En la norma se establece que para los propietarios de los subsuelos de aquellos terrenos donde tiene lugar la explotación de hidrocarburos recibirán una retribución equivalente a un 1% del valor de producción anual mientras dure la autorización de la actividad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que de esta manera los propietarios ya no recibirán sólo un valor de expropiación y se le va retribuir con ese 1% del valor de la producción.

En la parte de tributos, se creó un impuesto que grava la exploración y explotación de petróleo y gas en España, que tendrá como hecho imponible el valor de lo que se extraiga, de manera que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en el conjunto de la sociedad

que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.

En este sentido, se incluyen «mecanismos para que una parte de esos recursos» obtenidos por la vía fiscal reviertan en las «comunidades y entidades locales donde tenga lugar esa extracción», cuando sea terrestre, o «la comunidad autónoma más próxima», cuando sea en mar. De esta manera, la eventual carga fiscal proveniente de las prospecciones petrolíferas que Repsol desarrolla en aguas cercanas a Canarias revertirían en esta comunidad.

Junto a esto, se actualiza al alza el canon de ocupación de terrenos que ya pagan los operadores con autorizaciones para hacer prospecciones o explotaciones, al tiempo que se crean nuevos cánones por realizar sondeos y sísmicas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el objetivo de este cambio normativo es que la carga tributaria «pueda repartirse para dotaciones entre comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos» donde se produzcan los hallazgos.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Industria el pasado mes de noviembre, una de las razones que justifican este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración levantó en algunas zonas.

No se descarta adoptar nuevas medidas sobre carburantes

Soria señaló que la disminución del precio del barril de Brent en los últimos cinco meses fue del 25% y el de la cotización internacional de la gasolina el 24%, mientras que el precio de la gasolina en ese periodo bajó tan sólo un 9,7%, aunque subrayó que esa diferencia se debe a que sólo un 35% del precio está relacionado con el coste del barril, mientras que el resto son impuestos (52%) y margen bruto de explotación (13%) que «no tienen nada que ver con la cotización internacional».

Así, afirmó que en España los precios de la gasolina son inferiores a la media de Europa, ya que existen unos niveles impositivos inferiores, y apuntó que «la diferencia está en el margen bruto de distribución» de los operadores, margen que incluye más conceptos que en otros países.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo ya adoptó en esta legislatura reformas en la Ley General de Hidrocarburos para introducir más competencia, como el límite a los grandes operadores para que no puedan tener más de 30% del total de las estaciones de servicios en una misma provincia.

«Parece que sí se está notando y han tenido efectos estas medidas. Desde febrero de 2013 hasta ahora mismo hay 317 nuevas estaciones de servicio independientes, lo que está favoreciendo la competencia, principalmente en las grandes ciudades, donde se ven diferencias de hasta seis céntimos en el precio del litro«, dijo.

No obstante, Soria aseguró que siempre se puede hacer más para introducir más competencia en el sector y que el Gobierno está «muy, muy vigilante» con el diferencial entre el margen que obtienen los operadores petroleros en la venta de gasolina y gasóleo en la Unión Europea y en España, no descartando tomar medidas adicionales e indicó que la reforma en la ley de Hidrocarburos, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros para modificar aspectos del mercado del gas y las prospecciones, sería un buen marco para hacerlo mediante nuevas enmiendas.

Por último, Soria avanzó iniciativas para «disminuir el fraude en cuanto a la distribución a gasolineras», mediante la exigencia de un depósito como garantía para todos los operadores al por mayor, que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento o fraude.

Las comunidades se beneficiarán de la modificación

El diputado por Las Palmas y portavoz de Energía del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, destacó que las comunidades se beneficiarán de la explotación de hidrocarburos gracias a la reforma del Proyecto de Ley que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos y apuntó que se trata de «una gran Ley con la que se va a hacer partícipe a los territorios cercanos a las explotaciones de hidrocarburos del beneficio que estas puedan dar».

«Lo que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere con esto es que las dificultades que puedan derivarse de la explotación petrolífera o de gas se traduzcan después directamente en beneficios de la misma para la sociedad y el territorio o comunidad autónoma que más afecta, que es aquel en el que se produce la explotación», dijo.

En este sentido, Mariscal recordó que «hay que conocer cuáles son nuestros recursos naturales, entre ellos los posibles yacimientos de hidrocarburos y, una vez conocidos, poner en marcha los mecanismos que, con las debidas garantías medioambientales, permitan su aprovechamiento».

Por ello, alabó el trabajo del Gobierno y del Ministerio de Industria, «que saben que la búsqueda, descubrimiento e investigación de nuevos recursos es una obligación para reducir la dependencia energética, los costes de la energía y convertir esos recursos en una palanca de crecimiento para la industria y la economía, que luego repercuta en los ciudadanos».

El Gobierno «no incentiva el fracking»

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina aseguró que el anteproyecto «no incentiva el fracking» sino que, a su juicio «hace todo lo contrario».

La ministra señaló que el Gobierno «ha hecho obligatoria la declaración de impacto ambiental, no sólo para una eventualidad de fracking, sino para la prospección y la búsqueda», por lo que insistió en que «no comparte» la afirmación de que el anteproyecto de ley supone «incentivar el fracking».

De hecho, ha asegurado que, a su juicio, el retorno de los beneficios a las autoridades locales y a los propietarios son «un reconocimiento a la propiedad privada» de los terrenos donde se realizan extracciones.

Por su parte, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) consideró «positivas» las medidas del Gobierno para incentivar la exploración de hidrocarburos en España. En este sentido, señaló que España es el país menos explorado en Europa para este tipo de recursos y ha añadido al respecto, que las medidas aprobadas facilitarán revertir esta situación.

Además, indicó que a través de estas propuestas se podrá descubrir el potencial español de yacimientos de hidrocarburos no convencionales (HNC). También valoró positivamente que los municipios y comunidades autónomas en cuyo territorio se lleve a cabo exploración se beneficien a través de impuestos.

Aún así, pidió a los poderes públicos que se cumpla «de forma estricta» la legislación europea, estatal y autonómica y, en concreto, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres fases que conducen al aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales en la roca madre como son la exploración, investigación y explotación, señaló.

Así lo señaló Catroga durante su intervención en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Energía, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que criticó al Gobierno español por la aprobación de recortes y cambios retroactivos en la normativa del sector, que a su juicio deberían ser «reprimidos» por la Comisión Europa. «Ningún Gobierno debe cambiar las reglas del juego retroactivamente», sentenció.

Catroga defendió que la estabilidad regulatoria «debe ser un bien público europeo» y un «elemento fundamental» para la creación de un «clima de confianza» de los inversores, por lo que «ningún Gobierno nacional debe cambiar las reglas del juego».

Así, el presidente de EDP defendió que esa estabilidad, además, «debe ser vista como un elemento fundamental para la creación de un clima de confianza para los inversores». «España no necesita inversores ahora, pero ¿quién invierte en un sector con el riesgo de que el Gobierno altere las reglas del juego?», se preguntó.

«La estabilidad regulatoria no significa que las reglas del futuro sean iguales a las del pasado, significa que no se puedan modificar hoy las reglas que eran del pasado», apostilló Catroga, quien advirtió de que los cambios retroactivos impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron una «mala decisión» para los inversores ya que puede «no hay duda de que esto va a repercutir en el coste del capital cuando se necesiten inversiones», zanjó.

El presidente de EDP puso como ejemplo de la repercusión en las inversiones, que los chinos (Three Gorges) que adquirieron más del 20% de EDP se hicieron con activos en Portugal mientras que rehusaron adquirir parques eólicos en España por la inestabilidad regulatoria. «Los chinos se niegan a comprar energía en España porque no tienen confianza en la estabilidad regulatoria», insistió.

A este respecto, Catroga matizó que en Portugal «no hubo imposición» ya que no siguió los pasos de España, sino que todo se consensuó con los inversores y a pesar de la «gran presión» de la Troika y de algunos «fundamentalistas» europeos.

Un mayor peso a los «costes fijos» del sistema

Asimismo, el presidente de EDP abogó por dar un mayor peso a los «costes fijos» del sistema eléctrico para retribuir con los conceptos fijos, y apostó porque los «costes políticos» de la factura energética sean sufragados por los contribuyentes vía impuestos y no por los consumidores e insistió en la necesidad de no caer en «fundamentalismos de mercado»..

Catroga señaló que hay «costes políticos muy diferentes de un país a otro», lo que hace que la convergencia de precios sea un objetivo a largo plazo pero «no realizable a corto y medio».

El presidente de la eléctrica opinó que debería modificarse el mercado europeo de la energía, basado en el modelo marginalista, ya que «el precio marginal tiene al coste marginal» y cada vez estará más determinado por las tecnologías con costes «marginal nulo o muy bajo», en referencia a las renovables, lo que perjudica a las centrales térmicas, que son las que dan el respaldo cuando hay falta de recursos, como viento o el agua,

Por tanto, con los precios resultantes del mercado cuando hay muchas renovables, las térmicas apenas cubren sus costes, por lo que carecen de incentivos de inversión. «Los precios marginales nulos no son adecuados para nuevas inversiones», apostilló.

En este sentido, apuntó que los precios del mercado mayorista son «muy inferiores» al coste económico de sustituir una central por otra nueva «y así nadie invierte», advirtió.

Así, abogó por otorgar un mayor peso a los «costes fijos» del sistema con el fin de retribuir distintos conceptos fijos como las «necesarias» interconexiones, los pagos por capacidad o el almacenamiento de energía.

Por esta vía, se contribuiría a la inversión y la estabilidad, apuntó Catroga, quien marcó la importancia de adaptar los «instrumentos» para que los objetivos europeos respecto a emisión de CO2″, mercado mayorista y renovables puedan alcanzarse.

A su juicio, la necesidad de reforma del mercado eléctrico es «urgente» en Europa, que debe «inspirarse» en cambio en países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o Sudáfrica, con contratos bilaterales y prácticas competenciales a largo plazo.

Además, Catroga sostuvo que la liberalización del mercado energético «no funciona» y apostó por «abandonar el fundamentalismo de mercado» y realizar una «reforma profunda» del mercado, en la que destacó la necesidad de lanzar mecanismos de competencia en países y regiones, reformar el comercio europeo de permisos de emisión e imponer una estabilidad regulatoria.

EDP, que cuenta con filiales en España, Brasil y Estados Unidos, es el cuarto operador eléctrico y el segundo gasista en España, donde cuenta con más de dos millones de clientes.