Así se recoge en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley de reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1998, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y en el que se opta por el modelo de ‘royalties’ porque es «relativamente fácil de calcular, recaudar e inspeccionar; asegura una fuente de ingresos continua tan pronto como comienza la producción, y tales ingresos pueden ser estimados con un grado razonable de certidumbre».
Según el documento, este gravamen se aplicará sobre la producción de hidrocarburos en territorio nacional, para cuyo cálculo los explotadores deberán instalar medidores fiscales con los que constatar el volumen de producción medio al término de las fases de separación y depuración.
Además, se tendrá en cuenta el tipo de producto, sus propiedades físico-químicas y la coyuntura del mercado de referencia, es decir, el precio medio según la cotización de los doce meses del periodo impositivo.
Diferentes tipologías
Así, el tipo será más alto para el crudo que para el gas natural, por tener una rentabilidad superior. No obstante, en todos los casos se irá incrementando a medida que la producción media diaria crezca, pero también tendrá en cuenta si la producción se realiza en campos de tierra o marinos, ya que en éstos hay mayores costes de explotación.
Las técnicas aplicables también se valorarán, de modo que el fracking se beneficiará de tipos «ligeramente inferiores» al gas convencional ya que «presenta costes de explotación sensiblemente superiores por ser, en España, una técnica novedosa en una fase incipiente de su curva de aprendizaje».
En concreto, según el proyecto de ley para el petróleo y los condensados en explotaciones en tierra el tipo será del 2% hasta 365.000 barriles, del 6% entre 365.000 y 3,65 millones de barriles, y del 8% con más de 3,65 millones de barriles. En las explotaciones marinas los tipos se reducirán al 1%, 5% y 7%, respectivamente para los mismos rangos.
En cuanto al gas en explotaciones marinas, se aplicará un tipo del 1% hasta los 32,85 millones de metros cúbicos (m3), del 3% entre esa cantidad y los 164,25 millones de m3 y del 4% con más de dicha cifra.
En las explotaciones en tierra se distinguirá entre gas convencional y fracking, de modo que el primero tendrá tipos del 3%, 4% y 5%, mientras que el segundo quedará en el 1%, 3% y 4%.
Estimaciones «difíciles» por las «incertidumbres»
En cuanto a las estimaciones del impacto presupuestario de estas medidas a largo plazo son «difíciles» por las «incertidumbres» que rodean al sector, según reconoció el Ejecutivo.
No obstante, en la memoria incluyó un cálculo partiendo de proyecciones sobre recursos existentes en territorio español (1.945 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mboe), 410 billones de m3 de gas convencional y 1.954 millones de m3 de gas no convencional), asumiendo que sólo el 20% fueran potencialmente explotables durante los próximos 20 años a un ritmo constante (30 años para el gas no convencional) con un precio de 70 euros por barril de crudo y 0,3036 euros por m3 de gas.
Según dichas cifras, el potencial recaudatorio sería de 316,3 millones de euros al año, destacando los 109,2 millones de euros que se obtendrían por recursos petrolíferos en tierra y los 105,46 millones de euros del fracking, mientras que las explotaciones marinas de petróleo añadirían 66,8 millones de euros y el gas sumaría 29,87 millones de euros por los yacimientos en el mar y casi 5 millones de euros por los de tierra.
Sin embargo, dicha cantidad se quedaría en apenas 8,5 millones de euros en un escenario conservador, que tendría en cuenta únicamente los campos actualmente productivos, y suponiendo que la recaudación de 2013 se mantendría en ejercicios posteriores.
El Ejecutivo advirtió no obstante de que «la estimación fue realizada por una asociación sectorial de la industria y, consecuentemente, podría tener los sesgos propios de su perspectiva».
Compensación a CC.AA. y ayuntamientos
El pago se realizará al Ministerio de Hacienda que, en los Presupuestos de cada año, establecerá «incentivos» para las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados por las actividades de exploración y producción.
El Gobierno consideró que estos tipos están en un «rango razonablemente homogéneo» con respecto a otros países de nuestro entorno, donde la retención de la renta de hidrocarburos de las empresas ronda el 60-70%.
Además, recordó que el régimen fiscal español en este ámbito es «muy favorable considerado en su conjunto», por lo que este nuevo gravamen «parece proporcional respecto a la rentabilidad» que se obtiene, además de que contribuirá a reducir la «conflictividad social» asociada a este tipo de proyectos al «aumentar la equidad en el reparto de las rentas producidas».
Es decir, que se espera que con la consecución de ingresos presupuestarios más elevados de estas actividades y el reparto entre las zonas afectadas se reduzca el rechazo ciudadano que suelen provocar las prospecciones de gas y petróleo y se facilite así la instalación de dichos proyectos.
Canon de superficie
El proyecto de ley también actualizó el canon de superficie, que se abona por la titularidad de permisos de investigación y concesiones de explotación, introduciendo dos nuevas tarifas.
La tercera grava la ocupación del espacio para la perforación de sondeos de investigación o explotación de hidrocarburos para cuya ejecución es requisito imprescindible la previa titularidad de un permiso o concesión.
En concreto, se fija un precio de 125.000 euros por sondeos terrestres y 600.000 euros por sondeos marítimos que, de estar ya en aplicación, habría supuesto un coste de 6,18 millones de euros a los operadores, un 0,71% de media sobre el presupuesto de sus proyectos.
En cuanto a la tarifa cuarta afectará a las campañas de adquisición sísmica, que sirven para obtener imágenes tridimensionales o de secciones del subsuelo para conocer la geología de la zona y confirmar la existencia de estructuras donde puede haber hidrocarburos. Quedan excluidas sin embargo perforaciones habituales que no tienen como objetivo la investigación profunda o la explotación.
Así, el Gobierno estableció un precio de 0,3 euros por metro en las campañas de sección y de 0,0003 euros por metro cuadrado en las tridimensionales, lo que habría supuesto un coste de casi 2,3 millones de euros en caso de estar ya en vigor, un 3,11% de media con respecto al presupuesto de unas operaciones que, además, tienen un «potencial superior para generar ingresos» al promotor, que puede vender la información en exclusiva durante su fase de confidencialidad.
Según el Ejecutivo, este canon fomenta que las acciones relevantes se realicen en un plazo de tiempo «no excesivamente dilatado», lo que redunda también en beneficios medioambientales. El titular del dominio público es el que recibe este canon.
Por último, el Gobierno introdujo nuevos pagos a los propietarios de los terrenos suprayacentes, equivalentes al 1% de la producción y a repartir entre los propietarios del perímetro de referencia que se establezca en cada caso por la Administración. El Gobierno no cuantifica esta medida por la complejidad del cálculo.
Finalmente, la memoria cuantificó las cargas administrativas de estas modificaciones tributarias en 1.610 euros al año aproximadamente para cada operador, en concepto de solicitudes, auditorías o controles externos y nuevas obligaciones de comunicar o publicar.
