La nueva orden publicada en el BOE fija las condiciones y establece régimen retributivo específico para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que se otorgarán mediante subastas. Pero Industria hizo una excepción con un cupo especifico de 450 MW de potencia eólica en Canarias, que deberá instalarse antes del 31 de diciembre de 2016, con el objetivo de «asegurar la ejecución de instalaciones en el menor plazo posible» al margen de los nuevos mecanismos de subastas para los proyectos con tramitación más avanzada. Estos megavatios disfrutarán de un régimen retributivo específico e Industria espera que abaraten los costes de generación eléctrica en el archipiélago.

La retribución a la inversión de este cupo no será otorgada mediante subasta, sino de forma directa, como hasta la fecha. Al valor de la retribución a la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación. Al justificar esta medida, Industria alude al «carácter aislado» y al «reducido tamaño» de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, donde el coste de generación resulta, por estos motivos, superior al de la península. Por ello el Ministerio, que acaba de aprobar el nuevo marco retributivo para las renovables, fijó unas condiciones especificas para estas fuentes en estos sistemas eléctricos ya que «el coste de generación a partir de la tecnología fotovoltaica y eólica es inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil«.

La orden ministerial advierte de la necesidad de fomentar las renovables en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: «la sustitución de generación convencional por renovable supondrá reducciones del extracoste de generación en los territorios no peninsulares y favorecerá el equilibrio entre los ingresos y costes», argumenta Industria, que señala que el extracoste de generación en los sistemas no peninsulares se incrementó un 38% desde 2009 que este extracoste lo deben financiar los consumidores nacionales a través de la tarifa o los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La orden publicada este martes es fruto de la nueva Ley del Sector Eléctrico, de diciembre del año pasado, en la que se contempla la posibilidad de que el Gobierno, de forma excepcional, establezca un régimen retributivo específico para fomentar la producción de renovables. Posteriormente, en junio de este año, el Gobierno aprobó el real decreto 413/2014, en el que se establece un régimen retributivo específico para la fotovoltaica y la eólica en los territorios extrapeninsulares, que se determinará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. En la disposición adicional quinta ya se contempla una excepción a este procedimiento de concurrencia competitiva para plantas cuya instalación se produzca antes de finales de 2016, como es el caso del nuevo cupo regulado.

Industria explica en la orden ministerial que la demanda eléctrica de los territorios extrapeninsulares se cubre mayoritariamente con tecnologías térmicas de origen fósil, mientras que las renovables apenas alcanzan un peso del 2,3% en Baleares y del 7,6% en Canarias, lo que contrasta con el 40% alcanzado a nivel peninsular en 2013 y supone unos costes de generación eléctrica más elevados. De esta forma, la sustitución de generación convencional por renovables supondrá un abaratamiento de costes. Industria indica que esta reducción de costes es incluso mayor al tomarse en cuenta «el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años» y el mecanismo de concurrencia competitiva diseñado para la asignación de nueva capacidad mediantes subastas que reducirá previsiblemente los costes de generación.

«Despegue» de la eólica canaria

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, espera que las energías renovables «despeguen por fin» después de que el BOE recoja los nuevos incentivos a las renovables en el archipiélago. Francisca Luengo consideró que la «supresión de esta prima fue un error que nunca» debió producirse porque en Canarias «es más barato producir energía con renovables que de forma convencional». Asimismo, celebró que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se haya dado «cuenta del potencial de Canarias en este campo y rectifique en su postura«.

El Gobierno canario advierte, además, de que es necesario que Red Eléctrica (REE) haga las mejoras precisas en los tendidos de las islas para poder evacuar la energía que generen los nuevos parques. La consejera se comprometió a declarar de interés general esos tendidos, para ayudar a así que los proyectos no se vean retrasados por los planes de ordenación de los distintos municipios. Luengo recalcó que se «rebela» contra el hecho de que las renovables solo aporten el 8% de la electricidad que consume Canarias, cuando las islas cuentan con condiciones privilegiadas de viento y de horas de sol. En este sentido, reiteró su decisión de tomar medidas para que su aportación aumente hasta llegar al 36% en 2020.

La consejera recordó que los megavatios que establece la Orden «son los del concurso de 2007 y, por tanto no son nuevos», matizando que cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero se habían fijado «600 y se han visto disminuidos hasta los 450» en un concurso eólico que autorizó 39 parques de aerogeneradores. También incidió en que desde el Gobierno regional mantuvieron la «exigencia de que Canarias tenía que tener una prima específica porque los costes son muy inferiores» con respecto a la Península para generar energía renovable. Agregó que con los bombeos y las interconexiones, además de la reasignación de potencia, «la realidad renovable en las islas ya es factible«.

De todos modos, Francisca Luengo señaló que «aún falta» que el ministro desbloquee la situación del salto de agua Chira-Soria, en Gran Canaria, con las empresa concesionaria Endesa y el traspaso decretado en favor de REE, e incluya la interconexión de Gran Canaria con Fuerteventura, así como incidió en que «aumente la inversión en las redes hasta llegar al compromiso presupuestario que había con Zapatero y que llegaba a los 911 millones». Finalmente, recordó que la Consejería regional de Industria prepara un decreto para autorizar los nuevos parques a través de la autorización administrativa, «dejando atrás el modelo de concurso» e insistió también en que actualmente no es «técnicamente viable» que Canarias cuente con un suministro de electricidad 100% procedente de renovables porque no son constantes, sino que dependen de que haya viento o sol. «Las renovables no son una alternativa, son un complemento», añadió.

«Discriminación» a los parques antiguos

La nueva normativa aprobada para la energía eólica de Canarias, y que establece un cupo de 450 megavatios (MW) con una retribución específica para nuevas instalaciones, «incentiva a los nuevos parques pero ignora a los antiguos de Canarias», apuntó la patronal Asociación Empresarial Eólica (AEE). A juicio de la patronal, la normativa aprobada «ignora que los parques ya instalados generan los mismos beneficios (ahorro de extracostes) y sin embargo se les aplica un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España«.

La AEE añade además que en este contexto va a ser «extremadamente difícil» que «los potenciales inversores confíen en que se vaya a tratar a los nuevos parques de una forma distinta durante el tiempo necesario para rentabilizar las inversiones«. La nueva regulación estatal sobre renovables, recuerda la AEE, establece que cada tres años se revisará la retribución a la inversión en base a los precios del mercado y cada seis años se podrán revisar todos los parámetros retributivos, «incluyendo la supuesta rentabilidad razonable«. «Los inversores no tienen garantías para toda la vida regulatoria de los proyectos, que es de 20 años. Ni en Canarias ni en la Península», sentencia.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la reforma busca evitar el «incipiente problema» del déficit de tarifa del gas y prevenir así «problemas como los que nos ha tocado arreglar en esta legislatura», en clara alusión al desajuste en el sistema eléctric.

En concreto, el déficit de tarifa acumulado en el sector del gas alcanzó los 400 millones de euros al cierre de 2013 y, sin este recorte retributivo, podría haber alcanzado los 800 millones de euros a finales de este año. Este déficit de tarifa acumulado, que se produce porque los ingresos destinados a la parte de peajes del recibo son inferiores a los costes regulados, es fruto de la caída de la demanda de gas por el menor uso de los ciclos combinados y de la entrada de nuevas instalaciones en el sistema que hay que retribuir.

El ajuste se realizará además sin necesidad de subir los peajes de gas a los 7 millones de consumidores de gas, al menos mientras no haya fuertes caídas de demanda ni significativos desajustes temporales a partir de 2015, según explicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Para ello, Industria fijó en la reforma un ajuste total en la retribución de 238 millones de euros, que afecta de manera proporcional a cada una de las actividades reguladas, es decir, transporte, distribución, regasificación y almacenamiento de gas, y dentro de éstas entre cada una de las empresas, a la vez que se eliminan todas las actualizaciones automáticas existentes en el esquema retributivo actual.

El 46% del recorte, o unos 110 millones de euros, corresponde a la distribución, en la que Gas Natural Fenosa, con un peso del 70%, es la principal empresa, y en la que participan otros operadores como Redexis.

El transporte, del que se hace cargo en su mayor parte Enagás, asumirá un 41% del recorte, o 97 millones de euros, frente al 10%, o 23 millones de euros, de las plantas regasificadoras, y el 3%, o unos 8 millones de euros, de los almacenamientos subterráneos de gas.

El déficit gasista

La nueva regulación establece que el déficit acumulado a cierre de 2014 deberá ser financiados por las empresas con actividades reguladas. De esta forma, se convertirá en una deuda que, como en el caso de la electricidad, irán devolviendo los consumidores de gas en el plazo de quince años.

En cuanto al déficit que se produzca a partir de 2015, habrá subidas de peajes de forma automática para recuperar la cuantía que se sobrepase cuando el desajuste supere el 10% de los costes anuales previstos, unos 300 millones de euros. En el caso de que el déficit acumulado supere el 15% de los ingresos, esto es, unos 500 millones de euros, se incrementarán automáticamente los peajes en la medida que se rebase.

Las nuevas reglas retributivas se revisarán en periodos de seis años y parten de la misma filosofía de la ley de desindexación de la economía. En este caso, el Gobierno actuó ante un déficit incipiente que no alcanzó las dimensiones del eléctrico.

Para limitar el impacto de la alta volatilidad de la demanda, una parte del riesgo se traslada al operador de las instalaciones, de forma que las retribuciones incorporarán una parte variable en función de la demanda, que varía más en el gas que en la electricidad. Este eventual desajuste será financiado por los sujetos del sistema en los siguientes cinco años de forma proporcional a su retribución.

Por eso, y tomando como base el modelo de retribución a la distribución, el Gobierno fijó unas tasas de rentabilidad fija del 5,2% del valor actual neto de activos para las distintas actividades, que representan el 75% de la retribución y que se completará con otra tasa variable.

En el caso del transporte, la tasa variable tendrá un peso del 25% sobre el retorno total y dependerá de la evolución del consumo. Asimismo, se pasa a retribuir todas las instalaciones de forma homogénea, considerando su valor neto y una vida útil de 40 años..

Para la distribución, en la retribución variable se dará más peso al volumen de energía vendido que al número de nuevos clientes captados, que se reduce de 90 a 50 euros aunque se establece un pago de 70 euros para clientes de determinadas zonas. Todo ello con el objetivo de incentivar el desarrollo de infraestructuras allí donde exista más bolsa de demanda. También se incentiva la gasificación de nuevos municipios.

El objetivo, según explicó Nadal, es primar que se hagan infraestructuras en las zonas con más potencial de consumo y evitar «subvenciones cruzadas».

En almacenamientos y plantas de regasificación también habrá una parte de la retribución fija y otra variable en función de la demanda.

Nadal subrayó que se trata de una reforma «dialogada intensamente» con el sector que busca un modelo económicamente sostenible que minimice costes para el consumidor.

El Gobierno aún tiene pendiente la segunda parte de esta reforma, relacionada con el desarrollo de un mercado secundario, y que quiere concluir antes de final de año.

Estos cambios, ya aprobados el pasado 6 de junio por el Consejo de Ministros, modifican aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad, incluido en la planificación de sectores de electricidad y gas 2008-2016.

Según argumentó el Gobierno, la modificación del programa se realizó con la finalidad de atender el consumo industrial o turístico, evitar riesgo de seguridad de suministro, reducir los costes del sistema eléctrico a través de la integración de renovables y la interconexión de sistemas insulares, contribuir al cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional y para mejorar la eficiencia económica del sistema.

El retoque actualiza algunas actuaciones ya contempladas en la Planificación en vigor para adaptarlas a nuevas necesidades y requisitos técnicos, e incorpora además nuevas actuaciones cuya necesidad apareció desde la última modificación de la Planificación en 2012.

Además, Industria estimó que algunas de las infraestructuras también darán al sistema una mayor eficiencia económica, como es el caso de las interconexiones entre las islas, que permitirán el mayor uso de tecnologías de generación más eficientes y la aplicación de economías de escala, así como optimizar la integración de la generación renovable.

De hecho, los cambios afectarán a un conjunto de actuaciones de la red de transporte de electricidad que abarcan nuevas líneas eléctricas y cambios de tensión de líneas existentes, nuevas subestaciones o ampliaciones de otras existentes, reactancias y transformadores.

Las actuaciones afectan tanto al sistema eléctrico peninsular como a los sistemas de Baleares y Canarias. Destacan las instalaciones para evacuar nueva generación eólica las islas Canarias y las interconexiones submarinas entre la Península y Ceuta, que era una reivindicación histórica de la ciudad autónoma.

Asimismo, se dio el visto bueno a nuevas líneas eléctricas entre las islas del archipiélago balear Ibiza y Formentera, y las canarias de Fuerteventura y Lanzarote y La Gomera y Tenerife.

Industria defiende desde hace meses la necesidad de conectar las islas de los archipiélagos entre sí con el objetivo de crear sistemas eléctricos más grandes, ya que estos son más eficientes y menos costosos.

Las infraestructuras de transporte de electricidad las construirá Red Eléctrica de España (REE), que actúa como transportista único del sistema.

Tal y como anunció el Gobierno el mes pasado, las órdenes publicadas ahora también habilitan al Ministerio de Industria para autorizar futuros cambios en la planificación energética de redes que dependan de la Administración General del Estado y emitir informes favorable si las competencias son autonómicas.

Esta habilitación es necesaria ya que la planificación 2008-2012 está paralizada con carácter general por la reforma eléctrica de julio del año pasado con el objetivo de recortar los costes del sistema eléctrico y atajar el déficit de tarifa.