Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

Energía estima que se invertirán 70.000 millones de euros en fotovoltaica hasta 2030 para conseguir un 35% de energías renovables

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha afirmado que el sector fotovoltaico movilizará unas inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de euros en la senda para alcanzar el objetivo del 35% de renovables en la energía final en 2030. En su intervención en el V Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Domínguez estimó que estas cifras suponen «un gran reto, pero también una gran oportunidad desarrollo» para España.

El secretario de Estado reiteró la hoja de ruta para alcanzar ese objetivo del 35% de renovables para España, por encima del 32% de media europea y que se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se remitirá a Bruselas antes de finales de año, que estima una senda a 2030 para instalar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) renovables. Así, subrayó que de esa potencia a instalar en los próximos años, «la mitad o más será energía solar». «Teniendo en cuenta que en este momento hay más eólica que solar, tiene todo el sentido», afirmó.

Domínguez destacó que el actual Gobierno «se ha puesto las pilas» en renovables y que está «totalmente en línea» con los objetivos marcados por Bruselas para combatir el cambio climático. «No sé qué hubiera pasado si no cambia el Gobierno en España», insinuó el exdirectivo de Abengoa. El secretario de Estado de Energía consideró que España se encuentra ante una oportunidad «única» ya que, en todas las transformaciones tecnológicas, «siempre llegó tarde, pero está es la primera vez que «va a participar en primera fila».

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, valoró el «ambicioso» objetivo del 32% en renovables fijado por la Unión Europea para 2030, ya que supone cuadruplicar el porcentaje de renovables en 2004 y casi duplicar los niveles actuales del 17%. No obstante, Cañete se mostró convencido de que, en la cláusula prevista de revisión para 2023, la innovación permitirá dar lugar a revisar «mucho más al alza» esos objetivos a 2030.

De esta manera, destacó que estos esfuerzos en renovables, junto a las acciones en eficiencia energética, permitirán una reducción de las emisiones por encima del 40%, lo que da muestras de que se trata de un «objetivo ambicioso y positivo en la lucha contra el cambio climático». Además, consideró que el efecto provocado a 2050 sería de una reducción de emisiones del 60%. Por otra parte, Cañete valoró los pasos dados en Europa en regular por primera vez el autoconsumo y aplaudió los pasos en España «en esa buena dirección».

El Gobierno aprueba actuaciones especiales en infraestructura para el transporte de electricidad en Menorca como un nuevo cable con Mallorca

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha declarado la utilidad pública del proyecto de nuevo cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca y concede la autorización administrativa a su construcción. Se trata de dos pasos necesarios para avanzar en la instalación del enlace entre ambas islas, después de que Menorca viera como se quedaba sin suministro eléctrico durante más de 50 horas debido al daño provocado en una de las dos líneas de transmisión eléctrica.

La decisión adoptada por el Ejecutivo viene precedida por la que tomó el Consejo de Ministros el 27 de julio, mediante la que se modificaron aspectos de la planificación para dar vía libre al nuevo cable entre ambas islas. Además, en julio se autorizó la construcción de un by-pass dentro del nuevo cable. Con todas estas actuaciones, y las autorizaciones y permisos necesarios, se ponen en marcha los trabajos de conexión, de gran complejidad técnica y procedimental. Red Eléctrica de España (REE) estima contar con la puesta en servicio del nuevo enlace a través de by-pass a mediados de 2020.

Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, este by-pass resolverá los problemas derivados de la rotura del cable submarino y permitirá un respaldo adicional ante sucesos imprevistos como el ocurrido el pasado octubre, en el que un fenómeno meteorológico extremo causó graves daños en la red de transporte y desconectó a casi la mitad de los consumidores de la isla de Menorca de la única central de generación, sin que existiera la posibilidad de atender a la demanda mediante una fuente alternativa como puede ser el enlace con Mallorca.

La interconexión por cable entre Mallorca y Menorca, conocido como Enlace 1, está fuera de servicio desde 2017, tras 42 años en activo. Se trataba de un cable tripolar, con un cuarto cable de repuesto. En noviembre de 2017 dejó de estar operativo después de varias averías tras las agresiones externas sufridas por el daño provocado por el ancla de un barco que fondeaba en zona prohibida. Se evaluaron distintas alternativas de reparación, que no resultaron viables técnicamente, y se concluyó que la única solución para restablecer la conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca era a través de un enlace recogido en la Planificación 2015-2020.

Estas nuevas actuaciones de conexión darán mayor fiabilidad al sistema, mejor garantía de suministro y más integración e intercambio de energía renovable, que podía pasar de un suministro en torno al 5,6% a un 15% para el conjunto de Islas Baleares con el nuevo cable, añadió el Ministerio. La Planificación Energética 2008-2016 ya incluía la instalación de un segundo enlace con entrada en servicio en el horizonte 2016 pero su tramitación quedó suspendida en 2012.

Asimismo, la Planificación Energética 2015-2020, aprobada en 2015, volvió a incluir este enlace. En 2017, el proyecto obtuvo la autorización administrativa previa. Hasta el pasado mes de julio, no se habían realizado los pasos preceptivos adicionales para poner en marcha la construcción. Estos trámites previos concluyen con las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. El último plazo estimado por el transportista para la entrada en funcionamiento del nuevo cable, en su configuración definitiva, está fijado a finales de 2020.

En este periodo se deberá culminar la tramitación administrativa autonómica, fabricarse e instalar el cable y actuar respetando los condicionantes recogidos en la DIA que obliga, entre otros aspectos, a evitar molestias a especies de aves, a no alterar las actividades pesqueras durante la construcción del tramo marino y a evitar las obras en los 2 kilómetros más próximos a las costa en temporada turística.

En paralelo, la central térmica de gas de Mahón debe adaptar sus turbinas a la Directiva de Emisiones Industriales, que entra en vigor en enero de 2020, garantizando el suministro. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado una orden ministerial, en la que se otorga un régimen retributivo adicional a las inversiones necesarias para adecuar 138 megavatios (MW) de potencia en 3 turbinas de gas de esta central para asegurar la cobertura de la demanda para 2020, mientras la conexión definitiva entre Mallorca y Menorca es operativa.

Por otro lado, una segunda orden ministerial en tramitación hará posible que Baleares se opere como un único sistema eléctrico con ahorros estimados alrededor de 30 millones de euros anuales, a los que habría que sumar otros 50-80 millones anuales por la conexión con la península y 20 más cuando se establezca con un doble cable la conexión Mallorca Menorca. Esta orden también establece una nueva metodología para el cálculo del precio horario de adquisición de la demanda que se conocerá previamente y calculará a partir de variables conocidas para dar señales eficientes al mercado.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

La ministra Ribera pide a la comunidad internacional aumentar «con determinación» la acción para mejorar la calidad del aire mundial

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reclamado a la comunidad internacional que aumente la acción para mejorar la calidad del aire y la salud y ha expuesto las iniciativas del Gobierno de España en ese sentido durante su intervención en la Primera Cumbre sobre Calidad del Aire y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre estas acciones ha recordado que el Gobierno presentará en 2019 un Programa Nacional para el Control de la Calidad del Aire, en línea con los objetivos de reducción de emisiones asumidos porque considera que «respirar no puede ser una actividad de riesgo» y en la actualidad es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, por lo que se debe actuar «con determinación» e informar con transparencia a los ciudadanos. Ese programa, según ha añadido, abordará el problema tanto en las ciudades como en los sectores industrial, de generación de energía o los transportes.

La contaminación, “el asesino invisibilizado”

«Con frecuencia, se alude a la contaminación atmosférica como un asesino invisible. No lo es. Es un asesino invisibilizado, un asunto a menudo descuidado en las agendas políticas globales», ha destacado Ribera, que añadió que además no es solo una cuestión de salud pública sino también un problema ambiental, social y económico. En este marco, ha animado a facilitar más información a los ciudadanos sobre la calidad del aire que respiran, de forma que sea más comprensible y «completamente transparente», con la meteorología como referencia.

En este sentido ha añadido que España está preparando un índice estatal de calidad del aire en línea con el Air Quality Index aprobado recientemente por la Comisión Europea e insta a la comunidad internacional acción contra este problema global porque postergar medidas es una postura «equivocada y cortoplacista«. «El mundo está asistiendo a un proceso de transición hacia un modelo basado en la sostenibilidad y respetuoso con los límites del planeta y nuestros propios límites. Respirar no puede ser una actividad de riesgo», concluyó.