la población en contra de las prospecciones petrolíferas con la utilización de argumentos que consideró «totalmente falsos». «Están haciendo daño al turismo, principal motor de la economía de Canarias, lo que es una absoluta irresponsabilidad, como la de pagar con dinero público panfletos que se distribuyen en los aeropuertos y donde aparecen plataformas petrolíferas en las orillas de Canarias para que los turistas se asusten y no vuelvan», afirmó el ministro.

«Pido al Gobierno de Canarias una llamada a la responsabilidad y que no se siga usando dinero público para engañar de la manera que se está haciendo, porque eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaba», afirmó José Manuel Soria, que había sido recibido con abucheos e insultos en la localidad grancanaria de Telde por cerca de un millar de personas concentradas para protesta contra las prospecciones.

El Ejecutivo central es «sumamente» respetuoso con todo tipo de manifestaciones y concentraciones que se hagan respetando la ley, aseguró Soria, quien subrayó que la concentración de Telde se celebró sin solicitar la debida autorización a la Delegación del Gobierno. «Tenemos que aceptar todo tipo de concentraciones y manifestaciones que sean legales pero lo que no podemos es aceptar ningún tipo de acto de intimidación a nadie «, lamentó Soria.

Soria aseguró que el Gobierno respetará la decisión que tome el Tribunal Supremo respecto a los recursos presentados desde distintas organizaciones contra los sondeos y afirmó que, una vez se conozca, actuará consecuentemente, «pero nunca antes». «Siempre hemos sido respetuosos con los pronunciamientos del Supremo. Eso sí, espero que otros sean igual de respetuosos», advirtió el ministro, quien indicó que el Gobierno no se replantea su decisión de autorizar las prospecciones a pesar de la oposición popular porque ésta «se basa en una falsedad absoluta».

No esperarán «indefinidamente» una respuesta

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, advirtió al Estado de que el Ejecutivo autonómico no esperará de manera «indefinida» por la contestación sobre la consulta popular de las prospecciones petrolíferas. Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz señaló que se esperará «lo razonable» teniendo en cuenta que la petición se cursó hace más de cuatro meses. En esa línea, confió en que sea «en breve», ya que sería «poco asumible» que se respondiera después de que el Ministerio de Industria autorizara los sondeos.

Sobre la petición de reunión del presidente canario, Paulino Rivero, con Felipe VI, indicó que se trata de mostrarle como está la situación al «próximo Jefe del Estado», que en todo caso, está «al tanto» de lo que ocurre en Canarias porque tiene «sensibilidad» acerca de que la explotación de recursos en el mar «sea sostenible». En esa línea, señaló que el mismo planteamiento se hará con los presidentes de Caixabank y Sacyr, empresas mayoritarias en el accionariado de Repsol, a quienes también el presidente canario ha solicitado un encuentro.

Marrero afirmó también que el retraso del Tribunal Supremo sobre los siete recursos planteados por instituciones y colectivos contra las autorizaciones de las prospecciones demuestran que no es un «asunto sencillo». En todo caso, considera que este proceso «no es el final» sino que se trata del «comienzo», ya que son recursos que afectan a los permisos de hace más de diez años. «El camino jurídico es largo, pero nos da ánimos que le cueste tanto tiempo a pronunciarse al Supremo. Hay razones de oposición a las prospecciones, sin que signifique que vaya a haber un resultado favorable», explicó Marrero.

Consecuencias de altercados en Telde

La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas invitó al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a «reflexionar» tras los altercados durante el pregón de las Fiestas Patronales de Telde sobre «la prepotencia y ceguera política que está demostrando». «Algo tendrá que estar haciendo muy mal para que necesite un operativo policial tan desproporcionado para visitar su propio pueblo natal, y sea además recibido por miles de manifestantes para abuchearlo», aseguró la asociación, que considera que Soria «no debería volver a poner un pie en las islas» hasta que archive definitivamente el expediente de las prospecciones en Canarias.

Por su parte, acusó a la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, de «secuestrar» las fiestas y arrebatárselo a los vecinos «para convertirlo en un acto privado». Además, rechazó «la desproporcionada y violenta actuación policial, deteniendo a personas por el simple hecho de asistir a un acto público, agrediendo a los manifestantes y mostrando una violencia absolutamente injustificada». Por último, la Coordinadora aseguró que seguirá con las movilizaciones hasta lograr que se apruebe una consulta popular sobre las prospecciones.

El detenido durante la protesta contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, mientras éste daba lectura al pregón de las fiestas patronales de Telde, fue puesto en libertad después de que le haya sido tomada declaración, según informan fuentes de la delegación del Gobierno. Además, hubo varios miembros de la Policía Nacional y vehículos que se vieron afectados después de algunas personas les tiraran piedras en la citada protesta.

El documento publicado en el BOE, que apenas incorpora cambios respecto a los borradores, sustituye el anterior sistema de primas a la producción de energía por el reconocimiento de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Con este nuevo modelo, que estaba pendiente desde la aprobación de la denominada reforma energética en julio de 2013, el Gobierno prevé ahorrar por este concepto unos 1.700 millones de euros al año.

El nuevo diseño regulatorio garantiza a las plantas un nivel de rentabilidad, calificado por el Gobierno como «razonable», basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, lo que arroja un retorno antes de impuestos del 7,39%. Esta tasa se aplica también a los años ya transcurridos de operación, de modo que una planta con un retorno superior a este porcentaje en ejercicios anteriores verá recortada la rentabilidad del 7,39% en los siguientes ejercicios. Esta circunstancia hace que algunos parques eólicos, los anteriores a 2005, ya se queden sin ningún incentivo.

El decreto consta de 103 páginas y establece que las instalaciones podrán percibir durante su vida útil regulatoria, aparte del precio del mercado, una retribución específica por unidad de potencia que cubra sus costes de inversión. Esta retribución se realizará en función de las denominadas instalaciones tipo, cuyas principales parámetros quedarán fijados en la orden ministerial de estándares que publicará Industria en los próximos días.

Además de la retribución a la inversión en función de la potencia, las instalaciones también pueden recibir un término a la operación que cubra la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado.

El objetivo, según indicó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes que aprobó este real Decreto 413/2014, es modificar un modelo que, a juicio del ministro, «hubiese ido directo a una quiebra del sistema»; estableciendo una rentabilidad razonable persigue «dotar de estabilidad financiera al sistema«.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soria destacó que los objetivos del nuevo sistema que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías de energías renovables, de cogeneración y de residuos, son «dotar de estabilidad financiera al sistema, fijar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector».

El nuevo sistema para las renovables establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable del 7,4% para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.

El nuevo régimen distribuido va a permitir que todas aquellas instalaciones de este tipo de tecnología puedan competir en condición de igualdad con el resto de tecnologías que no son renovables por el sistema de percibir un incentivo a la inversión.

Este incentivo está basado en una serie de estándares según las distintas instalaciones tipo en función de la tecnología (eólica, fotovoltaica, termosolar…), los defectos del establecimiento de los estándares, la potencia instalada en cada una de las instalaciones, cual es la antigüedad de las plantas, el valor de inversión inicial y la vida útil que va a tener el proyecto, entre otros parámetros. A cada tipo de estándar le corresponde una serie de parámetros retributivos (por una parte los ingresos estándar que vienen directamente del precio de mercado que se percibe cada vez que se vende 1MW y luego el coste estándar de explotación, el que se necesita día a día para llevar a cabo explotación).

El ministro de Industria explicó que el nuevo modelo retributivo tiene «un nivel de rentabilidad razonable basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, en torno al 5,8% en estos momentos». Este 5,8% no implica una modificación de la rentabilidad inicialmente anunciada, que queda en el entorno del 7,4%, la misma establecida en julio del año pasado, para toda la vida útil de cada instalación, según el ministerio.

De hecho, según la Ley del Sector Eléctrico la tasa de retorno se fijará no conforme a la cotización actual del Tesoro, sino con respecto a los diez años anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley 9/2013 de julio del año pasado.

Para justificar la medida, Soria aseguró que, «a pesar de que el sector eléctrico en España tiene fortalezas evidentes, también tiene unos problemas importantes». Entre esos inconvenientes citó dos. El primero es que «entre 2004 a 2012, los precios de la electricidad en España, tanto al consumidor domestico, como al consumidor industrial, crecieron un 70%, a razón de un 7% cada año» y añadió como segunda problemática que «pese a esos incrementos en los precios, el desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, lo que se conoce como el déficit de tarifa, era cada vez mayor».

Soria añadió que hasta 2012 «se había acumulado un déficit de 26.000 millones de euros» y que, junto a los 3.189 millones de euros del año 2013, «hoy el déficit se sitúa en 29.189 millones de euros, por lo que era evidente que, con estos problemas, teníamos que tomar medidas porque sino se iba a la quiebra» del sistema eléctrico.

Por eso, el ministro de Industria apuntó que se aprobó otro real decreto que regula el fondo de titulización del déficit de tarifa cuyo objeto es agilizar y optimizar las emisiones, al tiempo que se dota de flexibilidad al sistema y se reducen los tiempos de selección de las entidades colocadoras

Precisamente Soria señaló que «el incremento del déficit en el sector eléctrico se debe a muy distintas razones, pero fundamentalmente a la propia existencia de ese déficit, que cada año genera costes adicionales para el propio sistema, y a causa de la evolución de las primas a las tecnologías renovables».

En este sentido, el ministro sostuvo que el nuevo modelo pondrá fin al diseño anterior de primas y recordó que «entre 1998 y 2013, las primas a las instalaciones de energías renovables, de cogeneración y residuos supusieron 56.294 millones de euros», lo que supone por cada uno de esos 15 años unos 3.700 millones de euros anuales que «hemos pagado todos los consumidores».

Junto a esto, «desde 2005 las primas a las renovables, la cogeneración y los residuos subieron un 800%» y el año pasado las primas al régimen especial sumaron 9.000 millones de euros en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo. «Por tanto, había que revisar el sistema de retribuciones y es lo que hacemos con este real decreto», aseveró Soria.

«No se trata de decir que a partir de ahora no se van a incentivar las energías renovables, puesto que el Gobierno sigue con su impulso», afirmó el ministro de Industria, «sino con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora».

Como efectos de este nuevo régimen retributivo, hasta que llegue al fin la vida útil del conjunto de las instalaciones de régimen especial, que se iniciaron en el año 1998, habrán percibido unos 200.000 millones de euros. «Hasta la fecha se han pagado por las distintas tecnologías 56.294 millones de euros en primas y a partir de ahora y hasta lo que les quede de vida útil se abonará 142.530 millones de euros con el nuevo sistema, lo que totaliza 198.824 millones de euros», aseguró Soria.

Sobre si habrá déficit de tarifa o no ese año, el ministro auguró que «para el año 2014, si sigue evolucionando cómo está evolucionando el sector, lo normal será que el déficit esté en un entorno muy cercano a cero», tras explicar que en 2013 el déficit estructural previsto era de 10.500 millones de euros y que, sin embargo, con las medidas adoptadas en 2012 por el gobierno «se disminuyó en 6.000 millones de euros».

Al largo proceso de tramitación de esta norma, casi un año, al ministro le han acompañado las duras críticas del sector que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar.

Precisamente, las renovables, que anunciaron recursos contra la nueva normativa, tacharon los cambios de retroactivos y acusan al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector.

Respecto al tema de las querellas que el sector plantea, Soria afirmó que «respecto lo que dicen las empresas y todos los tipos de iniciativas que quieran llevar a cabo en defensa legítima de sus intereses privados y particulares, pero el gobierno, cuando gobierna y legisla, lo hace defendiendo el interés general«. A lo que añadió que «a medida que vayan planteándose este tipo de acciones, el gobierno irá adoptando su posición».

España acumula ya más seis demandas de arbitrajes de inversores internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cambio de la normativa renovable.